Genocidio
Un tribunal de EEUU suspende las sanciones que Trump impuso a Francesca Albanese

Fin al calvario que Donald Trump impuso contra la relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado, al menos temporalmente. Un tribunal federal de Washington ha dictado la suspensión cautelar de las sanciones que Estados Unidos aplicó contra la italiana en julio de 2025 en castigo por su amplio trabajo en la denuncia del genocidio y el apartheid que Israel lleva a cabo contra los palestinos, en especial contra su colaboración con la Corte Penal Internacional en el proceso que investiga crímenes de guerra y de lesa humanidad por parte del Estado de Israel en su invasión y asedio a Gaza desde 2023.

El juez Richard León señala en la orden que “proteger la libertad de expresión es siempre de interés público” y remarca que las sanciones podrían violar la Primera Enmienda, que prohíbe limitar cuatro derechos fundamentales: religión, expresión, prensa, reunión y petición.

En este caso, el magistrado señala que podría vulnerar la libertad de expresión de Albanese, al haberse dictado las sanciones debido al discurso que la italiana mantiene sobre el genocidio en Palestina, por el cual el Tribunal Penal Internacional emitió una orden de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y contra el exministro de Defensa del régimen sionista, Yoav Gallan.

Expulsada del sistema bancario por dar su opinión

Las sanciones contra la relatora especial de la ONU, que fueron anunciadas por el secretario de Estado estadounidense y delfín de Trump, Marco Rubio, suponían que Albanese estuviese incluida en la lista de Specially Designated Nationals del Departamento del Tesoro de los EEUU junto a narcotraficantes o personas acusadas de terrorismo. Esto supone la cancelación de sus activos en el sistema financiero y la entrada en la lista negra del sistema bancario internacional, lo que ha hecho su bienes quedasen congelados y tuviese que vivir sin cuenta corriente, sin que ninguna persona, empresa o institución pueda realizar ningún tipo de intercambio económico con ella bajo amplias penas de cárcel. Las sanciones también implicaron la cancelación del visado de Albanese en EEUU y la prohibición de entrar en el país. 

El juez lamenta que haya sido sancionada por ofrecer “su opinión y recomendación no vinculantes; es decir, ¡hablando!” 

El juez acepta así las argumentaciones del marido de Albanese, el economista del Banco Mundial Massimiliano Cali, que, en su nombre, el de Albanese y el de la hija que tienen juntos, denuncia que se incautaron sus bienes sin el debido proceso de forma injusta. León considera “excesiva” la orden ejecutiva anunciada por Rubio, afea el proceso llevado a cabo por la administración estadounidense contra ella, que “busca hacer frente a la 'amenaza extraordinaria' que representan los esfuerzos del Tribunal Penal Internacional (TPI) para 'investigar, arrestar, detener o enjuiciar a personas protegidas', mediante la imposición de sanciones a los extranjeros que hayan participado directamente en dichos esfuerzos”.

El magisrado añade que la relatora “no ha hecho más que hablar” en ese proceso. “Albanese no trabaja para el TPI ni tiene capacidad alguna para dirigir sus acciones”, señala el escrito del magistrado, que lamenta que haya sido sancionada por ofrecer “su opinión y recomendación no vinculantes; es decir, ¡hablando!”. 

La emisión de las sanciones se realizó apenas unos días después de que Albasese presentara ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el informe De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, donde analizó la responsabilidad de decenas de compañías en la ocupación de Palestina y el apartheid y el genocidio perpetrados por el Estado sionista contra los palestinos.