Coronavirus
De cuidados, virus y decretos

Las imágenes de estos días en las televisiones son de alarma. Colas en los supermercados, medios que publican fotos de personas encapsuladas en extraños plásticos espaciales, cierta sensación televisada de descontrol y pánico en nuestra sociedad. La población parece desorientada y atontada, en estado shock. Del otro lado, nuestros gobernantes. Señores serios y encorbatados marcan la jerarquía y llaman a la calma, al orden y a ser buenos ciudadanos. Ahora todo funciona porque el Estado nos cuida y nos protege. Por abajo, el pueblo asustado se desvanece como sujeto, por arriba las autoridades encargadas de imponer la razón y el sentido común, quedan al mando.

Del otro lado, nulas referencias a las realidades de cooperación y cuidado que se están extendiendo y multiplicando en nuestras ciudades y barrios, distorsionarían demasiado el relato principal señalado en los medios. La multiplicación de gestos de apoyo mutuo y ayuda de redes de cuidado de niños y niñas, de comida gratis, de vecindad, de solidaridad en barrios no caben, podrían recomponer un sujeto colectivo en toda su diversidad que ahora no se quiere ver. Ese otro sistema educativo, sanitario y de cuidados que usa tanto o más cariño, amor y dedicación que el estatal y que, una vez más, incluso después de varias huelgas feministas, vuelve a quedar invisibilizado.

Sin embargo existe. Somos decenas de miles de personas las que nos hemos organizado para cuidar a nuestros niños y niñas, hacernos la comida colectivamente, generar pequeños espacios de ocio, pasear y encontrarnos en la calle. Actividades, muchas de ellas, que han pasado a la semiclandestinidad o directamente se han prohibido y que --hay que decirlo--, también se estaban desarrollando y se desarrollan con medidas de precaución. Pero esto ahora, importa poco.

Vivimos bajo una nueva máxima. La imagen de una sociedad capaz de cuidarse y establecer relaciones de cuidado y corresponsabilidad entre iguales debe ser sustituida por una potente fuerza soberana, la amparada por el Estado de alarma y las instituciones. Pero la pregunta es ¿por qué se está intentando fijar esa imagen? ¿Por qué todo el problema del virus empieza y termina en encauzar los desmanes de una supuesta ciudadanía que no tiene capacidad de autocontrol?

Para empezar a contestar, dejemos una primera tesis: el Coronavirus en España no está chocando contra una población irresponsable, sino contra un Estado del Bienestar debilitado y estrangulado por la falta de medios económicos y humanos. Esto es, contra el artículo 135 de nuestra Constitución y las medidas de recorte y austeridad que han llevado a que entre 2010 y 2019 se perdiesen más de 84.000 empleos públicos y --aquí está la clave--, se debilitasen nuestros servicios esenciales de bienestar.

Si traducimos estos datos en personal de las instituciones sanitarias en Madrid --siguiendo los datos del SERMAS-- la sanidad madrileña habría perdido a más de 1.300 profesionales de su sistema de salud y a 2018 tenía, tal y como ha denunciado el sindicato sanitario MATS, 2.100 camas menos. Mientras, la gestión, los servicios auxiliares (tan sanitarios como los demás) y una buena parte de las necesidades por cubrir pasaban a manos privadas. Deterioro y nulo crecimiento en medios mientras que entre 2010 y 2020 la población de la Comunidad crecía en más de 220.000 personas.

Los datos y la propia experiencia nos lo confirman, tras el coronavirus vamos a encontrarnos con un territorio sumido en una profunda crisis social

Debemos aceptar que la inmensa mayoría de la población está aceptando como necesarias las medidas de excepción tomadas por el Gobierno --incluidas aquellas que suspenden derechos civiles y castigan con la Ley Mordaza--. Pero no por ello debemos esquivar un mínimo análisis de lo que esto supone para nuestro escenario político y trastoca las correlaciones de fuerzas que había hasta hace una semanas en nuestro país. Algo que afecta a como se gestionará la nueva fase de crisis económica y social que se abre tras el coronavirus y de la que aún no conocemos ni sus tiempos ni su profundidad.

Las respuestas sociales y sus enemigos

Los datos y la propia experiencia nos lo confirman, tras el coronavirus vamos a encontrarnos con un territorio sumido en una profunda crisis social. El virus habrá servido como detonador de algo que ya venía de largo. Meses con datos de paro al alza, la economía global que suma a sus guerras comerciales la caída de precios del petróleo, las consecuencias del cambio climático que van dando mordiscos económicos estratégicos, como sucedió en el Levante español o ataques de los fondos de inversión sobre las bolsas europeas --y en especial la española--, son señales que obligan a pensar la pandemia desde otra óptica, la de una crisis global.

La respuesta a esta situación parece de sentido común. Igual que con el Coronavirus, se deberían movilizar todos los recursos disponibles para abordar esta crisis social que ya estamos padeciendo. Esto es, evitar sus consecuencias. Pero la cuestión es ¿qué recursos disponibles hay?¿Quién decide su objetivo y su cuantía? Y sobre todo ¿estamos en un momento en el que se permitirán políticas de gasto expansivas? Parece que España puede ser un campo de pruebas y Bruselas no lo va a poner fácil.

Para responder a estas cuestiones, basta con recordar que los límites de gasto de nuestros presupuestos se pactan con Bruselas. Limitaciones que se fijaron en España con la aprobación del artículo 135 de la Constitución que incluía el compromiso del PSOE y el PP de cumplir con el control del gasto y el pago de la deuda como prioridad, incluso por encima de las necesidades de carácter social y siempre contando con el seguimiento presupuestario que marcase Bruselas. Sin ese consentimiento negociado solo cabían, y caben a día de hoy, dos opciones: no implementar el presupuesto para que se implanten estas medidas sociales o desobedecer a Bruselas y saltarse significativamente la regla de gasto para corregir lo que ya es una situación crítica.

Metidos en la vorágine del coronavirus tendríamos que decir que nada tiene que ver aquella crisis de deuda con la crisis sanitaria actual. Pero ¿importa esto si las consecuencias económicas y sociales que dejan tras de si son tan similares? ¿Si los retos políticos a los que nos enfrentan son tan parecidos? La respuesta es negativa, porque las preguntas que hay sobre la mesa son las mismas que entonces, elegir entre utilizar toda la artillería presupuestaria que se necesite para reconstruir y salvar a una sociedad en crisis o aplicar los dictados de la austeridad con las consecuencias que conllevaría, este es el dilema.

A la espera del Consejo de Ministros del martes 17 de marzo, donde se supone que se tomarán medidas sociales que afronten la situación, los datos que tenemos son poco alentadores. A la histórica desconfianza en el PSOE se suma ahora Bruselas tiene una representante en el Gobierno y ha sido tajante. La vicepresidenta Nadia Calviño ha sido tajante a la hora de oponerse a un plan de choque que reflote a las personas que más van a sufrir esta crisis en forma de despido, mayor presión sobre sus derechos laborales o impagos de sus alquileres y hipotecas. Pero, ¿hasta dónde estarán dispuestos a llegar?

De momento, no han sido buenas noticias que en la rueda de prensa del gobierno sobre la crisis del coronavirus de ayer 15 de marzo no hubiese mención alguna por parte de los tres ministros y la ministra allí presentes a las consecuencias sociales de calado, no solo epidemiológicas que estaba viviendo el país. Por ahora, demasiadas puertas abiertas a una crisis de consecuencias impredecibles y que nos puede retrotraer a 2008.

Las malas compañías

En el contexto actual, nadie podría garantizarnos que no se esté generando sobre España una tormenta perfecta. Incluso la pregunta más acertada sería, en el caso de estar preparándose ¿qué resortes tendríamos para pararla? Desde un punto de vista activista e incluso ciudadano no podríamos contar en el plazo inmediato con la movilización política, que con el decreto ha quedado prohibida o reducida a la expresión en medios de comunicación y telemáticos, nunca callejeros. Desde otro ángulo, se podría confiar en que un gobierno de coalición progresista debería garantizar la audacia suficiente como para afrontar una crisis social que no va a ser de un mes ni dos, sino que se anuncia mucho más duradera y profunda. Y el problema está en que en ambos frentes estamos bastante desarmados.

El Consejo de Ministros se reunirá mañana para decidir como resuelve estas cuestiones. A pesar de algunas interpretaciones un tanto cortas, donde solo estarían en liza el PSOE más social junto a Unidas Podemos frente al PSOE de Calviño como emisaria de Bruselas, el campo político es mucho más amplio. La aprobación de los decretos contra el coronavirus y que éstos se lancen en dos partes, una más apegada al control de la enfermedad con medidas de ordenamiento sanitario, civil y militar de la sociedad y otro social que decidirá este Consejo de Ministros, ha abierto un doble escenario.

Con una sociedad paralizada, suspendidas las herramientas de protesta civil y en cierto sentido clausurada la propia vida civil más allá de la gestión del virus, el margen de maniobra se ha estrechado

Al igual que la convocatoria de un Consejo de Ministros sobre medidas sociales tras los públicos enfrentamientos dentro del propio gobierno, deja abierta la oportunidad de seguir empujando en la línea de contrarrestar esta crisis desde un punto de vista social, también abre otros escenarios menos alentadores. En este sentido, no debemos obviar que la adhesión unánime de PP, Vox y Ciudadanos al Decreto de alarma, que en materia de derechos civiles es muy duro, no solo lo hacen por el virus. El nuevo vocabulario del gobierno y el sentido común que impone el decreto: unidad nacional, seguridad, fuerzas de seguridad, control poblacional y un largo etcétera devuelven la política a su campo de juego.

Más allá, dibuja un posible escenario de Unidad Nacional que la derecha entiende como oportunidad, por si Pedro Sánchez tuviese que afrontar una situación de recortes, planes de ajuste o excepción social como la que afrontó Zapatero en 2010 y que requiriese de sus apoyos parlamentarios o directamente por si se diese la oportunidad de desbancar al rival socialista.

Ante esto, y una vez excluido del núcleo central de la gestión de la crisis, lo cierto es que Unidas Podemos está más aislado que nunca. Incapacitado para romper el gobierno, ni siquiera para usar esa amenaza como medio de presión y negociación en el contexto del coronavirus, sólo una fuerte corriente de opinión y movilización social podrían empujar en otro dirección. Pero ¿qué pasa con la sociedad civil? Con una sociedad paralizada, suspendidas las herramientas de protesta civil y en cierto sentido clausurada la propia vida civil más allá de la gestión del virus, el margen de maniobra se ha estrechado. Esto hace que la posición del bloque formado por Calviño, las fuerzas del PSOE que ya actuaron en el plan de recortes de 2010 y las tres derechas --ahora abrazadas sin complejos al gobierno de la unidad nacional--, además de mayoría parlamentaria y el respaldo de los poderes económicos globales, cuenten con pocos enemigos a la vista, al menos en el corto plazo.

Por ese motivo de cara al decisivo Consejo de Ministros del 17 de marzo se debe forzar al máximo desde todas las posiciones posibles un acuerdo que sirva de plan de choque y rescate de una sociedad que está al borde de una nueva crisis. Para ello, debemos recuperar cierto sentido crítico con la realidad --un tanto adormecido con la crisis del coronavirus--, y extender en forma de demanda colectiva la lucha en defensa de nuestros servicios públicos y de nuestros sistemas de cuidados, los derechos laborales y sociales, la necesidad de una renta básica o el derecho a una vivienda digna como elementos centrales que son también parte esencial de esta crisis.