Corrupción
Ignacio González, el narco Lamarca y Al Qaeda

El capítulo del caso Lezo al que hago referencia desmenuza las maniobras de Ignacio González, su hermano Pablo y un cuñado venezolano (Jose Juan Caballero), entre otros, para levantarse unos millones de euros aprovechando la construcción de las instalaciones deportivas en los terrenos del denominado Tercer deposito del Canal de Isabel II, en el barrio madrileño de Chamberí. Todo esto presuntamente, claro.

El proyecto, concebido en 2003 durante el gobierno de Alberto Ruiz Gallardón y que inicialmente contemplaba, sobre una superficie de 118.747 m2, zonas verdes de uso público, un estanque ornamental, campo de futbol al aire libre con vestuarios y un pequeño helipuerto, fue modificado en 2006 por su sucesora Esperanza Aguirre y su vicepresidente Ignacio González para incluir un campo de golf y varias pistas de pádel.

Esta oportuna variación del proyecto fue aprovechada por el clan mencionado para pegar el enésimo pelotazo en el entorno del Canal de Isabel II y hacerse a través de un consorcio de empresas con la gestión y explotación de las nuevas instalaciones deportivas.

En la operación, denominada «Canal-Golf» participaron sociedades del Grupo ACS, controlado por Florentino Pérez, parte del botín acabo perdido en Venezuela

En la operación, denominada «Canal-Golf» participaron sociedades del Grupo ACS, controlado por Florentino Pérez, parte del botín acabo perdido en Venezuela y en la trama internacional de blanqueo de capitales que uso la banda de malhechores para repartirse la pasta participaron sociedades controladas por el narcotraficante Vicente Lamarca Sánchez.

El final de la rocambolesca historia de este «ejemplo de gestión Popular» no merecía otra protagonista que Isabel Díaz Ayuso, anunciando en marzo pasado, tras dieciocho años de retraso, la finalización de las obras para mayo del año en curso.

Un auténtico ejemplo de gestión Popular

De las diligencias realizadas por la Fiscalía han resultado elementos probatorios suficientes que configuran la existencia de indicios racionales y objetivos de criminalidad contra Ignacio González. En este sentido, se puede afirmar (siempre indiciariamente como corresponde a este momento procesal) que Ignacio González realizó un uso abusivo y fraudulento de algunos de los cargos públicos que ostentó, en beneficio propio, de sus familiares directos y de ciertas personas que asumieron un papel esencial y necesario para la consecución de la trama delictiva que generó y dirigió el propio Ignacio González. Asimismo, resultan indicios de que a través de esta estructura ilícita que permaneció en el tiempo, se favoreció económicamente al Partido Popular. (Literal: sumario «caso Lezo»).

Cronología

El proyecto original se concibió durante el gobierno de Alberto Ruiz Gallardón en colaboración con el Ayuntamiento madrileño dirigido por Álvarez del Manzano y contemplaba sobre una superficie de 118.747 m2, una zona verde de uso público, un estanque ornamental, campo de futbol al aire libre con vestuarios y un pequeño helipuerto, no se mencionaba ¡en ningún caso la construcción de un campo de golf ¡, el 14 de abril de 2003 ambos dirigentes del PP colocaban la primera piedra asegurando que estaría finalizado en 2005.

La adjudicación definitiva del concurso se publicó en el BOCM n° 116 del 17-05-2003, siendo adjudicataria la sociedad ACS, por un importe de 40.876.128,17 €. En octubre de 2006, el Gobierno de la Comunidad —siendo ya presidenta Esperanza Aguirre— decidió cambiar el proyecto original, reduciendo sustancialmente la extensión del parque e incluyendo un campo de golf y varias pistas de pádel.

Esta variación de la dotación original fue objeto de un informe desfavorable de la Comisión Institucional para la Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural (CIPHAN), por ello y ante la negativa del Ayuntamiento de conceder una nueva licencia, la presidenta madrileña y su equipo de gobierno declararon el nuevo e irregular proyecto de interés general sorteando de esta manera la normativa vigente.

 El CYII, presidido por Ignacio González, tramitó una comunicación el 17 de enero de 2007 a la Secretaría Técnica de la Vicepresidencia de la CAM, de la que también era el vicepresidente Ignacio Gónzalez

Es decir, el CYII, presidido por Ignacio González, como promotora, tramitó una comunicación el 17 de enero de 2007 a la Secretaría Técnica de la Vicepresidencia de la CAM, de la que también era el vicepresidente Ignacio Gónzalez haciendo constar una circunstancia que podría justificar la intervención urbanística ocasionada por la modificación del proyecto inicial.

Tan sólo dos días después, el 18 de enero de 2007, el Consejo de Gobierno de la CAM atendió la petición de la promotora y adoptó un acuerdo por el que se declaraba de interés general y se aprobaba el proyecto modificado de las citadas obras.

Durante la investigación se descubrió un documento del Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid fechado el 30 de octubre de 2006 en el que se ordenaba la suspensión inmediata de esas obras (un campo de golf de nueve hoyos, dos pistas de pádel) por carecer de la preceptiva licencia o que la obra no se ajustase a la licencia, documento que deja en evidencia que las obras habrían comenzado en el año 2006, es decir con anterioridad al citado Acuerdo del Consejo de Gobierno que aprobaba el proyecto modificado.

La adjudicación de la gestión y explotación de las instalaciones

La adjudicación de la gestión y explotación de las citadas instalaciones deportivas, se perpetró el 27 de diciembre de 2007, y el beneficiario fue un consorcio formado por las mercantiles Tecnoconcret, Soto Once e Iridium, denominado posteriormente “Green Canal Golf”.

El contrato contemplaba un canon anual por un importe de 3,25 millones de euros a abonar por la adjudicataria durante un periodo de 5 años. El consorcio Green Canal Golf obtuvo la mejor puntuación total de los licitadores basándose en criterios subjetivos, a pesar de no presentar la mejor oferta económica, dichos pliegos fueron firmados por Ildefonso de Miguel, mano derecha de González, imputado también en el caso Lezo y a la sazón presidente del Canal madrileño por aquellas fechas.

En enero de 2008 la sociedad Iridium del Grupo ACS adquirió todas las participaciones del citado consorcio a Tecnoconcret y Soto Once, pero “casualmente”, tres meses más tarde (abril de 2008) el hermano y el cuñado de Ignacio González adquirieron participaciones del capital social de Tecnoconcret, quedando el 31,6% en manos de Proyectos Ecosistemas SL (José Juan CABALLERO), el 31,65% suscrito por Pablo González, el 31,6% suscrito por José Antonio Clemente y el 5,25% suscrito por Fernando Manuel Serrano, socio del anterior. Todo quedaba en casa.

Sobre esta sospechosa operación, reza el sumario del caso Lezo, textualmente: “Esta mercantil podría haber sido beneficiada, directa o indirectamente, mediante la adjudicación y ejecución de dos contratos públicos promovidos por el Canal de Isabel II, uno de ellos en fechas en las que el Presidente de su Consejo de Administración era Ignacio González“.

Se da la coincidencia de que ambos contratos fueron adjudicados a filiales del Grupo ACS. El primer contrato fue adjudicado a Dragados y su objeto fue la construcción de las instalaciones deportivas del Canal Golf; el segundo contrato fue adjudicado a la UTE formada por Iridium —filial del Grupo ACS—, Soto One y Tecnoconcret, y su objeto fue la gestión y explotación de las mismas instalaciones.

Por informe emitido por la Unidad de Apoyo de la AEAT de la Fiscalía Anticorrupción, se ha acreditado que la sociedad Tecnoconcret recibió importantes sumas de dinero (3.880.102,96 euros) de las mercantiles adjudicatarias (Dragados y el consorcio Green Canal Golf que gestionaba la explotación de las instalaciones) de estos contratos.

De la investigación de Fiscalía surgen indicios de que el pago de tales capitales no tienen fundamento en una actividad empresarial real desarrolla por Tecnoconcret, sino que más bien pueden obedecer al presunto pago de comisiones ilegales a la trama de Ignacio González.”

El clan González y la red de blanqueo de capitales de Lamarca

En este primer artículo sobre la trama, quiero centrarme en la red de blanqueo pilotada por el narcotraficante Vicente Lamarca Sánchez, un escurridizo elemento especializado en falsificar documentos mercantiles y oficiales para dar cobertura a la importación de diversas mercancías legales en las que se ocultaban los alijos de cocaína.

Lamarca, aprovechando el acceso que tenía a documentación notarial, oficial y mercantil a través de una de sus sociedades domiciliada en Majadahonda, Pelayo Asesores SL, habilitó una organización dedicada a introducir en España, para su posterior distribución, cargamentos de cocaína mediante contenedores transportados vía marítima desde distintos países latinoamericanos a los puertos de Valencia y Cádiz.

En el supuesto enjuiciado, el Tribunal de instancia infiere la existencia de una organización orientada a la introducción de cocaína en España a partir de una conjunción de elementos que reflejan el concierto de diversos individuos, así como la distribución de funciones entre ellos, para atender dicha finalidad. Concluye el Tribunal de instancia en que se han realizado tres operaciones de importación de diferentes productos que escondían la sustancia prohibida, destacando que todas ellas se abordaron en un mismo espacio temporal y tenían una vinculación entre sí.

La primera introducción de cocaína se materializó a través del puerto de Valencia el 4 de marzo de 2014. La sustancia introducida ascendió a 123.431 gramos de cocaína con un grado de pureza del 60% (equivalente a 74.058 gramos de cocaína pura), habiéndose introducido la droga escondida en un doble fondo ubicado en el suelo de uno de los dos contenedores en los que, desde Ecuador, se exportaron un total de 2.160 cajas de bananos, a nombre de la importadora Ahorramás SA, que era plenamente ajena a la importación. La segunda remesa de cocaína (que ascendió a 68.800,52 gramos de cocaína pura), se introdujo por el puerto de Cádiz a finales de abril de 2014, ocultándose en el interior de 2 de las 89 bobinas de papel que se habían importado desde Panamá a nombre de la inexistente entidad Cartonajes Izquierdo SA.

La tercera partida se introdujo por ese mismo puerto el 17 de mayo de 2014, mezclada con la harina de palmiste que se importó en cuatro contenedores que contenían un total de 1.614 sacos de ese producto. La mercancía procedía de Perú e iba destinada a la entidad Cereales Astigi SL, si bien, al carecer ésta de licencia de importación se sustituyó por la entidad importadora Affinity Petcare SA. Un supuesto envío de harina que ocultaba la mezcla de una cantidad no inferior a 223.341 gramos de cocaína pura.

Considera el Tribunal de instancia que los hechos enjuiciados supusieron la intervención de dos organizaciones criminal, perfilando que si una de ellas tenía por objeto la exportación de cocaína desde Colombia y actuó con ocasión del envío de la harina para su separación de la cocaína, la otra organización estaba liderada por un encausado en rebeldía que la sentencia identifica con las siglas Victorio. Conforme a la resolución, esta segunda organización se constituyó por un conjunto de individuos que asumieron la tarea de preparar los documentos mercantiles y oficiales que sirvieron de cobertura a la importación de los contenedores en los que se escondía la droga, asumiendo además la recogida de la carga. Fuente: Juzgado Central de Instrucción nº 4, sumario 8/2014 por delito de falsificación de documentos públicos y mercantiles y delito contra la salud pública.

Lamarca, que tras ser detenido por las autoridades españolas logro fugarse en 2016 durante un permiso penitenciario, posteriormente fue localizado y detenido en Venezuela  en 2017. Pero una vez más logro, tras sobornar al director de la prisión y a varios funcionarios, escapar en 2019 de la prisión Simón Bolívar en la que había sido internado en espera de su extradición a nuestro país.

Según las investigaciones recogidas en el sumario, Tecnoconcret realizó varios canjes de acciones entre 2008 y 2011, que los agentes consideran fuera de precio de mercado, con una sociedad de Reino Unido llamada Ulesan LTD, firma controlada y representada en España por el narcotraficante Vicente Lamarca Sánchez.

Operativas de compra venta de participaciones sociales

Vistas las sociedades que participan en las supuestas operativas fraudulentas anteriores, a continuación se relatan una serie de operaciones societarias que por su interés deben ser tenidas en cuenta en la presente línea de investigación.

Según la AEAT, Tecnoconcret —cuando ya eran socios de la mercantil Pablo GONZÁLEZ y José Juan CABALLERO— es socia desde el 29 de mayo de 2008 del 50% de la sociedad Airgrass tecnolog IES SL, siendo el otro socio al 50% Onlygolf.

Entre otras operativas se destaca que con fecha 16 de enero de 2009 Tecnoconcret adquirió 1.505 participaciones de la sociedad Worthy Consulting SL por importe de 1.505 euros a Onlygolf, José Antonio Clemente y su esposa María Pilar Olivo. Posteriormente, con fecha 4 de marzo de 2009, Tecnoconcret vendió 482 participaciones de la sociedad Worthy Consulting por 481 euros sin especificar a quién. Seguidamente, con fecha 7 de junio de 2011, nuevamente Tecnoconcret vendió 1.505 participaciones de Worthy por 1.505 € a un tal Ramón Fernando Blanco Buitrago, quien en el mismo acto adquirió 1.023 participaciones de Worthy a la entidad británica Ulesan LTD.

Paralelamente, esta Unidad ha podido comprobar a través del análisis de determinados protocolos notariales que el 16 de enero de 2009 José Antonio Clemente, su esposa y Dimitris Tsalidis en nombre de Onlygolf, vendieron a Tecnoconcret una determinada cantidad de participaciones de la sociedad Qualitysport South America SL, de la que eran los únicos socios, por un importe conjunto de 1.505 euros. Seguidamente, con fecha 04 de marzo de 2009, ante notario Onlygolf vendió a Ulesan LTD y María Laura Braga Aguerre determinadas participaciones de Quality Sport por importe conjunto de 1.505 euros.

Con fecha 7 de junio de 2011 ante notario Tecnoconcret, representada por José Antonio Clemente, vendió 1.505 participaciones de Airgrass Technologies SL a la sociedad británica Ulesan LTD por importe de 1.505 euros. Esta última sociedad estaba representada en dicho acto por Vicente Lamarca Sánchez. A este sujeto le constan varias requisitorias en BDSN de búsqueda, detención e ingreso en prisión por delitos contra la Salud Pública, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública.

Es llamativo el hecho que todas estas compras y ventas de participaciones se formalizan por unos escasos valores relativos

Es llamativo el hecho que todas estas compras y ventas de participaciones se formalizan por unos escasos valores relativos y que la titularidad de ciertas sociedades como Quality Sport es conjunta entre Tecnoconcret y Onlygolf.

Habrá que determinar el sentido económico de estas transacciones, si bien la naturaleza alambicada de las mismas, así como la participación de un individuo con antecedentes penales por varios delitos, sugiere que pudiera tratarse de algún tipo de operaciones instrumentales de blanqueo de fondos para justificar envíos de capital y pagos cruzados entre sociedades para alejar fondos obtenidos mediante las prácticas fraudulentas anteriores.

ULESAN LTD

Ulesan, mercantil con origen en el Reino Unido, tenía su sede en el número 82 de la madrileña calle Vallehermoso, domicilio compartido con otras sociedades de Andrew Robert Grass, socio de Lamarca y el encargado de habilitar la estructura empresarial internacional que daba cobertura a las operaciones de blanqueo de capitales pilotadas por el narcotraficante.

Entre otras sociedades, Grass y Lamarca compartían intereses en Cambria Nova SL y Fuente De Brigantia SL, que acabaron en manos de Eugenio Castaño López Mesas, Mesas a su vez aparecía en la estructura de Nova Garden Green SL, participada por Ulesan LTD y Tsalidis Dimitris Gruber administrador de Onlygolf Planning and Desing SL constituida en Majadahonda en el año 2003 y la encargada de diseñar y construir el pitch and putt del campo de golf levantado sobre los terrenos del Canal de Isabel II en Madrid.

Dimitris a su vez era socio de Jose Antonio Clemente Martín (Tecnoconcret) en Airgrass Technologies SL y Worthy Consulting SL, dos de las mercantiles que participaron en las operaciones de blanqueo que describe la AEAT.

De hecho, Tecnoconcret vendió 1.505 participaciones de Worthy Consulting SL a Ramón Fernando Blanco Buitrago el 07-06-2011, quien en el mismo acto adquirió otras 1.023 participaciones de la misma sociedad a la entidad británica Ulesan LTD controlada por el narco Lamarca.

Ramón Fernando Blanco Buitrago, elemento que pasa desapercibido en el sumario, era, en el momento en el que se realizaron las operaciones de blanqueo, el principal socio de Inés Mercedes Fierros Garcia, este nombre seguramente no les suene, pero era una de las principales colaboradoras de Francisco Correa (Gurtel) hasta el punto que esté la autorizo como apoderada de la cuenta suiza que su sociedad panameña Golden Chain Properties tenía en el Credit Suisse de Ginebra y era una de las beneficiarias de su testamento (8%) en caso de fallecimiento de sus familiares directos.

Inés también aparece vinculada a través de dos sociedades, Quark Business Solutions SL y Gaginete de Viajes SL, con Javier Nombela, ex presidente de Nuevas Generaciones del PP en el Distrito de Moncloa, procesado en dos piezas de Gurtel (Jerez y Boadilla) y finalmente condenado a tres años y seis meses de cárcel por dicha causa.

En estas operaciones de banqueo también participaron José Antonio Clemente y su esposa María Pilar OLIVO, la ciudadana Uruguaya María Laura Braga Aguerre, el ecuatoriano Oscar Vela Descalzo y la venezolana Carmen Clemente Martín, hermana del cuñado de Ignacio González, de hecho Venezuela fue el destino de 3.666.381,84 € manejados por la trama., cantidad similar a la trasmitida a Tecnoconcret desde Dragados (3.257.038,99 €).

En cuanto al canal económico de alejamiento de fondos citado, cabe destacar que personas físicas y/o jurídicas de nacionalidad extranjera suscribieron participaciones en sociedades vinculadas a José Antonio Clemente y/o a Tecnoconcret, o le son otorgados poderes para actuar con respecto a dichas sociedades.

Así, por ejemplo, la mercantil británica Ulesany María Laura Braga Aguerre de nacionalidad Uruguaya, compraron participaciones de la sociedad Qualitysport South America SL (participada por Tecnoconcret), o en el caso de la propia mercantil Tecnoconcret en la que se le otorgan poderes al ciudadano de nacionalidad ecuatoriana Oscar Vela Descalzo y a la venezolana Carmen Clemente Martín.

Ante la posible internacionalización de los procesos que presuntamente se han empleado para la ocultación de las presuntas comisiones ilegales con origen en los contratos de Canal Golf, cabe también destacar la información facilitada por la AEAT con respecto a las exportaciones —relacionadas con material deportivo— que Tecoconcret efectuó a distintos destinatarios de Venezuela, desde diciembre del año 2009 hasta diciembre del 2015. La suma del valor de todas esas exportaciones asciende a 3.666.381,84 euros.

Aparte de estas exportaciones, la AEAT ha identificado entradas de divisas vinculadas a Tecnoconcret. La información disponible abarca el periodo 2012-2015 y se ha comprobado como con origen en Venezuela únicamente hay tres operaciones en el año 2012 cuya suma de importes asciende a 305.275,57euros, correspondiéndose las exportaciones de Tecnoconcret a Venezuela en este mismo año por un importe total de 293.015,71 euros.

Además de las entradas de divisas con origen en Venezuela, constan otras con origen en Estados Unidos por importe total de 802.767,41 € y una con origen en Austria por importe de 442.103,57 euros.

Otra operativa expuesta en el informe emitido por la AEAT, y que a priori resulta ajena a la lógica comercial de la sociedad Tecnoconcret (atendiendo a su objeto social), es el hecho de que en las cuentas bancarias tituladas por esta mercantil, por José Antonio Clemente Martín y por su esposa María Pilar Olivo Valverde, así como por otras sociedades del entorno de éste, se hayan producido imposiciones y disposiciones en efectivo en número y cantidades considerables.

Igualmente, resulta ajeno a la lógica empresarial que Tecnoconcret y el propio José Antonio Clemente cobraran en efectivo cheques en las mismas sucursales bancarias que las que se corresponden con las cuentas de Tecnoconcret. Una vez procesada la información tributaria se ha conocido que Tecnoconcret: - Cobró en efectivo, entre el 11.11.2008 y el 20.07.2011, un total de 17 cheques por un importe total de 512.764,15 euros en una cuenta bancaria titulada por Tecnoconcret.

- Desde el año 2010 al 2014 se producen un total de 27 imposiciones en efectivo sumando 238.912,01 euros y 11 disposiciones en efectivo sumando 99.128,85 euros.

- Igualmente, desde el año 2005 al 2014, se contabilizan un total de 42 cheques cobrados en efectivo por José Antonio Clemente Martín, cuya suma asciende a 197.858,27 euros.

- Además de las expuestas en relación a la cuenta de Tecnoconcret, en otras cuentas y desde el año 2010 hasta el 2014, se contabilizan imposiciones y disposiciones en efectivo, efectuadas por José Antonio Clemente por importes totales respectivos de 71.300 y 22.800 euros.

Por todo lo expuesto, otra de las direcciones esenciales de la investigación judicial será realizar un análisis global de las relaciones comerciales que las sociedades vinculadas a esta operativa declararon a la AEAT, tanto entre sí mismas como con terceros. Asimismo, resulta necesario reconstruir la trazabilidad del dinero intercambiado entre éstas sociedades y o sus socios y cargos de administración; todo ello con el fin de averiguar el origen y destino de las cantidades intercambiadas y comprobar si éstas guardan una correspondencia con una actividad comercial real, o si por el contrario se trata de una estructura empresarial creada para ocultar el destino de los 3,2 MM de euros abonados por Dragados SA a Tecnoconcret en los años 2006-2007.

En el siguiente artículo les contaré como Lamarca puso su entramado empresarial al servicio del clan familiar Kutayni para enviar dinero a Siria con el fin de financiar a las milicias terroristas de Al Qaeda en la región.