Catalunya
Un curso bajo el artículo 155

El número 155 dejó de ser una cifra neutral para muchos catalanes el 27 de octubre de 2017: para algunos, representó el restablecimiento del “seny” en Catalunya; para otros, una vuelta a la represión franquista. Lo que supuso para todos fue la disolución del Parlament, del Govern de la Generalitat y la intervención de cada uno de los órganos gubernamentales por parte del Gobierno español, entre ellos el Departamento de Educación y el de Cultura, dos sectores cruciales para la salud de una sociedad que quiera fomentar el espíritu crítico.

Ambos departamentos ya habían sido maltratados constantemente desde los recortes atribuidos a la crisis, pero la llegada del 155 y la judicialización del independentismo en Catalunya han tenido consecuencias directas en los consellers de ambas carteras: el responsable de Cultura, Lluís Puig, está exiliado en Bélgica, y la de Educación, Clara Ponsatí, en Escocia.

Pero más allá del alto coste político a corto plazo, el Gobierno español ha tomado decisiones en nombre de la Generalitat que repercutirán en las instituciones catalanas a largo plazo.

“Hay una guerra por parte del poder contra las implicaciones que tiene una vida cultural rica y activa, no es algo exclusivo del 155”

“Hay una guerra por parte del poder contra las implicaciones que tiene una vida cultural rica y activa, no es algo exclusivo del 155”, sentencia el director artístico de la Sala Beckett, Toni Casares, durante el debate “Cultura al límit”.

La cultura en Catalunya ha sido maltratada por presupuestos de gobiernos de derechas que la menospreciaban, pero la aplicación del artículo 155 ha ido más allá del maltrato generalizado al departamento con el tercer presupuesto más bajo de la Generalitat en 2017, solo por encima de Vicepresidencia y Exteriores.

Una de las consecuencias más mediatizadas fue la retirada de las obras de Sigena del Museu de Lleida, episodio que el director de la institución, Josep Giralt, define como “una gran experiencia que tenemos que poder explicar con normalidad”.

La batalla por las obras de Sigena era desconocida para la mayoría de la población, ya que era discutida en un entorno canónico y no público. Las monjas del monasterio de Sigena (Monegros, Huesca) vendieron a la Generalitat de Catalunya 97 piezas por 105 millones de pesetas (631.000 euros) y firmaron un convenio para depositar las pinturas murales de la sala capitular en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) entre 1983 y 1994.

Con la inauguración del Museu de Lleida en 2007, el Tribunal Constitucional dictó que Catalunya podía declarar bien cultural una serie de objetos que formaban parte de una colección pública, pero entre 2012 y 2017 la batalla legal entre Catalunya y Aragón fue en aumento, y con la llegada del artículo 155 la tensión estalló cuando, por solicitud del entonces ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, que en ese momento también controlaba el Departament de Cultura, el juez dictó la orden de retirar 44 piezas.

Bajo un clima de intriga y tensión, puesto que el magistrado había dicho que el último día para retirarlo era el 11 de diciembre y que se podría utilizar la fuerza para retirarlas si así era necesario, la Guardia Civil se presentó el día límite. “Vinieron a buscarlas en un ambiente que parecía bélico”, comenta el director, y con razón, puesto que ese día en Lleida el cielo era gris y los Mossos d’Esquadra cargaron contra los 400 manifestantes que repudiaban la acción judicial. Más allá de la épica, el Museu de Lleida estaba indefenso, puesto que el Presidente del Consorcio es el conseller de Cultura y en ese momento era un cargo ocupado por Méndez de Vigo, quien no iba a promover ninguna acción para evitar la retirada de las obras.

“El 11 de diciembre supuso un golpe importante porque la mayoría de los conservadores han vivido con ellas casi toda su vida profesional. Hubo una parte profunda de duelo, lloramos muchísimo ese día, pero sabíamos que estábamos solos en el interior pero no en el exterior”, relata el director, quien añade que hubo mucho apoyo por parte de múltiples instituciones y del mundo del arte.

De hecho, el museo acogió temporalmente la exposición “Presos políticos en la España contemporánea”, del artista Santiago Sierra, que fue censurada en la edición del Festival ARCO 2018. Asimismo, organizó varios debates en torno a la libertad de expresión y vulneración de derechos fundamentales en el Estado español con ponentes como la periodista Txell Bonet, pareja del presidente de Òmnium Cultural; Jordi Cuixart, encarcelado de forma provisional en la cárcel de Estremera, o el rapero Valtònyc, actualmente exiliado.

Otro factor que ha agravado la situación del sector cultural ha sido el cambio de legislación respecto al IVA retroactivo, que obliga a las entidades culturales a devolver las deducciones del IVA de las subvenciones públicas efectuadas entre 2012 y 2015, decisión que fue recurrida en 2017 y que está ahora en manos de la justicia.

La devolución del IVA retroactivo, de momento, solo se ha reclamado a las instituciones catalanas

“De momento, solamente se les ha reclamado a las instituciones culturales catalanas”, denunció el director de la Sala Beckett, sala de teatro contemporáneo que se ha visto directamente afectada por la aplicación del 155, ya que se canceló el acuerdo de Govern que otorgaba una subvención de 400.000 euros para su actividad cultural en 2017.

Además, la mayoría de las acciones que dependían de los presupuestos estaban paralizadas porque tenían que ser ratificadas por los consorcios de los museos, que la mayoría están presididos por el conseller de Cultura, especifica a El Salto Yolanda Hernández, presidenta de la Associació Servidors Públics de Catalunya, una entidad sin ánimo de lucro que realiza informes para “poner en relieve el impacto y las consecuencias reales de las medidas adoptadas por el Estado español en la aplicación del artículo 155”.

“Adoctrinamiento” y blindaje de la concertada

El modelo de escuela catalana siempre sale en los debates cuando se acercan turbulencias políticas, pero desde octubre de 2017 las acusaciones han llegado hasta los tribunales. Uno de los casos más conocidos es el de los nueve profesores del Instituto El Palau, en Sant Andreu de la Barca, un municipio donde también hay un cuartel de la Guardia Civil. Estos profesores fueron acusados de adoctrinar y discriminar a los hijos de los guardias civiles en las clases que dieron el día después del 1 de octubre, día del referéndum de autodeterminación en Catalunya, cuando las imágenes de brutalidad por parte de la Policía Nacional y Guardia Civil recorrieron el mundo.

Las familias denunciaron los hechos a la Fiscalía de Delitos de Odio, primer hecho que alerta a Josep Lluís de l’Alcázar, profesor de El Palau desde hace más de 20 años. El delito de odio es una figura jurídica habilitada para proteger a minorías de una opresión mayoritaria, recuerda Alcázar, quien remarca a El Salto que las familias de los cuerpos policiales nunca habían tenido un problema y que niega que “los hijos de la Guardia Civil vivan en una situación de opresión”. “Hay una presión exterior, que no son ni los niños ni las familias, que quieren que ocurra enfrentamiento que demuestre que hay fractura social y adoctrinamiento”, denuncia.

Previamente a la aplicación del 155, el Departament d’Ensenyament pidió silencio a los profesores mientras “se iba construyendo un relato con formato reality show”, remarca Alcázar. “Eso fue una agonía durante meses en una situación que hacía que cada vez la gestión en el aula fuera más difícil”. El hombre prosigue el relato y señala que el silencio se rompió cuando la Fiscalía sacó exactamente lo mismo que hipotéticamente dicen que se dijo el 2 de octubre, momento en el que los profesores se movilizan.

El 23 de noviembre, el juez del juzgado de Martorell dicta que en cinco de los nueve casos, aunque se demostrara que los hechos son ciertos, no serían tratados como delito de odio con las tipificaciones que había presentado el fiscal. Sin embargo, la Fiscalía ha recurrido los cinco casos y la decisión del juez no depende del Departament d’Ensenyament, por lo que el levantamiento del artículo 155 no influye en el caso Palau, mientras que su aplicación sí aumentó la tensión en la escuela, que ha sido objetivo de medios de comunicación como El Mundo y de políticos como el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, o el anterior delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, puntualiza Alcázar. “Empiezan a alimentar el relato del ‘a por ellos’, que ya sabemos quiénes son, se transforma inmediatamente en pintadas con amenazas en las paredes del instituto, con insultos muy graves, y con profesores en baja laboral”, asevera.

Aunque no ha afectado a la programación de la educación en Catalunya, el 155 sí lo ha hecho en otros aspectos que han pasado desapercibidos en las portadas. El portavoz del Sindicat d’Ensenyament USTEC, Ramon Font, anuncia que una de las consecuencias principales fue la renovación de los conciertos de escuelas que separan por sexos y el blindaje de la escuela concertada.

El anterior gobierno había impulsado una proposición de ley para eliminar los conciertos en escuelas que separan por sexos, y había un debate parlamentario liderado por la CUP donde se discutía la inversión en los centros concertados, que en 2017 fue de 1.075 millones de euros. Pero el 17 de noviembre se nombró a Miquel Mateo como director general de Centros Concertados y Centros Privados, quien venía de las escuelas cristianas y que renovó los conciertos educativos de infantil y secundaria obligatoria de los centros escolares. “Esto es para nosotros una aberración pedagógicamente”, denuncia Font.

Por su parte, Alcázar añade que no se ha resuelto ninguno de los problemas de la educación pública, y de hecho se han paralizado varias proposiciones de ley, entre ellas una que estudiaba eliminar los módulos prefabricados en los centros educativos en Catalunya —popularmente conocidos como barracones— una modificación del sistema educativo o la paralización del proyecto de escuelas verdes.

“El 155 ha sido privatización. Los mismos partidos que han dado apoyo al 155 y que siempre cuestionan, con razón, que aquí tengamos muchos fallos en la sanidad o enseñanza pública, y que tenían la oportunidad de haber mejorado la educación pública. Y lo único que les ha interesado ha sido blindar la escuela concertada”, claudica.