Desahucios
A juicio por intentar paralizar un desahucio

Joan Cogollos, con 74 años de edad y miembro de la PAH, se enfrenta a un juicio, con pena de hasta un año y medio de cárcel, por una supuesta agresión a un agente de policía local mientras intentaba paralizar un desahucio en Oliva (València). La PAH inicia una campaña de apoyo para denunciar la represión y defender la inocencia del activista, que cuenta con una larga trayectoria de lucha pacifista a sus espaldas.

pah alicante
Carteles por el derecho a la vivienda en una de las concentraciones de la PAH El Salto País Valencià

“En un desahucio ejecutado en septiembre de 2018, un policía local me acusó de utilizar la violencia hacia él”, relata Joan Cogollos, activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Safor-Valldigna. “Ahora la fiscal me pide un año y medio de prisión y el pago de una multa”, añade. Los hechos a los que hace referencia se remontan al 14 de septiembre de 2018, cuando un grupo de activistas de la PAH, entre ellos Joan Cogollos, se disponían a paralizar un desahucio en la localidad de Oliva, en València.

El objetivo era evitar que una familia con cuatro menores a su cargo, entre ellos un bebé de menos de un año, quedara en situación de calle y sin alternativa habitacional, como finalmente ocurrió sin que la familia ni los activistas pudieran evitarlo. Por estos hechos ocurridos hace casi dos años, el activista valenciano se encuentra inmerso en una causa judicial y se enfrenta a una posible condena de un año y medio de prisión, además del pago de una multa.

“No puedo autoinculparme de algo que no he hecho”, expresa Cogollos reafirmándose en su decisión de no asistir a la cita de conformidad en la que el proceso judicial le instaba a aceptar su culpabilidad con el fin de conseguir una reducción de las penas. “La citación que tenía el pasado 3 de septiembre era de conformidad con la acusación, pero yo no he hecho nada de lo que me acusan, entonces no puedo estar de acuerdo con la denuncia”, añade el activista de 74 años y con una larga trayectoria de lucha pacifista en los movimiento sociales. De hecho, Cogollos es uno de los miembros fundadores de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en la Safor, un grupo de que defiende el derecho a la vivienda a nivel local y que surgió en 2011 bajo el manto del 15M.

Según el auto judicial, el policía local interpuso una demanda contra Cogollos, y contra dos miembros de la familia desahuciada, alegando haber sufrido durante su actuación “insultos y frases amenazantes” entre las que se incluyen expresiones como “no tenéis derecho a hacer esto, no tenéis por qué estar aquí, iros a la mierda, ¡policía de mierda que hay en este país!”. A ello se suma la narración de un supuesto forcejeo en el que Cogollos, con 72 años de edad en ese momento, habría causado daños, de forma violenta, en el hombro y en el uniforme del agente municipal.

En el relato de los hechos que expresan tanto Cogollos como otros activistas que estaban presentes en ese momento, no figura ningún episodio violento como el que declara el policía

En contraposición, en el relato de los hechos que expresan tanto Cogollos como otros activistas que estaban presentes en ese momento, no figura ningún episodio violento verbal ni físico como el que declara el policía. “A las 10 de la mañana vino la comisión judicial y yo intente mediar diciendo que había menores y pidiendo que les dejaran un tiempo para buscar una alternativa habitacional”, narra Cogollos. “Al no poder establecer ninguna posibilidad de negociación”, los activistas decidieron continuar con el protocolo de la PAH para intentar paralizar el desahucio creando una cadena humana que permitiera resistir, de forma pacífica, a la ejecución.

“Hubo gritos porque ni siquiera querían dejar que la familia cogiera sus cosas de la casa”, narra el activista. “Al final cedieron y pudieron sacar unas pocas pertenencias”, añade. Ante esta situación, los 15 agentes allí presentes, ocho de la policía local y siete de la guardia civil, comenzaron a deshacer la cadena humana hasta conseguir romper el bloqueo de los activistas y cambiar la cerradura de la vivienda, ejecutando así el desahucio y dejando a la familia en situación de desprotección y de emergencia habitacional.

“Durante toda la mañana hubo un agente de la guardia civil, vestido de paisano, que grabó la actuación con cámara de vídeo. Solo tienen que hacer público ese vídeo y mostrarme cuándo actúo de forma violenta como me acusan en la denuncia”

“Durante toda la mañana hubo un agente de la guardia civil, vestido de paisano, que grabó la actuación con cámara de vídeo. Solo tienen que hacer público ese vídeo y mostrarme cuándo actúo de forma violenta como me acusan en la denuncia”, argumenta Cogollos, que además exige que sean escuchados los testimonios de todas las personas esa mañana que estaban allí.

“Desde mi punto de vista es una acusación que intenta meterme miedo para que no siga apoyando la movilización de la plataforma, pero yo no tengo miedo”, expresa. “No he hecho nada más que defender los Derechos Humanos y estoy amparado por el artículo 47 de la Constitución española en el que se especifica que todos tenemos derecho a una vivienda digna”, señala. “Voy a continuar como activista porque esa es la línea de mi vida. Hasta que tenga fuerzas y energía, no puedo ni quiero dejar de luchar”, concluye.

CAMPAÑA DE APOYO #JOTAMBÉSÓCJOAN

Ya en diciembre de 2018, más de 400 personas y colectivos mostraron su apoyo a Joan Cogollos a través de la campaña #JoTambéSócJoan, creada en coordinación con todas las PAH del País Valencià. Una campaña que se ha reactivado esta semana, cuando la plataforma hizo público un vídeo del activista en el que explica su decisión de no asistir a la citación de conformidad convocada para el pasado jueves.

“Desde el lunes por la noche, que relanzamos la campaña, llevamos cerca de 200 adhesiones, entre ellas organizaciones sindicales, colectivos, movimientos sociales y partidos políticos que han puesto sus nombres y apellidos para apoyar a Joan”, expresa Silvia Pérez, que también es activista por el derecho a la vivienda en el grupo de la PAH Safor-Valldigna. “Joan hace este vídeo porque tiene la suerte de tener muchos colectivos detrás y sabe que esto puede servir para hacer visible un problema de represión mucho más generalizado sobre los movimientos sociales”, añade Pérez.

Entre las adhesiones más recientes, figura el apoyo de colectivos y organizaciones como CGT La Safor, Intersindical Valenciana, Espai Veïnal El Cabanyal, Col·lectiu Antifeixista de La Safor, Ca Saforaui y Niu de Llavors. A nivel político, también han manifestado su disposición el Grup Municipal Més Gandia, Compromís per Gandia i Esquerra Unida del País Valencià.

“Desde la PAH València y desde todas las PAH del País Valencià damos nuestro apoyo total a Joan Cogollos y a la campaña que se ha lanzado para recoger adhesiones por su inocencia”, declara José Luis González, miembro de la plataforma en la capital valenciana. “Es palabra de PAH que si tocan a una, nos tocan a todas, es decir, que tenemos una red de más de 240 PAH en todo el Estado español y que estamos todas coordinadas”, indica Pérez. Esta red ya está en conocimiento de lo que está viviendo en este momento nuestro compañero Joan cogollos, y la campaña que se va a realizar no ha hecho más que empezar”, asegura la activista.

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#69275
6/9/2020 9:28

Que tonto, se pensaba que por ser mayor no le pasaría nada y paso la linea. La violencia no tiene edad, que pague

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Asanuma
5/9/2020 15:28

Habría que investigar todos los casos similares a éste ocurridos durante las protestas contra los recortes y contra los dasahucios porque siempre aparece un policía supuestamente agredido como testigo, un fiscal que amplía los delitos y un juez que solo hace caso al testigo de la acusación. Y si no se puede investigar sería una confirmación de que vivimos en un sistema pre-democrático.

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#69253
5/9/2020 21:37

¿No estáis siempre con el raca raca de que a las presuntas víctimas hay que creerlas siempre, que su simple palabra basta? pues hala ahora os jodéis, a tomar de vuestra propia medicina.

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