Coronavirus
Coronavirus, estado de bienestar, renta básica y comunidad

La crisis del coronavirus, que el 14 de marzo de 2020 provocó en España la declaración de estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria, ha desvelado, no sólo nuestra vulnerabilidad y mutua interdependencia, sino también la importancia en nuestra sociedad de la familia, los amigos, la vida en comunidad. En apenas una semana nuestra vida (laboral, social, familiar y comunitaria) se vio radicalmente alterada; y dio para pensar...

La situación mundial fue —o ha sido— un buen ejemplo del principio de incertidumbre que rige nuestras vidas y de lo paradójica que es la realidad: la globalización, que movía el mundo, a la vez lo paralizó. O, como apunta la profesora de Harvard Carmen M. Reinhart, las políticas de aislamiento y distanciamiento que están salvando vidas a la vez conllevarían un coste económico enorme. Para Reinhart, “la crisis del coronavirus no empezó como una crisis financiera, pero puede llegar a serlo, y los efectos iniciales en la economía real probablemente superen los de la crisis financiera global de 2007-2009”; “los bancos están mucho más capitalizados que en 2008, pero los balances corporativos parecen mucho menos saludables y las quiebras entre empresas pequeñas y medianas van a dispararse, a pesar del estímulo fiscal y monetario de los gobiernos”.

La coyuntura de emergencia sanitaria también nos obliga a pensar en esta pandemia como un “analizador” de los graves problemas sociales y económicos —de carácter estructural— de España y de los efectos más dramáticos que la crisis hizo (y hará) emerger. Es evidente que los recortes sufridos por el sector sanitario durante la última década han generado carencias de personal, infraestructuras y material que ahora ponen en relieve la incapacidad del sistema de afrontar una situación como esta. No obstante, nuestros profesionales sanitarios afrontan la situación con enorme profesionalidad, resolución, fortaleza y mucha valentía.

Por tanto, tomando las palabras de Marcel Mauss, en Ensayo sobre el don (Editorial Katz, 2009), la crisis sanitaria del coronavirus debe ser entendida como un Hecho Social Total, un fenómeno cuya trascendencia va mucho más allá del mero ámbito de la salud. Evidentemente, las consecuencias que este virus tiene en la pérdida de salud y en el aumento de la mortalidad de la población (especialmente la más vulnerable), es la dimensión más preocupante de este fenómeno desconocido hasta ahora, sin embargo, la extensión del virus a cada vez más población pone en evidencia muchos otros aspectos de nuestro sistema social, económico, político y cultural.

El confinamiento ha visibilizado el hecho de que no todos estábamos en la misma situación ni teníamos las mismas condiciones económicas, residenciales y materiales para afrontar la cuarentena: familias pobres en infraviviendas (o en situación de hacinamiento) y en entornos vulnerables, hogares en situación de pobreza energética o sin acceso a internet, personas sin hogar, menores extranjeros no acompañados, personas con discapacidad, dependientes, refugiadas, trabajadoras pobres, precariado...

Visibiliza lo que los informes Foessa llevan denunciando años. Desde la crisis del 2008 la brecha de desigualdad económica en nuestro país ha ido en aumento y nunca ha vuelto a los índices de la época de bonanza. Las crisis (y esta también es una crisis económica) han sido aprovechadas para devaluar el nivel de calidad de vida del conjunto de la población y especialmente para ensanchar la distancia social entre ricos y pobres.

Las crisis (y esta también es una crisis económica) han sido aprovechadas para devaluar el nivel de calidad de vida del conjunto de la población y especialmente para ensanchar la distancia social entre ricos y pobres

El afrontamiento por parte de las familias de esta crisis sanitaria, a través del ‘confinamiento solidario’ es necesario, sin duda, y nos permite ver el nivel de compromiso de la población con la preservación de lo Común, en este caso el ‘bienestar colectivo’. Sin embargo, las condiciones desiguales de partida a las que nos hemos referido se ven incrementadas en este nuevo contexto; muchas personas han sido despedidas de sus empleos, las malas condiciones habitacionales hacen difícil establecer medidas preventivas contra el contagio, las familias que contaban con el comedor escolar o que se beneficiaban de recursos de apoyo escolar para sus hijas e hijos ahora ven cómo estos se interrumpen, dificultándoles de forma importante cubrir dichas necesidades, etc.

De estas realidades tuvimos también que hablar cuando hablábamos del “riesgo” y de la capacidad de adaptarnos a la amenaza (resiliencia). Y, además de responsabilidad, tuvimos que exigir-nos solidaridad, compromiso y respuesta social y política. Evidentemente, el mensaje “Quédate en casa” es necesario. La gestión de un problema colectivo de esta magnitud exige poner en marcha estrategias de carácter simbólico potentes. Apelar a la ciudadanía para que sea solidaria por el bien de todos tiene gran fuerza, puesto que despierta valores latentes comunes a toda sociedad humana. Necesitamos sentirnos unidos en esta adversidad.

Sin embargo, no es suficiente. El auténtico reto está en un abordaje común que contemple las diferencias, la diversidad de situaciones. Y aquí es donde se hace imprescindible dar protagonismo a un enfoque comunitario. Siguiendo a Marco Marchioni en Comunidad y cambio social (Ed. Popular, 2001) lo que afecta a la Comunidad, debe ser resuelto desde una mirada comunitaria, asentada territorialmente y desde la confluencia y vertebración de todos los agentes políticos, técnicos y ciudadanos protagonistas.

Parece que el desborde que esta crisis está suponiendo para muchas áreas de las diferentes administraciones, salud, servicios sociales, educación y empleo fundamentalmente, puede hacer pensar que lo prioritario ahora son las acciones meramente paliativas, que contengan el problema y permitan que este no crezca. Y esto es fundamental, por supuesto. Pero, ¿es suficiente?.

La falta de experiencias previas (quizá la experiencia de gestión del 11 M en Madrid puede tener similitudes pero no durante un tiempo tan prolongado) ante una catástrofe de esta magnitud, implica un necesario aprendizaje político “sobre la marcha”, que permita ir dimensionando el problema y tomando decisiones difíciles pero necesarias. La escasez de recursos humanos y materiales para afrontarlo generan mucha incertidumbre y preocupación en la población. El papel de los diferentes canales y medios de comunicación, fundamentales en un momento como este, tienen un reto de transparencia y fiabilidad de gran complejidad. Finalmente, el reflejo de todo ello en la vida “puertas adentro” de la ciudadanía, inquieta por lo que pueda durar y qué consecuencias pueda traer, y muy consciente de sus limitaciones y posibilidades para afrontar esta situación, son cuatro cuestiones que nos hacen pensar en la importancia de un abordaje comunitario de los problemas.

La Intervención Comunitaria asienta en los territorios las bases necesarias para que el desarrollo de las políticas públicas en lo local sean más efectivas y eficientes.

La Intervención Comunitaria, a través de la generación colectiva de espacios de relación entre políticos, recursos técnicos y ciudadanía y de una metodología de Conocimiento Compartido, en la que, los tres elementos citados trabajan conjuntamente a partir de diagnósticos comunes y del diseño de líneas de actuación consensuadas y democráticas, asienta en los territorios las bases necesarias para que el desarrollo de las políticas públicas en lo local sean más efectivas y eficientes. Por otro lado, la existencia de una organización comunitaria en red permite poner en relación a todos los recursos de cada territorio, multiplicando su impacto en la población; permite poner en común las información que circula, traducirla y focalizarla, impidiendo así la circulación de bulos y construyendo una información fiable e inclusiva. Y Finalmente, la dimensión comunitaria promueve un sentimiento de pertenencia a un territorio, lo que facilita que la ciudadanía se preocupe por su vecino o vecina, trasladando necesidades a los recursos, permitiendo construir redes de apoyo vecinal, de cuidados y sostenimiento de la vida.

Pero un abordaje comunitario tampoco es suficiente si no se reactivan medidas políticas y económicas que den respuesta a las desigualdades estructurales que venimos comentando y que necesariamente deben ser corregidas para permitir que la población salga adelante durante y después de esta crisis.

Una vez pasado el periodo de confinamiento y cuarentena tocará, además de afrontar la recuperación de la actividad económica (turismo, hostelería, comercio, ocio, cultura…), el empleo y la vida en la ciudad, restablecer los vínculos y la vida social con criterios de equidad. Podemos (y debemos) aprovechar esta nueva oportunidad para afrontar cambios profundos, tanto en nuestra forma de producir, consumir, trabajar y desplazarnos (de una manera más responsable y sostenible), como en nuestras relaciones personales y sociales y en las políticas públicas, apostando, de verdad, por aquellas medidas progresistas —de corte keynesiano— con mayor impacto en la re-construcción de nuestro Estado de bienestar y en la reducción de las desigualdades y la pobreza en todas sus dimensiones.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó —primero a la baja— que hasta 25 millones de personas podrían quedarse sin empleo y que la pérdida de ingresos laborales podría llegar a los 3.4 billones de dólares estadounidenses, y en España la crisis del coronavirus provocó la pérdida de 900.000 empleos en sólo 14 días.

En un mundo en el que solo una de cada cinco personas tiene derecho a prestación por desempleo, los despidos son una catástrofe para millones de familias y, a medio-largo plazo, aumentarán la pobreza y la desigualdad a escala global y local. Hará falta pues una actuación internacional coordinada y la puesta en marcha de medidas que garanticen la protección social y aseguren alguna fuente de ingresos que permita, tanto a las personas con empleos precarios e inseguros como a las desempleadas, mantenerse a flote durante la crisis y la fase de recuperación.

Son necesarias medidas que garanticen la protección social y aseguren alguna fuente de ingresos que permita, tanto a las personas con empleos precarios e inseguros como a las desempleadas, mantenerse a flote 

En esta línea reflexiona el sociólogo Jorge Galindo: “desde hoy, el mundo tiene que estar preparado ante la emergencia inesperada de eventos que afectan desproporcionadamente al bienestar de grandes porciones de la población (...) igual que la II Guerra Mundial nos trajo el Estado de bienestar, quizás esta será la pandemia que nos deje algún tipo de renta básica”.

Cientos de economistas están reclamando políticas de protección a la ciudadanía más vulnerable y tienen clara, como es el caso de Guy Standing, las vías de financiación. Para Standing “los Gobiernos deberían proporcionar a la gente corriente los medios para tener más resiliencia. La mejor forma sería garantizar a todos los miembros de nuestras sociedades una seguridad económica básica (…) la renta básica podría financiarse igual que se financió la expansión cuantitativa, que consistió en que los bancos centrales y el Banco Central Europeo inyectaran cientos de miles de millones de dólares, euros y libras en los mercados”.

Pero la renta básica no puede ir sola, sino acompañada de otras medidas de estímulo económico y de políticas sociales. Y para Standing “también debería ir asociada a una nueva serie de impuestos ecológicos, empezando por un impuesto al carbono (…) así, un sistema de renta básica ayudaría a luchar contra la crisis médica y contra la crisis ecológica que define nuestra época”.

Como narró Naomi Klein en el libro y documental “La doctrina del shock”, la conmoción y el pánico (un shock postraumático) es un momento propicio para establecer un nuevo sistema de gobierno: en negativo (un estado social policial y austericida) o en positivo (un estado protector o de bienestar, que garantice el sostenimiento de la vida).

Hay que aprovechar pues la coyuntura —emergencia de un debate ideológico que se inclina favorablemente hacia las propuesta del “new deal”— para restaurar un Estado Social fuerte, garante de —todos— los derechos sociales y de unos servicios públicos de calidad (salud, servicios sociales, garantía de ingresos…) y sostenible, a través de una recaudación de ingresos más justa y progresiva (reforma fiscal) y un incremento de la inversión pública (gasto social).

Además, nos encontramos ante el reto de dar continuidad a las iniciativas y estructuras de solidaridad y cuidado que se han puesto en marcha en muchos territorios, y que son fundamentales para dar soporte a un cambio de modelo que permita avanzar hacia una economía más humanizada, cooperativa y justa y hacia una democracia más participativa.

Así, llamamos a la combinación de estas estrategias para dar respuesta a los desafíos de ahora y del futuro: por un lado de refuerzo de Estado del Bienestar y las políticas sociales, que garanticen la cobertura de necesidades básicas y el acceso a los derechos fundamentales; por otro lado, de corrección e igualación de las condiciones económicas de partida de la población a través de una Renta Básica Universal, como instrumento de integración y participación social y por último, de reconocimiento y promoción de la organización comunitaria en los territorios, como soporte para la preservación de lo común, para la identificación de problemas y soluciones de forma consensuada y para la prevención y la cohesión social.