Fiscalidad
Podemos, ERC, Bildu y BNG rechazan el pacto fiscal del Gobierno y Sumar

La alegría del anuncio duró poco. Podemos, ERC, Bildu y BNG han dejado claro que no apoyarán la reforma fiscal acordada este 11 de noviembre entre el PSOE y Sumar para mantener el impuesto a la banca, subir la presión fiscal a las grandes empresas y quitar ventajas fiscales a las Socimis, al menos si no incluyen algunas de sus demandas. La principal de ellas, la renovación del impuesto a las energéticas, una misión que parece imposible por el rechazo declarado de Junts y PNV y la rebelión de las grandes empresas del sector que amenazan con retirar inversiones mil millonarias si no cae el gravamen.

Pocas horas después del anuncio de acuerdo, la eurodiputada y líder de Podemos Irene Montero dejaba claro que la reforma no contará con los votos de su formación si deja fuera el impuesto extraordinario a los ingresos de las energéticas. “Con nuestros votos no van a contar”, declaró Montero, quien insistió que el PSOE no debería pactar con la derecha —en referencia al acuerdo previo con Junts y PNV para tumbar el impuesto energético— “asumiendo que ya tienen los votos de la izquierda”. 

La oposición de ERC, Bildu y BNG a este pacto llevó a desconvocar la Comisión de Hacienda que se iba a celebrar este lunes para continuar con la tramitación del texto, una comisión en la que Podemos no participa ya que es el BNG quien representa al Grupo Mixto. De sus socios a la izquierda, el PSOE solo ha conseguido por ahora el apoyo de Sumar, renuente en un principio a renunciar al impuesto a las energéticas, pero que ha accedido finalmente a cambio de otras medidas vinculadas con la crisis de vivienda.

No basta con desincentivar estas actividades especulativas, dice el Sindicat de Llogateres. La solución pasa por poner “límites al mercado”: prohibir los pisos turísticos y “limitar cualquier compra de vivienda que no sea para residir”

El acuerdo presentado por el Gobierno de coalición contiene 11 medidas, entre las que se incluyen un 21% de IVA para los pisos turísticos, un nuevo impuesto a los bienes de lujo, mantener el impuesto a la banca aunque con ciertas modificaciones, la supresión del régimen fiscal de las Socimi en algunos supuestos no definidos, empezar a gravar los seguros médicos privados, endurecer la fiscalidad del tabaco, subida del 2% a las rentas del capital mayores de 300.000 euros o asegurar el pago mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para las grandes empresas. Esta última era la medida estrella de esta reforma fiscal, cuya tramitación tendrá que esperar al 14 de noviembre.

El Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinas) de Catalunya interpreta la introducción de medidas para enfrentar la crisis habitacional en el paquete fiscal como una respuesta a las movilizaciones Madrid, València, Málaga, Sevilla o Cádiz por el derecho a la vivienda. Entre las medidas acordadas, rescatan el fin del “escandaloso” régimen de las Socimi, “especialmente diseñado para fomentar la especulación con la vivienda”, que el PSOE había mantenido desde 2018 pese a las promesas electorales y los acuerdos de investidura.

Sin embargo, para este sindicato, “las medidas fiscales no son el camino para resolver la crisis de vivienda”. No basta con desincentivar estas actividades especulativas, dicen. La solución pasa por poner “límites al mercado”: prohibir los pisos turísticos en zonas tensionadas y “limitar cualquier compra de vivienda que no sea para residir en ellas”.