Opinión
Transición energética: avanzar sí, pero no a costa del territorio

España corre hacia la descarbonización con una velocidad inédita. Surgen macroplantas fotovoltaicas que ocupan miles de hectáreas, grandes sistemas de almacenamiento empiezan a expandirse sobre suelos agrícolas, y nuevas líneas de evacuación atraviesan comarcas enteras. Todo urgente. Todo necesario. Todo “por el clima”.

Pero una pregunta incómoda emerge en municipios de toda la Península: ¿Puede la transición energética generar impactos irreversibles si no se planifica con criterios territoriales, ecológicos y sociales?

Vivimos una paradoja inquietante. Mientras Europa protege suelos fértiles, restaura ecosistemas y renaturaliza ciudades, aquí aumenta la presión para ocupar campos vivos, corredores ecológicos y espacios urbanos esenciales con proyectos que a menudo llegan antes que la planificación, antes que la ciencia y, en demasiados casos, antes que la ciudadanía.

Estamos ante una disyuntiva histórica: acelerar sí, pero no a cualquier precio. Transformar sí, pero sin destruir lo que nos protege del propio cambio climático

El riesgo es claro: repetir los errores del urbanismo expansivo, pero envueltos en un discurso verde. La transición energética no puede convertirse en un pelotazo verde ni avanzar sin gestión territorial, análisis de alternativas o una apuesta real por la agrivoltaica y la descentralización. No hay transición sostenible si el territorio vuelve a ser “lo barato donde todo cabe”

El caso de Son Bonet

Son Bonet es un ejemplo pequeño que contiene un problema mayor. Un aeródromo nacido de expropiaciones forzosas (muchas durante la Guerra Civil), que arrebató a Marratxí parte de su territorio y fracturó comunidades enteras. Familias desplazadas, pérdida de arraigo, miedo... Un impacto histórico del que todavía queda memoria en el municipio.

Como compensación social, desde hace más de 40 años unas 12,5 hectáreas se han consolidado como corredor verde de acceso libre: un espacio donde miles de personas caminan, corren, pasean a sus perros, aprenden a montar en bicicleta o participan en actividades de voluntariado ambiental, reforestación y custodia del territorio.

Esto no es un rechazo a las renovables. Es una exigencia de planificación inteligente, criterio científico y justicia territorial 

Algunos lo llaman “descampado”, pero es infraestructura climática esencial: suelo vivo que infiltra agua en un municipio cada vez más impermeable; vegetación que mitiga calor y captura CO₂; un reservorio de biodiversidad urbana sorprendentemente resiliente; bienestar comunitario que reduce estrés, sedentarismo y soledad; un espacio que mejora la salud física y mental para miles de vecinos. Un pulmón pequeño en tamaño, gigantesco en valor.

Frente a ello, AENA (empresa con un 51% de capital público, por tanto, dependiente del Gobierno de España) plantea una macroplanta fotovoltaica “de autoconsumo” en el recinto aeroportuario. Y la pregunta vuelve con fuerza: ¿Debe instalarse sacrificando uno de los pocos espacios verdes que aún prestan servicios ecosistémicos esenciales a miles de ciudadanos? ¿Estamos realmente construyendo una transición energética o simplemente repitiendo el viejo patrón de ocupar primero lo más barato, lo más fácil y lo más vulnerable, aunque sea lo más valioso?

El debate no es local. Es el mismo que viven Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura o Andalucía. El mapa energético avanza más rápido que el mapa ecológico.

Esto no es un rechazo a las renovables. Es una exigencia de planificación inteligente, criterio científico y justicia territorial. 

La memoria y el territorio

El caso de Son Bonet revela algo más profundo. Habla de cómo un país gestiona la memoria, el territorio y la justicia. ¿Qué nos dice de nuestra cultura política que un espacio nacido de expropiaciones forzosas vuelva a considerarse “disponible” sin una conversación social honesta, sin mirar qué heridas reabre y qué valor ha construido durante décadas de uso comunitario?

¿Qué sentido tiene llamar “autoconsumo” a una instalación que produciría cientos de veces más energía de la que necesita el aeródromo, vertiendo casi toda su generación a la red, contradiciendo incluso su propio Plan Director? ¿Dónde queda el principio de proporcionalidad?

Y hay otra cuestión desde mi punto de vista clave: ¿qué validez tiene un Estudio de Impacto Ambiental que solo calcula el CO₂ evitado, pero no incorpora el CO₂ emitido, embebido o destruido durante el proceso? Sin contabilizar la fabricación de los paneles, el transporte, la pérdida del sumidero natural del suelo, la desaparición de la vegetación, la subida de temperaturas locales (que incrementan la demanda energética) o la pérdida de suelo fértil (que obliga a importar más alimentos), la contabilidad climática deja de ser rigurosa.

Cada hectárea fértil perdida reduce nuestra capacidad de alimentarnos, adaptarnos y ser resilientes, y España no puede permitirse debilitar sus suelos vivos en plena crisis climática y geopolítica

Tampoco debería evaluarse el impacto climático sin considerar la evapotranspiración y la alteración del ciclo del agua, el balance radiativo, el albedo, la isla térmica fotovoltaica o la biodiversidad urbana, factores documentados por la ciencia y que determinan la resiliencia de un territorio.

Surge entonces la pregunta de fondo: ¿qué clase de transición energética estamos construyendo si no es capaz de proteger ni el territorio, ni la historia, ni la salud, ni la convivencia de quienes ya lo habitan? ¿Puede un país defender la justicia territorial si los impactos siempre recaen en los mismos lugares mientras los beneficios se concentran en otros?

¿Cómo encaja este modelo con los compromisos europeos —Green Deal, Estrategia de Suelos, Biodiversidad 2030, Adaptación Climática— que exigen priorizar suelos degradados y proteger espacios verdes urbanos? Si Europa marca el camino, ¿por qué España permite proyectos que lo contradicen?

Hacia una transición energética coherente y justa

Si queremos evitar una fractura social y ambiental y hacer una transición energética sólida, se deben cumplir tres principios. El primero es priorizar suelos ya degradados o antropizados: polígonos industriales, cubiertas públicas, carreteras, aparcamientos... El segundo es proteger los espacios verdes urbanos que sostienen la salud y la adaptación climática. Por último, hay que evaluar todos los impactos reales, no solo el CO₂ evitado (suelo, paisaje, biodiversidad, hidrología y riesgo de inundación, contaminación lumínica y acústica, movilidad, estructura social, memoria histórica, soberanía alimentaria, salud pública…).

Cada hectárea fértil perdida reduce nuestra capacidad de alimentarnos, adaptarnos y ser resilientes, y España no puede permitirse debilitar sus suelos vivos en plena crisis climática y geopolítica. La seguridad energética sin seguridad alimentaria es un espejismo.

¿Qué clase de transición energética estamos construyendo si no es capaz de proteger ni el territorio, ni la historia, ni la salud, ni la convivencia de quienes ya lo habitan?

Estamos ante una disyuntiva histórica: acelerar sí, pero no a cualquier precio. Transformar sí, pero sin destruir lo que nos protege del propio cambio climático.

La emergencia no puede convertirse en excusa para comprometer el territorio que necesitamos para sobrevivir. España necesita renovables. Pero también necesita criterio, ciencia, planificación territorial, memoria y un respeto profundo por el suelo vivo, ese aliado silencioso que regula el clima, secuestra carbono, sostiene la biodiversidad, alimenta comunidades y da identidad a un lugar.

Si la transición energética arrasa los ecosistemas que permiten la adaptación, deja de ser transición para convertirse en una sustitución empobrecedora.

Son Bonet lo demuestra. El futuro dependerá de si aprendemos de estos conflictos… o si los repetimos. Son Bonet es una oportunidad para demostrar que España puede hacer una transición energética sin repetir el viejo hábito de ocupar primero lo más fácil, aunque sea lo más valioso.