Empresas de telecomunicaciones
Telefónica, el arte del gobierno neoliberal

En uno de los exitosos sketches de Martes y 13, propios de las Nocheviejas en los años 80, el humorista Millán Salcedo, travestido, experimenta un prolongado orgasmo al teléfono. Cerca del final, se escucha una voz en off: “Telefónica, siempre jodiendo”. El chiste, más allá de reflejar una serie de circunstancias técnicas objetivas en aquel momento, subrayaba el poder y la influencia social de la entonces empresa estatal: Telefónica era una marca y, además, un estado de ánimo en un país que pugnaba por su modernización.

Telefónica ha dejado de ser una empresa pública, pero sigue siendo clave en la prestación de servicios públicos y, por eso, altamente influyente en la práctica de la reforma permanente del Estado. Esta firma representa como ninguna otra aquello que la socióloga Béatrice Hibou define en La burocratización del mundo en la era neoliberal (Dado Ediciones, 2020) como “un proceso de descarga, cuyo objetivo es reducir las intervenciones directas en la economía mediante programas de privatización y el desarrollo de fórmulas contractuales como las concesiones”. Según Hibou, estos pactos se remontan a factores “fuera del mercado”, como la proximidad o el conocimiento previo entre actores político-empresariales, y desembocan en una gobernanza por parte del Estado que se limita a la “gestión de las licitaciones”.

El análisis de los contratos publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) entre 2009 y 2020 y en los escasos registros de la Plataforma de Contratación del Estado desde 2011 muestran que la presencia de Telefónica en la Administración pública es sobresaliente, como puede observarse en la prestación de servicios que ofrece a ministerios como el de Educación o Sanidad, pasando por Defensa o Universidades.

Durante los 12 años posteriores al estallido de la crisis de 2008, y en pleno auge de las firmas tecnológicas de Silicon Valley, las distintas administraciones han entregado al menos 4.570 millones de euros a Telefónica a través de unos 1.800 contratos públicos recogidos en ambas plataformas. Entre estos se encuentran las contratos otorgados a uniones temporales de empresas (UTE) que Telefónica ha creado con filiales propias.

Esta cifra es sensiblemente mayor a los 293 millones que, durante el mismo periodo, ha recibido otro gigante tecnológico como Vodafone mediante 534 adjudicaciones —en su mayoría, contratos menores de servicios— o los 144 millones que han acabado en las arcas de Orange a través de apenas 158 concesiones.

Esta es una pista interesante sobre el poder que atesora la empresa si tenemos en cuenta los datos del documento Cobertura de Banda Ancha en España, publicado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. España contabilizaba un total de 43 millones de conexiones, alcanzando una cobertura de fibra FTTH para el 80,4% de los hogares en 2019. De estas, Telefónica cubría a 23,6 millones de hogares con fibra, Orange a 15,1 millones y Vodafone, a 10,4 millones.

Observamos que, bajo el disfraz de ‘modernización’ o ‘digitalización’,  se esconde la idea de aplicar en las Administraciones públicas los principios capitalistas de competencia, así como los neoliberales de externalización y subcontratación de servicios básicos. En último término, ejemplos como el de Telefónica revelan cómo se implanta la concepción financiera del control sobre las labores propias del Estado, es decir, racionalizar y racionar las decisiones presupuestarias tras el rescate de 2009.

El éxito a la hora de legitimar este poder se debe a múltiples factores: a la histórica experiencia de la empresa con las instituciones públicas —en buena medida gracias al frecuente mimetismo entre la política y los negocios—, pero sobre todo a que Telefónica ha sido capaz de conseguir una enorme hegemonía cultural sobre cómo se entienden los procesos de transformación digital en España a través de la oferta de productos de consumo. ¿Qué ciudadano podría oponerse a que el acceso a internet sea una relación comercial si gracias a esta empresa disfruta de sesiones de comedia, grandes películas o series a través de, por ejemplo, Movistar+?

Telefónica: justicia ‘prime’

El proceso de digitalización de la Administración pública muestra los primeros indicios sobre la ideología privatizadora descrita. En la presentación celebrada en julio de 2020 de la agenda España Digital 2025, un plan para invertir 140.000 millones en cinco años para la modernización del Estado, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, señaló el objetivo de que el 50% de los servicios públicos estuviera disponible en una aplicación digital. Estas declaraciones parecían una réplica de las del presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, presente en aquel evento, quien destacó que se “debe acelerar la digitalización de las Administraciones públicas, por su efecto tractor”.

Apenas un mes antes, en la presentación de una alianza entre Google Cloud y Telefónica para avanzar en la computación Mobile Edge 5G, Álvarez-Pallete también había subrayado su “compromiso social para impulsar la recuperación de la economía ayudando a las empresas, a la Administración pública y a todo tipo de organizaciones, no solo a recuperar el terreno perdido por la crisis sino también a acelerar su transformación digital y fortalecerse para el futuro”.

¿Dónde se encuentran ambos caminos? Como parte de su nueva estrategia para modernizar la Justicia española, el plan presentado por el Gobierno incluye la renovación de equipos obsoletos, la transformación digital de las salas, la renovación de sus sistemas de grabación y la implantación de sistemas de textualización de las declaraciones, entre otras innovaciones. El análisis de contratos publicados en los boletines citados refleja que buena parte de estos avances tecnológicos hayan sido suministrados por Telefónica.

En 2009, el Ministerio de Justicia contrató los servicios de telecomunicaciones de la compañía por un valor de 1 millón de euros. Cuatro años más tarde, en 2013, fueron los servicios de comunicaciones de voz y datos para el Tribunal Constitucional, por 872.000 euros. Por otro lado, Telefónica contrató con el Ministerio de Justicia una solución centralizada por hasta 250.000 euros para las comunicaciones de vídeo en 2020, cuando estalló la pandemia. Más recientemente también ha suministrado los servicios de provisión, alojamiento y operación de la plataforma tecnológica de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) —en modalidad de computación en la nube— por una cifra que ronda los 820.000 euros, de acuerdo con los datos de la Plataforma de Contratación Pública. Además, otro contrato ha otorgado a Telefónica la gestión de los servicios relacionados con las telecomunicaciones de la AEPD por 165.770 euros. De hecho, la gestión de red y la seguridad y el alojamiento de los sistemas y de los servicios electrónicos de la agencia se han externalizado a la rama de clouding de Telefónica por una cantidad que asciende a 679.000 euros.

El nivel al que ha llegado esta externalización puede comprobarse en la adjudicación que esta agencia ha concedido a Telefónica de servicios de consultoría para la elaboración de un estudio sobre las implicaciones en la privacidad de las soluciones IoT (Internet of Things, o Internet de las cosas) por valor de 150.000 euros. La agencia encargada de proteger los datos de los ciudadanos ha contratado a una empresa que comercializa los datos de los usuarios, diseñando servicios digitales que después vende a otras compañías, lo cual le reportará cerca de 2.000 millones de euros de ingresos adicionales en 2022 gracias a las más de 2,6 millones de líneas IoT que posee, según una nota de prensa de la propia compañía.

Entre los miembros del Consejo Asesor para la digitalización de la Justicia se encontraban César Alierta, presidente de la Fundación Telefónica y expresidente de la compañía, y Chema Alonso, encargado de la estrategia de Big Data, Publicidad y Cuarta Plataforma de la misma entidad

Un miembro de la patronal francesa expresaba en una entrevista radiofónica con France Culture en 2010 que “cuanto más se desregula, más se burocratiza”. Este proceso de burocratización empresarial puede entenderse mejor si tenemos en cuenta que, entre los miembros del Consejo Asesor para la digitalización de la Justicia, creado en 2017 de la mano del exministro Rafael Catalá, se encontraban César Alierta —presidente de la Fundación Telefónica y expresidente de la compañía— y Chema Alonso —encargado de la estrategia de Big Data, Publicidad y Cuarta Plataforma de la misma entidad—. Entre otros miembros del consejo encargado de monitorizar la correcta digitalización de la Administración pública destacan César Cernuda —presidente de Microsoft Latinoamérica y vicepresidente corporativo de Microsoft— o Bernardo Hernández —emprendedor que ha desarrollado su carrera en Google, Flickr, Yahoo o Tuenti—.

En este punto de la exposición comenzamos a encontrar los nexos con la seguridad del Estado, siendo la ciberseguridad una cuestión fundamental a la hora de garantizar la justicia en el mundo digital. Y más aún desde que, en 2017, se registraron ataques informáticos para bloquear el acceso a Lexnet, el método telemático para intercambiar información de casos entre juzgados, abogados, procuradores y otros colectivos. Si bien Telefónica, proveedora del servicio de internet de Lexnet, intervino para bloquear dichos ataques, la dependencia estatal de capitalistas privados para garantizar la seguridad de sus ciudadanos en detrimento de los burócratas tradicionales queda de manifiesto. Esto quiere decir que la moderna burocracia no es liberal en el sentido estricto del término, sino neoliberal, pues es una empresa privada quien garantiza el cumplimiento de un derecho civil, no el Estado. A continuación, un ejemplo más específico.

Seguridad nacional as a service en Telefónica

En esta última vuelta de tuerca tecnológica al neoliberalismo deben entenderse los más de cien contratos que la empresa ha firmado con el Ministerio de Defensa en la última década. Entre ellos destaca el apoyo técnico-logístico que necesitan las Fuerzas Armadas para operar, en particular el componente CIS del SMCM (en castellano, el apartado informático del Sistema de Mando y Control Militar). Para dichos fines, Defensa ha entregado 10,5 millones de euros en un único contrato a la empresa en 2013, otros 9,5 millones en 2015, casi 5 millones en 2017 y cerca de 6 millones en 2018, en forma de dos contratos que también contemplaban el respaldo de fibra óptica para los emplazamientos militares. Puede afirmarse que la seguridad nacional en la era digital es un servicio premium de Telefónica al que el Estado está suscrito.

En esta dirección, uno de los lazos más importantes entre Telefónica y el Ejército tiene que ver con el blindaje de sus comunicaciones. Según la exministra de Defensa del Partido Popular María Dolores de Cospedal, dicho ámbito es crucial a la hora de protegerse frente al espionaje ruso. El pánico moral inducido hacia la injerencia rusa propició que se aprobara, en 2018, un Plan Estratégico (PECIS) con un periodo de ejecución de seis años (2019-2024) para dotar al ministerio, a los Ejércitos y a la Armada de las más modernas tecnologías mediante el desembolso de 395 millones de euros. Defensa encargó a Telefónica hace apenas tres años el desarrollo de la parte principal de la llamada Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D), que facilita a todas las unidades de las Fuerzas Armadas (buques, bases, aviones, helicópteros, blindados o vehículos) acceso a los recursos digitales necesarios para garantizar la seguridad del Estado español.

De los casi 309 millones de euros que se han presupuestado hasta el momento para dichos fines en 110 licitaciones, Telefónica acumula 96 millones en tan solo varios acuerdos marco millonarios. Esto quiere decir que casi un tercio de los fondos destinados a lo que el exministro conservador de Defensa Pedro Morenés denominó una “infraestructura crítica” para el siglo XXI recaen en la antigua empresa pública.

Los servicios de ciberseguridad de organismos públicos han demostrado ser rentables para Telefónica, que facturó casi 400 millones en 2018. La expresidenta andaluza Susana Díaz llegó a reivindicar en su día la apuesta de Telefónica por “exportar ciberseguridad”. En realidad, esta “apuesta” es una inversión a largo plazo: mejora su posición en la competencia por el mercado digital y ata cabos con los diferentes gobiernos a fin de asegurarse de que no regulan (o rompen) su modelo de negocio. De momento, gracias a esta empresa, las Fuerzas y Agencias de Seguridad Nacional han conseguido poner coto a un tipo de fraude de correo electrónico diseñado para robar las identidades de las personas. Esto es, los servicios de inteligencia nacional comienzan a depender de esta empresa para operar de manera eficiente.

Las redes burocráticas entre el Estado y las empresas se entrelazan y se fortalecen día a día. Recientemente, el presidente de Telefónica inauguró la primera reunión del Security and Cybersecurity Advisory Council, un organismo cuyo objetivo es “reforzar la estrategia de seguridad digital y completa de la empresa”, junto a Javier Solana, antiguo secretario general de la OTAN, y Mike Rogers, exmiembro del Comité de Inteligencia del Congreso de los Estados Unidos. Todo ello, organizado por el grupo de ciberseguridad de la European Roundtable for Industry (ERT), uno de los lobbies empresariales más grandes de Bruselas. La ideología difundida en estos eventos ha calado en los círculos del Gobierno más cercanos al sector empresarial. Según publicó el diario La Información, la ministra de Economía, Nadia Calviño, contratará a Telefónica para reforzar la red inteligente que utiliza el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) con el objetivo de combatir los ciberataques, tanto los que se dirigen hacia empresas como a particulares.

Para entender el significado de estas reformas neoliberales cabe recordar que Telefónica corresponde al apoyo de la contratación gubernamental con su pública aquiescencia para que el gobierno logre convertir la ciudad de León en la sede del Centro Europeo de Ciberseguridad. De la mano de su presidente, José María Álvarez-Pallete, la compañía presentó un plan al Gobierno para convertir España en la capital digital de Europa. “Un pacto digital en el que Telefónica se compromete a participar activamente para impulsar la digitalización completa de España y para ayudar a la reconstrucción económica”. Más allá de los adornos retóricos de la nota de prensa de la compañía —la cual apareció como noticia en la mayoría de medios nacionales—, la intención de la empresa es colocar al país en los circuitos internacionales, no porque simpatice con la patria, sino porque trata de atraer clientes hacia un mercado, el de la ciberseguridad, que ahora le reporta casi 500 millones de euros anuales. El Gobierno de Sánchez, por su lado, se granjea unos cuantos apoyos de las élites para continuar manteniendo el poder político.

Esta gerencia solo se diferencia de la administración empresarial franquista en que Telefónica ahora es privada y tiene un rol central en el mercado internacional de servicios digitales

Esta simbiosis gerencial solo se diferencia de la administración empresarial franquista en que Telefónica ahora es privada y tiene un rol central en el mercado internacional de servicios digitales. Al igual que antaño, las relaciones comerciales con Estados Unidos resultan cruciales. De ahí la preeminencia de las grandes empresas tecnológicas internacionales —especialmente de Silicon Valley— en las relaciones con los Estados, lo que las convierten en poderosos intermediarios para que estos últimos adopten importantes decisiones en relación con la economía o los servicios públicos. Un ejemplo de ello es el caso de ElevenPaths, la compañía de ciberseguridad de Telefónica, que ha anunciado una colaboración estratégica con Chronicle —que forma parte de Google Cloud—, con el objetivo de brindar servicios de análisis de seguridad en Europa y América Latina.

ElevenPaths, integrada en Telefónica Tech, también prestará servicios de seguridad en Azure y Microsoft 365. Además, Jeff Bezos le ha dado la oportunidad de hacer de consultora de clientes que necesiten proteger sus entornos en Amazon Web Service. Dicho de otro modo: el capitalismo necesita de toda una burocracia gubernamental implicada en llevar a cabo reformas y políticas públicas que favorezcan los intercambios comerciales entre Telefónica y el conglomerado tecnológico estadounidense.

“Lo que es problemático es que un porcentaje muy alto de la infraestructura de telecomunicaciones esté en manos de Telefónica”, afirma a El Salto la profesora de la Universidad de Oregón Gabriela Martínez. De acuerdo a su opinión, “la importancia de mantener relaciones y negocios con el Estado, incluso cuando pasa a ser una compañía privada” explica que “el Estado no solo ayude a proteger esta industria, sino que también sea uno de los clientes más importantes y permita las alianzas con compañías de otros rubros para operar de manera diversificada sin mayor competencia”.

Además, Martínez alerta del hecho de que “la acumulación de poder infraestructural de Telefónica”, relacionada con el poder del Estado a lo largo de casi cien años, “contribuya a construir y extender sus redes y servicios a lo largo y ancho de España”. “En otros países donde ingresó hace 30 o 35 años, Telefónica ha ido ganando concesiones de cada uno de los Estados; concesiones que incluían la infraestructura existente para que Telefónica hiciera mejoras y cambios a favor de desarrollar y ampliar los mercados nacionales”, alerta la autora del libro Latin American Telecommunications: Telefónica’s Conquest (Lexington Books, 2008).

Telefónica y la educación, ¿apps privadas o financiación pública?

De esta forma, gracias al trampolín tecnológico de Silicon Valley, facilitado a su vez por sus íntimas conexiones con el Estado, la firma española se ha convertido en un gigante del que muchas empresas y ciudadanos dependen para disfrutar de buena parte de sus derechos en la era digital. Y no solo eso: también para acceder a servicios clave derivados del pacto social keynesiano-fordista, como la educación y la sanidad.

En marzo de 2015, la empresa pública Red.es —en estos momentos adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital—, anunció la creación de un convenio marco “para la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles”. Conocido como programa Escuelas Conectadas, el proyecto se apoyaba en los Planes y Agendas digitales aprobados por el Gobierno durante los años anteriores, y fue presentado en Moncloa por el propio Mariano Rajoy, que por aquellas fechas encaraba los últimos meses de su primera legislatura.

Para su puesta en marcha, el programa recibió una dotación de 330 millones de dinero público, provenientes en parte del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El principal objetivo de la iniciativa, según la propia página web de Red.es, era “extender y consolidar el uso de la Tecnología en el Sistema Educativo Español”, al tiempo que establecía unos beneficiarios potenciales que ascendían a 6,5 millones de alumnos —el 80% de los matriculados en toda España— y más de 16.500 centros no universitarios. Debemos entender estos programas de conexión a internet como una externalización incipiente de la gestión de la infraestructura digital de un colegio o universidad.

Para marzo de 2017, Telefónica ya se había hecho con tres contratos vinculados al desarrollo de este proyecto en La Rioja (4,8 millones), Andalucía (48,46 millones) y Canarias (12,64 millones). En total, casi 66 millones de euros destinados a “la instalación de una red inalámbrica y un servicio de banda ancha ultrarrápida para los centros docentes no universitarios de primaria y secundaria obligatoria [...] sostenidos con fondos públicos”, explica la web.

El programa Escuelas Conectadas no ha sido el único elemento vinculado al sistema educativo en el que Telefónica ha logrado importantes contratos de Red.es. También financiados con fondos de la UE aparecen dos contratos adjudicados a Telefónica por Red.es en diciembre de 2018 para el suministro de conectividad a internet en centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha (26,68 millones) e Islas Baleares (5,63 millones).

Otro de los ejemplos más notables es una adjudicación a Telefónica de 95 millones de euros en 2009 para la instalación de infraestructuras —fibra óptica, equipamiento de transmisión, etc.— en “la nueva red de comunicaciones para las universidades y centros de investigación españoles”. Pero esta no ha sido más que una de las 34 adjudicaciones a la compañía para el proyecto RedIRIS, la primera plataforma universitaria para desarrollar servicios digitales autónomos.

RedIRIS fue creada en la misma época en la que se privatizó Telefónica y, según ha explicado Álvaro Lorite en El Salto, supone un reflejo de cómo se ha abandonado la única iniciativa de estas características en España y se han externalizado buena parte de los servicios a la empresa de telecomunicaciones. Para hacerse una idea de hasta qué punto es así, baste recordar que de los 141 millones de euros adjudicados por RedIRIS —a través de la entidad pública empresarial Red.es—, el 80% de ellos (119 millones) fueron a parar a las manos de la conocida empresa.

Otros contratos aparecidos en el BOE y vinculados con el sistema educativo tienen que ver con la interconexión “de un conjunto de sedes académicas, tecnológicas y de investigación en Castilla y León” —3,38 millones en julio de 2014—, o el suministro de sistemas tecnológicos para centros docentes de Extremadura —206.000 euros financiados por la UE en enero de 2020—. A esto se suman más de cien millones que desde las universidades se han licitado con Telefónica desde 2009. De acuerdo a cálculos similares publicados por Nicolás Ribas en El Salto con datos del BOE, en los casi siete años de Mariano Rajoy al frente del gobierno se adjudicaron contratos por valor de 60,7 millones de euros a la compañía; frente a los 26,7 millones de euros que adjudicó el gobierno de Zapatero en sus tres últimos años. A este respecto, el podio lo alcanza la Universidad de Castilla-La Mancha, quien ha firmado 15 contratos por un valor de 26 millones —uno de ellos representa un tercio de dicha cantidad—.

Telefónica, aunque también Orange y Vodafone, ha trabajado con la empresa china Huawei para paliar la brecha educativa provocada por la Covid-19, tratando de ser la empresa que más se beneficia de la digitalización de la educación. En este sentido, el campus 42 Alicante —sin clases ni profesores— que la Fundación Telefónica ha abierto en esta ciudad revela los planes que esta empresa tiene para suministrar, en forma de servicio, las políticas sociales. Esta es la ideología misma que profesa Silicon Valley, cuyas empresas se benefician enormemente de que las escuelas hayan sido conectadas a internet, pues les permite desplegar todo tipo de servicios educativos y extraer datos de los alumnos y profesores españoles.

Sin duda, la educación es uno de los sectores públicos donde mejor se puede apreciar la creación de nuevos mercados de las grandes compañías transnacionales que hoy encabezan el capitalismo digital. Al fin y al cabo, Telefónica solo trata de ofrecer soluciones digitales a los problemas heredados de la política social franquista.

Telefónica sobre la sanidad pública española: ¿quién es esa persona?

Evidentemente, la pandemia también ha servido de acicate para la externalización de los servicios de la sanidad pública, como lo demuestra la proliferación de contratos entre las empresas de telecomunicación y los gobiernos para vigilar la propagación del coronavirus y ofrecer sus herramientas de big data para analizar la evolución de la enfermedad. En este sentido, aunque Indra merecería un apartado propio, puede afirmarse que cuando la situación de excepción epidémica termine, el pago a Telefónica para acceder a los datos de salud de los usuarios se convertirá en la norma.

De momento, su unidad de inteligencia artificial Luca, junto a otras telecos, cobrarán medio millón de euros por ceder dichos datos anonimizados al Instituto Nacional de Estadística (INE). La contratación de asuntos críticos para el sector público lleva décadas fraguándose. De hecho, Telefónica ha ganado algunos contratos procedentes de instituciones como el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para asegurar el cumplimiento de las medidas de alejamiento en materia de violencia de género.

La Secretaría de Estado de Igualdad concedió 14 millones de euros a la empresa de telecomunicaciones en 2011 y casi 13 millones en 2018. Una imagen más general muestra casi 43 millones en 12 años para asistencia telefónica o mantenimiento de las plataformas tecnológicas de salud del Estado.

En este momento, Telefónica consolida su negocio en materia sanitaria invirtiendo de manera directa, o indirecta a través de sus centros de emprendimiento, en una docena de startups especializadas en salud. Algunos ejemplos son Radiocorp, que ofrece servicios de salud a clínicas pequeñas y medianas, o LOLA, la primera aplicación que convierte un reloj inteligente en un compañero capaz de proporcionar asistencia sanitaria y de emergencia continua. Esta empresa también se ha aliado con actores de otros sectores para mantener su rentabilidad y expulsar a los competidores. Telefónica firmó un acuerdo en 2019 con la cuarta farmacéutica más grande del mundo, Novartis, con el objetivo de crear un programa de emprendimiento global llamado Health Hub.

Estos acuerdos suelen terminar adquiriendo una dimensión pública. Gracias a la relación que Telefónica tiene con la empresa farmacéutica Merck Sharp & Dohme para ofrecer más fondos de financiación a empresas de salud digital en el Reino Unido, el programa, que lleva como lema “Velocity Health”, se ha diseñado con el objetivo único de cumplir con los desafíos de atención médica que enfrenta la National Health Service (NHS, el sistema de salud público británico). En España, no solo el Ministerio de Sanidad ha formalizado 20 contratos con Telefónica y sus filiales por más de 42,2 millones de euros entre 2009 y 2020, sino que Telefónica ha firmado un acuerdo con GE Healthcare para “impulsar la innovación y la transformación digital en la sanidad española”. Esto hará posible que una de las empresas más poderosas de España y una de las multinacionales que más peso tienen en la sanidad privada estadounidense puedan ofrecer de manera directa a los hospitales públicos soluciones tecnológicas privadas para aplicar la inteligencia artificial al diagnóstico, la imagen médica y el big data, replicando sobre lo público el control tecnológico que ya ejercen sobre lo privado.

Uno de los resultados de la digitalización de la Administración pública es que Telefónica se convierta en la intermediaria entre el Estado y la nube, es decir, que los pocos fondos destinados a salud en España consoliden las ganancias de los accionistas de la empresa. Esta tendencia puede observarse en la alianza entre Quirónsalud y Telefónica para digitalizar más de un millón de muestras procedentes de los distintos centros que gestiona el Grupo Quirón.

La estrategia sería la siguiente: primero se infrafinancian los sectores públicos; a continuación se entrega su gestión a grupos privados, y en el futuro todos los servicios de salud modernos dejan de ser gratuitos. Estamos hablando de una cadena de hospitales privados que solo entre 2018 y 2020 ha recibido 10 millones de euros en contratos de la Administración para ofrecer distintos servicios de salud a los empleados públicos, desde reconocimientos médicos en la Comunidad de Madrid o llevar la medicina del trabajo de los centros educativos no universitarios, hasta la vigilancia de la salud y otras actuaciones preventivas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Si los burócratas del sector sanitario contratan a proveedores privados para disfrutar de la salud preventiva, ¿cómo esperar que los ciudadanos disfruten en el futuro de servicios públicos de prevención de enfermedades a través de técnicas como el machine learning?

Desde luego, no hace falta especular sobre el futuro. Telefónica España lanzó en enero su servicio de telemedicina Movistar Salud de la mano del gigante estadounidense del sector Teladoc. Los cerca de 30.000 clientes en este segmento, “clave en el ámbito de los nuevos negocios”, deberán pagar 20 euros al mes para recibir un servicio de salud sin colas ni esperas. Sobre estas lógicas propias del thatcherismo, y definidas de manera crítica desde la academia como new public management, Hibou señala que constituyen “la transformación de los servicios públicos en servicios al público”, y por consiguiente, naturalizan “una visión mercantilizada, tecnificada y formalizada de la política”.

Telefónica: El significante vacío de las ‘smart cities’

Cada vez más, quienes tienen los datos sobre la salud de los ciudadanos son las corporaciones. Otro ejemplo: el Hospital Quirónsalud Málaga y Telefónica han presentado el primer sistema de asistencia experta para las intervenciones médicas con integración de datos gracias a la tecnología Customer Provider Equipment (CPE) 5G de Huawei. Este esfuerzo debe interpretarse también a partir de las iniciativas de Ciudades Inteligentes (Smart Cities) de la compañía liderada por Álvarez-Pallete, a través de las cuales se corre el riesgo de hacer dependientes a las entidades públicas de las infraestructuras de una empresa privada, en este caso penetrando aún más en la capilaridad de la organización territorial a través de las urbes españolas y las administraciones comunitarias o locales. De hecho, hasta que saltó a la palestra mediática la guerra de Estados Unidos con China en forma de sanciones y bloqueos comerciales, Telefónica mantenía una amplia relación con Huawei para reforzar la conectividad en las metrópolis mediante el 5G.

Como presumía en 2014, “Telefónica convierte a España en el país europeo con más ciudades inteligentes”. La empresa ha contribuido a digitalizar el puerto de mercancías de Sevilla; el tráfico, el alumbrado exterior y el teléfono 010 de atención al ciudadano en Logroño; ha logrado la primera adjudicación en España para crear una plataforma Smart City en Valencia; y también ha desarrollado servicios de aparcamiento inteligente, monitorización medioambiental, realidad aumentada, medición inteligente y monitorización de la intensidad del tráfico en Santander.

En la documentación realizada para esta investigación pueden encontrarse una veintena de adjudicaciones por valor de 22,6 millones de euros para distintos menesteres. Las primeras datan de 2015, cuando la Comunidad Autónoma de Galicia y el Ministerio de Fomento concedieron a Telefónica 1,7 millones para la asistencia técnica y contratación del servicio de I+D+i del proyecto Smart Viport, una iniciativa que por el momento solo ha desembocado en proyectos para incrementar la vigilancia ciudadana. Por ejemplo, Orange y Vodafone ensayarán en el puerto de Vigo la identificación facial con tecnología 5G.

Al mismo tiempo, a través de Red.es, destacan los contratos que Telefónica ha canalizado entre 2017 y 2019 para el desarrollo de la iniciativa “MiMurcia Tu Ayuntamiento Inteligente, Cercano, Abierto e Innovador” (3,8 millones), “Alba Smart” para los Ayuntamientos de Almendralejo y Badajoz (1,3 millones), “Sevilla Smart Accesibility Tourist and Events” (876.000 euros), “Toledo Ciudad Inteligente” (549.000 euros) y a su vez “Smartdpeñas”, en Valdepeñas (524.000 euros).

Si bien las estimaciones de las consultoras varían, todas concluyen que el crecimiento de este mercado se disparará, adquiriendo un valor cercano a varios miles de millones de euros en los próximos años. Esto quiere decir que firmas tecnológicas como Telefónica serán capaces de mercantilizar de manera inteligente los servicios municipales españoles.

Telefónica es, siguiendo una analogía de la filosofía benjaminiana, el muñeco en la sombra que guía los movimientos políticos del Gobierno español en el tablero de la digitalización. Desde luego, no sería la primera vez que un alto directivo empresarial ejerce virtualmente de ministro, trazando las líneas a seguir en una determinada materia. En la etapa dictatorial, esto sucedía con determinados grandes capitanes de la industria adeptos al régimen, como fue el caso de José María Oriol Urquijo, requeté y exalcalde de Bilbao que se encargó, al frente de Hidroeléctrica Española —actualmente, Iberdrola—, de gestionar la instalación de postes eléctricos por toda la Península, y que, en el seno de la patronal eléctrica Unesa, fue decisivo en la política industrial española.

La hazaña de Álvarez-Pallete es hacer pasar como modernas estas relaciones propias del franquismo mediante apelaciones utópicas a la digitalización de la Administración pública. ¿Acaso ello no anticipa una distopía por la cual políticas de asistencia social se convierten en subscripciones prime a empresas privadas?

Una histórica relación con las instituciones públicas

La firma de telecomunicaciones fue fundada en 1924 con el impulso de un extraño coronel norteamericano (S. Behn), una compañía hasta el momento fantasma (International Telephone & Telegraph, ITT) y un capital social en el que la oligarquía española suscribió acciones preferentes. La Compañía Nacional Telefónica de España, presidida por el banquero Estanislao Urquijo Ussía, tercer marqués de Urquijo, había constituido durante décadas lo que algunos economistas denominaron un monopolio natural difícilmente separable del Estado. En sus primeros años, el general Miguel Primo de Rivera llegó a sentarse en su consejo de administración, y su hijo, un joven abogado llamado José Antonio, comenzó su carrera profesional en la asesoría jurídica de la prometedora compañía que había logrado unificar las formas de comunicación a través de teléfono en el atrasado Estado español.

Adoración Álvaro Moya, profesora de Economía del Colegio Universitario De Estudios Financieros, explica a esta revista que ITT, y S. Behn en particular, tenía una muy buena relación con los embajadores estadounidenses en España. También con personas clave, como Primo de Rivera, Eugenio Barroso —en Presidencia— o, a través del coronel Tafur, con Pedro Pérez Sánchez —jefe de sección en la dirección general de Correos y Telégrafos—. “Gracias a ello, y sus contactos entre ingenieros y abogados españoles, ITT pudo obtener información clave para presentar una propuesta atractiva al concurso, e interlocutores en la administración.”

La crítica fundamental de Indalencio Prieto y otros en aquella época es que un sector clave como son las telecomunicaciones del país queda en manos de una multinacional extranjera. “Hay que tener en cuenta que ITT no solo controlaba como operadora el sector telefónico en régimen de monopolio, también el tipo de equipos que se instalan, pues eran fabricados por su otra filial Standard Eléctrica,” apunta Álvaro Moya. Telefónica se integró en el grupo ITT y eso permitió desarrollar capacidades clave para su desarrollo posterior. “Cuando ITT consiguió el monopolio, España no contaba con los recursos económicos ni tecnológicos para crear una red telefónica integrada. Si no se hubiera dado el contrato el ITT, se habría concedido a alguna otra de las multinacionales que pugnaban por él, como la sueca Ericsson. En España había pequeñas redes locales, había un germen, pero no parece que con la capacidad suficiente como para lograr la integración de la red en tan poco tiempo”.

Han transcurrido muchos hechos desde las primeras fábricas y los primeros préstamos, cuando los promotores de la monarquía tuvieron que movilizar todos los cables posibles para conseguir capital extranjero, hasta la exitosa impronta cultural de un sello como Movistar+ en la actualidad: una controvertida nacionalización, una guerra civil y, muchas décadas después, una progresiva venta de los activos estatales. Entretanto, las averías retumbaban en la sociedad española como muestra de la importancia de la compañía. En 1988, su presidente, Luis Solana Madariaga —hermano del exministro de Exteriores y exsecretario general de la OTAN, Javier Solana—, llegaría a afirmar que “la perfección no existe, e incluso es un poco fascista”, para justificar el deficiente funcionamiento de la red que había inspirado a Martes y Trece. Su sucesor en la presidencia, Cándido Velázquez, declaró a su llegada que el servicio era “un desastre”. No obstante, algo ha debido cambiar si incluso personajes como Solana siguen adscritos a la compañía en su división de nuevas tecnologías, Wayra Investigación y Desarrollo, Telefónica Innovation Ventures.

El sociólogo C. Wright Mills afirmaba en su famoso ensayo La élite del poder (Fondo de Cultura Económica, 2013) que numerosas empresas terminan por acogerse a una suerte de ‘ley del riesgo decreciente’ en su desarrollo económico e industrial. Conforme aumentan de tamaño y funciones, la probabilidad de quiebra se suprime por la creciente intervención y apoyo estatal, lo que minimiza la incertidumbre a la que una empresa privada está, por definición, abocada. La histórica e íntima relación de Telefónica con el Estado español han hecho de esta una entidad profundamente estratégica e influyente en multitud de decisiones estatales.

No se trata de una exageración, y las redes entre la empresa y el Estado son más que evidentes. La privatización de Telefónica fue culminada por José María Aznar en 1998 —el último gobierno socialista había planteado la venta total de la empresa para 1996—, bajo la presidencia del controvertido Juan Villalonga, compañero de clase del presidente Aznar en el colegio madrileño de El Pilar y sobrino nieto del fundador del Banco Central y CEPSA, Ignacio Villalonga. Después sería César Alierta, hijo de un expresidente franquista del Real Zaragoza y anexo al clan aznarista de ‘Renta 4’ —Manuel Pizarro y Jaime Caruana—, el que encararía la carrera de la compañía para constituirse en campeona nacional. El desenlace parecía escrito: las familias de siempre encabezaron la irónica liberalización.

Telefónica era ya privada, y su conexión estatal, innegable: desde los exministros Eduardo Zaplana, Narcis Serra, Rodrigo Rato y Trinidad Jiménez, pasando por altos dirigentes como Alfredo Timmermans (PP), Javier de Paz (PSOE), o las cónyuges de diversos exministros como Javier González Navarro —cuyo hermano José Luis figura también en el organigrama—, de dirigentes socialistas como Eduardo Madina, la exalcaldesa de Pamplona Yolanda Barcina o un exrepresentante de la monarquía parlamentaria como el impoluto Iñaki Urdangarín. Entre los altos funcionarios, unos pocos ejemplos: los abogados del Estado Pablo Isla —actual presidente de Inditex—, Iván Rosa —esposo de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría—, o la consejera independiente actual, Maria Luisa García Blanco, han sido altos directivos de la compañía o trabajan todavía para ella.