Corrupción
La multa de la CNMC, punta del iceberg del capitalismo de consultoría

El Salto libera el dataset presente en la página de contratación de Euskadi, origen de la investigación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con todas las licitaciones presentes en internet entra la administración pública y las doce empresas sancionadas. Los datos revelan un entramado mucho más amplio y complejo de externalización de servicios públicos: 765 contratos por un valor de 189 millones, el 60% con un único ofertante y además menores (“a dedo”).

En las últimas horas, la prensa publicaba que la CNMC ha multado con 6.3 millones de euros a 22 firmas de consultoría y a varios de sus directivos. Estas informaciones son un reflejo de cómo el organismo de competencia trata de regular el poder que ha adquirido el capitalismo de consultoría. Aunque de momento no se haya reflejado en sus ingresos, la economía post-covid ha colocado a la industria de la asesoría en un papel central para que la burocracia utilice a los fondos Next Generation. Prácticamente, todas las administraciones han recurrido a estas firmas para presentar aplicaciones.

Aunque la CNMC no le preocupa la creciente delegación de funciones públicas y el adelgazamiento del poder del Estado mediante una suerte de burocratización neoliberal. Más bien, como se desprende de una investigación de más de 300 páginas (la mayoría, mensajes entre los patriarcas del clan), la problemática sería un “modus operandi” basado en solicitar “ofertas de cobertura” para evitar competir y que una de las empresas resultase adjudicataria. De acuerdo a la investigación de la CNMC, “las relaciones de confianza” de los capitalistas facilitaron el funcionamiento de cárteles distintas administraciones públicas. En el caso del cártel de la red de colaboración norte se vieron afectadas al menos 101 licitaciones (la mitad de los 200 contratos públicos celebrados en los años en que se acredita la conducta) en los ayuntamientos de Bilbao, Barakaldo o Vitoria; diversos departamentos del Gobierno Vasco, el Puerto de Bilbao o la Diputación Foral de Vizcaya. En general, se trataba de contratos negociados sin publicidad, en los que la administración invitaba a un número reducido de empresas para que presentaran sus ofertas en competencia. Las conclusiones del organismo indican que se elevaron sistemáticamente los precios que pagaba la administración por los servicios de consultoría y se impidió la participación de competidores ajenos a los cárteles en los procesos de licitación. El problemas: estas conductas socavaban el erario público al ser contratos sufragados vía presupuestos.

Esto es, el clásico capitalismo de amiguetes (crony capitalism) donde dos redes de colaboración (norte y nacional, con ejes en Bilbao y Madrid) actúan siguiendo la idea establecida por Milton Friedman sobre la influencia monopolística que justificó la regulación del capitalismo hace varias décadas. Al parecer, no habría nada de malo en que las consultoras externalicen sobre los presupuestos públicos de los Gobiernos los costes de las empresas privadas y les impongan formas novedosas de austeridad siempre y cuando se respete el fin supremos de la libertad de mercado.

Cuántas consultoras hacen falta para cambiar unos pañales

Como revela la base de datos que esta revista hace pública, existen al menos 765 contratos desde 2012 entre las distintas administraciones vascas y las 12 consultoras investigadas que ascienden a un valor de 189.34 millones de euros. Si bien los datos de la administración están sesgados porque la ley no obligó a publicar los contratos hasta 2018, podemos afirmar que la dependencia absoluta de lo público sobre unas pocas firmas privadas es el modus operandi habitual del capitalismo de consultoría. Aunque para ello no podemos fijarnos sólo en el componente “consultoría”, como la investigación de la CNMC. Entre los contratos recabados existen docenas de códigos que hacen uso del vocabulario común de contratos públicos (CPV) para ilustrar la gran variedad de servicios públicos que las consultoras han privatizado. Desde el mantenimiento de todo tipo de equipos, el diseño de arquitectura, el desarrollo de software y sistemas informáticos, hasta trabajos de estudio de la calidad del suelo y construcción de inmuebles, pasando por la provisión de pañales desechables, todo tipo de mercadotecnias, auditorías y otras formas de control del gasto público.

La viabilidad del capitalismo requiere del apoyo sistemático del estado, es decir, en ningún caso se trata de un sistema perfecto, como señala la CNMC. De hecho, rara vez se cumple lo que el marco normativo establece en el artículo 162 de Ley de Contratos del Sector Público: “en el procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible”. En el 60% de los contratos (459) analizados, sólo existe una empresa presentada. Ello da pábulo a afirmar que muchos de los contratos deberían ser investigados desde la judicatura por atentar contra los bienes comunes. Por ejemplo, destaca uno con el siguiente título: “Propuesta de Deloitte, para la asistencia en el análisis de la nueva estructura organizativa de la distribuidora eléctrica del Ayuntamiento de Tolosa”. En otras palabras, se adjudica a la única propuesta ofertada la tarea de soporte público a la privatización de una proveedora de energía municipal.

La forma de racionalizar el capitalismo ‘Big Four’ se asienta en acuerdos informales, a veces a través de encuentros oficiales (como los de Iñigo Urkullu con Deloitte), o eventos sobre el futuro de la industria, en casi todos con lujosos caterings financiados entre empresas, administraciones o ambas. También tienen una influencia notable los estrechos lazos familiares, las puertas giratorias u otras conexiones público-privadas que dan cuenta de la cooptación del Gobierno por parte de las firmas de consultoría. En general, ello explicaría algunos de los 425 contratos menores presentes en la base de datos recabada. Según el artículo 122 de la ley citada, estos “podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación…”, pero si tan abierta se encuentra la competencia, ¿por qué sólo 11 del total de contratos menores han contado con más de una oferta (en 65 casos, la administración oculta ese dato)? La respuesta la podemos encontrar en datos como que Sabin Azua, hermano del exvicelehendakari Jon Azua, haya sido uno de los sancionado por la CNMC con una multa de 35.000 euros como administrador único de Bmasi Strategy.

Más allá de la retórica de la Escuela de Chicago que tanto ha calado en algunos periodistas, siempre más interesados en el morbo de unos correos que en las dinámicas de fondo, la decisión de la CNMC es una forma de exigir un poco de ejemplaridad al capitalismo; un dulce para que los medios liberales puedan titular que la regulación todavía funciona y que este sistema pueda ser salvado. Desde luego, las políticas de competencia representan la forma más pura de humanización del capitalismo.Como se explica si no el “Programa de Clemencia”, que permite a las empresas del cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa aportando elementos de prueba que posibiliten a la CNMC su detección, y reducir el importe, mediante información con valor añadido relacionada con una investigación ya iniciada por el organismo.

Apenas un mes después de que la CNMC iniciara su investigación, Euskotren adjudicó a Indra el suministro, instalación y puesta en servicio de las máquinas autoventa del proveedor público por 90 millones de euros

Al respecto, un dato resulta demoledor: apenas un mes después de que la CNMC iniciara su investigación, en octubre de 2018, Euskotren adjudicó a Indra el suministro, instalación y puesta en servicio de las máquinas autoventa del proveedor público. Casi 90 millones de euros para equipos de radio, televisión, comunicaciones y telecomunicaciones. Ello hizo que en aquel año se dispara el importe anual adjudicado a estas firmas, ascendiendo a 100 millones, seis veces más que los últimos seis años juntos. Si bien en los últimos dos años la cifra ha sido de 25 y 22 millones en adjudicaciones, resulta sencillo pensar que existen decenas de millones en contratos anteriores que no son de acceso público donde se han cometido irregularidades. Al fin y al cabo, el menoscabo de las funciones políticas a manos de auditoras lleva en marcha desde los ochenta en España, casi cuatro décadas antes de que entrara en vigor la ley de contratación.

En esta base de datos existen infinidad de ejemplos que dan cuenta del capitalismo de consultora y permiten visualizar una clase de innovación donde empresas tecnológicas y de auditoría cargan sobre los presupuestos colectivos sumas constantes por gestionas esas mismas infraestructuras. De este modo, la política queda encerrada en una caja moderna, compuesta por complejos pliegos de licitaciones e interminables procesos burocráticos. La decisión de multar a las empresas refleja la incapacidad de la aproximación ordoliberal para solucionar los problemas creados por el propio mercado. Al fin y al cabo, estas empresas sólo tratan de encontrar la forma más eficiente de seguir haciendo beneficios.

Las fuerzas políticas progresistas necesitan entender estas lógicas e iniciar una agenda radical. El primer paso es la reversión de estos contratos, pues ningún proyecto de coordinación social y ciudadano distinto al del mercado puede medrar sobre infraestructuras privadas. A continuación, se deben diseñar instituciones políticas, leyes de transparencias o de propiedad colectiva capaces de sacar todo el partido a las tecnologías de visualización y predicción. No es una utopía tan lejana que datos como los hechos públicos en este artículo puedan ser fácilmente accesibles a los ciudadanos. Así sería mucho más sencillo mapear la privatización, demostrar empíricamente que tiene un coste mayor que la iniciativa pública y tener deliberaciones democráticas sobre cómo la ciudadanía quiere relacionarse con la burocracia. Esto significa poner en manos de la sociedad civil las herramientas que permiten monitorizar, analizar, predecir y modificar nuestros comportamientos sociales para fomentar la acción y enfrentar de manera conjunta los grandes problemas que nos rodean. Entonces, podría pensarse en algo más ambicioso: un sistema de bibliotecas públicas y digitales que haga el conocimiento colectivo accesible a un público muy diferente al de los burócratas neoliberales que han sustituido al Estado.

Cómo las Big Four han absorbido al Estado y sustituido a la burocracia

Ekaitz Cancela

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El millar de contratos que aparecen en los boletines oficiales del Estado son algunos ejemplos de la delegación de funciones políticas a las ‘big four’ (KPMG, Deloitte, Ernst & Young y PwC), una vieja historia de privatización encubierta que le ha costado a las arcas públicas al menos 378 millones de euros en poco más de una década.