Venezuela
Venezuela y la mutación del imperialismo: el poder residual de la hegemonía fósil

El siglo XXI no está viviendo una transición energética, sino el agotamiento de las infraestructuras de poder del orden fósil. El relato de la transición —fin del petróleo, descarbonización inevitable, electrificación, mercados verdes— funciona como una coartada que oculta un proceso más crudo: cuando el fósil deja de operar como infraestructura de hegemonía global, no desaparece, se repliega. Ese orden nunca fue neutral: se sostuvo históricamente sobre jerarquías imperiales, zonas de sacrificio y violencia externalizada. Bajo la presión de la crisis climática, la pérdida de legitimidad política y la disputa tecnológica, reaparece en su forma residual y arcaica: como guerra y derecho de propiedad armado.

La invasión de Venezuela por Estados Unidos a comienzos de 2026, acompañada de la captura de Nicolás Maduro y del lenguaje explícito de “administrar” el país hasta una supuesta transición, debe leerse ya como algo más que un episodio excepcional de política exterior. Constituye un síntoma histórico: la mutación del imperialismo fósil como estrategia explícita de poder. Venezuela se configura en este escenario como una pieza doble: por un lado, reserva fósil estratégica invocada como último soporte de un orden energético en declive; por otro, escenario de un orden político en crisis que recurre a la guerra como principio articulador de lo político. En este contexto, la hegemonía tradicional del Norte Global —liderada por Estados Unidos— ha mutado de forma cualitativa: deja atrás un dominio tecnológico e infraestructural capaz de producir instituciones, normas y estabilidad a escala internacional, y se repliega hacia una hegemonía militarizada, coercitiva y decadente, orientada a compensar su pérdida de centralidad mediante la fuerza.

En ese contexto, el imperialismo fósil ya no opera como infraestructura capaz de producir orden global —normas, pacificación, promesas de prosperidad—, sino como una infraestructura de repliegue que solo puede sostenerse mediante coerción. Este desplazamiento no señala su final, sino su mutación: cuando la hegemonía infraestructural se agota, la guerra reaparece como lenguaje de administración. Pero el punto decisivo es otro. Ese repliegue coincide con el ascenso de nuevas arquitecturas materiales —eléctricas, industriales, logísticas— que están reescribiendo las condiciones mismas de la soberanía en el Sur Global. En ese cruce, Venezuela no funciona como “caso” ejemplar, sino como documento histórico del presente: la escena en la que un poder occidental sin futuro infraestructural intenta prolongarse por la fuerza, mientras la globalización comienza a reorganizarse como disputa por infraestructuras antes que por consenso. 

Gobernar sin hegemonía: el retorno armado del orden fósil

A la sorpresa de las primeras horas —la imagen de Maduro capturado, Caracas bombardeada, el lenguaje de la “administración provisional”— le sigue, como casi siempre, la normalización. Ruedas de prensa, comunicados jurídicos, expertos del “día después”. Es en ese pasaje, cuando la excepcionalidad comienza a volverse gestión ordinaria, donde se vuelve legible lo esencial. No estamos ante una operación destinada a corregir un desorden coyuntural, sino ante el intento de reinstalar un orden que ya no se reproduce espontáneamente. Y ese orden no es democrático, legal ni humanitario: es infraestructural, anclado en la propiedad, los flujos y el control material, evocado hoy más como restauración nostálgica de una capacidad perdida que como proyecto viable de futuro.

Cuando el imperialismo fósil muta, lo hace siempre en territorios donde ya ha ensayado sus formas de gobierno. Desde esta perspectiva, la invasión de Venezuela podría inscribirse sin dificultad en una larga serie de intervenciones estadounidenses en el Caribe y Centroamérica destinadas a disciplinar gobiernos, reorganizar soberanías y asegurar el control de territorios estratégicos. Haití, República Dominicana, Panamá: episodios distintos, una misma lógica de intervención directa en una región concebida históricamente como espacio de seguridad material y energética para Estados Unidos. Es desde ese trasfondo histórico de intervención reiterada que debe leerse el discurso que hoy acompaña la intervención en Venezuela.

La narrativa de Donald Trump —según la cual Venezuela habría “robado” petróleo e infraestructura que pertenecían legítimamente a Estados Unidos— no solo es políticamente cínica, sino históricamente falsa. La industria petrolera venezolana fue nacionalizada en 1975, bajo el gobierno socialdemócrata de Carlos Andrés Pérez, mediante un proceso plenamente compensado y en el contexto posterior a la crisis energética de 1973, décadas antes del chavismo. No hubo expropiación ilegítima de propiedad estadounidense, sino la afirmación soberana —común en el siglo XX— de que los recursos del subsuelo pertenecen al Estado que los alberga. Pero no debemos leer esta falsedad como un error o una exageración retórica. Forma parte de una operación ideológica más amplia. Al presentar la infraestructura petrolera venezolana como “americana”, Trump no describe un hecho: evoca un pasado infraestructural perdido, una época en la que la dominación fósil estadounidense se ejercía a través de concesiones, compañías y tutela directa sobre territorios formalmente soberanos.

La promesa de “arreglar” la infraestructura, de devolverla a la rentabilidad bajo control corporativo estadounidense, funciona en el relato de Trump como una fantasía de restauración: la ilusión de que el imperialismo fósil puede volver a operar como lo hacía en la segunda mitad del siglo XX

La narrativa de Trump sobre el “petróleo robado” no opera solo como falsedad histórica, sino como pieza doctrinal de una política exterior que vuelve a declarar el hemisferio como espacio de tutela. El lema “This is OUR Hemisphere” difundido desde cuentas oficiales —con la iconografía de Trump como soberano territorial— no es un exabrupto propagandístico, sino una reinscripción visual de un principio de primacía hemisférica que abandona los eufemismos liberal-humanitarios y se formula, sin maquillaje, como derecho de policía continental. En esa clave, la llamada “Donroe Doctrine” (la doctrina Monroe reescrita en clave trumpista) nombra con precisión el giro: América Latina aparece como “teatro” de rivalidad global, frontera de seguridad, corredor a controlar y reserva de activos estratégicos; no como socios soberanos en un orden normativo, sino como patio logístico de una hegemonía que ya no convence y por eso exhibe músculo. El resultado es que la falsedad sobre la propiedad del petróleo venezolano deja de ser un “error”: funciona como pedagogía imperial. Si el hemisferio es “nuestro”, entonces su infraestructura también puede ser narrada como “nuestra”, y la soberanía ajena como anomalía administrable. 

La promesa de “arreglar” la infraestructura, de devolverla a la rentabilidad bajo control corporativo estadounidense, funciona en el relato de Trump como una fantasía de restauración: la ilusión de que el imperialismo fósil puede volver a operar como lo hacía en la segunda mitad del siglo XX. En ese sentido, la intervención no se sustenta sobre una estrategia infraestructural de futuro, sino sobre su nostalgia. No se orienta a construir una nueva arquitectura energética viable en el siglo XXI, sino a resucitar una forma de dominación infraestructural que ya no puede reproducirse en sus propios términos. La guerra aparece entonces como el único medio disponible para intentar restaurar, por la fuerza, un régimen de propiedad y control que ya no puede sostenerse mediante contratos, consenso y legitimidad política.

En el declive de la hegemonía infraestructural del fósil, el dominio reaparece no como control efectivo de recursos capaz de sostener una narrativa sólida de futuro, sino en un campo de disputa en el que la apropiación de la infraestructura opera como escenificación discursiva de restauración material y como lenguaje de poder.

Ahora bien: que el gesto sea imperial no obliga a leerlo como imperialismo de recursos en su versión más literal (tomar activos para capturar rentas rápidas). Adam Tooze, en su Chartbook 423, rechaza que esa explicación baste para entender a los trumpistas: primero, porque los “activos” materiales disponibles no son un botín inmediato —el crudo venezolano es pesado, complejo y caro de recuperar en términos económicos—; segundo, porque cualquier administración heredaría un volumen masivo de pasivos financieros y obligaciones del Estado venezolano, de modo que la ecuación no se parece a una exacción rentable sino a una carga político-contable. Incluso desde una perspectiva estrictamente energética y financiera, la fantasía extractiva resulta endeble. Como señalaba The Economist citando estimaciones de Rystad Energy, harían falta más de 110.000 millones de dólares solo para devolver la producción venezolana a niveles de hace quince años, en un mercado global ya saturado y con precios por debajo del umbral de rentabilidad de la mayoría de los campos del país.

En esa lectura, lo que aparece no es tanto un programa de extracción eficiente como un estilo de poder: una suerte de cosplay imperial —lo que Adam Tooze describe, con deliberada provocación, como un “reality-TV cosplay resource imperialism”, más ruidoso que eficaz—. Pero ese cosplay no es genérico. Leído desde una perspectiva infraestructural del poder fósil, no se limita a la demostración de fuerza, sino que evoca la restauración de un orden material perdido —oleoductos, concesiones, enclaves, control territorial— que ya no puede reproducirse como proyecto viable de futuro. Precisamente por eso, en el declive de la hegemonía infraestructural del fósil, el dominio reaparece no como control efectivo de recursos capaz de sostener una narrativa sólida de futuro, sino en un campo de disputa en el que la apropiación de la infraestructura opera como escenificación discursiva de restauración material y como lenguaje de poder.

Infraestructura contra hegemonía: China y la reconfiguración del poder en el Sur Global

Si la invasión de Venezuela revela el carácter residual y coercitivo del imperialismo fósil occidental, el ascenso acelerado de China en el terreno energético muestra con igual claridad que el centro de gravedad infraestructural del siglo XXI ya se ha desplazado. En 2025, mientras Estados Unidos redoblaba su dependencia política y estratégica de los combustibles fósiles, una revolución energética de alcance global —liderada por China— avanzaba casi sin relato: despliegue masivo de energía solar y eólica, caída vertiginosa de los costes, expansión de redes eléctricas, baterías y vehículos eléctricos, y exportación de capacidades industriales a decenas de países del Sur Global. No se trata simplemente de una “transición verde”, sino de un cambio en las condiciones materiales del poder.  

El avance chino no configura una hegemonía ideológica alternativa, sino algo más decisivo: la capacidad de producir soberanía material ajena allí donde el orden fósil occidental solo ofrece sanción, deuda o coerción     

Como señalan Tim Sahay y Kate Mackenzie en su análisis sobre los BRICS en 2025, el avance chino no se basa únicamente en la exportación de productos “verdes”, sino en un desplazamiento estructural más profundo: la exportación conjunta de tecnología, ingeniería, cadenas de suministro y financiación, es decir, de las condiciones materiales que hacen posible nuevas formas de soberanía productiva. En este sentido, Winning the Oil Endgame del Rocky Mountain Institute ya anticipaba que la erosión del petróleo no dependería de su agotamiento físico, sino de su sustitución funcional mediante eficiencia, electrificación e infraestructuras capaces de volverlo prescindible. Dos décadas después, ese escenario no se ha producido por consenso ni por liderazgo occidental, sino por desplazamiento: la expansión masiva de tecnologías eléctricas subsidiadas permite a amplias regiones del Sur Global reducir su dependencia del crudo sin confrontación militar directa. Desde esta perspectiva, el problema central para Estados Unidos no es perder “recursos”, sino perder la capacidad de producir hegemonía por medios infraestructurales y consensuales, quedando reducido al despliegue coercitivo de fuerza. La intervención en Venezuela aparece así como un gesto retrospectivo: no una apuesta por el futuro, sino la dramatización violenta de un pasado fósil que ya no puede reproducirse como hegemonía.

En términos materiales, este desplazamiento ya no es una hipótesis. El informe China’s Green Leap Outward del Net Zero Industrial Policy Lab aporta una base empírica decisiva: desde 2022, empresas chinas han comprometido más de 227.000 millones de dólares en 461 proyectos de manufactura limpia en 54 países, con más del 75 % concentrados en economías del Sur Global. La escala —comparable y ya superior al Plan Marshall en dólares constantes— no remite a ayuda, sino a anclaje estructural: ecosistemas industriales duraderos de baterías, materiales críticos, hidrógeno y vehículos eléctricos, y no enclaves extractivos temporales. El mapa resultante es el de una globalización reorganizada desde la producción, donde países como Indonesia, Marruecos, Brasil o los Estados del Golfo dejan de ser proveedores de recursos para convertirse en nodos manufactureros estratégicos. En este sentido, el avance chino no configura una hegemonía ideológica alternativa, sino algo más decisivo: la capacidad de producir soberanía material ajena allí donde el orden fósil occidental solo ofrece sanción, deuda o coerción. Es en este terreno —el de las infraestructuras que habilitan o bloquean la autonomía— donde se inscriben tanto el repliegue violento de Estados Unidos en Venezuela como la mutación más amplia de la globalización en el siglo XXI.

En este escenario de reconfiguración infraestructural, no toda respuesta occidental adopta la forma abierta de la coerción. Junto al repliegue armado del orden fósil emerge un discurso que busca traducir la transición energética en una nueva gramática de poder. Es en este punto donde el ecomodernismo entra en escena, no como alternativa al imperialismo fósil, sino como su recomposición doctrinal frente a un desplazamiento infraestructural ya en curso. Como señalan Kai Heron, Alejandro Pedregal y Nemanja Lukić en For an Anti-Imperialist Ecological Modernity, esta racionalidad no concibe la crisis climática como límite histórico del capitalismo fósil, sino como oportunidad para reorganizar jerarquías globales bajo nuevas infraestructuras “verdes”. La transición deja así de ser promesa de descarbonización y se convierte en lenguaje geopolítico de seguridad: asegurar territorios estratégicos, controlar minerales críticos y disputar con China la infraestructura energética, industrial y tecnológica del siglo XXI. La ecología no desactiva el conflicto; lo reordena.

El Sur Global deja de ser periferia pasiva y se convierte en el espacio donde se decide qué forma adoptará la globalización después del colapso de las infraestructuras de poder del orden fósil

Leído desde el Sur Global, este desplazamiento no anuncia el fin del imperialismo, sino el colapso de una forma histórica específica de organizarlo. La Donroe Doctrine no inaugura una nueva globalización, sino que certifica su agotamiento: ya no hay universalismo, promesas de desarrollo e integración global, sino tutela, coerción y demostración de fuerza. Frente a ello, el avance infraestructural chino no opera principalmente como dominación territorial directa, sino como capacidad de estructurar condiciones materiales de reproducción, mientras que el orden fósil occidental se repliega sobre un pasado infraestructural que ya no puede reproducirse como horizonte de futuro. De esta manera, el siglo XXI no se organiza como una transición entre imperios, sino como una mutación del propio principio imperial: del gobierno por hegemonía normativa al gobierno por infraestructura diferencial, donde el poder ya no se ejerce integrando al Sur Global en un centro, sino distribuyendo asimétricamente capacidades para producir, circular y sostener la vida material.

Desde esta perspectiva, puede hablarse de un imperialismo post-hegemónico de infraestructuras, en el que la dominación no se funda en la adhesión ideológica ni en la promesa de desarrollo, sino en el control de los umbrales materiales que hacen posible cualquier forma de soberanía efectiva. Venezuela aparece entonces como caso límite de esta mutación: no tanto por lo que posee, sino por lo que se niega a aceptar —la conversión de su territorio en nodo subordinado de una arquitectura que ya no organiza consenso. La violencia estadounidense no señala fuerza, sino desajuste; la expansión infraestructural china no garantiza emancipación, pero sí redefine el campo de lo posible. Entre ambas, el Sur Global deja de ser periferia pasiva y se convierte en el espacio donde se decide qué forma adoptará la globalización después del colapso de las infraestructuras de poder del orden fósil: no ya un mundo postcolonial en el que globalización y occidentalización avanzaban de la mano, sino un orden post-hegemónico definido por la disputa infraestructural y la persistencia de formas asimétricas de dominación.