Impuesto de sucesiones
Necesitamos un impuesto sobre las grandes herencias

Entre las reformas urgentes que necesita el sistema tributario español, una de las más relevantes es la necesidad de introducir un impuesto sobre las grandes herencias. En la línea del impuesto sobre grandes fortunas y compartiendo buena parte de argumentos justificativos.

El sistema tributario español es un sistema consolidado pero insuficiente e injusto. Insuficiente porque arrastra un déficit estructural y una diferencia con la media de recaudación tributaria en la UE de más de 5 puntos del PIB. La ciudadanía española quiere un nivel de servicios y prestaciones públicas semejantes a los países europeos. Comparamos, por ejemplo, nuestro gasto en mantenimiento de vías ferroviarias con Francia, pero nuestros impuestos representan once puntos menos de proporción al PIB.

El sistema tributario es además injusto. Sobre todo, por la existencia de enormes bolsas de privilegios e inequidad que afectan fundamentalmente a las grandes empresas, a los grandes patrimonios y a la riqueza financiera. Es muy amplio el campo de actuación deseable para paliar esas desigualdades, pero me centraré en la necesidad de un impuesto sobre las grandes herencias.

Existen tres grandes índices de capacidad de pago: la renta, el gasto y la riqueza. Los dos primeros se encuentran gravados fundamentalmente por impuestos como el de la renta de las personas físicas o el Impuesto sobre el valor añadido. Pero la tributación sobre la riqueza es extremadamente baja. A pesar (o precisamente por ello), de ser el índice que muestra mayores desigualdades entre quienes más y menos tienen.

Los ultrarricos llevan décadas desplegando una ofensiva de opinión en contra de los impuestos sobre la riqueza en medios sociales y académicos. La paralela presión de su creciente influencia sobre los gobiernos ha conseguido reducir al mínimo, incluso anular, la presión tributaria sobre la riqueza.

A pesar de que la riqueza (y las diferencias con el resto de la población) de los ultrarricos no deja de crecer, a pesar de que el poder de esos ultrarricos se muestra cada vez más fuera de control y hace tambalear el propio sistema democrático, a pesar de que las herencias explican del orden del 70% de las desigualdades existentes, a pesar de que las referencias a la igualdad de oportunidades y a la relevancia del esfuerzo se han convertido en pura demagogia...

A pesar de todo ello y del hecho de que quienes pagan fundamentalmente ese impuesto son los más ricos de la sociedad, éstos han conseguido el apoyo de las más amplias capas sociales en contra del impuesto de sucesiones.

Como suele ocurrir, el engaño se consigue a base de reiterar falsedades.

Se dice que cada vez hay más renuncias por causa del impuesto de sucesiones, cuando lo cierto es que la gran mayoría de tales se deben a la existencia de deudas importantes en la herencia. Una prueba de ello es el dato de que las cifras de renuncias son semejantes en las comunidades autónomas que mantienen el impuesto respecto a las que prácticamente lo han suprimido.

Se dice que el impuesto de sucesiones te quita la vivienda de tu familia cuando existe una reducción de hasta el 95% del valor de la vivienda habitual para descendientes, ascendientes o cónyuges, con un límite máximo que, eso sí, convendría actualizar.

Además del impuesto de sucesiones, suele ser necesario pagar la plusvalía municipal (Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) al ayuntamiento. Muchas personas creen que es parte del impuesto de sucesiones, pero uno y otro tributo son absolutamente independientes.

Se dice que el impuesto de sucesiones (como el de patrimonio) supone una doble imposición porque ya se ha pagado el impuesto sobre la renta. Curiosamente no se argumenta lo mismo para, por ejemplo, el IVA, que grava el consumo y estaría en la misma situación. Todos los sistemas impositivos buscan la capacidad contributiva a través de múltiples figuras tributarias que se complementan. La riqueza es una más y, precisamente por ser la que más afecta a los más adinerados, es la única en la que se protesta por esa supuesta doble imposición.

Se dice que es injusto un impuesto así que penaliza el esfuerzo realizado a lo largo de toda la vida. La verdad, es que resulta hipócrita que un heredero alegue esfuerzo por algo que recibe totalmente “caído del cielo”.

Si nos referimos al fallecido (que difícilmente sufrirá mucho en el momento del pago de impuesto), podemos pensar lo siguiente. Por razones de progresividad del sistema, es necesario que la riqueza pague una determinada cuantía de impuestos. Ofrecemos a los contribuyentes dos posibilidades:

•  Pagar todos los años de su vida esa cuantía en un impuesto, más elevado que el actual, sobre el patrimonio.
• Reducirle el pago anterior y que el resto se cobre tras su fallecimiento.

¿Qué elegirían probablemente todos los contribuyentes? El impuesto de sucesiones puede considerarse así un aplazamiento que se concede de parte del impuesto de patrimonio. Una cuantía que debería haberse pagado en vida porque la riqueza es un muy importante signo de la capacidad de pago.

Como el impuesto está en el ámbito autonómico, es imprescindible fijar un mínimo común en todo el territorio español, de modo que se evite la fuga de ingresos de los más adinerados y la suicida competencia a la baja entre distintas comunidades.

Por ello, debe arbitrarse con urgencia un impuesto estatal sobre las grandes herencias, como se ha hecho con las grandes fortunas y con similar regulación. Con un mínimo elevado semejante, de forma que afecte a una minoría de la población. Y con una aplicación preventiva a las donaciones que intenten evitar el gravamen futuro, con un mínimo exento inferior para ellas y acumulándose para el cálculo  las efectuadas en los últimos años.

Es una condición necesaria para defender la progresividad del sistema y acercarnos un poco a la igualdad de oportunidades y a la justicia fiscal. No es la única vía, pero sí una de las más urgentes.

* Ex rector de la UNED. Coordinador de la Plataforma por la Justicia Fiscal. Miembro de la junta directiva de Economistas frente a la crisis.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor y ésta no compromete a ninguna de las organizaciones con las que colabora.