Educación concertada
Ayuso aumenta un 20% el presupuesto para la educación concertada

El proyecto de ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2022 roza la inconstitucionalidad en materia de educación. Así de firme se muestra Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza en Comisiones Obreras (CC OO) en la región, al afirmar que las cuentas presentadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso van en contra del mandato establecido en la Carta Magna que blinda el derecho a la educación en condiciones de igualdad: “Lejos de lo que dice, la presidenta aspira a un Madrid totalitario. Si dejas a cientos de niños y jóvenes sin oportunidades, lo que genera es una fractura social y democrática”, en sus propios términos.

Las cuentas presentadas por los populares para el año que entra establecen una inversión de casi 1.102 millones de euros para la Educación Pública Infantil (no obligatoria), en Primaria y Educación Especial. “Mientras tanto, para la red pública de Enseñanza Secundaria y Formación profesional, la cifra alcanza los 1.104 millones”, agregan desde la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF). Asimismo, 200 millones de euros más del erario público irán a parar a la educación concertada, que pasa de los 1.104 millones en 2019 a 1.321 en 2022. La misma organización ilustra los hechos: “En caso de que educación pública recibiera un incremento proporcional al que va a percibir la enseñanza concertada, podría suponer la bajada de ratios en todos los niveles, una reducción horaria de clases (hasta las 18 horas y las 23 horas en secundaria y primaria, respectivamente) y, por supuesto, una mejor atención al alumnado con necesidades educativas especiales”.

“Los conciertos educativos se crearon hace unos 40 años para que la privada fuera subsidiaria de la pública, pero es que ahora va a ser al revés, la pública se va a convertir en subsidiaria de la privada”

Miguel Ángel González, responsable de Educación en el CSIF para la Comunidad de Madrid, aporta el contexto: “Los conciertos educativos se crearon hace unos 40 años para que la privada fuera subsidiaria de la pública, para que la educación llegara a sitios donde no llegaba la red pública, pero es que ahora va a ser al revés, la pública se va a convertir en subsidiaria de la privada”. Desde su punto de vista, la educación concertada es la “mimada” de la Comunidad de Madrid: “Eso es un error porque la única educación que garantiza la igualdad de oportunidades es la pública; todo lo demás es pagarle a los papás el colegio de sus hijos”.

Discriminación en la educación

En la misma línea se expresa Galvín al analizar el gasto destinado a conciertos educativos, que asciende un 20%: “Esto es un signo de la privatización que, acompañado de la Ley Maestra, son una clara muestra de apoyo a un modelo educativo segregador y elitista”. Según la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC OO, “la presidenta centra su proyecto en un sistema educativo fracasado si se atiende al sentido que le da la propia Constitución y que establece que todos los niños y jóvenes tienen derecho a una educación sin discriminación”, refiriéndose a los desequilibrios entre distintas zonas de la región, cuyo factor común es la diferencia de renta.

“Aunque el Consejero de Educación ha dicho previamente que Madrid cuenta con 136.000 alumnos de Formación Profesional, los presupuestos de este año contemplan solamente 81.000 alumnos, es decir, un 60% del total”

Ella misma se refiere a la financiación que, de ser aprobados los Presupuestos, irá destinada a la Formación Profesional (FP): “Aunque el Consejero de Educación ha dicho previamente que Madrid cuenta con 136.000 alumnos de Formación Profesional, los presupuestos de este año contemplan solamente 81.000 alumnos, es decir, un 60% del total. Continúa así la estrategia privatizadora de Ayuso: crea un déficit de plazas públicas y deja espacio al crecimiento de la oferta educativa privada”. Esta falta de oportunidades es aprovechada por fondos de inversión y fondos buitre, afirma la misma Galvín, para hacer negocio con la educación, “como si este derecho se vendiera en el libre mercado”.

La sindicalista de CC OO también indica un “truco trampa” en los presupuestos destinados a educación. Es cierto que el texto establece cierto aumento del presupuesto en relación con el PIB, pero es que el propio PIB también se ha reducido. “Algo mejora, pero no todo lo que podría parecer desde un primer momento. De todas formas, aun así no llegamos al 3%, muy lejos de la media nacional del 4,5%”, cifra Galvín. Preguntada por qué pasará en el futuro, la secretaria general no duda al afirmar que “son políticas ultraliberales, muy conservadoras, en materia educativa que en los lugares en los que se han aplicado, como Chile, Gran Bretaña o algunos estados de Estados Unidos, han fracasado en materia de equidad e igualdad, y han descolgado a millones de personas de las oportunidades que les podrían brindar su futuro”, se explaya.

El rodillo de la ultraderecha

De hecho, instituciones supranacionales como el Banco Europeo y la OCDE han dado algunas orientaciones de cara a cómo afrontar la salida de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus: “Esto que hará Ayuso en la educación dista mucho de las políticas de redistribución enmarcadas en la Unión Europea para salir cohesionados de esta situación”, agrega al respecto Galvín.

“Querrán liberalizar mucho más las cuentas y ofrecer más cheques, porque así es como funcionan. La diferencia entre Vox y el PP es que los primeros se inclinan mucho más por la privada, así que pretenderán extender el cheque infantil, que eso es a lo que se refieren cuando hablan de universalizar la educación en este rango de edad”

De todas formas, se trata de unos Presupuestos que necesitarán el voto a favor de Vox a la hora de su aprobación. La sindicalista de CC OO habla sobre las consecuencias: “Querrán liberalizar mucho más las cuentas y ofrecer más cheques, porque así es como funcionan. La diferencia entre Vox y el PP es que los primeros se inclinan mucho más por la privada, así que pretenderán extender el cheque infantil, que eso es a lo que se refieren cuando hablan de universalizar la educación en este rango de edad”. Y tampoco se olvida del conservadurismo: “Esta ultraderecha no dudará en exigir el pin parental, atacando así el proyecto educativo de los centros que se sitúan en el marco constitucional y trabajan la igualdad entre personas independientemente de cualquier característica”.

Bilingüismo, religión y servicios privatizados

Sandra Villa, portavoz de la Asamblea Marea Verde de la Comunidad de Madrid, adolece de la continua falta de participación por parte de la comunidad educativa en las cuentas que atañen a la misma. “Vemos cómo más de 20 millones de euros van destinados a becas, pero mucho de ese dinero terminará en centros concertados o privados”, inicia su exposición. El aspecto de la digitalización, también abordado en las cuentas, se cifra en más de 38 millones de euros destinados a equipos informáticos: “Lo que necesitamos realmente es la bajada de ratios generalizada, y aquí no se hace mención a desdobles ni a apoyos en asignaturas como robótica”, responde la activista.

A ello se suman unos 28 millones para la extensión del bilingüismo, “un programa que no ha sido evaluado aún y que llega a suponer un problema para muchas familias que no encuentran un colegio público en su entorno que no sea bilingüe porque sus hijos necesitan otro tipo de educación”, en palabras de Villa, quien también critica la cifra superior al millón de euros destinada a religión.

Asimismo, estos presupuestos consolidarán la implementación del servicio de orientación en los centros de primaria concertados y privados. “Hasta ahora, este servicio era totalmente público y también atendía a los centros que se sitúan fuera de la red pública. De aquí en adelante, será otro servicio que privatizarán. Empiezan ahora con Primaria, e imagino que lo implementarán en todas las etapas educativas”, explica la participante de la Marea Verde.

Desde el punto de vista del colectivo que lucha por una educación pública y de calidad, estos presupuestos van en línea con la Ley Maestra: “Bajo el falso título de libertad de elección, quieren seguir potenciando la privada y concertada cuando hay sitios en Madrid cuyos centros están masificados y no se terminan a tiempo los que están por construir”, determina Villa. Galvín, por su parte, también se refiere a la Ley Maestra como un ejemplo más del argumentario neoliberal y neoconservador que abandera Ayuso: “Han redactado una norma mediante la que blinda los conciertos con los centros educativos una década, mientras en los públicos todos los años se revisan la plantilla, la oferta y la demanda. Es decir, ya puede haber estudiantes o no, que el colegio seguirá siendo concertado hasta que se cumplan los 10 años”, finaliza.