Castilla y León
Vox vuelve a “inspirar” al PP con su acuerdo en Castilla y León: ‘prioridad nacional’ y privatización

Un “criterio inspirador” son las palabras con las que el presidente de la Junta de Castilla y León en funciones y candidato del PP a la investidura tras las elecciones del pasado 17 de mayo, Alfonso Fernández Mañueco, ha definido la ‘prioridad nacional’, este miércoles en la presentación del acuerdo con Vox para gobernar esta comunidad. Tras casi 90 días de diálogo, Mañueco ha reconocido que el concepto solo repite lo plasmado en los pactos de Aragón y Extremadura. Un dato que no ha sorprendido a sindicatos y organizaciones sociales, que acusan al futuro gobierno de escuchar más a Génova que a la ciudadanía de Castilla y León.

El documento, que cuenta con 19 ejes y 324 medidas repartidas en 62 páginas, supone una detallada hoja de ruta para gobernar Castilla y León los próximos cuatro años. La palabra “estabilidad” se repite como un mantra a lo largo de sus páginas, una expresión que recuerda al lema “Certezas” que llevó a la mayoría al PP en las elecciones del 15 de marzo. Pero también al fracaso del anterior pacto de gobierno con Vox en 2022, disuelto a los dos años.

Con fórmulas exactas a los acuerdos de Aragón y Extremadura, las páginas del documento que sella el acuerdo han alertado a los sindicatos y organizaciones sociales

La sesión de investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León será convocada para el próximo martes, 9 de junio. Su gobierno estará compuesto por dos vicepresidencias, una para cada partido, y diez consejerías, siete para el PP y tres para Vox. La formación de ultraderecha se queda con la nueva consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, con competencias en inmigración, juventud y cooperación al desarrollo. También Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, de la que se excluye la gestión de incendios. Y, finalmente, Cultura, Turismo y Deporte, un capricho ya declarado por el nuevo vicepresidente, Carlos Pollán.

Con fórmulas exactas a los acuerdos de Aragón y Extremadura, sus páginas han alertado a los sindicatos y organizaciones sociales. Pero también han despertado muchas dudas sobre la efectividad de algunas de las medidas, a las que se acusa de poseer más carga ideológica que legalidad.

Expulsar la inmigración y el diálogo social

El primer punto del apartado de inmigración del acuerdo es claro: “No más menores extranjeros no acompañados (MENAS). Rechazo frontal a la política de inmigración del Gobierno central”. También es exacto a aquellos que se repiten en los pactos entre las formaciones políticas en Extremadura y Aragón. Su inclusión es, sin embargo, más llamativa en Castilla y León, por ser este el punto que originó la ruptura del acuerdo entre las formaciones en 2024.

Solo dos años después, el nuevo presidente autonómico ha justificado la pertinencia de la medida. “Estamos por encima de nuestra capacidad, tenemos 130 plazas y tenemos 186 menores no acompañados en estos momentos”, se ha justificado Mañueco este miércoles durante la presentación del acuerdo.

Entre las propuestas contra la inmigración recogidas por las formaciones se incluyen las habituales en los acuerdos de otras comunidades: la verificación de la edad de los que denominan “inmigrantes ilegales”, la supresión de subvenciones que favorezcan la “inmigración ilegal”, la prohibición del uso del burka y niqab en espacios públicos y la medida estrella de Vox, la ‘prioridad nacional’.

El Secretario General de UGT, Óscar Lobo, ha denunciado la generación por Vox de un “falso problema” al señalar la inmigración en uno de los territorios más despoblados 

Sindicatos y organizaciones sociales no han tardado en reaccionar ante el anuncio. El Secretario General de UGT, Óscar Lobo, ha denunciado este jueves la generación por Vox de un “falso problema” al señalar la inmigración en uno de los territorios más despoblados de la Unión Europea. UGT también ha denunciado las medidas para la reducción al 50 por ciento de las subvenciones a los sindicatos y ha recordado que la Justicia ya obligó a la Junta a revertir esta medida tras el último acuerdo de 2022. “Si están dispuestos, nos volveremos a ver en los tribunales, no sé si quieren volver a perder este partido“, ha alertado Lobo.

Prevención de incendios privatizado

Se desconoce todavía qué posición ocupará en el nuevo gobierno el actual consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, una de las posiciones más controvertidas del gobierno del Partido Popular por la gestión de los incendios forestales en su última legislatura que derivaron en multitudinarias protestas. En cualquier caso, la cartera vuelve a separarse y la competencia en prevención de incendios recaerá nuevamente en el PP, bajo la Consejería de Medio Ambiente, mientras Vox afronta la de Política Ambiental, con una carga más política.

El pacto se aleja de la promesa de caminar hacia un operativo de prevención y extinción de incendios 100% público

El apartado dedicado a protección civil, incendios y emergencias sí establece, sin embargo, que “se incrementará de forma efectiva la colaboración público-privada para asegurar la limpieza, el mantenimiento y la repoblación de los bosques, con el objetivo de la prevención y extinción de incendios”.

En consecuencia, el pacto se aleja de la promesa de caminar hacia un operativo de prevención y extinción de incendios 100% público, una de las principales demandas de las asociaciones de bomberos forestales tras los incendios que arrasaron cerca de 172.000 hectáreas en Castilla y León el pasado verano.

Silencio en violencia de género y derechos LGTBIQ+

El nuevo acuerdo de gobierno entre PP y Vox es claro y revelador en los aspectos que aborda, pero también en aquellos que calla. Entre las 324 medidas aprobadas no se encuentran referencias al aborto, la ley de violencia de género o los derechos de las personas LGTBIQ+, todos ellos aspectos contra los que la formación de ultraderecha sí carga en su programa nacional.

El acuerdo de gobierno entre ambas formaciones en 2022 recogió una batería de polémicas medidas antiabortistas como la relacionada con ofrecer escuchar el latido fetal a las mujeres que soliciten una interrupción voluntaria del embarazo o el anuncio de una Ley de violencia intrafamiliar, que negaba la violencia de género y que no llegó a existir jurídicamente.

El acuerdo de gobierno entre ambas formaciones en 2022 recogió una batería de polémicas medidas antiabortistas, pero no hay referencias a esto en el nuevo pacto

Sin referencias a ello en el nuevo pacto, las mujeres continuarán disponiendo de los pocos hospitales públicos que practican abortos en la Comunidad y, en consecuencia, quedará a criterio de la Junta financiar conciertos privados.

El acuerdo no hace referencia esta vez a la “violencia intrafamiliar”, pero se limita a recoger el compromiso de conceder determinadas bonificaciones fiscales y ayudas a “víctimas de violencia contra la mujer”. Tampoco se concreta la normativa de protección a los derechos de las personas LGTBIQ+, con la que el PP se comprometió hace dos legislaturas.

El líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha destacado este miércoles en X el ”magnifico acuerdo“ alcanzado en Castilla y León entre su partido y el PP y ha aprovechado para advertir de que ”Andalucía no puede ser menos". A la espera de nuevos pactos en las siguientes elecciones autonómicas del Estado, desde este miércoles el Partido Popular tiene un nuevo documento base en el que inspirarse.