Corrupción
Los acuerdos de OHL en Melilla: 610.000 euros bajo sospecha en la reforma del muelle Ribera II

“Estoy de acuerdo con que hay que compensar a Juanma, estoy de acuerdo en los 400.000”, asiente Paulino Hernández, exdirector de construcción de OHL, para “agilizar los trámites” del contrato con la Autoridad Portuaria de Melilla. Hernández es conocido como el ‘Villarejo’ de OHL debido a su costumbre de grabar con un telefóno móvil las reuniones a puerta cerrada que mantenía con políticos y funcionarios. Ante esta propuesta, José Luis Almazán, exdirector del puerto de Melilla colocado por el Partido Popular, responde que, por favor, abonen esa cantidad para las elecciones europeas para que “sus jefes no den más el coñazo”. A cambio aprobaban un sobrecoste en los materiales de las obras del muelle Ribera II para así conseguir adjudicaciones públicas a dedo. La cifra de la donación pactada en la reunión, cuya grabación fue hecha pública por la Cadena Ser en junio, ascendía a 400.000 euros. Pero, según la documentación interna de OHL a la que ha tenido acceso El Salto, podría ser aún mayor, superando los 460.000 euros.

Este era el acuerdo discutido en una reunión a puerta cerrada el 3 de septiembre de 2009 mantenida por Paulino Hernández Ros, Miguel Reyes García, antiguo delegado de Andalucía de SATO (filial de la constructora), y José Luis Almazán Palomino, entonces director del puerto. En la actualidad, Reyes trabaja como gerente de Obra civil Zona Sur de OHL —Andalucía, Canarias y Extremadura— según fuentes internas de la constructora, aunque la empresa asegura no tolerar ningún tipo de corrupción entre sus empleados y su nombre no haya trascendido a los medios. Desde este medio nos hemos intentado poner en contacto con José Luis Almazán y Miguel Reyes sin que hasta el momento hayan respondido.

En junio de 2019 declararon ante el juez los miembros de la constructora implicados en la trama Lezo, causa que investiga la corrupción política en torno al Canal de Isabel II y que actualmente está en fase de instrucción. La Fiscalía analiza en la actualidad los contratos públicos adjudicados a OHL desde 2003 a 2014 que podrían haber sido amañados gracias al previo pago de 38,6 millones de euros en ‘mordidas’ a al menos seis políticos. Según la investigación judicial, era habitual pedir sobrecoste de las obras de prácticamente un 30% como contraprestación en Madrid, Andalucía, Canarias, Extremadura y Melilla. A inicios de julio de este año, agentes de la Policía Nacional irrumpieron en el Puerto de Melilla para recopilar información relativa a las conexiones del exdirector, su círculo de confianza y la constructora OHL.

Mustafá Aberchán, líder de Coalición por Melilla (CPM), explica que “los 400.000 euros con los que OHL regaba al gobierno para las elecciones europeas eran justificados como sobrecostes y retrasos en las obras”. “Los puertos son un lugar idóneo para prácticas corruptas”, argumenta el expresidente melillense. A Aberchán le resulta llamativo que hasta que Almazán no llegó a Melilla, OHL no había obtenido ninguna licitación pública en la ciudad autónoma. También destaca que el empresario, recién licenciado, no contaba con la experiencia necesaria para ser director de la Autoridad Portuaria.

610. 000 euros en gastos comerciales 

Un correo electrónico al que ha tenido acceso El Salto, enviado por un administrativo de OHL al responsable de la supervisión económica de las obras del puerto, hace un resumen de los gastos extraordinarios de la reforma del calado del muelle Ribera II bajo el nombre de “gastos comerciales”, adjuntando cuatro facturas pendientes y un documento excel con los gastos desglosados, que sumaban más de 610.000 euros netos. 

Del gasto total desglosado en la tabla adjunta al correo se destinaron 460.000 euros a subcontratas en servicios y obras, 23.500 euros al alquiler de un vehículo, 67.886 euros para la contratación de una persona y 23.400 euros en torneos deportivos y cenas. Las empresas subcontratadas, según aparece en el documento, fueron Ferrallados Daister SL, Sonsemar SL, Fonseca Majano y Martíañez Garvi. Una de la empresas y uno de los autónomos citados en los gastos de las obras del puerto de Melilla comparten un mismo número de teléfono como contacto. Son Ferrallados Daister y Fernando Matiañez Garvi, apoderado de la primera empresa, que se llevaron 60.000 euros y 160.000 respectivamente. Este medio ha intentado ponerse en contacto con Martiañez y la empresa, pero en la actualidad el número de teléfono no existe. 

Fuentes de la empresa aseguran que ninguna de las empresas y trabajadores autónomos que aparecen en la documentación y que habrían sumado facturas por esos 460.000 euros en subcontrataciones eran proveedores habituales, dudan de que realmente ese dinero se destinase a pagar material y servicios, y sospechan que se destinó a otros fines. Estas fuentes afirman que estos gastos no estaban reflejados en las hojas de contabilidad habituales en el puerto de Melilla, se pagaban al contado y con cifras redondas. 

Otro de los gastos desglosados en la hoja de excel, el alquiler de un todoterreno Nissan Terrano durante 30 meses para uso de Juan Manuel Paramio Cabrera, director de Infraestructuras en el puerto hasta julio de 2020, ascendió a un total 22.445 euros, un coste similar a los 24.900 euros de precio compra que el mismo vehículo tenía en ese año. En último lugar dentro de una tabla con gastos, sin rastro de nóminas de otros empleados, aparece el nombre de Selua El Uarty Hanafe con el concepto de ‘coste personal’ por un valor de 67.886 euros. Esto supone un salario mensual medio de 2.800 euros durante dos años, acorde al testimonio de dos trabajadores del puerto, para una persona que realizaba únicamente labores administrativas durante media jornada. El Salto ha tenido también acceso a un documento llamado anexo de liquidación en el que aparece el coste total de la ampliación del muelle Ribera II en el puerto de Melilla,  que ascendió a cerca de 10 millones euros frente a los siete millones licitados.

Paulino Hernández, supuestamente, se refiere en los audios de manera cercana a Juan Manuel Paramio como “Juanma” al recordar que le parece bien “compensarle” por ser el responsable de firmar los proyectos. Paramio fue compañero de universidad de José Luis Almazán en Madrid, acorde al testimonio de un trabajador de la Autoridad Portuaria, llegó a Melilla en la misma época. Según fuentes de OHL, la Autoridad Portuaria adjudicó un contrato de asistencia técnica para el Centro de Control del Puerto de Melilla a una empresa en la que trabajaba Emma Navarro, esposa del director de Infraestructuras, por 70.000 euros.

Las fuentes de la constructora con las que ha hablado El Salto afirman que Almazán, después de dejar de ser director del puerto en 2013, pidió comisiones a las constructoras para recibir un trato de favor en las adjudicaciones en la estación marítima. Por estos servicios de intermediario, el exdirector supuestamente pudo llegar a cobrar más de 75.000 euros netos a SATO, filial de OHL, facturados a través de la empresa UG21 dedicada a la consultoría de obra civil y en la que su hermano Javier Almazán Palomino trabajaba como secretario, según afirman estas fuentes. La influencia del Almazán en el puerto seguía latente por la relación sentimental que mantenía con Pilar Parra, su sucesora en el puesto, y su amigo Juan Manuel Paramio continuaba en el cargo de director de infraestructuras. Desde El Salto hemos intentado contactar con esta empresa sin que hasta el momento haya dado respuesta.

En respuesta a las preguntas de este medio, OHL ha matizado “que actualmente no se encuentra imputada ni en el caso Púnica, ni en Lezo. Son los comportamientos individuales de determinadas personas que no se encuentran en la compañía desde hace varios años. No toleramos la corrupción dentro de nuestro código ético y en 2019 abrimos una investigación interna para detectar malas prácticas entre nuestros empleados”. Sin embargo, la constructora ha respondido con un silencio a las reiteradas preguntas de este medio por el nombre del actual gerente de obra civil de la zona Sur, que, según varios trabajadores de la empresa, es el mismo que estuvo presente en la reunión en la que se habló de la donación al PP de 400.000 euros para las elecciones europeas. 

El parón del sector de la construcción en España por la actual crisis sanitaria ha provocado que OHL aplique un ERTE a 18.000 empleados y pida un crédito al Estado de 140 millones de euros el pasado abril. La petición de la empresa, de la que es accionista la familia Villar Mir, ha recibido el visto bueno del Instituto de Crédito Oficial (ICO), institución pública que concede avales a empresas, a pesar de estar presente en el sumario de la pieza separada de la trama Lezo. Desde 2018, entidades bancarias como Banco Santander, BBVA, Caixabank, Bankia y Sabadell han cerrado el grifo a la constructora debido a que se encuentra en números rojos después de varios juicios y proyectos fallidos. Sin embargo esto no ha supuesto ningún problema para que el Estado incluya a OHL en su plan de rescate del sector privado de más 100 millones de euros.

Víctor Gamero, director de la Autoridad Portuaria de Melilla (APM), asegura que “el ente público se personó en la causa con un abogado externo después de conocer la imputación de su exdirector en las grabaciones de OHL. Era algo obligado después de que la propia organización sea la principal damnificada”. Otra de las medidas que podría tomar el organismo público es auditar las cuentas de una época al completo “para limpiar la imagen del puerto de Melilla”.

Una década de corrupción 

Durante nueve años José Luis Almazán Palomino ocupó la dirección de la Autoridad Portuaria de Melilla (2004-2012), formó parte de la junta directiva del PP local, trajo a personas de su confianza desde Madrid y pactó su propia indemnización de más de 100.000 euros tras regresar a la capital en busca de nuevas oportunidades en el sector privado. Su salida de Melilla no está exenta de polémicas. Escándalos como el uso de dinero público para costearse un máster en Harvard, un nombramiento irregular y más de 22.000 euros anuales en viajes y dietas figuran entre sus prácticas. Víctor Gamero, actual director, asegura que, después de la gestión de Almazán, la “inversión privada es quien debe financiar y promover buena parte de proyectos en los  puertos del Estado. Y no al revés, sumado a un mayor control de las cuentas, para evitar prácticas corruptas que se han dado en puertos de todo el país”.

Antonio Ramírez, un antiguo asesor de comunicación del PP melillense, asegura que fueron Francisco Álvarez-Cascos, ministro de Fomento con Aznar en su segunda legislatura, y Arturo Esteban, presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, quienes recomendaron al exdirector del puerto para este cargo. “José Luis Almazán Gárate, padre del político, cuenta con una dilatada trayectoria como ingeniero en Puertos del Estado, que depende de Fomento, con buenos padrinos dentro del partido. Una muestra de ello es su amistad con Álvarez-Cascos”, explica Ramírez. Además, sus dos progenitores son profesores asociados de la Universidad Politécnica de Madrid, el mismo centro donde Almazán terminó su doctorado. También José Luis Almazán Gárate y Carmen Palomino dirigieron la tesis de Pilar Parra, esposa de Almazán y su sucesora en el puesto hasta 2017.

Los inicios de José Luis Almazán estuvieron marcados por la experiencia de su familia en la ingeniería portuaria y su círculo de confianza. Al poco de terminar la universidad es nombrado director de la Autoridad Portuaria cuando contaba con una experiencia laboral en la gestión de puertos de menos dos años y a la vez empezó un doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid, a pesar de que la ley 48/2003, vigente entonces, era clara en cuanto a la necesidad de una experiencia demostrable de cinco años de perfil técnico en gestión portuaria para el cargo de director. Por ello, Ángel Weill, antecesor en el puesto a Almazán, emprendió acciones legales por el nombramiento irregular después de investigar el currículum del nuevo director y recibió un puesto en el departamento de producción por un posible pacto de silencio. En 2005, Weill decidió conceder una entrevista a la revista Interviú que, según su propio, testimonio le costó el puesto.

Weill demandó a la Autoridad Portuaria al considerar que su despido en su nuevo puesto en el departamento de producción se debía a “una represalia” por haber denunciado el nombramiento irregular del director del puerto. También denunció “irregularidades en la adjudicación de obras millonarias a una empresa de la que el directivo es padre de uno de los técnicos”. Con ello se refería a la concesión de la reforma del muelle a Elsan Pacsa, filial del grupo OHL, que no había tenido presencia en Melilla hasta la llegada de Almazán. El nexo de unión fue Fernando Gutiérrez, amigo íntimo del directivo, ingeniero también de profesión e hijo de un alto cargo de OHL, según relata el periodista Daniel Montero en Interviú en un reportaje publicada el 21 de noviembre de 2005 titulado “Negocios de familia en Melilla”. Sin embargo, los tribunales fallaron en su contra.

Una salida forzada por escándalos

En enero de 2011 Almazán cursó un prestigioso curso de tres meses postdoctoral en la Universidad de Harvard por valor de 43.000 euros pagado por la Autoridad Portuaria sobre liderazgo empresarial de alto nivel titulado “General management program”. También recibió un curso de director de finanzas por la Universidad de Navarra por 4.140 euros. Dos años después vuelve al sector privado. Además, según denuncia el mismo comunicado de Podemos Melilla, el organismo público pudo abonar también gastos adicionales de ese viaje, pese a que el posgrado incluye, según las propias condiciones publicadas por la universidad estadounidense, alojamiento y comidas durante los cuatro meses de duración. Esta polémica, tal como recuerda Jadu Driss, exvocal del Puerto de Melilla, “marcó un antes y un después en la carrera política de Almazán en Melilla”.

Los viajes  pagados a destinos como China, Suiza o Panamá del directivo junto a Arturo Esteban, expresidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, fueron constantes. El motivo oficial: la búsqueda de nuevos inversores para el puerto de Melilla, nuevos socios turísticos y barcos de lujo. Una serie de documentos solicitados por la vocal de la Autoridad Portuaria Jadu Driss acerca de la relación de gastos de Almazán muestra en 2010 y en 2011 el puerto destinó más de 22.000 euros anuales a dietas, cursos de formación y viajes. “Literalmente pasaba más tiempo fuera de la ciudad que dentro, ya que yo me encargaba de auditar las cuentas”, explica Driss. En su opinión Almazán estaba más preocupado en su interés personal, mejorar sus contactos y nuevos contratos, que en la dirección del ente público.

El final de la época del expolítico madrileño estuvo marcada por la polémica. En diciembre de 2012 José Luis Almazán dimitió de su puesto de director del puerto bajo la justificación de haber encontrado nuevas oportunidades laborales en Madrid. En el acta número 48 del consejo de la Autoridad Portuaria la mayor parte de los vocales se despidieron con elogios de la “brillante gestión” del directivo en estos ocho años y el presidente Miguel Marín Cobos le deseó suerte en “los próximos proyectos en los que se embarque”. Sin embargo, Almazán reclamó 45 días de indemnización por despido  —111.000 euros— a los pocos días de hacerse pública la “dimisión amistosa” e inició acciones legales contra la Autoridad Portuaria.

La abogada del Estado María Belén Moreno recordó en la reunión de la entidad portuaria del 10 de junio de 2015, en la que se debatía el cese de Almazán como director, que el contrato del directivo tenía con cláusula que contemplaba la fórmula legal de “desistimiento mutuo” que le garantizaba una indemnización, pero nunca por una dimisión voluntaria. La duda legal radicaba en si la salida del director fue una dimisión o un “desistimiento mutuo” algo que el Juzgado nº 1 de Melilla fallaría en favor del director del puerto. Moreno denuncia que el acta fue manipulada por el secretario del consejo para que se entendiera de manera ambigua y así favorecer al antiguo director. El medio local la Luz de Melilla se hizo eco de la noticia y Almazán, “por cariño a Melilla”, terminó por renunciar al dinero que los tribunales habían resuelto que le pagara el puerto. Como sucesora en la dirección del puerto se eligió a Pilar Parra, mujer de Almazán, después de contar con más de seis años de experiencia en el puerto.

La carrera en el mundo empresarial del exdirector asciende discretamente pero sin freno a lo largo de los años. En la actualidad José Luis Almazán dirige dos empresas de consultoría de ingeniería civil, en las cuáles sus padres y su hermano son socios, que reciben contratos millonarios en los puertos de A Coruña, Cartagena y Málaga. Es vicepresidente de la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles, una entidad que se define como “una asociación que pretende ser una referencia en el sector portuario español y fomentar la competitividad”. Esta organización comparte dirección en la calle Serrano número 16 con las empresas Oceanim y Ocean Water SL dedicadas a la consultoría de obras marítimas, ambas propiedad de Almazán. Entre los clientes de OceanIM destacan grandes empresas nacionales como OHL, Repsol, Indra o Endesa. 

Siempre es útil tener a los medios de tu lado para labrarte una buena imagen. La Opinión de A Coruña describió en 2019 como el mayor proyecto del empresario a la explotación de una nave de almacenamiento y distribución de petróleo en el puerto de Langosteira con un valor de 30 millones de euros. En mayo de este año, El Español publicó información patrocinada sobre el perfil del empresario describiendo su labor en Oceanim como “eslabón indispensable dentro del organigrama de esta compañía de casi medio siglo de vida”. Sin embargo, no aparece rastro alguno de su imputación por la Audiencia Nacional, su cercanía al Partido Popular o sus cursos pagados con dinero público.