Historia
La gran provocación

El PP tiene una idea del orden público en la que aún parecen resonar las palabras del padre fundador, aquel «la calle es mía» de Manuel Fraga Iribarne. Y como cantaba por esos mismos años La Trinca, «mételes caña, porque Manolo... ¡tú eres España!». Así, entre el fantasma de la violencia y la esencia eterna de España pasan los de Núñez Feijóo sus días de campaña electoral, no vaya a ser que acaben liándola con cosas tan ordinarias como la vivienda, la enseñanza o las pensiones. Empezaron con los «cuchillos de grandes dimensiones» del alcalde Martínez Almeida al calificativo de «terroristas» dirigido por su jefa Isabel Díaz Ayuso a los acampados en la Puerta del Sol. Han terminado aprovechando los disturbios de Barcelona y Bilbao, aunque estos parecen seguir dinámicas no (solo) políticas de manera semejante a lo ocurrido en París, Milán y otras ciudades europeas. Todo sirve para cerrar la ecuación: la izquierda recurre a la violencia en la calle para no ser desalojada en las urnas.

La estrategia de acusar sin pruebas de violencia a los demás para justificar la propia es antigua. La conocían bien los escuadristas fascistas, que fueron preparando su ascenso al poder a través de una sucesión de agresiones contra el movimiento obrero y sus oponentes políticos, hasta culminar con el asesinato del diputado socialista Giacomo Matteotti. Hay agitadores que recurren a la provocación esperando que la reacción de los provocados les permita presentarse como víctimas, pues esconden sus discursos de odio bajo el derecho a la libertad de expresión. También hay gente corriente que agrede a periodistas o que, tras un desfile patriótico, acude a Sol para insultar a los allí acampados. Su virulencia parece reflejar unos agravios o un malestar profundo no solo contra el gobierno, sino contra personas que piensan, viven o visten de manera diferente y que se manifiestan por cosas tan revolucionarias como impedir que desahucien ancianas de sus casas.

Los medios suelen equiparar a unos y otros, porque ya se sabe que los extremistas son todos iguales. Para separarlos tenemos la policía. Según decía Max Weber, el Estado detenta el monopolio legítimo de la violencia, delegado por la ciudadanía con instrumentos legalmente regulados. Por ello el orden público de la dictadura franquista se transformó durante la Transición en seguridad ciudadana, aunque el proceso encontró importantes obstáculos, no fue tan pacífico como suele afirmarse y tampoco acabó con algunas maneras de ejercer esa autoridad delegada opacas para los medios de control democrático. Maneras que, en algunos aspectos, han llegado hasta hoy, cuando asistimos en todo el mundo a un creciente poder ­de la policía, a su mayor autonomía respecto al poder político y, al mismo tiempo, a su intensa politización. En la nueva ansiedad global por los temas securitarios, en muchos casos como el español no respaldada por los datos, la extrema derecha encuentra su hábitat ideal y unas afinidades electivas con las fuerzas de seguridad del Estado. Hemos visto en los últimos meses que no es lo mismo manifestarse por la enseñanza pública o por España, hacerlo en un campus universitario madrileño o en otras calles de la misma ciudad.

Hay agitadores que recurren a la provocación esperando que la reacción de los provocados les permita presentarse como víctimas, pues esconden sus discursos de odio bajo el derecho a la libertad de expresión

Obviamente las líneas que separan las expresiones de violencia son finas e interpretables, y por eso debe existir una policía profesionalizada, con mandos técnicos bien formados y una vigilancia democrática de sus actuaciones. Tenemos elementos jurídicos suficientes para distinguir qué grado de violencia supone ocupar una plaza o cortar una calle, cantar lemas ofensivos o pintarrajear un muro, quemar un contenedor o agredir a una periodista. La ley también nos permite diferenciar entre qué contenidos de una protesta algunos son susceptibles de convertirse en delito, y por qué la libertad de expresión no protege los discursos xenófobos o de odio. Es verdad que la judicatura los aplica de manera no siempre coherente con los principios constitucionales y con su propia jurisprudencia. Mientras algunas personas usan las tribunas públicas para deshumanizar a los migrantes mintiendo sobre su vinculación con la delincuencia, por ejemplo, el rapero Pablo Hasél acaba en la cárcel por «enaltecimiento del terrorismo» o «calumnias e injurias contra la Corona». Las protestas en su apoyo, al igual que otras de carácter ecologista como las llevadas a cabo por Extinction Rebellion, son consideradas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional como amenazas y delitos de terrorismo.

Las estadísticas como Eurostat o el Índice de Paz Global nos dicen que España es un país seguro, con tasas de criminalidad y violencia física muy inferiores a la media europea, por delante de Italia, Francia o el Reino Unido. Así lo perciben tres cuartas partes de los españoles, según las encuestas del CIS. No se entiende, por tanto, el interés del PP y de Vox por agitar el tema de la violencia en esta campaña electoral, ni por qué lo asocia con la inmigración irregular. Los datos del INE y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones muestran que la gran mayoría de las personas condenadas en España son de nacionalidad española (71,4% del total) y estudios como el realizado por Sánchez Barricarte, de la Universidad Carlos III de Madrid, demuestran que la delincuencia depende mucho más de otras variables como el género, la edad o el nivel económico.

En la nueva ansiedad global por los temas securitarios, en muchos casos como el español no respaldada por los datos, la extrema derecha encuentra su hábitat ideal y unas afinidades electivas con las fuerzas de seguridad del Estado

Lo que no ha dejado de crecer en los últimos años son los delitos de odio, xenófobos o causados por individuos militantes en grupos de extrema derecha. En 2025 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registraron en España 2.417 delitos e incidentes de odio, un 23,6% más que en 2024, la cifra más alta desde el inicio de la serie oficial en 2014. Los casos documentados incluyen palizas, golpes con objetos y agresiones grupales con resultado de lesiones, persecuciones, acosos y amenazas, insultos, injurias y tratos degradantes, episodios de discriminación y daños materiales. El racismo y la xenofobia constituyeron la primera motivación, con un ascenso del 16,1%, seguidos por la orientación sexual e identidad de género, y la ideología. Organizaciones como los Whiteboys en Asturias o los llamados «Ángeles de la noche» en Valencia, vinculadas a grupos neofascistas, han creado patrullas de vigilancia, pero estas acaban en «cacerías» contra colectivos vulnerables, palizas o humillaciones, como también ha ocurrido en Ceuta por parte de militares contra personas migrantes, según denuncia Amnistía Internacional.

No se entiende, por tanto, el interés del PP y de Vox por agitar el tema de la violencia en esta campaña electoral, ni por qué lo asocia con la inmigración irregular

Algunos casos de violencia con agravante de discriminación ideológica atribuidos a la extrema izquierda son bien conocidos, como el ataque contra varios militares en la localidad navarra de Berriozar en julio de este año. La mayoría de las denuncias son por escraches, acoso y amenazas con ocasión de mítines o actos de Vox o de agitadores de la extrema derecha. Un informe del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) presentado en 2024 señala que, para el periodo 2020-2021, entre los delitos que podía probarse su adscripción ideológica más del 54% estaba vinculado a la extrema derecha y el 13 % a la extrema izquierda.

La deslegitimación del adversario y el mensaje populista del miedo y la inseguridad, utilizado por las derechas globales en las redes sociales y medios de comunicación, llega a la campaña española sin dejar que la realidad estropee unos buenos titulares

A la vista de estos datos es probable que el espantajo de la violencia que tanto utilizan PP y Vox tenga más que ver con su interpretación política de las próximas elecciones. Lo dejó claro el expresidente José María Aznar el pasado 5 de octubre durante su intervención en el encuentro organizado en Sevilla bajo el título 1936: la guerra que todos perdimos. Se trata de las elecciones más importantes desde el comienzo de la Transición porque tienen un carácter prácticamente constituyente, y en el caso de que las izquierdas pudieran volver a formar gobierno es evidente, al menos para él, que el sistema constitucional, la unidad nacional y la monarquía parlamentaria «que hemos conocido hasta ahora se han terminado». Además, habrá consecuencias graves para la convivencia, «y quien piense lo contrario está muy equivocado».

De eso tratan las próximas elecciones para quien todavía no se haya enterado. Igual que en 1977, cuando Fraga calificó la legalización del PCE como un «auténtico golpe de Estado», o en 1982, cuando decía ponerse al frente de «quienes no quieren una España roja y rota». Entre las elecciones de 1993 y 1996 la oposición a Felipe González llegó «a tal extremo que en muchos momentos se rozó la estabilidad del propio Estado», en palabras del poco sospechoso Luis María Anson, por entonces director del ABC. La deslegitimación del adversario y el mensaje populista del miedo y la inseguridad, utilizado por las derechas globales en las redes sociales y medios de comunicación, llega a la campaña española sin dejar que la realidad estropee unos buenos titulares. Mientras tanto se presentan denuncias o se lanzan sospechas sobre la manipulación del censo o el voto por correo. En todo este proceso se ha puesto en marcha una inversión de responsabilidades, de manera que el provocador se presenta como víctima, una especie de victimismo de gas pimienta. La pregunta es qué harán el PP y Vox si la actual coalición de gobierno gana las elecciones del 29 de noviembre.