Activismo
Boca Sur (Chile): activismos autónomos desde la periferia urbana

A raíz de mi última visita a Chile tuve la oportunidad de conocer el trabajo que realizan las organizaciones comunitarias de un barrio periférico del área metropolitana de Concepción: Boca Sur, situado en el municipio (“comuna”) de San Pedro de la Paz. Accedí al área gracias a la socióloga Katia Valenzuela, quien lleva varios años involucrada en procesos de investigación activista junto a esas organizaciones, y que presentó algunos de los resultados de su trabajo en un seminario de la Universidad de Concepción en el que participé. Después de recorrer la zona y comprar algunas viandas en uno de sus colmados, nos reunimos con varios activistas en el centro cultural Víctor Jara y conversamos sobre su pasado reciente y la situación actual. Otro día volvimos a pasar por el barrio deteniéndonos en sus lindes costeras formadas por dunas y humedales con una gran acumulación de basura. Finalmente, por mi parte, consulté varias publicaciones relevantes acerca del barrio para precisar las informaciones recabadas. Estas notas pretenden visibilizar las luchas, retos y voces de esta periferia urbana, junto a algunas reflexiones propias en tanto que observador interpelado por las enormes desigualdades sociales que se manifiestan en territorios como el presente.

Boca Sur es un barrio que congrega a unos 48.000 habitantes y 17.000 viviendas (según el censo de 2017). Pertenece administrativamente al municipio de San Pedro de la Paz, limítrofe con Concepción. Toda la región en torno al río Bíobio y, sobre todo, al sur del mismo, es considerada en Chile una “zona de sacrificio” donde las actividades industriales y extractivistas han sido muy intensas, dejando tras de sí devastación medioambiental y conflictos sociales y de salud. También es una de las marcas de frontera de los territorios Mapuche, cuyos pueblos se encuentran en disputa constante con el Estado chileno y cuyas identidades se manifiestan también en barrios y luchas urbanas.

Al mismo tiempo, han abundado las prácticas de solidaridad y ayuda mutua

Boca Sur no solo se encuentra segregada socioespacialmente al concentrar a una población muy pobre y estigmatizada, sino también por causa de las barreras físicas que la separan de las áreas más acomodadas del mismo municipio de San Pedro y del centro urbano de Concepción. A las dificultades por conseguir empleos y el transporte hasta los lugares de trabajo se añade la creciente presencia en el barrio de actividades de narcotráfico, en ocasiones con connivencia policial. Al mismo tiempo, han abundado las prácticas de solidaridad y ayuda mutua, lo cual es meritorio dado el contexto de carencias y adversidades en el que se desarrolla el habitar del barrio.

Ante todo, cabe señalar que el origen de Boca Sur remite a las “erradicaciones” que el gobierno dictatorial de Pinochet ejecutó en la ciudad de Concepción en la década de 1980. Los “campamentos” de autoconstrucción en los alrededores del centro urbano de Concepción se habían erigido mediante ocupaciones (“tomas de terreno”) a modo de asentamientos informales, como respuesta al terremoto de 1960 o como solución habitacional de urgencia para los inmigrantes rurales. Desde 1983 casi todos esos habitantes fueron obligados por la fuerza a desplazarse a Boca Sur, al otro lado del río Biobío, a 16 kilómetros de distancia del centro de Concepción. Las resistencias o protestas frente a esos desplazamientos eran fuertemente reprimidas por las autoridades de la dictadura. Trasladados en camiones militares y municipales, a los nuevos residentes de Boca Sur se les ofrecía una modesta vivienda con agua potable, electricidad y alcantarillado. Calles de polvo y barro, inexistente alumbrado público y un deficiente servicio de autobuses recibieron a los nuevos residentes que, en su mayoría, perdieron el mejor acceso a servicios, empleos y fuentes informales de ingresos de los que gozaban en la ciudad. Además, las áreas urbanas de las que fueron desplazados tuvieron un desarrollo inmobiliario posterior cuyo lucro jamás repercutió en sus anteriores pobladores.

Las viviendas obtenidas en Boca Sur eran pequeñas para la mayoría de las familias: dos dormitorios, cocina y baño, distribuidos en poco más de 30 metros cuadrados útiles por unidad habitacional. Pronto comenzaron a ampliar esas unidades por su cuenta, tanto en altura como ocupando los terrenos adyacentes, a veces haciendo uso de los mismos materiales rescatados de sus autoconstrucciones previas. Dada la situación de pobreza en la que se hallaban, el primer obstáculo que debieron afrontar fue pagar las cuotas mensuales de alquiler (“dividendos”) por las viviendas recibidas, partiendo, en muchos casos, de una ausencia absoluta de ingresos regulares. Otros pobladores del barrio fueron llegando por medio de programas públicos de vivienda social “subsidiada” a lo largo de las décadas posteriores, continuando con la política oficial de alojar a la población más pobre en áreas urbanas periféricas.

Las primeras luchas de los residentes de Boca Sur demandaron mejoras en el transporte público y en el abastecimiento de electricidad

La organización vecinal más prominente comenzó en 1990, año en el que retornó el régimen democrático al país (aunque bajo la sombra de una constitución reaccionaria redactada por el gobierno de Pinochet y aún vigente hoy en día, a pesar de algunas reformas menores y de los dos intentos fallidos por sustituirla con procesos constituyentes convocados tras el Estallido Social de 2019). Las primeras luchas de los residentes de Boca Sur demandaron mejoras en el transporte público y en el abastecimiento de electricidad. Las infraestructuras del barrio (pavimento, consultorio médico, escuela, sede vecinal, canchas deportivas, iluminación, etc.) mejoraron a lo largo de las últimas décadas, en gran medida fruto de las reivindicaciones y la movilización de la comunidad.

Entre las distintas formas de autoorganización presentes (sindicatos, juntas vecinales, clubes deportivos, grupos de mujeres, comités de vivienda y pavimentación, etc.) destaca el Centro Cultural Víctor Jara con más de 20 años de trayectoria, fundado en el año 1999. Con un enfoque de educación popular emancipadora, ha desarrollado iniciativas tales como una escuela popular, un grupo de memoria histórica y derechos humanos, una encuesta o “consulta popular”, murales, un huerto y un comedor gratuito (Comedor Popular Claudio Benedito, abastecido por diversas organizaciones, negocios vecinales y horticultores, a raíz de la pandemia de 2020), además de escribir libros e informes y realizar documentales.

Mediante el diagnóstico de problemas a través de una consulta popular en 2018, se identificaron varios asuntos preocupantes: el abandono estatal, la seguridad, las consecuencias derivadas de la drogadicción, necesidades de salud y la persistencia de micro-basurales. La violencia en forma de uso de armas de fuego, asesinatos y amenazas a la integridad personal, es presenciada de forma habitual en la zona, vinculada al narcotráfico y a las acciones policiales (carabineros y PDI). Como símbolo del abandono estatal se ha señalado el costoso y llamativo Centro Cívico que se construyó a la entrada del barrio y que se dejó a su suerte sin apenas uso ni mantenimiento. Las entidades sociales del barrio han solicitado poder usarlo de forma autónoma sin éxito hasta el momento, tal como me informaron.

Por su parte, la autoorganización vecinal a menudo resolvió cuestiones como la necesidad de pavimentación o de abastecimiento de agua con sus propios recursos y trabajo, sin aportaciones exteriores. Las celebraciones festivas y expresiones artísticas locales (carnaval, festival Todas las Artes Víctor Jara, etc.) también fueron habitualmente lideradas por los vecinos. En concreto, el vigente Comedor Popular reemplaza, según sus promotores, el concepto de “olla popular” heredado de las movilizaciones durante el gobierno de la Unidad Popular (1970-73), puesto que ya no solo abastecen de comida gratuita a quien más lo necesita, sino que han conseguido subsidios municipales y la creación de cinco puestos de trabajo estables vinculados a este proyecto. Por otro lado, una mayoría de la población se adscribe a organizaciones religiosas, predominando las iglesias evangélicas que, no obstante, son conocidas por sus enfoques políticamente conservadores (aunque, en contraste, la Iglesia Luterana de Boca Sur es reconocida por su contribución a formar mujeres dirigentes vecinales).

Puso en primer plano la perspectiva que hoy denominaríamos de “comunes urbanos” o “producción popular del hábitat”: democracia directa, autoorganización comunitaria, y énfasis en las dimensiones de la reproducción social y la apropiación socioespacial

Los activistas del centro Víctor Jara se alinean con el resurgimiento del “movimiento de pobladores” cuyos orígenes se remontan a la toma, defensa y reconstrucción de la Población La Victoria en la región metropolitana de Santiago en 1957, y sus posteriores expresiones en otros asentamientos en las décadas siguientes, con una fuerte alianza con partidos políticos de izquierda y el cristianismo de base (Teología de la Liberación). A partir de 1973, con la instauración de la dictadura cívico-militar, el movimiento se debilitó notablemente. Ese movimiento puso en primer plano la perspectiva que hoy en día denominaríamos de “comunes urbanos” o “producción popular del hábitat”: democracia directa, autoorganización comunitaria, ayuda mutua y énfasis en las dimensiones de la reproducción social y la apropiación socioespacial de los “campamentos”.

Aunque la resistencia a la dictadura y a los dirigentes de cada población designados por el gobierno mantuvo viva la llama clandestina del movimiento de pobladores, a partir de los primeros años de recuperación de la democracia hubo, paradójicamente, una desmovilización generalizada. No obstante, en la última década y, sobre todo, a partir del Estallido de 2019, el movimiento de pobladores se ha reconstituido en comités de vivienda (en lugar de su dependencia pasada con respecto a los partidos políticos) y en una lucha por la dignidad del habitar en las periferias urbanas.

En relación a la memoria histórica de represión y resistencias, destaca la reivindicación de los pobladores de una justa reparación de la deuda histórica de las erradicaciones forzosas. Según el Centro Cultural Víctor Jara: “Existe una deuda histórica de reparación en el territorio: El Estado, en su calidad de responsable impune de las erradicaciones violentas y forzadas en la última dictadura cívico-militar, debe reparar el daño causado a las familias trabajadoras expulsadas de la ciudad, propiciando acciones e instancias adecuadas para ello, respetando siempre la autodeterminación de la comunidad.”

En todo caso, el acontecimiento histórico más próximo y significativo fue el Estallido de 2019. En octubre de ese año, las movilizaciones que tuvieron lugar en Santiago de Chile fueron replicadas en otras poblaciones, incluyendo Concepción y Boca Sur. Vecinos y activistas de este barrio acudieron a las marchas en Concepción, instigaron cacerolazos en el barrio y cortaron la ruta 160, protesta que fue duramente reprimida por los carabineros. A partir de esos eventos se convocó la Asamblea Popular la Boca Sur del Biobío que en los meses siguientes organizó “jornadas recreativas para la infancia, cacerolazos permanentes en distintos puntos de nuestra población, marchas a Concepción, murales, navidad popular, jornadas de limpieza del borde costero (hoy convertido en un vertedero de empresas inmobiliarias), toma del municipio junto a la asamblea comunal (ante la indiferencia de las autoridades frente a la represión), marchas y ocupación del Puente Llacolén”, según la describieron activistas del centro Víctor Jara.

La actividad anti-represiva (denuncia de disparos policiales, torturas y detenciones políticas de manifestantes) también demandó muchas de las energías activistas

Las asambleas populares se coordinaron entre sí, contando con tres en el municipio de San Pedro de la Paz. En cuanto a su organización interna, en Boca Sur constituyeron comités específicos como los de salud y territorio, mujeres pobladoras y economía popular, seguridad del pueblo, educación popular y propaganda. La actividad anti-represiva (denuncia de disparos policiales, torturas y detenciones políticas de manifestantes) también demandó muchas de las energías activistas. Aunque en el caso de Boca Sur la experiencia asamblearia y reivindicativa no era nueva, el fervor de las asambleas populares declinó en el país cuando comenzó la pandemia del Covid-19 y el proceso constituyente en 2020.

Por último, la experiencia activista acumulada en Boca Sur ha llevado a algunos de sus miembros a participar en el movimiento latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, guiado por el horizonte político de la des-colonización, la des-patriarcalización y la des-mercantilización. Este barrio, pues, se alinea con otras expresiones urbanas periféricas semejantes en la medida en que comparten principios tales como “la autonomía frente al Estado y los partidos políticos, la territorialización, la reafirmación de sus culturas e identidades, formación de sus propios intelectuales que nacen al calor de las luchas, un nuevo papel de las mujeres y disidencias, preocupación por la organización del trabajo y la relación con la naturaleza, el rechazo a las formas de organización jerárquica y nuevas formas de acción y de intervención en espacios públicos”, en palabras de activistas del centro Víctor Jara.

Referencias

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Díaz-Parra, Ibán (2019) The Squatters’ and Tenants’ Movement in Buenos Aires. A Vindication of Centrality and the Self-Managed Production of Space. En Yip, N.M. et al. (eds.) Contested Cities and Urban Activism. Singapore: Palgrave, 275-296.

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Yáñez, Richard y Lazo, Roberto (2022) El otro San Pedro. Cultura viva comunitaria y organización popular en la Boca Sur del Biobío. San Pedro de la Paz:  Centro Cultural Víctor Jara.

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Zibechi, Raúl (2022) Autonomías en Wall Mapu II: Boca Sur. Desinformémonos, 14, noviembre. desinformemonos.org Página web: https://somosbocasur.cl