Estados Unidos
Donald Trump pone el ojo en el movimiento propalestino en las universidades estadounidenses

El arresto el viernes 14 de marzo de Leqaa Kordia, una estudiante palestina en Columbia, es una muestra más de la ofensiva que el Ejecutivo de Trump está poniendo en marcha en contra del movimiento propalestino en Estados Unidos. Acusada de quedarse en el país más tiempo de lo que su visado de estudiante le permite, el arresto de Kordia, que se había manifestado anteriormente contra la guerra en Gaza, se suma al de Mahmoud Khalil, también estudiante en Columbia y una de las caras más visibles de las protestas propalestinas en dicha universidad durante la primavera de 2024.

Estas detenciones son la represión más visible de una operación a gran escala por parte del Gobierno de Trump

A diferencia de Leqaa Kordia, Mahmoud Khalil, que fue arrestado el pasado 8 de marzo y trasladado a un centro penitenciario de Louisiana de manera temporal y sin aviso previo, es titular de una Green Card, con lo cual tiene el estatus de residente permanente. En el caso de Kordia, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha asegurado que el visado de la estudiante había caducado en 2022 y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha iniciado los trámites para su deportación.

Silenciar el movimiento propalestino en Estados Unidos

Estas detenciones son la represión más visible de una operación a gran escala por parte del Gobierno de Trump que tiene como objetivo silenciar el movimiento propalestino en los campus univeristarios estadounidenses y limitar la libertad de expresión de todas aquellas personas críticas con la guerra en Gaza.

En el caso de la Universidad de Columbia, donde hace unos meses se vivieron protestas masivas a favor de Palestina, la administración Trump no solo ha retirado una financiación de unos 400 millones de dólares con la alegación de que desde el campus se fomenta el antisemitismo y se apoya a Hamás, sino que han ordenado redadas de agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional en varias residencias universitarias del campus. Si bien en estas actuaciones no se saldaron ni con arrestos ni con detenciones, desde la Universidad se muestran preocupados por la deriva que está tomando la situación.

“Entiendo la enorme presión que sufre nuestra comunidad. A pesar de los desafíos sin precedentes, la Universidad de Columbia seguirá siendo un lugar donde la búsqueda del conocimiento se valora y se protege con fervor, donde el estado de derecho y el debido proceso se respetan y nunca se dan por sentados, y donde todos los miembros de nuestra comunidad son valorados y pueden prosperar. Estos son los principios que defendemos y que nos guían a diario”, se puede leer en un comunicado publicado por la institución el 13 de marzo y firmado por Katrina Armstrong, presidenta interina.

Este comunicado contrasta con alguna de las acciones llevadas a cabo por Columbia contra algunos de los estudiantes que participaron en las protestas de la primavera pasada. Al respecto, la universidad ha suspendido a algunas de estas personas y les ha impuesto sanciones de diferente índole, en un claro aviso disciplinario a la comunidad estudiantil.

Diferentes organizaciones en defensa de los derechos humanos y las libertades han manifestado la inconstitucionalidad de estos arrestos

Por otra parte, Trump y su Ejecutivo han hecho una serie de demandas a Columbia y se ha propuesto la intervención de determinados departamentos universitarios bajo la amenaza de continuar cortando la financiación.

Diferentes organizaciones en defensa de los derechos humanos y las libertades, como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), han manifestado la inconstitucionalidad de estos dos arrestos y estas acciones y han recordado al Gobierno de Trump que la Primera Enmienda no permite represalias contra nadie por un discurso político. Además, la posible deportación de Khalil podría ser considerada ilegal, en caso de que se produjese: el Gobierno debería demostrar con pruebas que realmente el estudiante supone una amenaza para la seguridad del país. A pesar de ello, el presidente estadounidense ya ha advertido que estos no serán los últimos arrestos.

La cruzada de Trump contra el movimiento propalestino, que organizó protestas sonadas entre abril y julio de 2024 y por la cual se calcula que fueron arrestados unos 3.000 estudiantes, no ha hecho nada más que empezar. Tras asumir el cargo el pasado mes de enero, el presidente de Estados Unidos emitió una orden ejecutiva para “proteger a Estados Unidos de terroristas y otras amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional” dentro de la cual se emmarca esta ofensiva contra el movimiento propalestino en las universidades. Trump ha prometido represalias contra cualquier protesta que él considere ilegal.

Restricciones en los visados

Este fin de semana el Ejecutivo del presidente estadounidense también ha hecho cambios en su sistema de visados. Ha dado a conocer tres listas distintas en función de los niveles de restricción, siempre con el argumento de “velar por la seguridad nacional y pública” del país. Los listados aún no son definitivos. Esta acción se enmarca dentro de una de las promesas que hizo Donald Trump durante su campaña electoral.

En la primera categoría se encuentran aquellos países cuya ciudadanía tiene completamente prohibida la entrada a Estados Unidos. En esta lista están: Cuba, Irán, Venezuela, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Yemen, Siria, Bután, Afganistán y Libia. En la segunda categoría, con restricciones con excepciones, se encuentran países como Laos, Myanmar, Sierra Leona, Bielorrusia, Paquistán, Rusia, o Haití, entre otros. Por último, se prevén cambios en los sistemas de visados para otros 60 países entre los que se incluyen: Mauritania, Gambia, Angola, Liberia, República Dominicana, República Democrática del Congo o Chad.