Chile
Memoria, justicia y reparación a 50 años del golpe: apuntes desde los feminismos antipunitivistas

¿Por qué, si tenemos una postura anticarcelaria, consideramos que es importante y justo que los asesinos de Víctor Jara sean detenidos y sentenciados a cumplir condenas hasta el fin de sus días?
Chile Feminismos Encuentro Las que luchan 2
Encuentro feminista ‘Las que luchan’ en 2020 en Chile. Guadalupe Scotta

A 50 años del golpe de Estado en Chile, nos toca todavía habitar este tiempo histórico en que no sabemos cómo gestionar nuestra tristeza y melancolía, cómo enfrentarnos a esta profunda rabia ante el quiebre sanguinario de la Unidad Popular. Hacemos memoria en estos días en que para algunos sectores las verdades sobre la violencia se vuelven relativas.

Reflexionamos y (re)pensamos en una justicia posible para las 40.175 personas ejecutadas, desaparecidas, torturadas y prisioneras políticas, así como también para aquellas que, por diferentes y diversas razones, no se encuentran en los informes, aquellas que no han podido o querido hablar. De igual modo, consideramos a todas las personas que hemos sufrido la dictadura sin vivirla. Porque cuando decimos que la dictadura ocurrió hace 50 años, debemos tener en cuenta que un 70% de la población chilena no había nacido en 1973, pero ¿alguien podría dudar cuánto hemos sido afectadas por las consecuencias políticas, económicas y afectivas de 17 años de represión? ¿Es posible negar la profundización de dichas consecuencias con la impunidad y los pactos de silencio de la transición? ¿Cómo hacer frente a aquellos discursos que nominalmente condenan las violaciones a los derechos humanos pero inmediatamente se refieren a la necesidad o inevitabilidad del golpe de Estado por la situación del país, atribuyendo con ello, la culpa a las víctimas?

Quienes escribimos esta columna somos de generaciones que clamamos justicia y, a la vez, cuestionamos las maneras de ejercerla. El complejo recorrido de las causas de derechos humanos y las experiencias de otros países de América Latina, como el caso de Argentina, nos hace preguntarnos: ¿qué esperamos al exigir justicia?

Como feministas anti-punitivistas nos hacemos esta pregunta constantemente, también nuestras organizaciones y quienes nos rodean vemos la necesidad de comenzar a tensionar nuestras posiciones respecto a estos procesos: ¿por qué, si tenemos una postura anticarcelaria, consideramos que es importante y justo que los asesinos de Víctor Jara sean detenidos y sentenciados a cumplir condenas hasta el fin de sus días? ¿Por qué sentimos que necesitamos que los responsables de crímenes de lesa humanidad sean excluidos de la vida social? ¿Qué tipo de sanción o castigo querríamos que cumplieran? ¿Es posible algún tipo de reparación para las personas que sufrieron las más cruentas violaciones a sus derechos humanos?

¿Por qué sentimos que necesitamos que los responsables de crímenes de lesa humanidad sean excluidos de la vida social? ¿Qué tipo de sanción o castigo querríamos que cumplieran?

Cuando sentipensamos en estas cuestiones, nos volvemos a los debates y contradicciones inevitables en estas materias. Llegamos al antipunitivismo, más que por certezas sobre cómo reparar la violencia y el daño, con las ganas de desmenuzar las preguntas que nos son incómodas sobre nuestros dolores y la responsabilidad de quienes los han provocado. Ante todo, insistimos en las respuestas complejas para problemas complejos. Buscamos considerar las múltiples aristas que contienen estos casos. Sin embargo, en esto somos enfáticas: no confundimos antipunitivismo con relativismo moral. Aunque complejizamos y nos empeñamos en reconocer los diferentes ángulos de análisis, somos categóricas al decir que hay escenarios evidentemente incomparables.

La dictadura fue una toma del poder del Estado y con ello, su poder punitivo configuró una centralizada maquinaria de persecución política. Los crímenes de lesa humanidad se perpetraron bajo el título de una ‘guerra civil’ en la que la masacre se financia con recursos públicos, y se institucionaliza con el relato de lo inevitable o lo necesario. Pese al avance que ha existido desde los años 90 en materia judicial, todavía hoy existen quienes justifican la función aleccionadora de la dictadura en base a evitar un supuesto ‘mal mayor’: el mito de la dictadura marxista. A contracorriente del reconocimiento de tratados internacionales de derechos humanos en los tribunales, en la esfera pública se instala la discusión sobre la legitimidad de las condenas y la importancia de remitir las penas a quiénes se reconoce como autores de los crímenes: quienes abogaron por el camino del terrorismo estatal.

¿Es legítima la violencia de los pueblos en estos escenarios, entonces? El mismo día que murió Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista chileno y jefe de la lucha armada que encabezó su partido en la década de los 80, se suicidó Héctor Chacón Soto, uno de los condenados por homicidio y secuestro de Víctor Jara. Ese día hubo quienes querían equiparar la violencia ejercida por los asesinos del cantautor al combate antifascista que se plantearon grupos de oposición ante la represión dictatorial. ¿Son acaso comparables o proporcionales ambas decisiones de utilizar la violencia como instrumento político? ¿Es posible asimilar la conducción de una maquinaria estatal de tortura, muerte y desaparición con el derecho a la defensa de quienes están viendo desaparecer, de las formas más brutales, a sus compañeros y compañeras?

Pese al avance que ha existido desde los años 90 en materia judicial, todavía hoy existen quienes justifican la función aleccionadora de la dictadura en base a evitar un supuesto ‘mal mayor: el mito de la dictadura marxista

Cuando hablamos de un feminismo anticarcelario, somos conscientes de la necesidad de reconocer que aquellas personas que han sido protegidas por los aparatos del Estado, con todos los privilegios militares, no pueden ser tampoco equiparables a la población penitenciaria que constituye la mayoría y que hoy están tras las rejas: población precarizada, racializada y empobrecida. Son personas que no han tenido ni siquiera la posibilidad de acceder al derecho a defensa. Personas que han experimentado procesos de deshumanización y falta de ética en cada una de las fases de su proceso penal. Personas que viven en centros penitenciarios en condiciones de hacinamiento, frío y hambre, cuyos derechos humanos hoy son vulnerados por el aparataje estatal. Personas que requieren de forma urgente el reconocimiento de otros modos de justicia.

Esto nos lleva a preguntarnos sobre la (in)justicia de los procesos estatales, y los nudos que se presentan para el movimiento feminista en la activación del discurso penal. Para las feministas de los años ochenta, el cruce de la lucha contra la violencia de la represión dictatorial con la necesidad de erradicar la violencia de género en todas sus expresiones, las llevó a replantear lo que significaba la disputa por la democracia en los marcos tradicionales de la izquierda. “Las feministas no aguantamos ningún golpe” y “democracia en el país, en la casa y en la cama” son consignas que iluminan el acople entre estos modos de experimentación de la violencia. Dicho acople no es una equiparación entre los diversos modos de violencia de género con la violencia político estatal, sino que apunta a reconocer cómo las violaciones a los derechos humanos desde el golpe de Estado irrumpen en cada uno de los tejidos sociales, y van destruyendo toda posibilidad de imaginar una justicia desde las comunidades. Esto sumado a la imposición de un modelo ultra-neoliberal que fomenta el individualismo exacerbado.

Es importante reconocer que entre el punitivismo y antipunitivismo hay una gama grises que debemos considerar, comprender que no son necesariamente excluyentes uno de otro

De esta manera, el miedo ante la impunidad de la violencia político estatal va delineando nuestras formas de entender la violencia, así como las formas de gestionarla y repararla. “Si no hay justicia, hay funa”. La funa, como instrumento político de repudio público y sanción social a infractores de derechos humanos, surge a partir de la sensación de indignación ante su plena inmunidad jurídica. Porque el Estado responde a una matriz patriarcal que nos despoja de herramientas. Esto repercute hasta el día de hoy, y la traslación de la funa continúa existiendo cuando hay violaciones a los derechos humanos, sobre todo en violencias de género. Ante el histórico manto de impunidad, la activación del poder punitivo del Estado, se celebra el aumento de las penas y se pide mayor intervención policial. En esta línea, los feminismos antipunitivistas nos llevan a poner en debate los modos estatales de ejercicio de la justicia, así como también el de las propias comunidades.

Es importante reconocer que entre el punitivismo y antipunitivismo hay una gama grises que debemos considerar, comprender que no son necesariamente excluyentes uno de otro. Los procesos de ejercicio de justicia pueden devenir en caminos diversos, desde uno puede nacer el otro, o viceversa. En principio se puede optar por el punitivismo o denuncia ante tribunales, pero paralelamente se pueden gestar nuevas fórmulas de justicia comunitaria y feminista. Porque al detonar un proceso de justicia comunitaria, se activan discusiones, resoluciones colectivas, reflexiones políticas en torno a elementos que nos afectan mutuamente en el entramado que somos. Así es como la justicia deviene comunitaria, cuando se ejerce en comunidad, donde necesariamente la persona agresora debe estar involucrada en el proceso de reparación. Esto es clave. Si esto no ocurre, la justicia comunitaria se clausura.

Es por ello, que se requiere de la disposición de esta persona de ser parte, de su voluntad de transformación del acto y reparación del daño. Si no se cuenta con esa voluntad, no hay otra forma de lograr una solución más que excluyéndose de la colectividad, porque si no: ¿cómo es posible reparar? ¿Cómo sanar la injusticia, en este caso, provocada por personas que no han querido colaborar, ni aportar datos ni asumir sus graves crímenes humanitarios después de cincuenta años?

“No es suficiente decir que la justicia tarda, pero llega. La justicia que no se ejerce cuando corresponde, ya es injusta”, decía Pierre Dubois, sacerdote francés nacionalizado chileno, quien fue un férreo defensor de los derechos humanos en contra de la cruel dictadura cívico-militar en Chile. Lo recordamos al leer las declaraciones de las hijas de Víctor Jara cuando dicen sentir que es difícil considerar el fallo condenatorio como justicia. Lo mismo plantean las miles de víctimas que, a cincuenta años del trágico día del golpe de Estado, aún no saben el paradero de sus familiares y seres queridos. No obstante, gracias a la lucha por el reconocimiento de los tratados internacionales de derechos humanos, el Poder Judicial ha ido progresivamente dando lugar a procesos penales contra los perpetradores, y los delitos de lesa humanidad están siendo condenados.

“No es suficiente decir que la justicia tarda, pero llega. La justicia que no se ejerce cuando corresponde, ya es injusta”, decía Pierre Dubois, sacerdote francés nacionalizado chileno

A esto se suma el plan nacional de búsqueda de detenidos desaparecidos que lanzó el Gobierno de Gabriel Boric hace días atrás. Complejizamos las causas y consecuencias con el objetivo de denunciar la impunidad, abolir los entramados de poder y exigir reparación y garantías de no repetición. Queremos poner en tensión los conceptos para reconocernos más allá de la condición de víctimas. Como lo han hecho las agrupaciones políticas de familiares de víctimas de la dictadura, que gracias a su pugna y resistencia incansable, se han logrado estos importantes avances. Como ellas, nos posicionamos como sujetas políticas que organizamos nuestra rabia, nuestro dolor, y luchamos por verdad y justicia. Una justicia con memoria y que apueste por la vida.

Arquivado en: Chile
Informar de un error
Es necesario tener cuenta y acceder a ella para poder hacer envíos. Regístrate. Entra na túa conta.

Relacionadas

América del Sur
América del Sur La batalla por el litio: pueblos originarios resisten un “genocidio medioambiental y cultural”
Sudamérica se ha convertido en la proveedora mundial de materias primas para la transición energética. Las comunidades afectadas se rebelan ante una actividad que genera desposesión de tierras, contaminación, sequía y conflictos internos.
Chile
América Latina El posible regreso de Bachelet sobrevuela el inicio del año electoral en Chile
La expresidenta socialista se dibuja como la única figura política capaz de contener el avance de las derechas. Sin embargo, todavía está lejos de estar claro si se presentará o si su popularidad será suficiente para vencer a la conservadora Matthei.
América Latina
Extrema derecha Los soldados de Donald Trump en América Latina
Mientras algunos presidentes latinoamericanos, con mayor o menor ímpetu, intentan ponerle freno, otros tantos se arrodillan y le rinden pleitesía sin recibir nada a cambio. ¿Quiénes son los súbditos latinoamericanos de Trump?
Medio ambiente
Medio ambiente Que papel xoga Abanca no proxecto da celulosa de Altri en Galiza?
A sociedade público-privada Impulsa Galica, que cimentou os primeiros plans da multinacional papeleira e Greenalia está participada fundamentalmente pola Xunta e polo banco que xurdiu da desastrosa fusión das caixas de aforro galegas.
Medio ambiente
Crise climática Sarria, cun dos peores índices de calidade do aire de Galiza, á espera dunha nova planta contaminante
Sarria convive dende hai décadas coa contaminación provocada pola cementeira do Oural. Agora, Votorantim Cimientos proxecta a instalación dunha nova planta para a produción de combustible a partir da coincineración de residuos.
Religión
Religión Muere el papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano
Jorge Mario Bergoglio ha muerto este lunes 21 de abril en su residencia en la Casa de Santa Marta, en Roma, según ha informado el Vaticano. Tenía 88 años.
Ocupación israelí
Ocupación Israelí Tel Aviv encubre en un informe “lleno de mentiras” el asesinato de 15 trabajadores humanitarios
Una investigación interna admite la masacre realizada el pasado 23 de marzo, pero oculta información, es contradictoria y llena de falsedades, según denuncia la Media Luna Roja y la organización israelí Breaking The Silence.
Líbano
Líbano Cinco décadas sin paz ni justicia en Líbano
El país mediterráneo conmemora el 50 aniversario desde el inicio de la guerra civil, un conflicto cuyos crímenes no se han juzgado y cuyos desaparecidos no se han encontrado

Últimas

El Salto Radio
El Salto Radio Balas de Goma
Carles Guillot y Ester Quintana perdieron un ojo tras recibir el disparo de una bala de goma disparada por un policía. En su carrera por identificar a los responsables, ambas encontraron el empuje necesario en sus compañeras y familiares.
Crisis climática
Crisis climática La UE se entrega al ardor guerrero mientras descuida la crisis social y la emergencia climática
Varios países de la UE ya están recortando drásticamente en servicios públicos y estado del bienestar para poder costear el aumento del presupuesto militar.
Opinión
Opinión Poliamor de derechas, poliamor de izquierdas
La no-monogamia no puede ser simplemente una etiqueta identitaria o una preferencia personal, sino una práctica material que cuestiona la propiedad privada, la privatización de los cuidados y la reproducción de los roles de género
Más noticias
La vida y ya
La vida y ya Días de vacaciones
No somos conscientes de que la lluvia depende, en un porcentaje altísimo, de ellas. Sin plantas hay menos lluvia. Sin lluvia las semillas no germinan. Así funciona.
València
València “‘El vol de Guillem’ ha supuesto la liberación de todos estos años de lucha”
Ricard Tàpera, autor del cuento, y Betlem Agulló, hermana de Guillem Agulló, que ha puesto voz a la historia, nos explican cómo ha sido el proceso de creación de esta obra coral, ilustrada por Helga Ambak.
Opinión
Space X Los viajes al espacio y el efecto Katy Perry
El 2024 fue el año más caliente desde que hay registros, mientras que Katy Perry y un puñado de millonarias nos deleitaron con su viaje espacial cortesía de Jeff Bezos.
Ayuntamiento de Madrid
Residuos La “motosierra de Almeida” no frena la oposición social al cantón de la limpieza en Montecarmelo
Los vecinos no entienden por qué el Ayuntamiento madrileño no accede a construir el cantón en una parcela técnicamente viable y que no afectaría a miles de niños y la única zona verde del barrio.

Recomendadas

Economía social y solidaria
Tecnología Inteligencia Artificial y economía solidaria: ¿posibles aliadas?
¿Cómo debe relacionarse la economía solidaria con una tecnología que vulnera derechos humanos y ambientales constantemente? Cooperativas e investigadoras tecnológicas animan al movimiento a perderle el miedo y a utilizarla de manera crítica.
Multinacionales
Multinacionales Maersk y las rutas de complicidad con el genocidio israelí en Gaza
Crece la presión internacional contra la naviera danesa que está aprovisionando a Israel de armas para cometer el genocidio de Gaza en contra de las medidas cautelares tomadas por la Corte Internacional de Justicia.
Historia
Historia Cuando la solidaridad antifascista reunió a musulmanes, judíos y cristianos en la España republicana
Marc Almodóvar y Andreu Rosés rescatan a los combatientes árabes de la Brigadas Internacionales en el libro ‘Moros contra Franco. El antifascismo y la Guerra Civil española en el mundo árabe’.
Minería
Minaría Bruxelas cava fondo: litio galego para o novo militarismo europeo
No medio do rearme ordenado pola UE, Galiza entra no ámbito xeopolítico como potencial provedor de litio para a industria de defensa. Un enclave de alto valor ecolóxico en Doade (Ourense) converterase en canteira de baterías militares.