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Corrupción
Alberto Casero, ahora investigado por corrupción
![Alberto casero PP](/uploads/fotos/r2000/aed5a6ef/14050668328_7f385a37b3_k.jpg?v=63815939343)
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha abierto una investigación sobre el diputado del Partido Popular Alberto Casero y los contratos otorgados desde el Ayuntamiento de Trujillo, en Cáceres, cuando él era alcalde en este municipio en 2017 y 2018.
Según explica el auto del alto tribunal, al que ha tenido acceso El Salto, Casero podría haber cometido delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos. Entre los contratos bajo investigación se cuentan el otorgado a un psicólogo, en marzo de 2017, contrato que no fue ni siquiera comunicado ni aportado al Ayuntamiento, sin expediente de contratación y sin aprobación del gasto.
Otro de los contratos, en septiembre de 2017, fue con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España, por 25.000 euros, sin informar al Ayuntamiento tampoco en este caso. A ellos se suman otros dos contratos por 18.000 euros cada uno con la Asociación Cultural Bon Vivant, uno más con la empresa Icaro Consultores en Comunicación por 14.303 euros y otro con Radio Trujillo por 15.000 euros.
El diputado popular habría firmado varios contratos por sumas entre 18.000 y 25.000 euros, sin licitación y sin ni siquiera informar al Ayuntamiento cuando era alcalde de Trujillo
“La Sala Penal del Tribunal Supremo ha acordado hoy la apertura de una causa al diputado del PP Alberto Casero Ávila para investigar determinados acuerdos y contratos de servicios que habría realizado cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos”, explica la nota del Tribunal Supremo, en la que se señala que el diputado popular podría haber cometido un delito continuado de prevaricación administrativa y también hay indicios de malversación.
La investigación parte del Juzgado de Primera Instancia de la localidad y ha sido elevada al Supremo a causa del aforamiento de Casero, como diputado. En el Supremo, la investigación correrá ahora a cargo del magistrado Andrés Palomo del Arco.