Ley Montoro
Una primera (e insuficiente) victoria

A estas alturas a casi nadie se le escapa que hay un combate político prioritario: el que mantienen nuestros ayuntamientos (muy especialmente los ayuntamientos del cambio) contra Montoro. Un combate que se ha recrudecido y hasta ahora ha infringido duros golpes a los ayuntamientos con importantes costes políticos, como la imposición y aceptación del PEF a Madrid. Este enfrentamiento, como casi siempre en los combates importantes, se centra en una cuestión económica imbricada en la capacidad de autonomía: ¿hasta dónde pueden gastar libremente los ayuntamientos? ¿Qué se ha de priorizar, el pago de una deuda ilegítima o el servicios y el bienestar de la ciudadanía? ¿Quién debe autorizar estos gastos?

No olvidemos que la administración local es clave por varios motivos: es la institución más cercana a la ciudadanía y la que permite un control más directo y cercano por parte de los gobernados; es la primera en atender la demanda ciudadana; son las instituciones que más han sufrido la crisis al tiempo que han sido también las que más rápidamente han saneado sus cuentas (5.000 millones de euros de superávit en 2017).

El frente contra Montoro ha ido adquiriendo poco a poco aliados: a lo que primero fue el movimiento contra la deuda ilegítima se añadieron los ayuntamientos del cambio, y finalmente, conscientes de que estamos a las puertas de una nueva cita electoral, también la FEMP, los ayuntamientos del PSOE e, incluso, algunos ayuntamientos del PP. Estos últimos, PP y PSOE, en clara táctica electoralista, se han visto obligados a demandar mayor capacidad de gasto e inversión, o muchos de los ayuntamientos que gobiernan cambiarán de manos.

PP y PSOE, en clara táctica electoralista, se han visto obligados a demandar mayor capacidad de gasto e inversión, o muchos de los ayuntamientos que gobiernan cambiarán de manos

Pues bien, parece que este frente ampliado contra Montoro ha logrado, al menos, un cambio de tendencia. Una victoria pírrica, débil, insuficiente. Pero una victoria al fin y al cabo (y estábamos faltos de ellas últimamente): desde el ministerio han aceptado ampliar el catálogo disponible para las IFS; si bien está por publicarse el real decreto que las regule (previsiblementes de forma conjunta con la prórroga de los PGE). Las IFS, las Inversiones Financieramente Sostenibles, son hasta la fecha el único mecanismo por el que un ayuntamiento puede gastar parte de su superávit en algo que no sea amortizar deuda.

Estas IFS están muy limitadas (la mayoría son obras que podemos considerar menores), deben suponer un ahorro (o no aumentar el coste) y su ejecución está supeditada a la aprobación del Ministerio de Hacienda. Eso supone que el Ministerio puede aprobar una IFS concreta para el ayuntamiento de Málaga (que, avatares del destino, está gobernado por el PP) al mismo tiempo que se le deniega al Ayuntamiento de Madrid. Además parte del superávit debe ir destinado a amortizar aún más deuda; no pudiéndose olvidar que computan en los cálculos de estabilidad presupuestaria y puede ser el origen de una incursión en déficit.

El problema es que del resto de dificultades de los ayuntamientos todavía no ha dicho nada nadie: ni de la injusta regla de gasto, ni de la insuficiente financiación local, ni de la reposición de personal funcionario de la administración local, la compensación por las conocidas como plusvalías… Es decir, todavía falta muchísimo por hacer, luchar y cambiar.

El problema es que del resto de dificultades de los ayuntamientos todavía no ha dicho nada nadie

¿Es esto una mala noticia? No. Decíamos antes que es una victoria, insuficiente, sí, pero una victoria. Una previsible victoria que nos debe permitir seguir apretando y peleando por recuperar, mejorar y aumentar la autonomía e independencia de nuestras ciudades, acercar su gestión a la ciudadanía y facilitar la vida de la gente. 

Debe servir no para contentarse, sino para que, especialmente, los ayuntamientos del cambio puedan ahondar en las mejoras de sus ciudades, intentan mantener los gobiernos alcanzados y seguir planteando la pelea, ahora sí, contra un modelo que ataca directamente la democracia y autonomía local. 

*Ernesto Rodríguez Guerrero, miembro de PACD Sevilla y miembro de la Red municipalista contra la Deuda y los Recortes.
Cristian Gracia Palomo, politólogo y miembro de la Red municipalista contra la Deuda y los Recortes.
Jose Ramón Páez, asesor Ayuntamiento de Cádiz y miembro de la Red municipalista contra la Deuda y los Recortes.