Ceuta
Ceuta: de El Tarajal a las alambradas administrativas

Amina tiene 17 años, y un expediente académico brillante. Estudia enfermería en la universidad de Dakar. Tiene un sueño: especializarse en la medicina tropical, que se ocupa de los problemas de salud que afectan más a las regiones tropicales y subtropicales. Pero esa oportunidad no existe en su país, como pasa en muchos otros países. Aun así, encontró una forma de poder realizar la especialidad; la oportunidad de una beca para estudiar en España. Reunió, con meses de trabajo y esfuerzo, un millón de CFA —moneda utilizada en Senegal—, equivalente a 1.500 euros; el dinero necesario para pagar el visado Schengen y así poder viajar a la península. Rellenó formularios, presentó documentos, y dejó su propósito claro: quería regresar a su país al terminar sus estudios. Después de unos interminables meses de espera, llegó la respuesta a su petición: denegada. Tampoco podría recuperar el dinero que había ahorrado e invertido en el proceso.

“En Ceuta, en 2024 murieron 115 personas, y en 2025 ya son 25 las personas muertas o desaparecidas intentando cruzar la frontera”, dice Francesca Fusaro, de No Name Kitchen

Sani Ladan, graduado en Relaciones Internacionales y especialista en política exterior, seguridad y migraciones, conoció a Amina recientemente en Dakar, y expuso su caso el pasado 8 de febrero, ante cientos de personas que se reunieron en el instituto Abyla de Ceuta, en la mesa redonda que se celebró con motivo de la XII Marcha de la Dignidad. También participaron en la mesa el activista Marra Junior, y las abogadas Loueila Sid Ahmed y ‘Patuca’ Fernández. Este encuentro, mantiene viva la memoria de las 14 personas que murieron en la playa ceutí de El Tarajal el 6 de febrero de 2014, a causa del material antidisturbios que utilizó contra ellos la Guardia Civil, mientras intentaban cruzar a nado la frontera entre Marruecos y España. Por onceavo año consecutivo, cientos de personas recorrieron Ceuta este sábado, desde la Plaza de los Reyes hasta la playa de El Tarajal, pidiendo justicia para las personas que fallecieron en la frontera.

El caso de Amina responde a la pregunta que muchos se hacen: ¿por qué las personas migrantes no llegan utilizando las vías legales? “Amina siguió la vía oficial, porque desde Europa dicen que quieren una migración ordenada y controlada. Pero el sistema de visados de Europa se ha convertido en una trampa para excluir, y para recaudar el dinero a costa de quienes menos tienen”, explica Ladan. Él mismo conoce bien el caso de los que, por imposibilidad de migrar por vías legales y seguras, tuvieron que buscar alternativas rodeadas de peligros y violencia para poder conseguir sus sueños. Vivió la frustración de no poder estudiar en su Camerún natal, y tuvo que emprender un camino largo y tortuoso hasta llegar a España, como cuenta en su libro La luna está en Duala. Según los datos que aportó Ladan en el coloquio organizado en la ciudad autónoma, los países africanos rechazan, de media, entre el 50% y 40% de los visados Schengen.

“Se le ha dado la vuelta a las lógicas de protección, subordinándolas a las políticas de control de fronteras”, dice ‘Patuca’ Fernández, abogada especializada en derecho penal, infancia y migraciones

Además, en algunos países el porcentaje de visados denegados llega hasta el 70%. “Pero mientras tanto, se recaudan millones con el negocio de los visados”, agrega Ladan. Además, explica que en los últimos años se han externalizado los servicios de tramitación de los visados en muchos países africanos, y en algunos casos empresas europeas se encargan ahora de los trámites.

La imposibilidad de obtener visados tiene un impacto directo en el aumento de las personas que se ven obligadas a migrar por vías peligrosas. En 2024, un informe publicado por Caminando Fronteras cifraba en 10.457 las personas que perdieron la vida en las rutas de acceso a España. “En Ceuta, en 2024, murieron 115 personas, y en 2025 ya son 25 las personas muertas o desaparecidas intentando cruzar la frontera”, dice Francesca Fusaro, coordinadora de la organización No Name Kitchen en Ceuta. “Y hay muchas más víctimas que no se han podido contabilizar. Cuerpos que aparecen, familias que están denunciando desapariciones... El mar aquí es un cementerio, y no sabemos cuántos muertos hay. A veces aparecen cuerpos después de meses, muy lejos, casi en Argelia, y hay otros que nunca aparecen”, añade.

Las fronteras convertidas en cárcel

En el caso de Ceuta, antes de que Marruecos cerrara la frontera terrestre el 13 de marzo de 2020, con el inicio de la pandemia del covid, las personas marroquíes de la provincia de Tetuán podían entrar y salir de la ciudad autónoma presentando el pasaporte. Pero desde mayo de 2022, solo pueden acceder a la ciudad los habitantes con permiso para circular por ella, que son un pequeño número de trabajadores transfronterizos. “Eso ha hecho que muchos jóvenes marroquíes también empiecen a cruzar la frontera a nado, cosa que antes podían hacer con pasaporte, y que suba el número de las personas que llegan a Ceuta. En 2024 fueron alrededor de 2.400, cuando en los años anteriores la cifra rondaba los 1.600”.

Habla Paula Domingo, cofundadora de la asociación ceutí Elín. Conoce bien la situación en la que viven las personas que llegan a Ceuta desde distintos países africanos y asiáticos. Lleva más de 25 años dando acogida a personas migrantes que acuden a Elín después de largos periplos migratorios. Aun así, advierte que la cifra no es muy alta: “No es mucha gente. Teniendo en cuenta toda la población indocumentada que entra en la península, no llega ni al 8%. No se entiende que haya tanto control en la frontera de Ceuta; tanto dinero invertido, tanta represión, y tantas personas que sufren”. Domingo también afirma que cada semana aparecen “uno o dos cuerpos” de personas migrantes que han intentado cruzar la frontera en las playas ceutíes.

En cuanto a la violencia que sufren las personas migrantes en la frontera, la cofundadora de Elín asegura que las violaciones de los derechos humanos se producen “a todas horas”, y las devoluciones ilegales en frontera, también llamadas devoluciones en caliente, todos los días: “En verano se ha hablado mucho en los medios de que han entrado más de 200 personas, pero no es verdad. Se ha devuelto a más de la mitad en caliente, y de los que han entrado, finalmente, también se ha gestionado su devolución". Cuando una persona migrante pisa suelo ceutí, tiene derecho a pedir asilo, y también a tener asistencia letrada e interprete. Pero Domingo denuncia que esos derechos no se cumplen en la mayoría de los casos: “Si una persona migrante ha pasado la alambrada y está en Ceuta, pero no ha entrado en contacto con ninguna institución ni asociación, la Guardia Civil lo devuelve a la policía marroquí, valiéndose de que nadie ha tenido constancia de que esa persona ya ha pisado territorio español”.

La madrugada del 6 de febrero de 2014, cuando 14 personas perdieron la vida en la playa del Tarajal, también se devolvieron 23 personas de forma ilegal, según ha denunciado la defensa del caso. Además, varias personas migrantes que consiguieron pasar la frontera con vida aquel día, han contado que también hubo personas desaparecidas, de las cuales hasta la fecha no se conoce el paradero.

“Muchos jóvenes marroquíes han empezado a cruzar la frontera a nado, cosa que antes podían hacer con pasaporte”, dice Paula Domingo, cofundadora de la asociación Elín

Fusaro también denuncia las devoluciones ilegales: “Las devoluciones en caliente van en contra del derecho a pedir asilo. Hay personas que son devueltas sin identificarlas. Tenemos personas que han sido devueltas 25 veces antes de conseguir quedarse y ejercer sus derechos, con todo lo que eso conlleva: una violencia psicoemocional enorme”.

Cuando las personas migrantes consiguen entrar en Ceuta y pedir asilo, optan a una plaza en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), hasta que su solicitud de asilo sea admitida a trámite. El de Ceuta tiene 512 plazas, pero varias organizaciones han alertado de que se supera el número de plazas permitidas, y esto hace que las personas que viven en el CETI lo hagan, muchas veces, en condiciones de hacinamiento. “El CETI nunca publica sus números, y eso ya es bastante problemático. Pero por lo que nos cuentan los que tienen acceso al centro, están sobrecargados. Tampoco existe ningún reglamento público que regule el centro”, explica Fusaro.

Las personas que solicitan asilo, tienen que esperar un mes y un día desde que su solicitud es admitida a trámite para poder ir a la península. Pueden hacer el viaje de dos maneras: por su cuenta, o esperando el traslado oficial desde el CETI a otros centros de la península. Muchas personas que residen en el CETI, tienen que esperar meses al traslado. “Puede tardar mucho, y va en contra de la libertad de movimiento que dicta el reglamento Schengen. Cada solicitante de asilo tiene la libertad de moverse libremente en el territorio del Estado donde solicita asilo, y eso no pasa”, dice Fusaro. En cambio, los que deciden comprar un billete de ferry y no esperar pierden el derecho a optar a una plaza en otro centro.

Aun así, en el último verano ha habido un cambio en el centro, que Fusaro ha tildado de “pequeña victoria” para los jóvenes marroquíes, magrebíes y argelinos que cruzan la frontera: ahora se les permite ingresar en el CETI. Antes, se veían obligados a dormir en las calles de Ceuta, porque tenían prohibida la entrada al centro. “El centro es para personas inmigrantes, como indica su nombre, sin distinción de nacionalidad. Aun así, no les dejaban entrar”. La falta de reglamento, según dice Fusaro, hace que el director del centro decida “aleatoriamente” quién puede entrar y quien no: “No hay un reglamento que determine el criterio de entrada”.

Con todo, el cambio en los criterios de admisión ha hecho que las personas marroquíes, argelinas y magrebíes tengan un sitio donde dormir: “Ahora, si piden asilo, se les permite ingresar en el centro. Antes dormían en la calle, porque en Ceuta no hay recursos para personas sin hogar. Tienen miedo de que si los ponen, hagan un efecto llamada”, explica la coordinadora de la ONG.

La edad mediada por la frontera

También es reseñable el caso de los menores no acompañados que llegan a Ceuta. En el momento que pisan territorio español, el Estado tiene el deber de protegerlos. Pero muchas veces esa obligación no es llevada a cabo; el Estado alega que no conoce si realmente está ante un menor, o ante una persona extranjera que invoca indebidamente su condición de menor de edad. “Para esto hay una respuesta jurídica: la presunción de minoridad”, dice Patuca Fernández, abogada especializada en derecho penal, infancia y migraciones que lleva el caso de las muertes del Tarajal, en representación de la Coordinadora de Barrios.

La letrada explica que, según la ley, cuando una persona se identifica a sí misma como menor, el estado debe presumir que lo es, “salvo que se demuestre lo contrario”. Aun así, denuncia que se suele operar desde la dinámica contraria: “Muchas veces se opera desde que el niño debe probar que es menor de edad para que los servicios de protección de menores le protejan como tal. Se le ha dado la vuelta a las lógicas de protección, subordinándolas a las políticas de control de fronteras”.

Asimismo, alerta del sesgo que tienen las pruebas de determinación de la edad que se hace a los menores. “No olvidemos que se realizan con un patrón de identificación que es un atlas médico diseñado para diagnosticar trastornos endocrinológicos y del crecimiento en la población caucásica norteamericana de los años 50. Los márgenes de error que conlleva utilizar este patrón en niños de otras razas, hace que muchos niños y niñas queden en la calle”.

Subordinar el sistema de protección de menores al control de fronteras tiene como consecuencia que los menores tengan “menos prestaciones” que cualquier persona adulta

También critica el llamado “protocolo MENA”: “Es una norma que no tiene ni siquiera un carácter reglamentario, una suerte de proceder de las administraciones públicas, que plantea que lo primero que hay que hacer cuando se encuentra a un niño o una niña es reseñarlo: tomarle las huellas dactilares, una fotografía, e inscribirlo en el registro de menores extranjeros no acompañados”. Denuncia que, de esa forma, la primera atención que recibe el menor cuando llega a territorio español es “un trato policial, el mismo que se le da a una persona que ha cometido un delito”.

Fernández advierte sobre las consecuencias que puede tener este trato sobre el niño o la niña: “Aunque parezca una cuestión puramente simbólica, determina la percepción que va a tener el menor del sistema de protección de menores”.

Además, alerta de que subordinar el sistema de protección de menores al control de fronteras tiene como consecuencia que los menores tengan “menos prestaciones” que cualquier persona adulta: “Piensan que si atienden bien a un niño esto va a generar efecto llamada”. Fernández ve problemático el enfoque que se le da desde el sistema a la inclusión de estos niños y niñas, que no tiene en cuenta el efecto traumático que el periplo migratorio tiene sobre los niños: “Hacemos un proyecto de inclusión con la finalidad de que ese niño en un futuro, si no puede ser deportado o retornado, sea productivo desde una lógica capitalista”.

En este punto, apunta que las políticas públicas separan los itinerarios educativos de los niños y niñas que están bajo el sistema de protección y los menores autóctonos: “No solo estamos privando a los niños y niñas migrantes del acceso a la igualdad, sino que también estamos privando a los menores autóctonos de la realidad y la riqueza de la infancia migrante”. El acceso a la educación de los menores migrantes, además, se ve retrasada muchas veces por la estancia en centros de primera acogida, o por falta de plazas educativas en territorios en los que los menores sufren una situación de hacinamiento, como Melilla, Ceuta o Canarias.

Asimismo, la oportunidad de los niños y niñas migrantes de hacer estudios más largos, muchas veces se ve muy condicionada por la necesidad de hacer una incorporación rápida y prematura al mercado laboral. “Esto no siempre responde a las necesidades reales de los niños y niñas, de asegurarse de que sean independientes económicamente, sino que responde a las necesidades del mercado laboral español. ”Estos niños, una vez cumplen los 18 años, se convierten en carne de cañón para el trabajo precarizado", dice Fernández.

La vía administrativa: un camino lleno de obstáculos

En el último informe realizado por No Name Kitchen, Solidary Wheels y La Islita, estas organizaciones utilizan el término burorrepresion para referirse a la utilización de diferentes mecanismos por parte de las instituciones del Estado “que permiten controlar, reprimir y criminalizar a determinados cuerpos, en su mayoría cuerpos racializados”. También se refieren con la burorrepresion a “trabas administrativas o burocráticas que se convierten en graves impedimentos funcionales para la vida de las personas migrantes en los territorios fronterizos”. En el caso de Ceuta, Fusaro ve este tipo de represión “en cada paso que dan” las personas migrantes: “Cuando se enfrentan a la administración, cuando van al hospital y no les atienden, cuando no les dejan empadronarse... quizás hemos normalizado esas formas de violencia, pero tiene unas consecuencias muy graves, sobre todo en la salud mental de las personas”.

Uno de esos ejemplos es el caso de las personas que no están en el CETI, pero quieren pedir asilo: “Para pedir asilo, hay que pedir cita online, pero el problema es que no hay citas. El sistema está colapsado, y las citas se venden. Las personas tienen que comprar citas, pagando miles de euros, cuando en realidad es un derecho de cada persona. Es violencia administrativa; es querer bloquear los cuerpos de las personas migrantes, y una manera de controlar y parar a las personas, y, a ser posible, devolverlas a Marruecos”.

“Cuando se enfrentan a la administración, cuando van al hospital y no les atienden, cuando no les dejan empadronarse... quizás hemos normalizado esas formas de violencia”

Las trabas burocráticas siguen, incluso, cuando los cuerpos de personas que han fallecido intentando cruzar la frontera aparecen en las playas. “Ceuta no tiene neveras para poder conservar los cuerpos más de dos días, y eso hace que muchas veces se entierren personas sin identificar. No se les permite a las familias adquirir un visado para venir a identificar el cuerpo, y tampoco se permite utilizar otros métodos como la identificación mediante videollamada, o hacer pruebas de ADN en las embajadas”, dice Fusaro. A esto se le añade que muchas veces las personas que fallecen suelen ser religiosas, y no se les da una sepultura siguiendo sus creencias. “Además, repatriar los cuerpos es muy costoso, y a las familias no les da tiempo a recaudar el dinero en tan poco tiempo”, añade Fusaro. Domingo también coincide: “La mayoría son enterrados aquí, sin identificar, y con números”.

Asimismo, son varias las asociaciones que han denunciado que no se busca a las personas desaparecidas en las fronteras. “Aunque avisemos a la Guardia Civil y sepan que hay una persona en el mar, no van a buscarla. Si fueran cinco chicos blancos, irían a buscarlos, pero si son cinco chicos marroquíes, no se buscan. Eso es violencia, y es racismo”, denuncia la coordinadora de la organización.