Energías renovables
Valle de Esgueva: macroproyectos renovables que amenazan la España vaciada

20 de julio: han ardido más de 122.000 hectáreas de suelo forestal, algo menos del doble de la superficie que ardió en 2021, 88.000 hectáreas. El investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y activista ecologista Fernando Valladares sale en la televisión diciendo que este verano será, posiblemente, “el más fresco en lo que nos queda de vida”. Las redes se llenan de mensajes negacionistas, colapsistas y memes producidos en su mayoría por quienes habitamos las grandes ciudades, lejos de los focos. Aunque cada verano parece que nos pilla por sorpresa y en estos meses se reabre el debate en torno al reforzamiento de los equipos de prevención y extinción, desde 2006 arden de media casi 100.000 hectáreas cada año.

“En el diálogo entre el fuego y el paisaje se encuentran muchas claves del tipo de incendios al que nos enfrentamos”, señalaba en una entrevista Cristina Montiel, catedrática de Análisis Geográfico en la Universidad Complutense de Madrid y una de las mayores expertas en incendios. Este año, su equipo de investigación presentaba una herramienta para prevenir incendios forestales que permite identificar los lugares con más riesgo. Tanto este informe como otros de Greenpeace o WWF coinciden en que las causas principales son la despoblación y la emergencia climática. En un reciente artículo, Montiel señala que el éxodo rural masivo de los 50 y los 60 hizo desaparecer el escudo de protección contra los incendios: la presencia humana y la organización social.

Las grandes ciudades ejercen su poderosa gravedad y no solo absorben la población de estas zonas del medio rural vaciado. Desde sus oficinas se planifican los usos del terreno que permitan extraer la energía y los recursos de estos territorios, que se quedan sin defensas humanas contra casi cualquier amenaza.

Este es el caso del Valle de Esgueva, que atraviesa las provincias de Valladolid, Palencia y Burgos. Allí las vecinas del municipio de Renedo se organizaron para frenar el primero de varios, un proyecto que pretendía ocupar 90 hectáreas con placas fotovoltaicas junto a sus casas y urbanizaciones. “Eso sería matar al Valle, llenándolo de espejos negros y tendidos eléctricos”, afirma Helena Sánchez-Reyes Mas, abogada especializada en urbanismo, vecina de Renedo y recientemente vocal de la Asociación Defensa Valle Esgueva (ADVE).

“Estuvo a punto de realizarse, pero lo paramos en un fin de semana recogiendo más de 1.000 firmas entre las 3.000 vecinas que habitan Renedo. No les quedó más remedio que frenarlo”

Organización puerta a puerta

La asociación consiguió paralizar dos de los 15 proyectos de energías renovables que pretenden instalarse en el territorio. A través de una Iniciativa Popular Municipal, apoyada por más de un tercio de la población de Renedo, consiguieron que el pleno del Ayuntamiento rechazara por unanimidad el proyecto, en marzo de 2022. “Estuvo a punto de realizarse, pero lo paramos en un fin de semana recogiendo más de 1.000 firmas entre las 3.000 vecinas que habitan Renedo. No les quedó más remedio que frenarlo”, afirma Elena Fraile del Río, presidenta de ADVE.

La empresa Inver Generación 14 pretendía construir dos instalaciones fotovoltaicas, Hornillos 1 y 2, que ocuparían casi 90 hectáreas del territorio. Para Fernando Arminio Iglesias, tesorero de la ADVE, “conseguir firmas fue muy fácil porque era obvio que afectaba directamente al pueblo, una hectárea es casi un campo de fútbol”.

Entre las consecuencias, la ADVE alegó que este proyecto provocaría el aislamiento de la urbanización Puerta de Casasola del resto del municipio de Renedo, creando un muro entre ambas zonas. Además, el terreno afectado es considerado suelo rústico común, con protección natural y con protección cultural, lo que le convierte en “una zona valiosa para la calidad y la identidad del paisaje”, según las Directrices de Ordenación del Territorio de Valladolid.

“Nos conocimos luchando contra esa empresa. No pensábamos que hubiera más y a raíz de parar estas dos plantaciones nos encontramos con que había proyectos para otras zonas del valle. Tenemos claro que la empresa tratará de impugnarlo y esto llegará a los juzgados”, asegura Fraile del Río. “Se ha perdido la participación de la gente, hemos dejado a los políticos solos, que hagan lo que les da la gana”, añade Arminio Iglesias.

Más allá de las infraestructuras, el Valle de Esgueva es una zona con alto valor medioambiental por su avifauna singular. Así, el proyecto paralizado habría sido un obstáculo para la protección de una pareja de águila imperial, una especie en peligro de extinción que habita en la zona. De hecho, no es difícil ser testigo de la resistencia en el territorio de estas dos vecinas volando sobre un paisaje de paneles solares.

Varias vecinas de Renedo coinciden en que el origen de la sospecha sobre estos proyectos surgió a raíz de la aparición de un perfil anónimo en redes sociales que alertaba contra estos proyectos. “Yo empecé a ver publicaciones de este perfil en un grupo de gestión de temas de nuestra urbanización. Algo después, unas compañeras que estaban recogiendo firmas contra las placas llamaron a mi puerta. Como soy abogada me dio curiosidad. A estas vecinas les dije que manifestar un desacuerdo, jurídicamente, no tenía validez, que había otros mecanismos”, cuenta Sánchez-Reyes Mas. “Empecé a mirar y me asusté. Encontré que había planificadas hasta 600 hectáreas en los alrededores de Renedo”, añade.

“Renovables sí, pero no así”

Estas instalaciones persiguen la creación de varios macroproyectos de más de 1.000 hectáreas en una zona ya castigada por la despoblación, de una Castilla que forma parte de la España vaciada. Estas empresas “implican una invasión del territorio brutal” porque “no son inocuas, afectan a la biodiversidad y al terreno, son incompatibles con la plantación de árboles y va hacer el territorio más inhóspito”, según Fraile del Río. De hecho, numerosos estudios sostienen que la regeneración de nuestros ecosistemas es una de las alternativas para luchar contra el cambio climático.

“Renovables sí, pero no así”, dice el eslogan de la ADVE, que utilizan para defender que la importancia de combatir la emergencia climática es prioritaria, aunque se cuestionan el cómo. Las plantas “no repercuten en beneficio ni en trabajo” para la población porque el mantenimiento lo realizan las empresas. Esto está provocando la expulsión de una población tradicionalmente agrícola, que termina desplazándose a las urbes, fomentando la desprotección de estos paisajes ante la amenaza del fuego. Además, se están generando tensiones entre las vecinas ante la subida del precio de los alquileres de las tierras para las agricultoras.

Cada megavatio de energía solar necesita unas dos hectáreas y por cada molino hay una afección directa de 32 hectáreas. “Tenemos claro que estamos en un momento de emergencia climática en el que hay que abandonar las energías fósiles y transitar hacia las energías limpias, somos conscientes y no lo cuestionamos. Pero tiene que haber una planificación. Buscamos un modelo menos masivo y más distribuido, que dé servicio a los pueblos donde se implanta y que ayude al reequilibrio territorial”, afirma Fraile del Río. “Se está optando por un modelo de imposición macro, igual que con las macrogranjas o macroexplotaciones agrarias. Son modelos que no son sostenibles en el tiempo ni aquí ni en el resto de España”, continúa.

En 2021 Castilla y León generó más del doble de energía de la que consume. Toda la energía que produce de más va a comunidades como Madrid, que no llega a producir un 4% de su consumo

Martina es propietaria de algunas casas rurales en Villafuerte de Esgueva y se muestra suspicaz respecto a los futuros impactos de las explotaciones energéticas en el escaso turismo de la zona, pero reconoce la dimensión de la crisis climática y la necesidad de buscar alternativas energéticas: “Que hay que hacer algo está claro, pero cualquier solución tiene que estar en consonancia con el medio ambiente y no destruir lo que ya tenemos”.

Según los datos de Red Eléctrica, en 2021 Castilla y León generó más del doble de energía de la que consume, de la cual casi el 90% proviene de fuentes renovables. Toda la energía que produce de más va a través de la Red Eléctrica a comunidades como Madrid, que no llega a producir un 4% de su consumo. “Comentan que en el norte de Europa necesitan energía porque tienen mucha más industria. Pero la energía que producimos aquí, para que llegue allí podría tener hasta un 40% de pérdida energética para llegar hasta esas zonas. Esto no lo paga el consumidor final, lo pagamos quienes tenemos las plantas aquí, porque a esa energía no se le pone precio, se asume la pérdida”, señala la abogada.

JP Morgan, un banco de inversión a la caza de suelo barato 

Estas zonas son comúnmente llamadas zonas de sacrificio. “No nos parece mal sacrificarnos, pero al menos que nos dejen decidirlo conscientemente”, apunta Fraile del Río. El proceso de implantación de estos grandes parques energéticos tiene varias fases y no todas ellas engloban a la misma empresa. En primer lugar estas empresas seleccionan áreas y hablan con los propietarios. Desde la Asociación relatan a El Salto que en muchas ocasiones, las empresas subcontratan este servicio a otras para que elaboren informes de viabilidad e impacto.

Actualmente hay ejecutado un proyecto de la empresa IMEnergy, Augria Solar, y otro llamado Trading Outside, que cubren 178 hectáreas de territorio. En tramitación hay otros proyectos, como el de El Parador para 225 hectáreas; Renedo I, para casi 95 hectáreas o Renedo GZ, para otras 90 hectáreas. Los movimientos vecinales han conseguido parar los proyectos de Hornillos 1 y 2, que cubren cerca de 90 hectáreas; el de Olmos, de aproximadamente 200, y el parque eólico de Ibercerrato 1, que proyectaba 80 aerogeneradores. El goteo sigue y hay varios en estudio de viabilidad, como las 600 hectáreas sobre las que planea la empresa Progressum.

A pesar de que las empresas planifican decenas o centenares de hectáreas, fragmentan los proyectos de menos de 50 megavatios para que la autorización no vaya al Ministerio de Transición Ecológica

A pesar de que las empresas planifican decenas o centenares de hectáreas, fragmentan los proyectos de menos de 50 megavatios para que la autorización no vaya al Ministerio de Transición Ecológica y se pueda gestionar a través de las autonomías. Todos los proyectos de distintas empresas se pueden concentrar en una fotografía de muchas plantas pequeñas unas junto a otras. Las empresas envían a una persona a negociar precontratos con los dueños de los terrenos en los que les ofrecen hasta diez veces —más de 2.000 euros— el valor de lo que supone una renta agrícola, que se sitúa en torno a los 200 euros. Por esto, desde la ADVE hablan también de competencia desleal hacia el sector agrícola y subida artificial del valor del suelo, que es uno de los más bajos en España. “Cuando acudí a la primera reunión en el Ayuntamiento y nos dijeron que ellos no tenían competencias para pararlo, yo sabía que no era así, alucinaba con las respuestas”, cuenta Sánchez-Reyes Mas.

La clave está en el uso excepcional de suelo rústico que autorizan desde los ayuntamientos, ya que la generación de energía se considera un uso industrial. Las personas encargadas de las negociaciones presionan a los propietarios alegando que al tratarse de un uso estratégico como es la energía, pueden expropiarlas. “Las empresas promotoras de proyectos de renovables pueden expropiar terrenos, es un medio de presión habitual, también la usan para construir las servidumbres de las líneas de evacuación”, aclara la abogada y hace referencia a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura que ha anulado la declaración de utilidad pública de una planta, porque la empresa utilizó la vía expropiatoria para conseguir más barato el terreno a pesar de que había llegado previamente a un acuerdo con el propietario. Enterarse de cada vez que sale un nuevo proyecto a exposición pública y realizar el proceso de alegaciones es un trabajo difícil y costoso. Desde la ADVE coinciden en que haber encontrado a una abogada como Sánchez-Reyes Mas ha sido determinante.

El hilo no acaba aquí. Si seguimos tirando damos con el banco de inversión que en 2018 consolidó el liderazgo fotovoltaico en la península ibérica con una desembolso de casi 500 millones de euros: JP Morgan. A través del grupo de renovables de quien es el mayor inversor, Sonnedix, este fondo está comprando varias de las explotaciones energéticas a lo largo de todo el país y el Valle de Esgueva no es una excepción. 

Una de las propietarias de varias hectáreas de terreno en el Valle accede a hablar con El Salto a cambio de mantener el anonimato y cuenta que les localizaron sin que ellos hubiesen dado ninguna información. “Nos ofrecieron un arrendamiento altísimo, pero decidimos consultarlo antes con abogados porque nadie da duros a pesetas y nos extraña mucho. Por muy poco más podrían comprarnos el terreno en vez de alquilarlo y eso nos chirría”, narra.

“Se están eliminando partes de zonas de cultivo, que podrían ser esenciales para una posible crisis alimentaria”

El Salto ha conseguido ponerse en contacto con una extrabajadora de estas empresas, que también ha solicitado mantener el anonimato, y cuenta que dejó la empresa porque “no estaba de acuerdo con cómo se estaban haciendo las cosas”. “Se intenta buscar la mejor alternativa a través de las negociaciones pero el problema está en cómo se está planificando. Se están eliminando partes de zonas de cultivo, que podrían ser esenciales para una posible crisis alimentaria”, relata.

Identidad y defensa del territorio

“El valle es un territorio en el que tenemos mucho desapego a nuestro paisaje y a nuestros ecosistemas. Ponemos poco en valor nuestra tierra y ese es otro motivo por el que vienen aquí estos proyectos. Esgueva es un símbolo de lo que es mi tierra”, cuenta Sánchez-Reyes Mas. También Fraile del Río critica que “Castilla es una zona olvidada para todo el Estado español” y añora lugares como Galicia, donde la gente es “más territorial y quiere conservar su patrimonio natural”. “¿Quién va a venir aquí a ver todo lleno de fotovoltaicas?”, comenta Juan Carlos Calderón, otro vecino de la zona. 

El Valle de Esgueva está perdiendo los quejigos y los almendros, también pierde la artesanía tradicional y las fábricas de queso, mientras paneles solares vacían la zona y se colocan como cristales en medio de un paisaje amarillo, donde todavía se refleja una pareja de águila imperial. Incluso los negocios que son rentables, como el bar que hay junto a la piscina pública del municipio de Piña de Esgueva están abandonados. “Son rentables, pero no viene nadie que quiera venir a cogerlo y llevarlo”, lamenta José María García Gómez, teniente alcalde de la localidad que apoya el movimiento. “Nosotros no estamos en contra de las renovables, pero en la naturaleza todo tiene que estar en su justa medida y equilibrio”, matiza. 

En mitad del valle sobresale una antigua fachada, lo último que queda de un antiguo asentamiento visigodo. “Es como si estuviésemos viendo nuestro futuro, si todo sigue así, vamos a acabar desapareciendo como ese asentamiento”, señala un vecino en el camino.

Al quebrarse las relaciones con la tierra también se quiebran las relaciones comunitarias y es cuando se produce la pérdida de identidad de un territorio. Esta es la distopía del rural que sueña con la gran fábrica de esa sociedad monolítica propia de una fotografía urbana, centros económicos sonorizados por las bocinas de los coches y las máquinas tragaperras que se alimentan con la energía extraída del medio rural.

En plena crisis ecológica mundial perviven reductos de resistencias, como los que protagonizan mujeres como Fraile del Río y Sánchez-Reyes Mas, recurriendo a una serie de estrategias de lucha que parten de la cooperación y el apoyo mutuo entre los vecinos para la defensa de las comunidades del valle.