El Salvador
El periodismo independiente se exilia de El Salvador

Mónica Rodríguez no se imaginaba el exilio cuando cruzó la frontera salvadoreña el 23 de mayo por un punto ciego. No había pasado tanto desde la última vez que debió desplazarse por seguridad, en diciembre, cuando un grupo de policías entró en su casa al anochecer y requisó su equipo de edición y grabación. “Soy periodista, esto es inconstitucional”, les gritó entonces. Ahora se suma a la cifra de 47 periodistas que abandonan el país ante el recrudecimiento de las medidas represivas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El periodismo salvadoreño documenta hoy, en primera persona, el exilio de lo que consideran “una dictadura consolidada”.

“Es doloroso ver lo que está pasando”, reflexiona Rodríguez, “pero también te da garbo para asumir que hay que luchar”. La periodista tampoco se concibió nunca al otro lado de la grabadora, que durante años ha apuntado hacia líderes sociales, como miembro de la radio comunitaria Bálsamo. En la cafetería de uno de los barrios de la zona 4 de Ciudad de Guatemala, frente a la grabadora, ella y otros dos colegas exiliados especulan sobre el origen de la persecución. Su huida ha culminado lo que organizaciones y analistas han llamado “la escalada del mes de mayo”.

Lo que se rompió el mes de mayo

“Algo pasó esa noche, algo se rompió”, afirma Daniel, uno de los colegas periodistas con los que conversa Mónica Rodríguez en el café; “fue la primera represión frontal”. Daniel fue uno de los escasos profesionales de la información que cubrieron las protestas para frenar el desalojo de trescientas familias de la cooperativa agrícola El Bosque el 12 de mayo. Los tres están sentados en la mesa del café, en el exilio.

“A veces siento que algo se sabía”, afirma Daniel, “no sé, pero nadie más cubrió el evento aquel día”. En el café, los tres periodistas dialogan acerca de cómo avanzaron los sucesos. La preparación de las mesas. La comida. La policía acercándose a tomar café y dulces. Las mantas en el suelo. La preparación de la proyección de la película. La policía bloqueando la salida de vehículos y la entrada de autobuses públicos. Y, finalmente, la represión. “La gente confiaba en que el presidente interviniera y frenara su desalojo, con su discurso de que es todopoderoso”, narra Steve, “era tan fácil... habría podido hasta salir a abrazarlos, pero tomó otro camino”.

La imagen de la abogada Ruth López alzando una Biblia frente a la policía militarizada que la llevaba a prisión hizo tambalear el suelo del tejido organizativo salvadoreño el 18 de mayo

Las cámaras de Mónica, Daniel y Steve grabaron en vivo cómo la policía acorraló a familias, niños y ancianos contra la pared. Los forcejeos, los gritos, los intentos de llevarse a los líderes sociales. La detención del pastor evangélico y presidente de la cooperativa, José Ángel Pérez, a la que seguiría el día siguiente la de Alejandro Henríquez, su abogado. En pocos minutos, sus imágenes alcanzaron las 200.000 reproducciones. “No podíamos creer lo que estábamos viendo”, afirma Daniel, quien añade: “En el momento en el que la policía reprime una manifestación pacífica de familias campesinas, algo se ha roto”.

El Gobierno de Nayib Bukele se ha asentado, desde su toma de posesión el 1 de junio de 2019, en dos conceptos clave y estrechamente relacionados: la seguridad y la popularidad. Sus índices de apoyo ciudadano han variado, en todos los años de legislatura, entre un 80% y un 90%. Actualmente es difícil medir el índice real de popularidad. Según la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), cerca del 60% de la población teme opinar o protestar por miedo a las represalias. “Todos estos eventos retan esa idea de la maravilla del gobierno, ha perdido la narrativa”, analiza Bullock para El Salto, presidente de la ONG Cristosal, “y su reacción cuando colapsa la narrativa es la represión: es de manual de dictador”.

A Mónica, Steve y Daniel les filtraron unos días después que la policía buscaba a los periodistas que cubrieron esa noche. Reaccionaron rápido. Varias organizaciones les ayudaron a cruzar la frontera por un punto ciego, aun con el pasaporte caducado en alguno de sus casos. Los llevaron al apartamento en el que todavía se alojan Ciudad de Guatemala. “Yo creo que a partir de esa noche se desencadena todo lo que comienza con Ruth”, explica Rodríguez: “El presidente siente que ya se le está saliendo de control”.

El exilio o la cárcel

La imagen de la abogada Ruth López alzando una Biblia frente a la policía militarizada que la llevaba a prisión hizo tambalear el suelo del tejido organizativo salvadoreño el 18 de mayo. Mónica Rodríguez lo recuerda bien. “La detención de Ruth fue un mensaje para toda la población”, afirma a El Salto Noah Bullock, presidente de la organización Cristosal, donde López era jefa de la Unidad de Anticorrupción.

El exilio de Mónica Rodríguez y la detención de Ruth López forman parte de una trayectoria de creciente persecución en El Salvador. El pasado 1 de diciembre, el Congreso extendió por cuadragésimo quinta vez el estado de excepción decretado desde marzo de 2022. Una medida que ha traído consigo 89.875 detenciones, según el propio Estado salvadoreño. Los juicios masivos, de hasta 900 acusados en una misma sesión, las detenciones arbitrarias y las muertes bajo custodia —433 contabilizadas en agosto por la organización Socorro Jurídico Humanitario (CSJ)— se han convertido en norma en El Salvador. “¡Soy inocente!, ¡soy una presa política!, ¡exijo un juicio público!”, gritaba López frente a las cámaras. Su arresto ha hecho patente para las organizaciones un nuevo giro en el uso del estado de excepción: la persecución política.

“Teníamos poca confianza en poder defendernos ante una institución imparcial”, explica Bullock, “tuvimos que decidir entre el exilio y la cárcel”

“Muchos nos han preguntado que, si Cristosal no puede operar en El Salvador, ¿quién podrá? Creo que ese fue el efecto deseado”, afirma Bullock. La ONG Cristosal, conocida en el país por su vigilancia anticorrupción y su denuncia de los “abusos del Estado”, anunciaba el 17 de julio la suspensión de operaciones en suelo salvadoreño. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) la seguía el 16 de septiembre. “Teníamos poca confianza en poder defendernos ante una institución imparcial”, explica Bullock, “tuvimos que decidir entre el exilio y la cárcel”. Tras la reelección del presidente Nayib Bukele el 4 de febrero de 2024 para un segundo mandato, un hecho no permitido en la Constitución salvadoreña, todas las medidas implantadas por su gobierno sugieren la efectividad del mayor temor de las organizaciones sociales: su intención de quedarse en el poder indefinidamente sin oposición política, narrativa o social.

“Lo que dijo Ruth ese día en el tribunal fue muy potente”, dice Mónica Rodríguez en el café de Ciudad de Guatemala, “yo hasta lloré”. Los días anteriores a la detención de López y el exilio de Rodríguez son casi calcamonías. Policías que se acercan a su casa recurrentemente a hacer preguntas inocuas. Cómo se llama la calle. Si tienen agua almacenada. Si alguien ha llamado por violencia machista. De pronto, alguien ha oído que su nombre aparece en una lista negra de personas que van a ser detenidas. Y ahí llega la decisión: la cárcel o el exilio. Nayib Bukele lo resumía en X días después de la detención de Ruth López: “Los días de impunidad ya terminaron, después no digan que no se les advirtió”.

La verdad de las víctimas

No hay precedentes de esta represión o cierre de espacios cívicos desde le guerra civil en El Salvador. Al menos así lo afirma a El Salto Sergio Arauz, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). “Aprendimos de la experiencia de Mónica a estar preparados para emergencias de este tipo”, afirma Arauz, “fue el inicio de un patrón de seguimiento, vigilancia y acoso a periodistas”.

El Centro de Monitoreo de la APES ha documentado 47 salidas al exilio de periodistas salvadoreños en 2025. Desde la escalada de mayo, es incierto saber cuándo van a poder volver. Las cifras de acoso a los medios de comunicación solo son comparables a la persecución de la sociedad civil organizada.

21 personas defensoras de derechos humanos han sido “llevadas por el régimen de excepción”, según el último informe de Cristosal en abril de 2024, 16 de ellas continúan detenidas en centros penitenciarios. La Mesa por el Derecho a Defender Derechos ha registrado 533 casos de agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en 2024. Un aumento del 135,84% respecto al año anterior.

El último informe de la APES afirma que el 70% de las agresiones contra periodistas y medios de comunicación se dan por parte de las autoridades

A la persecución política y judicial se suma el ahogamiento administrativo. El presidente Bukele acusó en X a partidos políticos y ONG de manipular a las familias de la cooperativa el Bosque y anunció el lanzamiento de la llamada Ley de Agentes Extranjeros, que grava con un 30% los fondos que provengan del exterior. Así podrán financiar, según el presidente, la ayuda a las familias de la cooperativa El Bosque.

El último informe de la APES afirma que el 70% de las agresiones contra periodistas y medios de comunicación se dan por parte de las autoridades. Los nombres de organizaciones y cifras se acumulan. Son quienes han asumido esta labor de recibir denuncias y hacer un registro de las violaciones a los derechos humanos “ante la inoperancia de los mecanismos estatales de control”, tal y como afirman en el Informe EPU Alternativo, presentado por las organizaciones de sociedad civil a la ONU en julio de 2024.

“Tras la detención de Mónica, el Centro de Monitoreo de la APES recibió en un breve lapso un número de denuncias que dan a entender la existencia de un patrón”, afirma Arauz. “No es normal que policías estén visitando la casa de cinco periodistas en 48 horas, por ejemplo”, señala. En el discurso con el que inauguró su séptimo año de mandato continuo, el presidente Bukele designó a la APES como un “club” y un grupo de “delincuentes” por quienes no merecía la pena reaccionar. Un año después, afirmó en su discurso de aniversario de toma de posesión que “no le importaba que le llamaran dictador”. “No es que el presidente dijera a los periodistas exíliense, pero mandó a policías a sus casas y amagó con criminalizar casos en la Fiscalía”, expone Arauz. “Eso es quitarse la máscara y enseñar los dientes”, sentencia.

Desde la escala del mes de mayo, el periodismo salvadoreño se ha convertido en portador y declarante frente a las grabadoras, como hacen Mónica, Steve y Daniel en el café de Guatemala. En fuentes de información y narradores. Y sus voces son muchas. “Estamos en una especie de transición que no sé en qué va a acabar, pero nos va a dar muestras de periodismo de calidad desde el exilio”, expone Arauz. “Ahora nos damos a la tarea de desenmascarar la dictadura”, afirma Rodríguez. “El régimen se equivoca”, finaliza Bullock, “con la represión no se puede detener el movimiento de derechos humanos, no va a funcionar. Tarde o temprano, la verdad de las víctimas se impone”.