Elecciones generales del 28 de abril
Cuarenta años después, las personas con discapacidad ejercen su derecho al voto por primera vez
La modificación de una ley orgánica española permite que cien mil personas con discapacidad intelectual puedan votar en las elecciones, aunque todavía queda recorrido para alcanzar su plena participación en la vida política.

Es un reto histórico, y un objetivo cumplido. Actualmente, ninguna persona con discapacidad intelectual tiene vetado su derecho a voto en las elecciones españolas. “Mucha gente lo vive con mucho entusiasmo, porque es la primera vez que van a votar”, explica Antonio Hinojosa, que trabaja en el área de Accesibilidad Cognitiva y Comunicación de Plena Inclusión España. Antonio, de 35 años, tiene discapacidad intelectual, y ha podido votar siempre. Muchas otras personas, aun así, lo harán por primera vez en las elecciones de hoy, 28 de abril. El Congreso español aprobó el pasado octubre una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) impulsada por el PSOE, que permitirá votar en estos comicios a cien mil personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo.
Desde Plena Inclusión España, la confederación que agrupa a 925 entidades que trabajan en España con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, valoran positivamente estos progresos, en los que han luchado incansablemente mediante la campaña #MiVotoCuenta —del que Hinojosa es activista—, que se inició en 2011 con el objetivo de promover el derecho a voto de las personas con discapacidad intelectual, y para facilitar la comprensión del programa y proceso electoral. Se reunieron con todos los partidos políticos y también se manifestaron frente al Congreso para visibilizar su lucha.
“Queda mucho trabajo para que las personas sin discapacidad se sensibilicen. Ahora mismo vamos en buena dirección, pero todavía pasa que se eche a una discoteca o hotel a personas con Síndrome de Down”, cuenta Hinojosa
La lucha, para Antonio Hinojosa, era y sigue siendo gozar de la plena ciudadanía dentro de la sociedad. Lleva cerca de cuatro años trabajando en Plena Inclusión España, el que es su primer trabajo. “Reclamamos que nos escuchen las fuerzas políticas a nosotros. También tenemos derecho a participar en igualdad de condiciones en los mítines políticos, y que sean accesibles para todo el mundo. Que no nos discriminen en ningún derecho. Tenemos derecho a participar en cualquier cosa, igual que cualquier persona”, explica. Entre estos derechos, el que ahora han conseguido es el voto. Antonio se muestra esperanzado.
“Todavía queda mucho trabajo para que las personas sin discapacidad se sensibilicen. Ahora mismo vamos en buena dirección, pero todavía pasa que se eche a una discoteca o hotel a personas con Síndrome de Down”, cuenta Hinojosa. Sin embargo, la otra cara de la moneda son los casos de personas con discapacidad intelectual que forman parte de las listas electorales. “Tenemos un caso en Cataluña, que va participar en el número 9 de las filas de Esquerra Republicana (ERC)”. Es Sergi Moncunill, tiene 30 años y se presenta para el Baix Camp en las elecciones municipales de mayo.
Un primer paso hacia la igualdad
“Hay que darle la dimensión que tiene. Las personas con discapacidad intelectual se han pasado 40 años sin poder votar, en democracia. Es como si lo comparáramos con los 40 años que en este país la población estuvo sin poder votar porque había una dictadura”, explican desde Plena Inclusión España. Para las personas que habían perdido o no tenían derecho a voto, hasta el cambio legislativo actual recuperarlo era una odisea; tenían que someterse a preguntas complejas que parte de la población española no podría responder, como por ejemplo qué partidos políticos van más a favor de los trabajadores o de los empresarios, o sobre qué partidos son monárquicos o republicanos.De las 270.000 personas que Plena Inclusión calcula que tienen discapacidad intelectual en España, no todas estaban incapacitadas para votar —unas 100.000 en total—. “El proceso de incapacitación judicial se basa en que algunas personas con discapacidad intelectual, al cumplir los 18 años, sus tutores o padres y madres, o una juez o jueza, decidieron incapacitarlas para firmar contratos, tener una cuota bancaria, etc”. Por ello, la prohibición también les impedía poder votar, hasta ahora. En estas elecciones generales, todas las personas con discapacidad intelectual podrán votar, sin discriminaciones.
Pese a los avances logrados, esta anomalía arrastrada durante tanto tiempo requiere todavía de una serie de medidas para la plena integración del colectivo en la etapa electoral, sobre todo en cuanto a accesibilidad cognitiva. En este sentido, Plena Inclusión España ha mantenido reuniones con los partidos políticos para que adaptaran su programa electoral a la lectura fácil, utilizando palabras menos complejas o presentando frases más cortas para que sean comprensibles para toda la ciudadanía. Por ahora, Unidas Podemos, el PSOE y más recientemente Ciudadanos han incorporado las medidas en su programa. “Es un trabajo de largo recorrido, no todo el mundo tiene el mismo grado de sensibilidad. Pero sí apreciamos que ha habido un cambio desde los últimos tiempos hasta llegar a la situación actual”, explican con optimismo desde Plena Inclusión.
En la actualidad, más de 80 millones de personas con discapacidad viven en la Unión Europea. De ellas, al menos 800.000 no podrán votar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Así, España se une ahora a la lista de países de la UE que no aplica restricciones de este tipo, junto a Austria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Irlanda, Italia, Letonia, Países Bajos, Suecia y Reino Unido.
El cambio reciente en el Estado español viene propiciado por una llamada de atención en 2018 de la comisaria de Derechos Humanos de la Unión Europea a España, por no garantizar que “las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones”. Además, la película Campeones, estrenada el año pasado, también ha tenido un impacto positivo para sensibilizar a la población sobre la cuestión. Son pequeños pasos para alcanzar la igualdad de oportunidades de participación en la sociedad.
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