Congreso de los Diputados
El poder judicial se mete en política

El episodio rozó el choque de poderes. Aunque quiso la prudencia —con la ayuda del pin parental para desviar las energías— que no fuera a más. Pero quedará para la historia de esta legislatura recién iniciada como lo que fue: un inédito golpe en la mesa de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —órgano de gobierno de jueces y magistrados— con una clara mayoría conservadora en su composición, heredada de los tiempos de Mariano Rajoy, decidido a fijar posiciones frente a un flamante Gobierno de marcado carácter progresista.

Primero, tratando de callar a Pablo Iglesias y sus valoraciones sobre las decisiones judiciales en torno al Procés; segundo, embarrando el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. El episodio no fue a más…, de momento. Pero sirvió para poner de manifiesto la disposición del Poder Judicial para sumarse a la oposición por tierra, mar y aire que ya ha encontrado este Gobierno, antes incluso de nacer, en los poderes políticos, económicos y mediáticos. Y para vislumbrar que si el PP cumple sus amenazas de ejercer la oposición a golpe de querella puede encontrar en un sector de la judicatura un fiel aliado.

El término lawfare ha aterrizado de repente en los análisis de la actualidad. Fusión de law (ley) y warfare (guerra), sirve para designar la judicialización de la vida política hasta llegar a paralizar al Gobierno. Pero para ello hace falta, claro, un Poder Judicial proclive. ¿Lo es el actual? Juan Pedro Yllanes, juez en excedencia ahora en las filas de Podemos y vicepresidente y consejero de Trasición Energética del Gobierno balear, cree que la cúpula judicial actual es “abierta y claramente conservadora”, según afirma en declaraciones a El Salto.

El órgano de gobierno de jueces y magistrados, con una clara mayoría conservadora en su composición heredada de los tiempos de  Rajoy, está decidido a fijar posiciones

No solo el CGPJ, cuyo presidente, Carlos Lesmes, es “un cargo político”, sino que también lo refleja la composición de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a la que por competencia corresponden casos trascendentales como los relacionados con el Procés catalán y gran parte de los de corrupción. “El actual Consejo ha hecho nombramientos en puestos clave respondiendo a una determinada afinidad política”, añade Ignacio González Vega, portavoz de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia.

Que esa afinidad política haya tenido algo que ver en las resoluciones del Supremo es algo difícilmente demostrable, aunque ahí están la inhabilitación de Oriol Junqueras para ejercer como eurodiputado pese al criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o la retirada del acta de diputado de Quim Torra tras ser condenado por negarse a quitar del balcón de la Generalitat símbolos en favor de los presos del procés en plena campaña electoral.

Que el PP está dispuesto a judicializar la legislatura lo demuestran sus dirigentes en cada comparecencia. Ya en el pleno debate de investidura, el pasado 4 de enero, Pablo Casado amenazó con llevar a los tribunales al presidente Pedro Sánchez acusado de “prevaricación” si no destituía a Quim Torra. Y este mismo viernes redobló su amenaza, exigiendo a Sánchez que suspendiera su reunión prevista con el dirigente catalán. “Torra ya no es diputado autonómico y no debe ser presidente de la Generalitat; Sánchez no le puede considerar ya interlocutor válido y el señor Torrent [Roger, presidente del Parlamento catalán] tiene que convocar un pleno para que corra la lista y elija a otro diputado o, si no, ellos tres estarían incurriendo en delitos de desobediencia, usurpación de funciones y prevaricación”.

Ha quedado claro que el PP está dispuesto a judicializar la legislatura y que el CGPJ lo está a entrar en la batalla

Y que el Consejo General del Poder Judicial está dispuesto a entrar en la batalla quedó claro en aquellos movimientos concatenados que señalábamos al principio. Los detonantes fueron, por un lado, unas declaraciones del ya vicepresidente Pablo Iglesias sobre la supuesta “humillación” que los tribunales europeos habían infligido a la Justicia española en la causa del procés; y por otro, la designación como fiscal general del Estado de la hasta hace unos días ministra de Justicia, Dolores Delgado. Interpretaciones al margen, hay dos certezas objetivas.

Una: llamadas de atención a los políticos para que moderaran sus críticas a los jueces ha habido antes, y probablemente las seguirá habiendo, pero pocas veces o ninguna con tal celeridad y contundencia y, además, personalizada con el nombre y apellido del supuesto merecedor de tal reprimenda. Y dos: en el caso de los nombramientos de fiscales generales, la ley solo pide al CGPJ que confirme que el candidato cumple los requisitos para llegar al cargo: ser español, ser un jurista de reconocido prestigio y acumular más de 15 años de experiencia profesional, lo que en el caso de Delgado no admite dudas.

Pero el CGPJ no se sustrajo a la tentación de excluir la palabra “idoneidad” en su informe final y siete de sus miembros fueron un paso más allá votando en contra, con argumentos sobre su supuesta parcialidad por haber sido ministra de un Gobierno socialista muy similares a los expuestos por el PP, Vox y Ciudadanos. “Ambos fueron movimientos políticos más que judiciales —declara Yllanes—. Ambas decisiones reflejan un sesgo conservador muy característico”, añade. “Fueron decisiones políticas evidentes para fijar posición” ante el nuevo Gobierno, coincide González Vega.

Que el Consejo General del Poder Judicial está politizado no admite dudas. Es una crítica recurrente, y prácticamente unánime, desde que en 1985 el entonces Gobierno de Felipe González decidiera cambiar el modelo de designación de sus miembros. Hasta esa fecha, sus 20 vocales —que luego votan a su presidente, el miembro número 21 del Consejo— tenían una procedencia mixta: 12 eran elegidos por los propios jueces y magistrados de todo el país y los otros ocho por el Congreso y el Senado, por una mayoría de tres quintos.

La politización del CGPJ es una crítica recurrente desde que en 1985 el entonces Gobierno de Felipe González decidiera cambiar el modelo de designación de sus miembros

Pero 40 años de dictadura habían creado una justicia reaccionaria y retrógrada que ese modelo de elección, al dejar la mayoría del CGPJ en sus manos, no hacía más que consagrar. Para evitarlo, González cambió el sistema: los 20 vocales son designados desde entonces por el Congreso y el Senado, con esa mayoría de tres quintos, solo alcanzable en la práctica con un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP. ¿El resultado? Que ambos partidos pactan trasladar al Consejo la composición del Parlamento designando cada uno a los vocales que, casi proporcionalmente, le corresponden y dejando alguna representación para fuerzas minoritarias, como los nacionalistas catalanes y vascos y, en alguna ocasión, Izquierda Unida.

Todos los Consejos nombrados desde aquella reforma de Felipe González obedecen, efectivamente, a esa lógica. También el actual. Elegido en 2013, con un Gobierno del PP y Mariano Rajoy con mayoría absoluta, 12 de sus miembros fueron propuestos por el partido conservador; siete por el socialista; uno por IU y otro por el PNV. Y uno de esos 12 es el presidente, Carlos Lesmes, que había pasado antes ocho años en Gobiernos del PP desde que en 1996 José María Aznar lo nombrara director general del Ministerio del Justicia.

Hay otra circunstancia que agrava la deriva política de este Consejo: ha caducado

Pero hay otra circunstancia que agrava la deriva política de este Consejo: ha caducado. En diciembre de 2018 cumplió los cinco años de mandato establecidos, así que lleva más de un año en funciones. Y, a pesar de eso, en estos 13 meses transcurridos desde entonces ha realizado casi medio centenar de nombramientos, 12 de ellos en el Tribunal Supremo, tan protagonista de la vida política de los últimos años por tener la competencia para legislar causas con aforados —esa protección de que gozan, entre otros muchos cargos públicos, diputados y senadores—. El resto de nombramientos para los que tiene competencia son las presidencias de Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales, Audiencia Nacional y sus respectivas salas. Es decir, ha seguido ejerciendo ese poder inmenso que le otorga la posibilidad de elegir prácticamente a dedo –entre los que cumplen los requisitos exigidos para cada caso– los principales cargos entre quienes imparten Justicia en España.

Seguramente, también hicieron nombramientos interesados los anteriores Consejos, atendiendo a un perfil político diferente. Por eso, las cuatro asociaciones mayoritarias de jueces y magistrados —la Asociación Profesional de la Magistratura, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente y Francisco de Vitoria— prefieren, y en eso están de acuerdo, volver al sistema anterior: que los 12 vocales del CGPJ que son jueces y magistrados sean elegidos por ellos mismos, por votación directa de sus casi 5.500 miembros actuales, y que la elección de los otros 8, a los que se les exige ser juristas de reconocido prestigio —lo que incluye secretarios judiciales, abogados o catedráticos— siga en manos del Parlamento.

“Es imprescindible para mantener la separación de poderes que consagra la Constitución”, afirma Concepción Rodríguez, presidenta del Foro Judicial Independiente, quien recuerda que el informe GRECO –Grupo de Estados contra la Corrupción, del Consejo de Europa– ha reprochado en más de una ocasión a España la percepción de politización que pesa sobre el CGPJ. Rodríguez cree que el sistema de votación directa entre jueces y magistrados permitiría conseguir vocales no políticos y más pegados a la realidad del día a día judicial, lo que derivaría en un Consejo “más representativo”.

Y añade otro dato con el que coincide Yllanes: algunas de las asociaciones que ahora reclaman este cambio de elección también se han venido prestando al reparto de poder, aprovechando su sintonía con uno u otro partido –la Asociación Profesional de la Magistratura es conservadora; Juezas y Jueces para la Democracia, más escorada a la izquierda– para colocar a sus miembros. “El Foro Judicial Independiente nunca ha participado en ese reparto”, añade Concepción Rodríguez.

Algunas de las asociaciones que ahora reclaman este cambio de elección también se han venido prestando al reparto de poder, aprovechando su sintonía con uno u otro partido

En este contexto, toca, efectivamente, renovar el CGPJ. Tocaba, como decíamos, hace algo más de un año. Dada su actual mayoría conservadora, el PSOE quiere hacerlo cuanto antes, para no tener en el Poder Judicial otra escollo en una legislatura que no se prevé en absoluto fácil. Pero el PP, por el contrario, parece no tener prisa y ha lanzado, o casi, un órdago que podría abocar a la institución a una situación de bloqueo.

No solo ha incluido en la negociación, a propósito del nombramiento de Dolores Delgado, los requisitos para ser nombrado fiscal general, sino que pretende también que ese cambio del sistema de elección de los vocales del CGPJ se acometa ya. Es decir, aceptarán negociar su renovación si se modifica la forma de elegirlos para recuperar la votación directa de los jueces y magistrados, un sistema que también tiene sus detractores: entre otras razones, por el corporativismo que implica y porque convertiría al Judicial en un poder completamente ajeno a la voluntad popular, reflejada al fin y al cabo en el Parlamento.

Juan Pedro Yllanes, que antes de llegar al Parlamento balear fue diputado en el Congreso por Podemos, es uno de los que rechaza “volver atrás”, aunque reconoce que el actual sistema se ha visto “sesgado” por la tentación de “llevar a los puestos de libre designación en el Poder Judicial a a los más proclives a atender las instrucciones de los partidos que los eligen. Eso es pervertir el sistema, algo que no nos podemos permitir”, añade, por lo que reclama una corrección del actual método de designación del CGPJ.

El problema es que la participación del PP en cualquier pacto al respecto es prácticamente obligatorio para alcanzar esos 210 parlamentarios y parlamentarias que componen la mayoría de tres quintos del Congreso y el Senado exigida. Por eso, el pasado jueves la asociación Juezas y Jueces para la Democracia emitió un comunicado en el que, a la vez que califica de “fraude institucional” el excesivo retraso en renovar los órganos constitucionales —una parte del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo se encuentran en una situación similar—, denuncia que “pretender supeditar la renovación del CGPJ a una futura modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que no hay un consenso entre todas las fuerzas políticas, supone perpetuar ese defectuoso funcionamiento institucional”.

Y añade la asociación de juristas: “Nos hemos mostrado partidarios de la reforma del sistema de elección de vocales de procedencia judicial del CGPJ, junto con el resto de asociaciones judiciales, para dar una representación directa a la carrera judicial, asegurando la igualdad de género y la presencia de las minorías. Ahora bien, esta reforma debe llevarse a cabo una vez renovado el CGPJ y con el necesario consenso de todas las fuerza políticas”.