Congreso de los Diputados
La ofensiva de la derecha marca la recta final de la investidura del segundo Gobierno de Coalición

Es la quinta ocasión en la que pasa por este trance. Antes de 2018, Sánchez había fracasado en su primer intento, el 4 de marzo de 2016, en un acuerdo de Gobierno con Ciudadanos que no contó con los suficientes apoyos. Con posterioridad a la moción de censura volvió a intentarlo en julio de 2019,  como presidente en funciones, pero Unidas Podemos, dirigida entonces por Pablo Iglesias, no cedió a la propuesta a la baja que el PSOE había hecho para integrar a ese grupo confederal en el Consejo de Ministros.

Después de las elecciones del 23 de julio, las primeras tras una legislatura completa en los cuadros de mando de La Moncloa, Sánchez no ha querido tentar a la suerte y ha amarrado todos los votos necesarios para la investidura.

Tras la investidura fallida de Feijóo en septiembre, el equipo negociador del PSOE, compuesto por María Jesús Montero (ministra de Hacienda en funciones), Félix Bolaños (de Presidencia), y Santos Cerdán (secretario de Organización), ha cerrado los acuerdos necesarios en el plazo de un mes y medio. Jugando con los tiempos y las prisas, en una táctica que es marca de la casa del Partido Socialista de Sánchez, han ido cayendo los acuerdos más importantes.

Primero con EH Bildu, con cuyos representantes se produjo una foto hasta ahora negada por Sánchez. Después con Sumar, en un acuerdo programático que llegó el 24 de octubre. En él se incidió en las políticas sociales y no se habló de la presencia en el Consejo de Ministros. Suenan hasta cinco carteras: Trabajo (Yolanda Díaz), Sanidad (para alguien procedente de Más Madrid), Derechos Sociales (Sumar), Juventud (Izquierda Unida) y Cultura (Sumar) y se mantiene la exclusión a Podemos.

El acuerdo alcanzado con Esquerra Republicana de Catalunya es el más significativo en el nivel económico, ya que acarreó la promesa de condonación de aproximadamente 15.000 millones de euros de la deuda de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómica, una medida que beneficiará a todas las comunidades que contrajeron deudas con esa herramienta del Estado central.

El acuerdo con Junts, anunciado el 8 de noviembre, ha sido, sin embargo, el que ha roto los medidores de crispación política. Se trataba de la pieza clave para la investidura y ha estado asociada, como la firma con ERC, a la futura Ley de Amnistía, presentada el 13 de noviembre en la Mesa del Congreso. 

En la sesión de investidura que da comienzo hoy, 14 de noviembre a las 12h, también darán su voto positivo los diputados del Bloque Nacionalista Galego y Coalición Canaria, además de los cinco electos del Partido Nacionalista Vasco. Solo la representante de Coalición Canaria habrá votado sí, cuando termine la jornada del jueves, a las candidaturas excluyentes de Feijóo y Sánchez.

1.600 agentes policiales han sido dispuestos por el Ministerio de Interior para salvaguardar el Congreso de los Diputados en previsión de incidentes por parte de los manifestantes de la derecha. Las protestas se extenderán también a la calle Ferraz, junto a la sede del PSOE, en la que se espera que se concentren las redes de extrema derecha convocadas por el agitador ultra Alvise Pérez.

También se vigilará la llegada al Congreso de los diputados de los grupos que votarán 'sí' a la investidura. La zona de la Carrera de San Jerónimo estará rodeada de vallas, como ya sucedió en la manifestación de Rodea el Congreso en 2016. En aquella ocasión, más de 20.000 personas secundaron la protesta en Madrid contra la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Sin embargo, la presión en el hemiciclo era mucho más baja. El PSOE se abstuvo en aquella ocasión, y Rajoy salió elegido con los votos de Ciudadanos y mayoría simple en segunda votación.

En España, el PP ha contado con la baza a favor de la movilización de jueces, abogados y otros cuerpos del Estado contra la Ley de Amnistía. En la tarde del lunes, “fuentes del Tribunal Supremo” citadas por Europa Press definieron como una barbaridad el texto presentado el lunes y avanzaron que “supone acabar con la Justicia”. Aun así, no se han dado todavía los pasos necesarios para trasladar a la Justicia europea la preocupación del Supremo con la entrada en vigor de la norma.

Jueces y abogados de las provincias de Salamanca, Sevilla, Cádiz, Huelva y Jaén se manifestaron ayer martes para rechazar la Ley de Amnistía. La convocatoria no contó con miembros de la asociación progresista Jueces para la Democracia.

El Tribunal Supremo ha desestimado la medida cautelar de suspender el Pleno de investidura solicitada por Vox. No existen “elementos que justifiquen la procedencia de suspensión del acto parlamentario dirigido a la investidura del presidente del Gobierno”, declara el alto Tribunal. El TS se pronunciará en los próximos días sobre la admisión o no a trámite de la querella.

La prensa extranjera ha bendecido los acuerdos de Sánchez y, por tanto, la promulgación de una Ley de Amnistía. El último en hacerlo ha sido el periódico 'progre' por excelencia de Reino Unido. The Guardian publica hoy un editorial en ese sentido:

“Sánchez es conocido por sus apuestas políticas, pero ésta puede ser la más importante. Tras haber descartado tal amnistía antes de las elecciones, las matemáticas del resultado le han obligado a pensar de nuevo (...) Sin embargo, a pesar del tenso contexto, Sánchez tiene razón al correr el riesgo, y no sólo por motivos de interés político propio. (...) Sin duda, los indultos ayudaron a desactivar confrontaciones venenosas que llevaron a la peor crisis constitucional de España desde el regreso de la democracia. (...) Sánchez tendrá mucho trabajo por delante para conciliar a la opinión pública española, y a muchos miembros del poder judicial, con su acuerdo con Puigdemont y compañía. Pero como baluarte contra ese extremismo de extrema derecha, su presencia continua en el poder será una buena noticia para el país y para Europa”.

Las bases de Podemos acaban de respaldar la decisión de que los cinco diputados del partido morado voten a favor de la investidura de Pedro Sánchez mañana en el Congreso de los Diputados y que se inicia hoy al mediodía. Un 86,1% de los y las participantes apoyaron la propuesta de la dirección de Ione Belarra, lo que equivale a 47.675 personas de un total de 55.372 inscritos. Por otro lado, un 13,7% (7.586 personas) han votado en contra, mientras que 111 optaron por la abstención.

La pregunta que lanzó la dirección a sus bases fue "¿Deben los diputados/as de Podemos apoyar la investidura de Pedro Sánchez?” y el respaldo ha sido masivo, con cerca de 3.000 participaciones más que en la última consulta realizada por el partido cuando pidieron el beneplácito de sus bases para poder distanciar sus estrategias de Sumar.

El candidato del Partido Socialista a la investidura, Pedro Sánchez, ya está en los pasillos del Congreso de los Diputados. Ha llegado algo más de media hora antes de que comience la sesión y a pesar de los intentos de unos pocos manifestantes exaltados desde ayer y hoy de tratar de boicotear su llegada y la del resto de diputados a las Cortes.

Nueve de los 13 consellers cesados de Carles Puigdemont han declarado este jueves en la Audiencia Nacional en una citación a la que no ha acudido Puigdemont ni otros cuatro de sus consejeros, que permanecen en Bruselas.

Ocho de los encausados han visto cómo la juez Carmen Lamela ha decretado su ingreso en prisión sin fianza. Lamela ha justificado la medida por el riesgo de reiteración delictiva y destrucción de pruebas, así como por riesgo de fuga.

Son Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat suspendida desde el pasado sábado, y los consellers Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Carles Mundó, Meritxell Borràs, Joaquim Forn y Dolors Bassa.

La citación a los miembros de la Mesa del Parlament en el Tribunal Supremo, por su parte, ha sido pospuesta para el próximo 9 de noviembre. Hasta entonces, el juez ha decretado vigilancia policial para la presidenta de la Mesa, Carme Forcadell, y otras cinco personas que componían la Mesa.

¿De qué se les acusa?

Veinte personas están acusadas de sedición por promover el proceso que llevó a la Declaración Unilateral de Independencia. También se les acusa de rebelión –en el caso de que los altos tribunales no consideren aplicar sedición–, conspiración y malversación.

En el apartado de calificación jurídica de la querella, la Fiscalía considera que “los hechos son constitutivos de un delito de rebelión”, que “se consuma con la conducta de alzamiento público y violento” con los fines que recoge el artículo 472 del Código Penal. 

El escrito de la Fiscalía especifica que la violencia, condición para que pueda ser considerado el delito de rebelión, “no exige que se esgriman armas, ni combate ni violencias graves contra las personas” –condiciones sí citadas en el Código Penal para aplicar condenas de hasta 30 años de cárcel–. Para su condición de rebelión, bastaría que sea “público o lo que es lo mismo, notorio o manifiesto” y ha de producirse desobedeciendo la autoridad del Estado, continúa el texto de Fiscalía.

El escrito concluye que “los días previos y posteriores al de la celebración del referéndum, y desde luego, el mismo día 1 de octubre de 2017, constituyeron una insurrección, un levantamiento violento alentado por los querellados, en el que el sector de la población partidario de la secesión, enardecida por sus dirigentes, desobedeció públicamente y mostró su resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado”.

El texto cita como acciones necesarias para este "fin secesionista" la ocupación de carreteras, calles y edificios públicos o el acoso de los agentes de la autoridad, que considera "actos que alcanzaron dimensión suficiente para colmar el elemento de violencia que requiere el tipo". 

La querella argumenta en primer lugar el delito de rebelión, si bien dedica el segundo capítulo de este apartado a justificar un posible delito de sedición: “En todo caso, de entenderse que algún elemento del delito de rebelión no concurre en los hechos objeto de esta querella, estos serían constitutivos de un delito de sedición”.

El delito de sedición figura en todos los Códigos Penales desde 1822, aunque apenas se ha usado en los últimos 40 años. La Fiscalía ha recurrido a acusaciones de sedición en diversos casos, como huelgas de funcionarios o controladores. 

La Fiscalía explica el delito de sedición admite una mayor amplitud que el de rebelión en cuanto a sus formas de comisión, "lo que permitiría sostener su aplicación". Considera que “los actos realizados por los miembros de la Mesa del Parlament, que con sus votos permitieron la tramitación y aprobación de las inconstitucionales la leyes [...] sobre las cuales se fundamentó la convocatoria y celebración del referéndum y finalmente la proclamación de la independencia de Cataluña, exceden de la mera ilicitud e inconstitucionalidad de los actos realizados en sede parlamentaria”. Cita las resoluciones del Tribunal Constitucional que desde 2015 en adelante han ilegalizado el proceso independentista y señala que su desobediencia "trascienden los límites de la comunidad autónoma de Cataluña suponiendo un incontestable riesgo para los pilares del Estado". 

En tercer lugar, la fiscalía alude a un posible delito de conspiración que fundamenta en “un concierto de voluntades y un propósito firme y decidido en la comisión de un delito de rebelión”. 

Afirma que "el delito existiría al menos respecto a las invitaciones que hayan podido realizarse a determinados mandos de los Mossos d'Esquadra para facilitar la realización del referéndum, con independencia de que los mismos hayan o no aceptado la proposición, pues la propuesta es seria, consistente y generadora de un peligro manifiesto para quebrar las bases de España”.

“La cuestión resulta evidente: la convocatoria y celebración de un referéndum ha implicado un gasto de dinero público; siendo el referéndum inconstitucional, cualquier partida presupuestaria que se haya destinado a su financiación es por consiguiente ilegal; por tanto, haber impulsado la celebración del referéndum ha supuesto consumar el despojo de fondos públicos”, afirma el escrito de Fiscalía. 

Veinte querellados

Las declaraciones por el Procés responden a las acusaciones que hace la Fiscalía General del Estado en dos escritos diferentes. Por un lado, a la Audiencia General se dirige el escrito de acción penal contra todos los que fueron miembros del Govern. Se trata, en concreto, del president Carles Puigdemont, el conseller de Salud Toni Comín, la de Agricultura Meritxell Serret y la de Enseñanza Clara Ponsatí, que no han acudido a la citación del jueves en la Audiencia Nacional. Además son querellados el vicepresident Oriol Junqueras, el conseller de presidencia Jordi Turul, el conseller de Asuntos Internacionales, Relaciones Institucionales y Transparencia Raül Romeva, la consellera de Trabajo, Dolors Bassa i Coll, todos diputados del Parlament hasta su cese el 28 de octubre, en aplicación del artículo 155.

Sí han acudido a declarar Oriol Junqueras, vicepresident cesado; Jordi Turull, Presidencia; Meritxell Borràs, Gobernación; Raül Romeva, Exteriores; Joaquim Forn, Interior; Josep Rull, Territorio; Carlos Mundó, Justicia; Dolors Bassa, Trabajo y Santi Vila, que dimitió como conseller de Empresa.

En la querella dirigida al Tribunal Supremo figuran como querellados Carme Forcadell, presidenta del Parlament, y los miembros de la Mesa del Parlament, Lluís María Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, así como Joan Josep Nuet.

Querella ante el Tribunal Supremo contra Forcadell y la Mesa del Parlament by El Salto on Scribd

Querella presentada ante la Audiencia Nacional contra Carles Puigdemont y miembros del Govern by El Salto on Scribd

El candidato a presidente ha derivado su discurso a una crítica de la derecha que se ha dejado arrastrar hacia las posiciones de “expresiones políticas reaccionarias”. “Chocan dos formas de afrontar el presente y el futuro de España”, ha defendido. Sánchez ha reconocido que cuestiones como el alto coste de la vida y el difícil acceso a la vivienda ha dado pie a “expresiones políticas reaccionarias que pueden minar las bases de nuestra democrática”.

“En lo que va de siglo, el número de regímenes autocráticos ha crecido en un 20%”, ha recordado Sánchez. Cuando se ha referido a los líderes que deciden solos han llegado los primeros rumores desde las bancadas de la derecha.

El presidente del Gobierno se ha comprometido a promover un pacto de Estado sobre políticas LGTBIQ. Ha sido en el momento en el que enumeraba las políticas autonómicas adoptadas por PP y Vox en distintas comunidades. Una de ellas, la derogación por trámite de urgencia de las políticas LGTBIQ.

La intervención, que había transcurrido hasta ese momento en calma, ha comenzado a ser salpicada por interrupciones. El “muro” contra esas políticas, ha declarado Sánchez, ha sido el Gobierno de coalición. Pin parental, medidas de seguridad ganadera en Castilla y León y las normas de protección de Doñana, ha argumentado Sánchez, han sido algunos de los episodios en los que se ha implantado ese “muro”.

Discurso económico: Sánchez ha manifestado la ambición de alcanzar el pleno empleo y, al mismo tiempo, cambiar la cultura laboral. Un nuevo estatuto de los trabajadores, un aumento del SMI para llegar al objetivo del 60% del salario medio y la rebaja de la jornada laboral a 37,5 horas son las apuestas de esta legislatura que aparecían en el acuerdo con Sumar presentado a principios de octubre.

Anuncios: El Gobierno extenderá la bajada del IVA hasta junio de 2024, el umbral de renta media crecerá de 30 a 38.000 para acogerse a las medidas de ayuda hipotecaria. Desde el 1 de enero, el transporte público será gratis para jóvenes y desempleados, en coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos.

El Gobierno tomará las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo respecto a los casos de abusos sexuales registrados en el entorno de la Iglesia. Sánchez ha anunciado medidas de protección a la infancia y que el Estado se hará cargo de las indemnizaciones a las víctimas de una práctica sistemática en los años 40 y 50 del siglo pasado, pero que ha seguido teniendo lugar, según ha dicho Sánchez, que ha anunciado medidas de protección a la infancia.

Las diputadas y los diputados de Sumar y de otros grupos de la izquierda del Congreso han querido homenajear a las víctimas del genocidio israelí sobre Palestina a través de chapas con la imagen de una sandía. Es un símbolo que contiene los colores de la bandera palestina (rojo, negro, blanco, verde). En 1967 se impuso como imagen después de que Israel prohibiese que se portasen banderas. Además de las sandías, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra y la portavoz de Sumar, Aina Vidal, han portado una kufiya, el pañuelo típico palestino, durante la investidura.

A las 13:20 ha salido el tema de la investidura. Catalunya y el deseo de una parte de la población de ser parte de un país independiente. “¿Cómo garantizamos la unidad?” se ha preguntado Sánchez, “por la vía de la imposición o por la del diálogo y también del perdón”. Sánchez ha criticado la primera táctica, seguida por el PP, “el resultado fue la mayor crisis territorial de nuestra democracia”. El dirigente socialista ha dicho que su apuesta es la “vía del perdón, la negociación, el reencuentro”.

“La convivencia ha vuelto a las calles”, ha defendido Sánchez, “el diálogo ha vuelto a las instituciones”. Se ha remitido a los resultados del 23J, la base del buen resultado del PSOE en las pasadas elecciones. “En defensa de la concordia vamos a conceder una amnistía a las personas encausadas por el Procés”, ha dicho Sánchez en ese bloque de su discurso. La amnistía, ha dicho Sánchez, no importa a la derecha, lo que no les gusta a los poderes económicos es “que sigamos mejorando la vida de las trabajadoras”.

La amnistía “será una muestra de la fortaleza y vigencia de la Constitución de 1978”, ha dicho el presidente en funciones. Ha defendido que esta medida de gracia beneficiará a líderes políticos y a personas (también policías) que fueron “arrastradas por el Procés”.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comenzado su discurso echando la bronca a Sánchez por un ejercicio de “corrupción política”. Después de su fallida investidura de septiembre, el diputado por Madrid ha subido a la tribuna para clamar contra la “humillación” política; “ha comprado el apoyo firmando cheques que todos pagaremos”.

Feijóo ha enarbolado una serie de nombres de altos cargos del PSOE que han rechazado la Ley de Amnistía. También se ha referido a textos de la prensa internacional críticos con Sánchez.

Duro discurso del presidente del Partido Popular, centrado desde el comienzo en afear a Sánchez la mayoría que le dará la investidura mañana. 

La ministra de Igualdad, que no repetirá en el cargo, ha dicho que España “está aliviada” porque Sánchez será reelegido pero “no basta”: “De nada sirve hablar de Palestina si no impones sanciones económicas ejemplares a Netanyahu y si no rompemos las relaciones diplomáticas sin Israel”. Montero ha lamentado que el hecho “de que Sánchez y Yolanda Díaz echen a Podemos del Gobierno, va a dificultar que pasemos de las palabras a los hechos”. Las bases del partido morado han refrendado, en resultados que han trascendido hoy, la investidura de Sánchez, pero parece que ese será la última estación, de momento, del entendimiento con sus antiguos socios.

La ministra saliente ha sonreído cuando Feijóo ha criticado que Sánchez hable de los avances en feminismo y se haya propuesto prescindir de Montero en la próxima legislatura.

Alberto Núñez Feijóo no ha apelado a diputados “patriotas” del PSOE pero sí a las cinco diputadas y diputados de Podemos, a los que ha instado a “apretar” por un Ministerio “o dos”. La intervención de Feijóo ha consistido en recordar a los socios de la investidura que Sánchez no es de fiar. Pero, por lo visto en la Tribuna, el PP no tiene ninguna esperanza de que en las próximas horas cambien los números que darán mañana la presidencia a Sánchez.

La réplica de Sánchez al líder del PP ha comenzado con el presidente en funciones explicándole a Feijóo que ha confundido la atribución de un verso que este había citado. No era de Machado sino la continuación de un verso de Machado que hizo Ismael Serrano. Desde ahí, nada demasiado nuevo. Sánchez ha recriminado a Feijóo el haber llegado a acuerdos con la ultraderecha en cinco gobiernos autonómicos y 135 municipios. 

“Quién del PP se reunió con Junts, cuándo y de qué trataron”, ha preguntado Sánchez, que ha explicado que el partido de Feijóo estableció contactos, tal y como adelantó El Salto el pasado mes de agosto. Sánchez se ha reído en la tribuna cuando ha recordado que Feijóo ha dicho que no es presidente “porque no quiere”.

El líder de Vox, Santiago Abascal ha sido el primero en hablar del “golpe de Estado” y ha comparado a Sánchez con Adolf Hitler. Hitler “mintió menos a los electores” que Sánchez, ha dicho Abascal.

Francina Armengol ha amonestado a Abascal por el uso de estas fórmulas: “Le pido que retire las palabras de Golpe de Estado [del Diario de Sesiones] porque si no, en función de mis competencias las retiraré yo”.

Santiago Abascal ha terminado su discurso diciendo que su partido se ausentará del turno de réplica del presidente en funciones. Inmediatamente después, los 33 diputados de Vox se han marchado del hemiciclo. Mientras tanto. Patxi López (PSOE) ha denunciado las expresiones de “golpe de Estado” lanzadas por Abascal. Armengol ha retirado las menciones sobre ese tema del Diario de Sesiones.

Yolanda Díaz (Sumar) ha sido la primera mujer en subir a la tribuna. “Habrá un nuevo Gobierno de coalición progresista y verde”, ha declarado la vicepresidenta. “Dijimos no a la declaración de independencia unilateral y dijimos no al 155”, ha dicho Díaz.

La vicepresidenta ha defendido la agenda de Sanidad para el próximo Gobierno, lo que da crédito a la filtración de que el Ministerio será ocupado por alguien de Sumar en el próximo Consejo de Ministros. Díaz ha marcado diferencias con el PSOE en materia de Vivienda. Díaz también ha hablado de Cultura, otro de los Ministerios que suenan para Sumar. Con toda seguridad, Díaz repetirá como ministra de Trabajo. Ya anunció que su primera medida sería una nueva subida del salario mínimo interprofesional, algo a lo que también se ha referido Sánchez esta mañana.

Lo que El Desvän del Macho lleva haciendo casi treinta años es rock, indudablemente. Radical, igualmente sin atisbo de vacilación, es su forma de sonar –fría, casi gélida– y su proceder, en el que no han cabido cesiones de ningún tipo. Y también es vasco, por su lugar de nacimiento y la localización geográfica del local de ensayo. Sin embargo, este trío empadronado en Arrasate-Mondragón jamás se ha visto asociado a la etiqueta que trató de identificar –la parte por el todo– a los grupos de música que cumplían esos tres requisitos.

“De ninguna”, zanja José Gregorio Izkue cuando se le pregunta por la manera en que el rock radical vasco les hubiera podido influir, dadas la edad y la cercanía. Él es el ideólogo, voz y guitarra de El Desvän del Macho y el único que se mantiene en la formación desde aquellos primeros ensayos a finales de los años 80, cuando junto a su hermano Francisco, al bajo, y Vicente Mijangos, a la batería, alumbraron el que ha resultado su proyecto más longevo. Antes ya habían experimentado en conjuntos como Jugos de Otros o Matrona Impúdica. En 1986, ha recordado Izkue en alguna ocasión, llegaron a jugar un partidillo de fútbol contra Robert Smith y su grupo cuando Matrona Impúdica fueron los encargados de telonear a The Cure en San Sebastián.

La industrial, metalúrgica y cooperativa Mondragón no debía de ofrecer mucho divertimento juvenil a sus vecinos en aquellos tiempos –de allí eran también R.I.P.– pero fue el entorno en el que el trío creó y registró sus primeras canciónes. Y seguramente aportó claves para explicar por qué El Desvän del Macho suena como suena.

Inspirado en algunos nombres siempre citados cuando se habla del punk después del punk en el panorama musical británico, como Killing Joke o Minimal Compact, y recurriendo a la austeridad expresiva de la que hacen gala los estadounidenses Shellac, El Desvän del Macho ha conseguido, sin embargo, escapar de cualquier marco y ofrecer una propuesta difícil de catalogar. Se puede nombrar también a 713avo Amor, Akauzazte o a Lagartija Nick como inquilinos del mismo portal, pero la cosa no pasa de ahí. Izkue asegura sentirse cerca “de cualquiera que, como nosotros, trata de dignificar lo que hace”.

Admirador hoy de las intervenciones artísticas de Regina José Galindo, otrora ávido lector de Leopoldo María Panero, Izkue bautizó a su grupo a partir de una obra de 1974 del dramaturgo Luis Riaza, El desván de los machos y el sótano de las hembras, y ha logrado dotar a sus canciones de una lírica poco habitual en una banda de rock. Poesía de quirófano y versos de temática forense ponen las palabras en unas composiciones ásperas pero magnéticas, de belleza rara y fascinante. Atmósferas abruptas, canciones con forma de fémur roto.

El primer disco, Hermana violencia, fue publicado en 1992 por Nuevos Medios y ya lucía un aspecto muy reconocible, que ha perdurado con ligeras modificaciones en trabajos posteriores. Incluye algunas de sus canciones más celebradas, como “Un agujero en mi corazón” o “Cabezas borradoras”.

Sin interés por seguir el ritmo de la industria, El Desvän del Macho ha llevado su carrera bajo sus propias normas, espaciando los lanzamientos y rehuyendo entrar en la dinámica de disco cada dos años y gira posterior. En 2008, con algún cambio en la alineación, el trío entregó su disco quizá más completo, en el que más claramente se lee lo que es el grupo: Vida a partir del huevo (Discos Alehop!), catorce canciones por las que se colaron algunas rendijas de luz, enhebradas por una brillante orfebrería pop, caso de “Instalación y espesor del pecado” o “L’America”.

Y este año han vuelto a publicar nuevas canciones, agrupadas bajo el título Funeral económico, y sobrevoladas, explica su autor, por la idea de mostrar “una distopía, generada por las ciudades cuando respiran, ennegrecida por la sublimación, pavorosa, de las religiones”.

En 2017 ellos ofrecen “una nueva lectura de su discurso musical” y la actualidad les devuelve “el sonido en las ondas gravitacionales y bastante desasosiego político”.

Con la edad, subraya Izkue, El Desvän del Macho ha ganado “reflexión y radicalidad”.

Tenso cara a cara entre Sánchez y Feijóo. El líder del PP no agita las calles ni llama a votantes tránsfugas del PSOE. Poca gente en las protestas convocadas alrededor del Congreso. Fuerte despliegue policial en Madrid. Las primeras horas del debate, vistas por Pablo Elorduy.

Una distopía tiene dos posibles interpretaciones: Una, el valor crítico que tiene con la sociedad en la que se escribe y otra, cuando es tan retorcida que por desgracia se convierte en realidad. Aún hay vigencia en el 1984 de Orwell y a este ritmo, Battle Royale acabará siendo una actividad extraescolar. 

Y es que este ritmo ha llevado a Apple a dar uso al primer implante sonoro que servirá para estar conectado a tu móvil, tableta o reproductor de música y poder escucharlo mejor. Publicitariamente está siendo vendido como un producto que ayudará (y sin duda lo hará) a personas con problemas auditivos a no sentirse tan fuera de las conversaciones. Pero se podría ver también como el primer paso hacia las sociedades distópicas que hemos visto en el cine. En Her, la película de Spike Jonze, vimos como un hombre se enamoraba de su ordenador. Dicho así suena absurdo pero todo se envuelve de una magia y una sensibilidad que consigue que parezca hasta justificable. La realidad es que el papel que interpreta Joaquin Phoenix se acaba enamorando de un GPS evolucionado dada la soledad a la que las máquinas y las nuevas tecnologías nos han acostumbrado. El contacto entre personas es cada vez menor y hasta un robot instalado en el oído nos resulta atractivo. 

Una película de poca calidad pero con una base distópica muy interesante fue In Time, un largometraje protagonizado por Justin Timberlake en el que a los 25 años comenzaba el cuerpo una cuenta atrás que al llegar a cero suponía la muerte. Los minutos se ganaban, evidentemente, trabajando. Y evidentemente, los ricos tenían millones de horas acumuladas. Una mezcla de marxismo, medios de producción, Hollywood y estrellas del pop que llevó a un experimento difícil de calificar.

Black Mirror, la serie por excelencia en cuanto a la realidad distópica a la que nos llevarán las tecnologías si no se educa sobre ellas, ha tratado en varias ocasiones los implantes. La primera vez fue en su brillante capítulo Toda tu historia. En él, todos los humanos tienen un chip insertado que consigue grabar y reproducir todos los recuerdos vividos. Esto lleva a bucles infinitos de insatisfacción, a añorar (aún más si es posible) el pasado en estas sociedades que no piensan en el futuro como un sitio agradable. Hasta ahora, y sobre todo en los ochenta y noventa, la ciencia ficción siempre trató los microchips como algo que serviría para perseguir a los enemigos de James Bond o para no perder definitivamente el camión con el dinero. Las voces críticas con esto siempre han sido menores. Una de las veces que más duramente se cargó contra esto fue en el documental Zelgeist, en el que tras poner en jaque la teoría oficial del 11S y asegurar que el sistema económico estadounidense es un fraude, recogió voces que aseguraban que tal vez en un futuro muy lejano el poder querría ver a los obreros con chips. La facilidad de desconectarlos en casos de desacato o rebeldía serían sencillísimos. Lo peor de todo es ver como esas teorías de la conspiración, alocadas y estrambóticas, van cumpliendo plazos de la realidad. Así pues, se podría decir que Apple ha puesto la primera piedra en el futuro que con tan poco optimismo vemos últimamente en el cine. Tal vez haya que empezar a debatir más en serio las limitaciones de la tecnología

A medida que las protestas en la calle se han convertido en un problema para el PP, el desplazamiento hacia la respuesta institucional a la Ley de Amnistía y la investidura se ha recrudecido. El lunes, el Senado, con mayoría popular, aprobó una modificación del artículo 133 que permitirá a la Cámara Alta retrasar la tramitación desde los actuales 20 días hasta dos meses las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios que lleguen en procedimiento urgente. De este modo, el PP intentará alargar el plazo de aprobación de la norma y obligar a Sánchez a que la defienda en el Senado.

Esta organización, además, ha iniciado una ronda para tratar de involucrar al Parlamento Europeo en su negativa a la amnistía. El PP quiere que la semana que viene se discuta la amnistía en Estrasburgo, algo que debe debatir la conferencia de presidentes de la Eurocámara este mismo día 16. El martes, el propio presidente popular se reunió con varias decenas de periodistas europeos para expresar su posición sobre una ley que arrasa con “la seguridad jurídica”, según Feijóo. A través de Félix Bolaños, el Gobierno ha querido contrarrestar esa campaña mediante dos cartas, a la vicepresidenta de la Comisión Europea y a la comisaria de Justicia, en las que explica el contenido de la amnistía pactada con Junts y ERC pero presentada por el PSOE en solitario en la mesa del Congreso. Ayer, fuentes de la Comisión manifestaron que la ley presentada no supone impacto en los intereses financieros de la UE y, a priori, no afecta a la separación de poderes. 

Vox presentó también el lunes una querella en el Tribunal Supremo en la que acusan a Sánchez y Carles Puigdemont (Junts) de delitos de cohecho, encubrimiento o colaboración con el terrorismo, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. La intención de la ultraderecha es que el Supremo tomara medidas cautelares para suspender el pleno de hoy, 15 de noviembre, ante lo que, según el partido de Santiago Abascal es un “autogolpe al Estado y a las instituciones desde las instituciones”. Pero, pasadas las 9h del 15 de noviembre, el alto tribunal ha anunciado que tomaba esas medidas.

David F. Sabadell estuvo acreditado por El Salto en el Congreso de los Diputados y realizó una cobertura de la primera sesión. Esta estuvo marcada por el cara a cara Sánchez-Feijóo.

“No es una guerra, es un genocidio”. Mertxe Aizpurua ha empezado pidiendo a Sánchez que actúe contra Israel utilizando toda la capacidad económica y política, aprovechando que ostenta la presidencia europea, y que denuncie “sin matices” la masacre en Gaza. Aizpurua ha pedido más contundencia para exigir un alto al fuego y reclamar el fin de la ocupación. “Dijo ayer usted que trabajará para el reconocimiento del Estado palestino, no deje pasar ni un día más”, ha añadido.

La representante de Bildu ha confirmado que Sánchez contará con el voto favorable de su formación, en función de sus “principios antifascistas” y para cerrarle la puerta “al bloque reaccionario”. Ha recordado, sin embargo que su voto favorable “no es un cheque en blanco”, por lo que ha añadido el necesario avance en aceptar la naturaleza plurinacional del Estado.

Aizpurua se ha mostrado muy dura con Feijóo a quien ha acusado de meter a la ultraderecha en las instituciones y sacarla a las calles.

Ha recordado que el malestar de las derechas por amnistiar a los catalanes y catalanas procesados, es contra personas que pusieron “urnas”. Su “único problema”, ha asegurado la portavoz de Bildu en referencia al líder del PP, “es con la democracia”.

Ha finalizado su intervención recordando que ampliar libertades a un colectivo, contribuye a ampliar libertades para el resto y ha pedido altura de miras a Sánchez durante la próxima legislatura.

Ha llegado el otoño y, con él, la época del año en que la contaminación atmosférica se manifiesta con mayor virulencia en nuestras ciudades. Las más afectadas, como fácilmente se puede deducir, son Madrid y Barcelona. Los altos niveles de dióxido de nitrógeno que en estas fechas y, presumiblemente, durante todo el otoño, se concentran en las principales ciudades de nuestro país, vienen dadas por dos factores predominantes: el clima y el tráfico, que, combinados, suponen un cóctel fatal para el hábito saludable del ciudadano de a pie.

Los sistemas de altas presiones impropios ya de la época en la que nos encontramos, impiden el paso de frentes atlánticos y nos abogan durante semanas a cielos totalmente despejados y a un aire inmóvil que, dado su estatismo, se ensucia y contamina cada vez más. En Madrid está en vigor desde hace algunos años un nuevo plan anticontaminación, que viene a sustituir al pobre y permisivo anterior del gobierno de Ana Botella, pero que, aún así, tampoco cumple las expectativas pese a ser más restrictivo. No se pueden dar pasitos estrechos hacia adelante, como es la filosofía de este nuevo plan; si queremos luchar real y desinteresadamente contra la contaminación atmosférica y el cambio climático, debemos dar pasos de gigantes en pos de una mayor calidad de vida y preservación de los ecosistemas.

Los próximos años van a ser clave para monitorizar el éxito de nuevas medidas, como el veto permanente a la circulación de vehículos diesel por el centro de Madrid, la peatonalización de arterias centrales como la Gran Vía, o la mejora del transporte público

El principal fallo del protocolo anticontaminación de Madrid es que tiene una filosofía de curar, y no de prevenir. Los umbrales de partículas que sirven de alarma para poner en marcha la primera fase del protocolo, ya dan a entender que los madrileños y sus visitantes han estado, al menos un día, respirando aire tóxico. Por tanto, nace de una concepción de bajar los niveles de contaminación una vez que estos son elevados, en lugar de prevenir que estos estén, simplemente, altos en ningún momento.

De forma simple, los escenarios del citado protocolo son cuatro: En el 1 se limita la velocidad en la M-30 y accesos a 70km/h, en el 2 se añade la prohibición de aparcar en zona SER (la almendra central) a los no residentes, en el 3 hay que sumar la circulación de vehículos según matrícula (pares en días pares, y viceversa), y en el 4 directamente, sumado a todas las anteriores medidas, se limita la circulación de vehículos en un 50% en la M30 y queda prohibida la circulación de taxis libres en la almendra central.

Hasta ahora, el escenario más alto vivido ha sido el 3, ejecutado por el Ayuntamiento el pasado 29 de diciembre, lo que supuso que por primera vez en España se implantase una restricción circulatoria por matrículas –solo pudieron circular las matrículas impares-.

Pero, volviendo atrás, lo importante es calibrar la efectividad de este protocolo. Su sucesiva aplicación respalda la tesis de su escasa efectividad. Las medidas aplicadas son parches, no curaciones. Sería como suministrar fuertes calmantes a un aquejado de apéndice en lugar de someterlo a una intervención quirúrgica. La única salida es el veto a gran escala del vehículo privado contaminante (lo que Esperanza Aguirre bautizó como cochofobia) y una apuesta tajante por el transporte público, algo que en Madrid funciona bastante bien y que, más allá de inconvenientes puntuales, supone una alternativa real a la movilidad urbana.

No se pueden dar pasitos estrechos hacia adelante, como es la filosofía de este nuevo plan; si queremos luchar real y desinteresadamente contra la contaminación atmosférica y el cambio climático, debemos dar pasos de gigantes

Por tanto, la efectividad real de las medidas anticontaminación, el escenario al que deberíamos aspirar, sería al de la inexistencia de las mismas. A que nunca haga falta aplicarlo. Si el problema es sociocultural, hay que incidir en la comunicación dinámica con aquellos que no sueltan el coche ni para ir a comprar tabaco, y hacer un esfuerzo para convencer a los ciudadanos al mismo tiempo que se ofrece una alternativa sostenible más atractiva.

Los próximos años van a ser clave para monitorizar el éxito de nuevas medidas, como el veto permanente a la circulación de vehículos diesel por el centro de Madrid, la peatonalización de arterias centrales como la Gran Vía, o la mejora del transporte público.

Texto: Víctor Marrero | Ilustración de Rubio

Moira Millán, militante mapuche de la comunidad de Corcovado, en la provincia patagónica de Chubut, denunció en su paso por Madrid la campaña de persecución que este pueblo originario sufre por parte del Gobierno de Mauricio Macri. También describe con detalle el escalofriante panorama de la implantación de los "dueños de mundo" en estas tierras, espacio tradicional de vida de los pueblos mapuche. En esta entrevista para El Salto, Millán explica el contexto en el que se produjo la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, en ese ámbito privilegiado de negocios de poderosos intereses, reserva estratégica de recursos energéticos, minerales, acuíferos y de implantación militar estadounidense.

Hace algunas semanas advertías de las amenazas que estabas recibiendo, en un marco de gran aislamiento.
Sí, tremendo. Recibo todo tipo de amenazas, hasta de muerte. Llegaron a tirar en la puerta de mi casa una pobre zorra, a la que habían torturado antes de matar. Un claro aviso de advertencia. Vivo en un territorio recuperado, parte del que nos fue arrebatado. No hay usurpación como dice el Estado huinca [blanco]. La titularidad la tiene la Policía de la Provincia de Chubut. Ellos pretendían en esas 150 hectáreas hacer un complejo turístico para oficiales. Recuperamos el lugar y ahí constituimos una comunidad mapuche que hemos convertido en un santuario natural. En estos 17 años eso se ha puesto muy bonito, hay pumas, gatos monteses, cóndores, que se habían ido y ahora retornan.  

Solo en la provincia de Chubut, en los últimos 30 años, tenemos 145 desaparecidos. Y estamos hablando sólo de las que llegan a tribunales

¿Cómo fue el proceso de expoliación de esos territorios?
La Pacificación de la Araucanía en Chile y La Conquista del Desierto en Argentina fueron iniciativas de dos Estados diferentes, ambos igualmente racistas y hegemónicos, para someter a la nación mapuche, quitarle su identidad y desde allí empieza el reparto de nuestros territorios. Dejaron a nuestro pueblo en una completa miseria de la cual no hemos salido aún. Ha sido una política de Estado sistemática. El presidente Alvear [1922-1928] aprobó una ley por la cual los mapuches no podíamos poseer más que una cantidad exigua de animales. Decían que si teníamos más iríamos a atentar contra la soberanía nacional.

¿Con qué criterio distribuyó las tierras el Estado argentino después de La Conquista del Desierto?
Esta distribución favoreció a familias patricias que fueron cómplices del genocidio. Algunas todavía detentan el poder, como es el caso de los Bullrich. La ministra de Defensa de Argentina, Patricia Bullrich, es descendiente de esos criminales. En el Patio Bullrich de Buenos Aires, ese gran shopping del barrio de La Recoleta, antaño se subastaban esclavos mapuches para la servidumbre en las estancias.

¿Cuántos mapuches han desaparecido o han sido asesinados en los últimos años?
Solo en la provincia de Chubut, en los últimos 30 años, tenemos 145 desaparecidos. Y estamos hablando sólo de las que llegan a tribunales. Hay otras que no son denunciadas, los pueblos originarios no tienen el mismo acceso a la justicia que los ciudadanos argentinos.

¿Y por qué sólo se ha visibilizado la desaparición y muerte de Santiago Maldonado?
Eso tiene que ver con el desconocimiento y aislamiento de la lucha del pueblo mapuche, esa construcción de la otredad, del “bueno, esto les está pasando a ellos, no a nosotros”. Hasta que de pronto, un joven argentino, solidario, que se identifica con la lucha del pueblo mapuche es reprimido del mismo modo criminal que venimos sufriendo nosotros y desaparecido. Esto activa rápidamente una sensibilidad que remite a la última dictadura militar y dispara la preocupación de la sociedad argentina, la lleva a rememorar las desapariciones forzadas. Y empiezan a ver que la lucha del pueblo mapuche es contra las transnacionales y el latifundio, y las barbaridades que están haciendo las corporaciones extractivistas. Recién ahí reacciona y dice “ah, es que los mapuches están poniendo el cuerpo en la defensa de los territorios y por eso Santiago desaparece, por apoyarlos”.

Con la “aparición” del cuerpo de Santiago, Macri manda dos mensajes: uno al pueblo argentino y otro a los mercados y las transnacionales, avisa que va a tener mano dura frente a la demanda de derechos del pueblo mapuche.

A propósito de invisibilizaciones, ¿quién es Facundo Jones Hualá?
Es un hermano mapuche de la zona. Toda su familia es de la comunidad de Cushamen. Es lonko [líder] de una comunidad que se llama Pu Lof de Resistencia Cushamen, que ha recuperado territorio a Benetton y que a partir de eso ha sufrido una tremenda represión del Estado. Se encuentra preso en Argentina, injustamente porque ha pasado por un proceso legal del que salió absuelto. No obstante, el Estado chileno pide su extradición. Intentan volver a juzgarlo por los mismos  —supuestos— delitos de los que en Argentina se había demostrado que era inocente. Esto se hace por presión de los Gobiernos argentino y chileno. Está preso en la Unidad 14 de la ciudad de Esquel.

¿Qué es lo que está en juego hoy en esas tierras? ¿Qué hace que hoy sean disputadas?
El territorio mapuche es estratégico en términos económicos y geopolíticos. Despierta el interés no solo del empresariado argentino, sino del mundo. Allí hay gas, petróleo, minería, recursos forestales, acuíferos, a partir de los hielos continentales. Todo eso hace que la Wall Mapu [territorio que los mapuches] se convierta en un objetivo de los grandes poderes extractivistas del mundo.

Nuestra lógica no es capitalista, nosotros creemos que el valor sagrado es la vida, no la propiedad. Esas cosas no se venden, no tienen precio. No hay posibilidad de negociar con nosotros

En la provincia de Neuquén está Vaca Muerta, un reservorio de petróleo muy importante en el que pretenden hacer fracking. Es una especie de caja de ahorro petrodependiente muy fuerte. También tenemos importantes yacimientos de oro, pero quizá lo más importante es el agua. Dicen que se va a terminar antes el agua que el petróleo y nosotros tenemos allí glaciares, lagos, ríos, agua potable. Y por esa agua vienen. El pueblo mapuche es un obstáculo para ellos, estamos impidiendo que se desarrolle el extractivismo. Primero porque nuestra lógica no es capitalista, nosotros creemos que el valor sagrado es la vida, no la propiedad. Esas cosas no se venden, no tienen precio. No hay posibilidad de negociar con nosotros. Entonces, el único camino es eliminarnos, porque no pueden neutralizarnos mediante la cooptación.

En segundo término, hay una herramienta legal que es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 1989, y también la Constitución Nacional que plantea en el artículo 75 que somos preexistentes. Ambas reconocen nuestro derecho al control del territorio, a que se nos consulte y se nos informe previamente sobre los proyectos, y nuestro derecho a negarnos.

¿Tienen importancia esos instrumentos jurídicos?
Sí, porque para que esas herramientas legales queden sin efectos, ellos necesitan ir configurando un escenario que pueda caracterizarse como de terrorismo, de situación bélica. Entonces quedarían habilitados para aplicar la Ley Antiterrorista. Se configuraría un Estado de excepción y se suspenderían los derechos y garantías. Entonces el Gobierno actuaría sobre los territorios. Para poder aplicar la Ley Antiterrorista, necesitan tener el consenso social y para obtenerlo precisan mentir, construir un enemigo interno inexistente, necesitan fabular acciones conspirativas de supuestas células terroristas que no existen.

Todos los que integramos la disidencia estamos en la mira y podemos ser el blanco de una próxima desaparición, muerte o encarcelamiento 

Entonces se trata de crear todo un circo mediático con mercenarios de la comunicación, periodistas y medios que van comprando. En Argentina no ha quedado ningún medio alternativo de importancia. Sólo algunos medios comunitarios, que también están recibiendo amenazas, como por ejemplo la radio FMA de El Bolsón. Todos los que integramos la disidencia estamos en la mira y podemos ser el blanco de una próxima desaparición, muerte o encarcelamiento.

¿Cuándo se aprobó esa Ley Antiterrorista?
Viene de antes. Se aprobó durante el Gobierno de Cristina Kirchner. Entró en el Congreso y el Senado, y desafortunadamente 'nuestros' representantes la aprobaron. El Gobierno dijo que los presionaron. Por eso hay que entender también que este modelo de democracia, de los Estados nación, está obsoleto. La democracia representativa, esa que nos quiere hacer creer que cada cuatro años elegimos algo, no es más que una patraña de los detentores del poder mundial. Y luego esas personas que llegan al poder debiéndole favores a cada una de estas empresas enormes que les han financiado sus campañas, asumen el poder y establecen a rajatable la agenda a la que se comprometieron antes de ganar.

A propósito, el Gobierno argentino los acusa de intentar crear un Estado independiente en el interior del territorio nacional. ¿Qué responderías a esto?
Estamos a favor del derecho a la libre determinación de los pueblos y el pueblo mapuche es una nación sin Estado. Queremos que se nos reconozca el derecho a organizarnos en nuestros territorios de acuerdo a nuestros principios y decidir bajo qué formas hacerlo. Tal vez como confederaciones de naciones, o bajo otras modalidades diferentes. Será nuestro pueblo quien lo decida y para ello es decisivo llegar a un consenso de cohabitabilidad entre los pueblos originarios y el pueblo argentino.

Me contabas de los intereses cruzados que había en esas tierras. Hablabas de Vaca Muerta, de la existencia de riquezas auríferas y del agua. ¿Hay más cosas?
Sí. Ahí hay latifundios, que son una suerte de estados feudales posmodernos. Señores multimillonarios, algunos de ellos muy famosos como Luciano Benetton, Ted Turner, propietario de la CNN, el inversionista George Soros, Suchard, están allí financiando el aparato represivo. El Estado argentino pone a disposición de ellos toda la estructura de defensa de “la soberanía” para que defienda y proteja la propiedad privada de estos multimillonarios. Son partidas presupuestarias que le faltan a la salud, a la vivienda, a los derechos elementales de los pueblos, para hacer una política belicista a favor de estos multimillonarios y contra el pueblo mapuche.

Tanta asimetría social, estas diferencias, estos mundos completamente contrapuestos, dejan en evidencia que no es posible una cohabitabilidad. No puede haber punto de encuentro ni paz social, cuando el Estado privilegia por sobre todas las cosas la acumulación, la especulación y el beneficio de los opresores, contra la inmensa mayoría que estamos muy mal. Fundamentalmente los pueblos originarios. Porque también es una agenda diferente la nuestra, donde “la noche oscura” lleva más de 500 años.

¿También hay intereses geopolíticos?
Sí. La Wall Mapu va desde el Pacífico al Atlántico. Hay convenios bilaterales entre los Estados argentino y chileno para maniobras militares. Y ahora los estadounidenses quieren tener una base allí para cerrar el continente. Es estratégico para ellos. Para ir acostumbrando a la gente empezarían con desembarcos de marines en la Base Almirante Zar, de Trelew [en la costa atlántica de Chubut], para luego emplazar esta gran base de EE UU, prácticamente una ciudad.

¿Han hecho algún movimiento?
El Congreso y el Senado aprobaron, casi que de forma unánime, el desembarco de los estadounidenses que  empezaría en diciembre. Es tremendo, porque además hay mucha desinformación. No son solamente maniobras militares de entrenamiento sino que esas naves serán los famosos “barcos de contención clandestina”, que hemos visto en otras partes del mundo, verdaderas bases de EE UU en las que se cometen flagrantes violaciones a los derechos humanos. Además, donde hay bases estadounidenses hay violencia sexual, tráfico de todo tipo. Y, como se consuman dentro de unidades navales militares de EE UU —al haber convenios multilaterales— no hay modo de entrar, ni hacer allanamientos o investigaciones. Tienen inmunidad diplomática. Estamos haciendo una campaña de concientización para impedir esta locura. Mi gran temor es que Santiago Maldonado sea sólo el primer desaparecido de una lista que pueda llegar a venir. 

Mi gran temor es que Santiago Maldonado sea sólo el primer desaparecido de una lista que pueda llegar a venir

De lo que has contado podría deducirse que el empeño del Gobierno en controlar este territorio, así como el asesinato de Santiago Maldonado, tienen como telón de fondo este entramado de intereses.
Totalmente. Y creemos que es necesario abrir la mayor cantidad de puertas, de amplificar nuestra voz, para avisar de lo que está sucediendo. Y hacerlo en el exterior porque dentro del país se están cerrando todos los medios, porque a los que no consiguen cerrar los compran. Y a los que no compran ni cierran los amenazan o los boicotean, entonces se hace muy difícil que el pueblo argentino sepa lo que está sucediendo allí.

En 2011, el Gobierno de Cristina Fernández propuso una ley por la cual sólo se podrían vender hasta 1.000 hectáreas por cada propietario extranjero, sea persona física o jurídica. Y que no más del 15% de tierras rurales pudieran estar en manos de extranjeros. ¿Sirvió esa iniciativa?
Fue una ley bastante insuficiente porque el problema es el latifundio. Y esa ley no sirve para conjurarlo. Yo puedo ser una extranjera, contrato a algunos testaferros nacionales y compro un montón de tierras. Si tienes dinero y eres argentino puedes comprar todo lo que quieras. El problema es justamente ese, el acaparamiento de las grandes extensiones de tierra en pocas manos y el resto sin posibilidad de acceder a ellas. Y en el caso del pueblo mapuche y de los pueblos originarios en general, es el derecho legítimo y preexistente que tenemos sobre los territorios, y eso no se ve respetado para nada.

¿Qué tratamiento estáis recibiendo los mapuches por parte del gobierno Macri?
El Gobierno de Macri ha presupuestado la muerte contra nosotros, se empeña en hacer una segunda Campaña del Desierto. Con dinero público está financiando una política belicista contra el pueblo mapuche, una cacería. Yo vengo a pedir solidaridad internacional, caravanas a nuestros pueblos, a nuestras comunidades para que —como observadores— vean lo que está sucediendo. A mí me amenazan de muerte. Algunos pergeñan encarcelarme.
También lidero un movimiento de mujeres originarias en Argentina, constituido por 36 naciones que hemos consensuado el 'buen vivir' como derecho. Lo entendemos como la recuperación de esta armonía, de reciprocidad para con la naturaleza. Y esto es muy molesto para el poder. Y como no me pueden comprar, ni cooptar y como no les es fácil acallarme, me quieren matar.

¿Y para qué has venido hasta aquí? ¿Qué esperas conseguir?
El extractivismo, el modelo capitalista, por más progresista y reformista que sea, no tiene cabida. Venir acá es buscar de manera desesperada el apoyo de los pueblos. No creemos en los Estados, ellos son cómplices de la muerte, del dolor y flagelo que sufrimos. Creo en la solidaridad de los pueblos, en su capacidad de articularse, de tramar sueños. Y que pongamos por encima de todo ser guardianes de la vida. También porque no hay mucho tiempo, fíjate el cambio climático y la degradación del planeta. El tiempo que nos resta para evitar el aniquilamiento de la humanidad lo tenemos que emplear con mucha sabiduría.

Creo en la solidaridad de los pueblos, en su capacidad de articularse, de tramar sueños. Y que pongamos por encima de todo ser guardianes de la vida

Vengo en busca de eso, de lazos solidarios para enfrentar a este enemigo común. Y tengo esperanza de que algo encontraré acá. Hay que pensar el arte de habitar de una manera muy diferente a como hemos venido viviendo durante estos siglos de imposición colonial. Generar una conciencia distinta que irá a parir una nueva sociedad que definirá el nuevo orden político, económico y social.

Creemos que va a haber una transición en la que tiene que haber programas de reconversión económica, energética, de transporte, de la salud, de la educación. Hemos echado a volar nuestra imaginación y esos sueños fueron plasmados en un anteproyecto de Ley del Buen Vivir, que presentamos en 2015 en el Congreso de la Nación, en Buenos Aires. La jornada no fue cubierta por ningún medio, ni de la oposición ni del oficialismo. Fue un hecho histórico y nadie se enteró. Conmovía ver a las mujeres, que somos estigmatizadas, discriminadas, entrar no a mendigar ni a pedir nada, sino a proponer un camino de plenitud y la esperanza de hacer nacer un nuevo país.

Los acuerdos financieros alcanzados con Pedro Sánchez a cambio de su sí a la investidura han centrado el discurso de Cristina Valido, portavoz de Coalición Canaria. Unos acuerdos que deben de servir, entre otras cosas, para restaurar la isla de La Palma tras la erupción volcánica, ha asegurado Valido.

Sin embargo, y pese a que ha confirmado sus votos a favor de Sánchez, el partido canario no va a apoyar la ley de amnistía cuando llegue al pleno del Congreso, ha asegurado. Hay que recordar que CC votó también que sí a la investidura de Feijóo.

Se han definido como un frente de “contención” frente al secesionismo en su comunidad y han recibido una gran ovación de Vox. Bajo esta filosofía, el portavoz de UPN, Alberto Catalán, ha expresado su “no” a la investidura con un discurso muy duro en contra de la amnistía. 

Catalán ha acusado a Sánchez de “reavivar” a Puigdemont. “El gobierno de una nación no puede estar supeditado al chantaje” del independentismo, ha asegurado. “Bildu no da nada gratis y tarde o temprano le pasarán la factura”, ha asegurado Catalán, quien ha hecho referencia también a la condonación de la deuda “que también nosotros vamos a reclamar”.

“El gobierno ha prostituido el progresismo”, ha asegurado Catalán, poco antes de que se le cerrara el micrófono por exceder su tiempo entre aplausos de Vox.

Con ironía, Ayuso ha confirmado hoy en la asamblea de Madrid que insultó a Pedro Sánchez durante la sesión de investidura desde la tribuna de invitados. Mientras Sánchez hablaba sobre el caso de corrupción que implica al hermano de Ayuso los labios de la presidenta de la Comunidad de Madrid dibujaron un “hijo de puta”.

“Aprovechó su intervención para difamarme a mí y a mi familia”, ha asegurado Ayuso en la Asamblea. “Yo para mis adentros dije: 'Me gusta la fruta'”, ha reconocido con sorna. 

“Salen a protestar, no por la amnistía, sino porque las urnas no les han permitido gobernar”, ha expresado Patxi López, en el último turno del PSOE antes de la votación.

López ha denunciado que las protestas estaban encabezadas por “fascistas y machistas”, entre una amplia ovación, y ha confirmado que esta mañana han tirado huevos a diputados socialistas. “No nos van a callar”, ha insistido. Unas manifestaciones “de autoayuda” para el PP, ha asegurado el portavoz socialista.

López ha recordado a Feijóo su responsabilidad de la entrada de la ultraderecha en gobiernos locales que están censurando obras de teatro o cerrando puntos violenta. “Usted es el responsable de los retrocesos que están sucediendo en todas las comunidades y ayuntamientos en los que gobiernan con Vox”, ha resumido. 

"Adoctrinamiento", "asedio", "acoso", "pensamiento único", "totalitarismo", "división", "apartheid", "odio" ... Coincidiendo con la fase decisiva del proceso independentista, este tipo de terminología se ha instaurado con fuerza en una parte significativa de los grandes diarios, emisoras de radio y televisiones de España para demonizar el sistema educativo vigente en Catalunya, tratar de argumentar que las criaturas de habla materna castellana viven una situación de marginación y sufrimiento por culpa del modelo de inmersión lingüística y retratar una realidad escolar en la que se inculca el odio a España y donde el independentismo ha convertido prácticamente una materia troncal.

No es un vocabulario ni un argumentario nuevo. Desde hace muchos años, de hecho desde el llamado Manifiesto de los 2.300 –que en enero de 1981 alertaba del peligro de "imposiciones" del catalán en la temprana Ley de normalización lingüística que preparaba la Generalidad, con firmas como las de Federico Jimenez Losantos y Armando de Miguel, entre otros– diarios como el ABC y los dirigidos por Pedro J. Ramírez (Diario 16 y El Mundo), y más tarde La Razón, la cadena COPE y multitud de digitales, se han dedicado alimentar históricamente la hoguera de la persecución del castellano en Catalunya. Personajes como el abogado ultraderechista Esteban Gómez Rovira –especializado en batallar judicialmente por la segregación bilingüe en las escuelas– y plataformas como el Foro Babel, Convivencia Cívica Catalana, el núcleo de intelectuales que dio lugar a la fundación de Ciudadanos del año 2005, o más recientemente Sociedad Civil Catalana, entre otros, han disfrutado de un potente altavoz en estos medios, donde padres y madres rebeldes que reclamaban el castellano como lengua vehicular para sus hijas han sido siempre elevadas a la categoría del heroísmo.

Durante el último mes y medio, en los días previos y posteriores al referendo independentista del 1 de octubre, se han vuelto a desenvainar todos estos viejos argumentos, siguiendo el rebufo del mismo Gobierno. El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, llegó a insinuar, el 12 de octubre en una entrevista a la cadena francesa CNEWS, que en las escuelas catalanas no se enseñaba el castellano. Sin atreverse a llevar el ejemplo tan al extremo, algunos diarios de la capital del reino, se pusieron a trabajar de inmediato para dar forma a la tesis.

Castellanoparlantes abocados al "fracaso escolar"

El diario El Mundo, el día 16, se esforzaba en vestirlo con datos, mediante una amplia información con el objetivo claro de vender la idea de que las hijas de familias castellanohablantes "parecían, digamoslo suavemente, mucho menos avispados" que los catalanohablantes ya que su índice de fracaso escolar es el doble en Matemáticas (20,3% frente al 10,1% de los catalanohablantes), en Lectura (18,3% frente al 8,2%) y en Ciencias (18% frente al 8,1%). Estos datos y otros (el artículo no escatima esfuerzos en este sentido), se basan, según se lee en el encabezamiento, en el informe PISA 2015.

Mucho más abajo descubrimos que la fuente real de la noticia no es el prestigioso documento elaborado cada año por el Programa de Evaluación Internacional de los Alumnos de la ODCE (PISA) sino un estudio impulsado por Sociedad Civil Catalana a partir de los datos de PISA. Las únicas personas de las que se recogen valoraciones están igualmente vinculadas a esta plataforma unionista, como su secretario de estudios, Jesús Sanz, el cual concluye: "Las élites serán catalanohablantes de base, las mejores oportunidades serán para ellos porque la inmersión lingüística les facilita el logro académico y un mejor aprendizaje ".

"La alumna de Primaria insiste en castellano y es ignorada. Hasta que no pide ayuda en catalán no la trasladan a la enfermería" (La Razón)

En una pieza publicada el 13 de octubre, el diario La Razón iba un paso más allá para llegar a construir un relato que reforzaba la imagen de que el alumnado castellanohablante es marginado hasta la crueldad en el sistema docente de Cataluña. Lo hacían dando voz a una oscura asociación denominada NACE (No al Acoso Escolar) que, según explica su presidente, ha puesto en marcha un "teléfono del acoso" donde familias y docentes pueden denunciar episodios de esta supuesta marginación lingüística. "Todos quieren permanecer en el anonimato, tienen miedo", explica Javier Pérez. Entre las denuncias, la información se recrea en el caso explicado por Dani Perales, "padre y profesor, que ha vívido en primera persona el 'fanatismo' y la castellanofobia que se impone en las escuelas de Cataluña". Vale la pena reproducirlo íntegramente: "Una niña acaba de darse un golpe en la pierna. La herida no reviste importancia, pero la pequeña llora sin parar y pide a la profesora que le cure. Se dirigen a la maestra en castellano y la docente le responde en catalán. 'Perdona, no te estoy entendiendo, ¿que me estás diciendo?', dice la profesora. La alumna de Primaria insiste en castellano y se ignorada. Hasta que no pide ayuda en catalán no la trasladan a la enfermería". Como en el resto de casos expuestos (anónimos, claro) no se nos aclara nada ni del centro ni de las circunstancias en que se habría producido.

Uno de los argumentos clásicos de la administración catalana para defender que la inmersión lingüística (basada en el principio de no segregación de los alumnos en el aula) no es sinónimo de retroceso en el aprendizaje del castellano, ha consistido en explicar que, en las pruebas de selectividad, el alumnado catalán obtiene mejores notas de lengua castellana que la media estatal. El diario ABC intentaba desmontar esta teoría en un artículo –de nuevo con Sociedad Civil Catalana como fuente única– titulado, significativamente, "El castellano en las aulas: de la inmersión en la insumisión". El rotativo señala que la Generalitat, "año tras año, de forma sostenida", se dedica a "bajar el listón en la prueba de castellano con el fin de demostrar que los estudiantes catalanes están al mismo o inclusivo a un nivel superior que los del resto de España en cuanto al dominio de esta lengua y que, por lo tanto, no existe 'conflicto lingüístico'". Se trata de una mera insinuación no reforzada con datos y pruebas adicionales de apoyo, basada probablemente en las tesis provenientes de SCC, aunque tampoco se nos dice.

"Fábrica de patriotas"

A raíz de los primeros globos sonda lanzados desde el Gobierno español insinuando sus planes de dar un golpe de timón al sistema educativo catalán por la vía del artículo 155 de la Constitución –ampliamente recogidos y favorablemente saludados por los grandes medios madrileños– estos se han dedicado a hacerle de somatén mediático a cara descubierta: ya no se trataba sólo de insistir en el acoso idiomático; ahora lo que tocaba era construir un retrato de la escuela catalana como una verdadera fábrica de independentistas, donde se predica el "odio a España" y las ideas disidentes son perseguidas como si se tratara de un régimen totalitario.

"Las tutoras de 3º de Infantil y 2º de Primaria 'obligaron' a sobre alumnos a guardar un minuto de silencio por la carga policial del día anterior" (El Mundo)

El Mundo, el 26 de septiembre, lo resumía con un titular del todo elocuente: "Niños de la inmersión, fábrica de patriotas". La información que la acompaña hace un repaso histórico a las políticas lingüísticas desarrolladas por la Generalitat autonómica hasta llegar a la situación actual, para acabar concluyendo que "detrás de los niños de Olot, de los adolescentes que estos días faltan a clase para ir a pegar carteles por el 1-O, de esos críos que se manifiestan con esteladas anudadas al cuello, existe todo un proyecto que ha ido expandiéndose mientras los sucesivos Gobiernos de la nación –también los del PP– hacían como que no se enteraban". Los "niños de Olot" serían los alumnos de un instituto de la capital de la Garrotxa que habría dirigido una petición a las familias para autorizar a sus hijas a no dar clase por una movilización en defensa del referéndum. El mismo diario lo elevó a la categoría de noticia, a pesar de partir de unos boletines sin firma (filtrados, de nuevo, por Sociedad Civil Catalana) y cuya información no se ha contrastado con el centro escolar que, de hecho, no se dice cuál es. Días después, el 27 de septiembre, La Razón insistía en la idea de los permisos para hacer campaña en defensa del 1-O, igualmente de forma genérica y con unos boletines en blanco que no llevan el sello de ningún centro ni el motivo del permiso.

"Una profesora la obliga a escuchar el grito de independencia"

Durante los meses de septiembre y octubre, el Gobierno central envió tres requerimientos a la Conselleria de Eduación catalana advirtiendo de episodios de "adoctrinamientos político a menores". Los tres informes han sido recogidos con grandes aspavientos de titulares por buena parte de la prensa madrileña, incluso por el diario El País, que hasta hace unos años no era tan proclive a abrir el melón del guerracivilismo lingüístico catalán como otros rotativos. El último de los tres, el del 27 de octubre, era presentado con un titular tremendista, sin atribuirlo a ninguna fuente en el titular (el informe ministerial en este caso) y dándolo por verdadero sin casi ningún ejercicio de contrastación: "Una profesora la obliga a escuchar el grito de independencia". Sola, perdida entre el texto, una fuente del Departamento de Enseñanza afirma que no tiene constancia de este informe y que ya han respondido uno de los anteriores, pero El País no considera oportuno recoger los argumentos de la administración catalana sobre aquellas primeras denuncias.

El caso recogido en el titular hace referencia a un instituto de Vic en el que se asegura que se hizo un acto en el patio presidido por una bandera y una pancarta que decía "por una Cataluña libre y la República catalana". Cuando "una menor se marcha al final del patio", afirma el texto de El País que "una profesora la obliga a ella y a sus amigas de 15 años a escuchar el grito de independencia". Pero también se recogen hechos como una charla "sobre cómo defenderse de los policías nacionales" en un Instituto de Barcelona, ​​actos "para reclamar la libertad y reivindicar a los Jordis", "niños castigados por hablar en castellano en el aula", maestros que explican en clase "que España nos roba", y así hasta sesenta casos (sobre 5.400 centros escolares y 71.000 maestros que ejercen en Cataluña) que, según el Ministerio de Educación, vulneran la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución Española. Todos los episodios, eso sí, se basan en relatos de padres y madres, y también, haciéndose eco de lo que dice el informe del ministerio, se insiste en la idea de que muchas familias tienen miedo a denunciar por temor a ser señaladas y estigmatizadas.

En una línea similar, El Mundo recogía con un gran titular el 5 de octubre la denuncia presentada a la fiscalía de Lleida por "incitación al odio" por dos madres de la Seo de Urgel, según las cuales un maestro de sus hijas habían proferido "en horario lectivo" consignas como que "hay que votar por Cataluña" o "la policía es mala y pega a la gente". Como en el caso anterior, ningún intento de contrastar la veracidad de la denuncia con la versión del centro aludido (que, por si acaso, no se cita en la información). Como tampoco se ha hecho con el supuesto ostracismo y el acoso escolar que denuncian que sufren hijas de Guardias Civiles en Sant Andreu de la Barca, también recogido en esta noticia y en muchas otras en los días posteriores al 1-O. La Voz de Asturias lo explicaba con un titular que se recreaba con el supuesto sufrimiento infantil y que elevaba las educadoras prácticamente a la categoría del sadismo torturador: "Denuncian niños 'llorando' ante el 'acoso' y 'señalamiento' de profesores en Cataluña". También aquí la única fuente de la noticia son unas declaraciones en la radio del coordinador de la Asociación Española de la Guardia Civil en Cataluña.

Este representante sindical, Bartolomé Barba, ha tenido varias comparecencias mediáticas durante el último mes, siempre con un discurso granítico sobre la cuestión. El día 3, en La Razón, afirmaba que, en un instituto catalán (vaya, tampoco se nos dice cuál) "se separó este lunes a los niños entre los que estaban a favor o en contra de la actuación policial que tuvo lugar durante la jornada del referéndum del 1-O", una situación que Barba comparaba con "un campo de concentración donde algunos alumnos están 'marcados con la estrella de David'" y hablaba de un" acoso al más puro estilo batasuno".

Los tres informes del Ministerio de Educación en la que se señalan presuntos casos de "adoctrinamiento" y "incitación al odio" en los centros docentes catalanes han dado mucho juego a algunos grandes medios estatales, particularmente a El Mundo, que el día 12 de octubre, a partir del segundo requerimiento, fabricaba otro titular explosivo: "'Final feliz' del cuento del 1-0: 'Se mata al Rey y a los policías malos". El enunciado hace referencia a una supuesta actividad que habría tenido lugar en "uno de los colegios que tienen los jesuitas en Barcelona. Se estaba escenificando un cuento infantil para escolares cuyo 'final feliz' decía: "Se mata al rey ya los policías malos". Los alumnos no tenían más de siete años". Los detalles acaban aquí; ni se nos dice el nombre de la escuela, ni se intenta recoger la versión de ningún responsable de la misma.

La misma noticia expone, por puntos, otros casos, algunos de los cuales sorprenden por la consideración de adoctrinamiento subversivo y fomento del odio que tiene el Ministerio de Educación, como, por ejemplo cuando, en días posteriores al 1-O, en el Instituto Ramon Llull de Barcelona –donde los antidisturbios policiales cargaron durament– "las tutoras de 3º de Infantil y 2º de Primaria 'obligaron' a sus alumnos a guardar un minuto de silencio por la carga policial del día anterior, que se produjo en éste y otros centros. 'Todo esto Sucedió Porque la Guardia Civil pego a la gente, los tiró del pelo y los arrastres por las escaleras', cuenta una profesora a los niños".

Al parecer, leyendo ciertos periódicos y digitales, el "adoctrinamiento" en la "fe separatista" impartido en las escuelas catalanas es multidisciplinar: no sólo contempla las artes escénicas –como acabamos de comprobar, sino también las plásticas. Periodista Digital, el 21 de octubre, explicaba, alarmado: "Una escuela de Calella (Barcelona) pone un ejercicio a sus alumnos de último ciclo de Educación Primaria (menores de 12 años) en el que deben colorear en el mapa una serie de países. Entre ellos, Cataluña, junto a España, Francia o Alemania. " El caso, del que no se dan más pistas ni información, se recoge junto con un estudio facilitado por el desconocido sindicato de maestros Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria (AMES), que dice haber rastreado hasta catorce libros de texto vigentes en 5º y 6º de Primaria y afirma constatar una "manipulación de la Historia de España para hacer ver a los niños que Cataluña siempre fue una nación, con críticas a la Monarquía ya la configuración del Estado".

También las grandes cadenas de televisión han intentado meter el dedo en la llaga de la supuesta persecución del alumnado catalán que no comulga con el independentismo, sobre todo en tertulias y magazines informativos. Susanna Griso, en su Espejo Público de Antena 3, lo intentó el 13 de octubre abriendo la veda del ciclo universitario, pero se metió en un buen lío. El programa recogía en un video "grabado fuera del recinto universitario por temor a represalias" el testimonio de tres supuestas estudiantes de la UAB que denunciaban listas negras en el campus y el ostracismo, la exclusión y las amenazas que aseguran sufrir quienes se desmarcan del ideario soberanista: "Cuando tienes que hacer una exposición oral te boicotean dando golpes en la mesa" o "cuando vas a la biblioteca nadie se sienta a tu lado", afirma una de ellas.

Las redes sociales empezaron a hervir en seguida tras la emisión al constatarse que uno de los testimonios recogidos, Laura Casado, es una activa militante de Ciudadanos que ha participado en muchos eventos con los líderes de la formación, y también se ha significado como miembro de la sección de jóvenes de Sociedad Civil Catalana. Pero en ningún momento el programa hizo mención a estas militancias. Griso lo tuvo que admitir, pero lo que no dijo es que el día antes, casualmente otra de las alumnas ya había aparecido en otro noticiario de la cadena, pero en este caso no como estudiante, sino ya como licenciada, y con un doble grado, y expresa el temor a no encontrar trabajo en Cataluña ante la avalancha de empresas que cambian de sede social debido a la situación política. La Universidad Autónoma de Barcelona ha dirigido una queja al Consejo del Audiovisual de Cataluña y el Colegio de Periodistas de Cataluña para este episodio.

La habitual visión cortoplacista que ha caracterizado históricamente muchas de las aventuras militares de EE UU hicieron imaginar a sus dirigentes a inicios de los 90 que la atomización de la URSS y el derrumbe de los países del Este europeo auguraban a EE UU el comienzo de una etapa de hegemonía mundial indiscutible.

Menos de tres décadas después, la llegada de Donald Trump al poder simboliza claramente cómo esos planes se torcieron hace años. Trump es la expresión más clara del fracaso del modelo de globalización neoliberal y de la gradual pero imparable pérdida de hegemonía política, económica y militar de Estados Unidos.

De ahí que Trump eligiera como principal slogan y promesa electoral el “America Will Be Great Again” que tanta popularidad le ha dado.

Relación esquizofrénica con el yihadismo

Aquella Yihad a la que EE UU ayudó tanto a desarrollarse a partir de los años 80 contribuiría paradójicamente no poco a que el imperialismo estadounidense fracasara en varios de sus objetivos geoestratégicos en el llamado Gran Oriente Medio, y a que el mundo sea hoy aún más inestable y peligroso.

Estados Unidos mantuvo una relación realmente esquizofrénica con el yihadismo. Muy poco después de haber tenido como aliado en la lucha contra la URSS en Afganistán a Osama bin Laden (miembro de la poderosa familia dueña del holding Bin Ladin Group, con fuertes inversiones en EE UU y Arabia Saudí), este creaba Al-Qaeda con muchos de los veteranos de esa guerra y volvía sus armas contra Estados Unidos.

Bin Laden no creía que necesariamente “el enemigo de mi enemigo es mi amigo” y en 1993, durante la Administración Clinton, ya lanzó su primer ataque con explosivos contra las Torres Gemelas, con un saldo de seis muertos y 200 heridos.

Bin Laden, extremadamente austero y religioso, criticó duramente a la monarquía saudí por su corrupción y lujo y por permitir el asentamiento de tropas “infieles” estadounidenses en su territorio a partir de la Guerra del Golfo contra Sadam Husein de 1990-1991, lo que le valió la expulsión de territorio saudí.

En 1996 Al Qaeda cometía su primer atentado en Arabia Saudí contra un complejo de viviendas para militares de EE UU, en el cual murieron 19 soldados.

En esos mismos años 90, sin embargo, Clinton utilizaba los servicios del yihadismo para enviar nuevamente combatientes islámicos en ayuda de la Armija musulmana en su guerra por la independencia de Bosnia Herzegovina. Algo que repetiría luego en la guerra de Macedonia, apoyando al Ejército de Liberación Nacional, y en la de Kosovo, armando al ELK (Ejército de Liberación de Kosovo). Paralelamente, EE UU apoyaba a los talibán en Afganistán.Tras la derrota soviética en Afganistán, se desató una sangrienta lucha por el poder, se instauró el Estado Islámico de Afganistán, con numerosos feudos controlados por señores de la guerra y sus milicias disputándose el poder. 

La entrada en escena en 1994 de los talibán (talib, estudiante coránico en la lengua pastún), un movimiento suní originado en las madrasas, las escuelas coránicas de Pakistán financiadas por Arabia Saudí donde se educaban miles de jóvenes afganos, lo alteró todo.

Los “estudiantes”, reivindicando ser los defensores de la ortodoxia y pureza del Islam, enfrentaron a los señores de la guerra a los que acusaban de corruptos e injustos y en solo dos años lograron hacerse con el control de de Kabul y otras importantes regiones del país.

Negociando un oleoducto con los Talibán en Houston

Estados Unidos, influido en buena medida por los consejos de su gran aliado regional, Arabia Saudí, volvió a confiar en el yihadismo. Vio en el arrollador avance de los jóvenes talibán una posibilidad para que Afganistán tuviera un régimen fuerte y centralizado que acabara con las luchas de los señores de la guerra y se convirtiera en un aliado de importancia estratégica en Asia Central.

Michael Bearden, importante responsable de la CIA en Afganistán en los años 80 diría: “Esos chicos no eran los peores, jóvenes un poco fogosos, pero era mejor eso que la guerra civil. Ahora controlan todo el territorio entre Pakistán y los campos de petróleo de Turkmenistán. Quizá es una buena idea porque podremos construir un oleoducto a través de Afganistán y llevar el gas y las fuentes de energía al nuevo mercado que se va a crear. Por lo tanto, todo el mundo está contento”.

Con ese objetivo en 1997, solo un año después de tomar el control de la capital afgana, varios mulás talibán se reunían en Houston con miembros del Departamento de Estado y altos ejecutivos de Unocal (Union Oil Company of California).

Unocal, junto con la sociedad saudí Delta Oil, creó un consorcio llamado Central Asia Gas Pipeline (Centgás), al que luego se incorporarían con menor capital empresas de Pakistán, Turkmenistán y Japón.

El propio Henry Kissinger, secretario de Estado en esos años y premio Nobel de la Paz como Barack Obama, firmó el acuerdo para construir un gigantesco oleoducto de 1.271 kilómetros desde la frontera turcomano-afgana, atravesando territorio afgano y paquistaní.

Pocos años después de ser aliado de EE UU en Afganistán Bin Laden cometía su primer atentado contra las Torres Gemelas

Washington en aquella época calificaba al régimen talibán y al de Arabia Saudí como “islámicos moderados” mientras acusaba a Irán de extremista y terrorista, una acusación que ha vuelto a recuperar Trump con la misma virulencia en su empeño por justificar su rechazo al pacto nuclear con Teherán firmado por Obama.

El régimen talibán no logró finalmente que Unocal (principal accionista de Centgás) aceptara las condiciones que ponía para permitir el paso del oleoducto por su territorio, y las negociaciones se rompieron.

Paralelamente los talibán se integraron en 1998 en el Frente Internacional Islámico creado por Osama bin Laden, quien lanzó una fatwa llamando a realizar atentados contra intereses estadounidenses.

Al Qaeda cometió dos nuevos graves atentados, contra las embajadas de EE UU en Kenia y Tanzania, con un saldo de 229 muertos.

La Administración Clinton no pudo mantener más tiempo esa política contradictoria; recibía fuertes críticas tanto del Partido Republicano como desde el seno del propio Partido Demócrata y de la ONU.Clinton terminó reclamando al régimen de los talibán la extradición de Bin Laden, pero estos se negaron, ofreciendo como alternativa enjuiciarlo en Afganistán. Poco después lo declararían inocente.

Al-Qaeda había aportado miles de combatientes al movimiento talibán cuando este libraba una dura batalla contra otras milicias para hacerse con el control de Kabul, y seguía siendo un apoyo fundamental.

Clinton intentó destruir a Al Qaeda sin que ello afectara los negocios de EE UU con los talibán

A pesar de esa situación, con la llegada al poder de George W. Bush la ambigüedad de EE UU con los talibán se mantendría todavía más tiempo. El 27 de septiembre de 2000 pronunció una conferencia en los locales del Middle East Institute de Washington nada menos que el adjunto del ministro talibán de Asuntos Exteriores, Abdur Rahmin Zahidt.

Como se conocería años después de boca de Richard Clarke, uno de los principales expertos en terrorismo del Partido Demócrata, Clinton pretendía aniquilar a Al-Qaeda pero evitando que esto afectara la relación de Washington con los talibán. Según Clarke, la Administración Clinton traspasó un plan detallado a la Administración Bush entrante sobre el tema.

Meses antes del 11-S, Colin Powell anunciaba una ayuda de 43 millones de dólares a los Talibán

El 17 de mayo de 2001, menos de cuatro meses antes del 11-S Colin Powell, secretario de Estado de Bush, elogiaba todavía públicamente a los talibán “por su ayuda en la lucha contra el narcotráfico” y anunciaba una ayuda de 43 millones de dólares para esa tarea.

En realidad era público ya entonces que los talibán, tras una primera etapa en la que persiguieron con dureza el tráfico de opio, pasaron a controlar su producción directamente, disparándose las cifras de exportación.

Todo valía para Washington con tal de hacer negocios con quienes controlaban el régimen de Kabul. La comunidad internacional se alarmaba por la destrucción de los colosos de Bamiyán y otros templos que llevaban a cabo los talibán; por la discriminación y el maltrato a las mujeres, la crueldad contra los adversarios, la intolerancia religiosa y la limpieza étnica que llevaban a cabo, pero Washington miraba para otro lado, los buscaba desesperadamente.

Menos de dos meses después del 11-S, el 7 de octubre de 2001, Bush terminaba con la ambigüedad y comenzaban finalmente los devastadores bombardeos de EE UU y sus aliados contra Kabul.

Los únicos tres países que mantuvieron relaciones diplomáticas con el régimen talibán hasta último momento fueron Arabia Saudí, Pakistán y Emiratos Árabes Unidos.

Washington impuso como nuevo presidente de Afganistán tras el derrocamiento del régimen talibán nada menos que a Hamid Karzai, un ex muyahidin que había combatido a las tropas soviéticas, y ex alto ejecutivo de Unocal, el gigante energético que quería construir el oleoducto atravesando suelo afgano.

Todo un símbolo de esa guerra. EE UU persistía en su objetivo, lo que no había podido lograr negociando con los talibán lo intentaba años después por la fuerza.

Trump no se resigna a perder el control de un país de importancia geoestratégica en Asia Central

El régimen de Karzai se caracterizó por su ineficacia y por la corrupción; miles de millones de dólares de ayuda extranjera para la reconstrucción se esfumaron; otros miles de millones ingresaron en las arcas de empresas extranjeras que se repartieron el botín de la reconstrucción.

Las principales de ellas eran estadounidenses, como Halliburton, el poderoso holding del que había sido uno de los máximos ejecutivos precisamente el vicepresidente de Bush, Dick Cheney. Todo quedaba en casa.

Al día siguiente de destruir el país entraban las empresas que supuestamente lo iban a reconstruir con dinero procedente de países donantes. Se enriquecían las empresas contratistas y se enriquecían las CPM (Compañías Privadas Militares) contratadas por el Pentágono, que aportaron decenas de miles de mercenarios para la guerra en Afganistán.

Primera parte: La 'guerra buena' cumple 16 años (I) 
Tercera parte: La guerra buena cumple 16 años (III)

En la capital vizcaína, los cuatro piquetes informativos han colapsado el tráfico de la ciudad caminando a paso lento por las cuatro entradas principales a la ciudad. En una estampa bastante inédita, hoy a las 8.30h la plaza Circular estaba vacía. Mientras, una hora antes, siete huelguistas se han sentado en la salida de la estación de autobuses, impidiendo el paso de los vehículos. Todas han sido identificadas. En la plaza Moyua, ha habido una octava identificación. En este caso, por pegar una pegatina en el exterior de la Subdelegación del Gobierno.