Guinea-Bissau
Guinea-Bissau arranca una ola de represión tras el sabotaje popular de una mina de arena en un parque natural

El pasado viernes 18 de abril por la mañana se produjo un incendio en la planta de extracción de arena pesada situada en la localidad de Niquim, en plena área natural protegida de Varela, al norte de Guinea Bissau, en la Región de Cacheu, fronteriza con Senegal. Desde mayo de 2023, el gobierno del país otorgó una concesión por cuatro años a una empresa de capital chino para la instalación de una mina en dicha localidad a la que se oponen las aldeas de la zona. 

El principal frente lo componen las mujeres porque significaría la pérdida de sus campos de arroz, la contaminación de los acuíferos y de los ecosistemas. Todo ello provocaría el desplazamiento forzado de las 12 aldeas de la zona, ya que todas dependen de la agricultura y la pesca de subsistencia para vivir, que ya se están viendo afectadas por la actividad minera a pesar de ser todavía incipiente.

Varela y su arena: una lucha por la supervivencia en Guinea Bissau

Redacción El Salto

Extractivismo

Extractivismo Varela y su arena: una lucha por la supervivencia en Guinea Bissau

Redacción El Salto

En una pequeña localidad de Guinea-Bissau, un grupo chino, apoyado por actores senegaleses y el propio Estado guineano, planea explotar los recursos minerales y la arena de la región.

Inmediatamente después del incendio, los militares detuvieron de forma arbitraria a mujeres y líderes comunitarias de la zona. Sobre las siete de la tarde, un numeroso grupo de efectivos del ejército irrumpieron en uno de los dos hoteles que hay en la aldea de Varela-Madina, cuya dueña es Valentina Cirelli, una italo-guineense que también es presidenta de la asociación de base Tchon Tchamano para la realización de proyectos con las mujeres de la zona, entre los que destaca una pequeña guardería y una huerta en la localidad vecina de Varela Yal.

Los militares irrumpieron en el hotel, que estaba completo debido a las vacaciones de Pascua, y le indicaron a Cirelli que debía acompañarles a hablar con su superior al cuartel militar que hay en la aldea vecina, que sería una cuestión de minutos y que podría volver al trabajo en breve. Por lo que ella les acompaña con lo puesto. Sin embargo, al llegar allí la realidad era muy distinta. Le comunicaron que tenía que declarar ante el Ministerio Público para hablar del incendio y la trasladaron de manera forzada a Ingoré, una localidad situada a unas tres horas y que cuenta con una pequeña prisión. 

Llegaron ya de madrugada y Valentina se encontró con que allí también habían trasladado a los líderes comunitarios de tres aldeas: Carruai, Cassolol y Varela-Yal, junto con una de las mujeres de Niquim, Filomena Djata, apresada la mañana del incendio. Estas personas son gente de avanzada edad y con problemas de salud, mientras que Filomena tiene tres hijos los cuales se quedaron a cargo de otras vecinas de Niquim.

Retuvieron a Valentina en la prisión de Ingoré hasta el sábado a las ocho de la tarde. Durante ese periodo, gracias a su propio teléfono móvil, que un familiar había podido entregarle, mantuvo la comunicación constante con familiares y amigos, así como con el cónsul de Italia en Guinea Bissau y con diversas organizaciones de derechos humanos y ambientales presentes en el país. En todo momento, se mostraba optimista y con la sensación de que la situación se resolvería rápido porque ella no tuvo nada que ver con el incendio. 

Nada más lejos de la realidad, pues ese mismo sábado 19 de abril, llega a la aldea de Niquim el Ministro del Interior, Boche Candé, junto con un nuevo destacamento de militares de la capital para sustituir a los que llevan tiempo en la aldea, a los que reprendió públicamente y se los llevó de vuelta consigo a Bissau ese mismo día. El ministro de Interior salió de Varela hacia la capital sobre las cinco de la tarde, después de realizar unas declaraciones en la televisión nacional que lo acompaña en su comitiva donde advierte a la población que, aunque tarde un año, conseguirá detener a todas las personas implicadas en el acto de sabotaje a la planta minera. Sobre las ocho de la tarde, que más o menos es el momento en que el Ministro del Interior pasa por Ingoré, Valentina envió su último mensaje para advertir de que la llevaban detenida para la capital. Una vez allí, la conducen a la prisión de segunda esquadra en el barrio de Pilum, conocida en el país por sus malas condiciones.

El domingo 20 de abril, su abogado y una amiga consiguen visitarla unos diez minutos en la prisión de segunda esquadra, le llevan ropa, comida y productos de higiene personal. Los policías le dejaron el móvil apenas un minuto para que llamase a su padre, que vive con ella en Varela, y se lo volvieron a confiscar. Durante ese día, continúan sin informarles de qué se les acusa y tan solo se limitan a decirle que los cinco detenidos tienen que esperar al martes para que les tomen declaración porque el lunes es festivo nacional. Ese mismo día, recibe también la visita del cónsul italiano que consigue hablar con ella durante una hora. 

Gracias a su mediación consigue que tanto Valentina como Filomena, la mujer detenida en Niquim, puedan dormir en un despacho de la prisión para garantizar su intimidad, ya que los calabozos se comparten con hombres. Aunque las dos piden que les concedan ese trato de preferencia a los líderes comunitarios que son muy mayores y tienen problemas de salud.

El lunes 21, llevan a Valentina a declarar, sin presencia de sus abogados, ante el Ministro del Interior, Botche Candé. Tras la declaración, la trasladan de nuevo a la prisión de la segunda esquadra donde continúa a día de hoy y ya no le permiten visitas ni del cónsul italiano ni de sus abogados. El martes 22 de abril, supuesto día de la declaración, las cinco personas detenidas continúan sin ser escuchadas por un juez. 

Por este motivo, sus abogados presentan una solicitud de habeas corpus que ni siquiera toman en consideración por parte del Ministerio Público con la excusa de recibir “órdenes superiores”. Durante el día de hoy 25 de abril está previsto que comience la audiencia de los detenidos ante el Ministerio Público, después de que los abogados de las personas detenidas hayan logrado que un Magistrado del Tribunal Regional de Cacheu —lugar donde se produjeron los hechos—, situado en Bissorã, se desplace a la capital con el objetivo de garantizar un proceso acorde a la legalidad, pues hasta ahora los detenidos no saben de qué se les acusa y hasta cuando van a estar en prisión preventiva.

Según informan los abogados, este sábado se realizó la primera audiencia y las cinco personas detenidas fueron declaradas sospechosas del delito de daños calificados. Pero valoran que la audiencia salió bien y esperan la decisión del magistrado para el próximo lunes. 

La situación en las aldeas y de las otras personas detenidas

Desde el propio día del incendio, el viernes 18 de abril, al menos doce personas de las aldeas de la zona permanecían detenidas en el cuartel de São Domingos, bajo custodia militar, hasta este sábado que se han producido algunas liberaciones. Al mismo tiempo, se han establecido controles militares con tropas fuertemente armadas en algunos caminos que comunican las aldeas y su acceso. Mientras otros militares se encuentran camuflados en el camino que de entrada a la mina apuntando con sus armas por si alguien se acerca. 

Por lo que El Salto ha podido corroborar con las y los pobladores de las distintas aldeas, los militares han realizado incursiones en diferentes comunidades con la idea de detener a más mujeres y líderes comunitarios, que han conseguido esconderse en el bosque. Aunque vistas las declaraciones de Ministro de Interior del domingo en la televisión nacional, estas incursiones seguirán produciéndose en los próximos días, pues se dice que los militares tienen videos del día del incendio y están intentando localizar y detener a las mujeres que salen en dichas grabaciones.

La sensación de inquietud y el miedo a nuevas detenciones se extiende por las diferentes aldeas. En todas ellas, la mayoría de las personas se oponen a la explotación minera y han participado activamente en las diferentes protestas pacíficas a lo largo de los últimos dos años, desde que se hizo efectiva la concesión minera por parte del gobierno. 

Conviene recordar que ya vivieron una situación similar en la misma mina hace una década, esta vez con una empresa rusa, que también abandonó la aldea sin poder extraer la arena pesada, rica en circón y otros minerales de alto valor para el mercado global. Durante todo el año 2024, diversos organismos gubernamentales, como el Ministerio de Medio ambiente, el de Obras Públicas o el de Poder Local han tenido reuniones con la población para intentar frenar su oposición a cambio de mejorar la carretera, la inexistente red de luz pública o la mejora del centro de salud de la zona y la compra de una ambulancia: “Cuestiones todas ellas a las que la población tenemos derecho sin la necesidad de que sea instalada una mina aquí, pues provocará la muerte de nuestras comunidades”, señala una de las mujeres más activas en las protestas pacíficas de los últimos meses.

Existen controles militares en los caminos de acceso a Varela Madina o en los cruces de caminos entre las distintas aldeas de la zona, lo cual está provocando temor a nuevas detenciones arbitrarías entre la población. Durante el día 24 de abril algunos líderes comunitarios fueron llamados a Niquim, aldea donde está la mina, y se les ha informado que se establecerá un pequeño cuartel militar en la entrada de la misma con capacidad para alojar a una centena de militares. Lo cual indica que el Gobierno tiene la intención de que la explotación minera continúe en los próximos meses, una vez se hayan renovado las máquinas quemadas durante el incendio del pasado viernes 18 de abril, pese a la oposición popular y al daño que causaría en los ecosistemas de la zona provocando el desplazamiento forzado de una docena de aldeas.

Guinea Bissau, un Estado fallido y una dictadura cada vez menos blanda

La historia reciente de Guinea Bissau está plagada de golpes de Estado, con la consiguiente inestabilidad política y la debilidad de sus instituciones. Desde la ruptura abrupta del proceso revolucionario en el año 1980 por parte de Nino Vieira —histórico líder de la lucha de liberación— hasta la actualidad, donde el parlamento permanece cerrado por decreto presidencial desde diciembre de 2023, pasando por la cruenta guerra civil de once meses de duración en el año 1998 y de la que la población aun mantiene recuerdos. En la actualidad arrastra su enésima crisis gubernamental, pues el actual presidente mantiene cerrada la Asamblea Nacional Popular, el poder legislativo, desde finales del año pasado, en diciembre de 2023. Recientemente, ha convocado elecciones para noviembre de 2025, tanto legislativas como presidenciales, cuando las elecciones legislativas tendrían que haberse producido en noviembre del 2024 y las presidenciales en marzo de 2025. Es decir, va a completar más de una año de mandato fuera de la legalidad constitucional del país.

La llegada al poder del actual presidente, Umaro Sissoko Embalo, en 2019 llega tras un periodo de inestabilidad durante la presidencia del empresario Mario Vaz (que fue presidente entre 2014 a 2019), más conocido como Jomav, su empresa de importación exportación, pues durante su mandato se dieron hasta ocho cambios de primer ministro. Esto hace que muchas embajadas europeas con presencia en el país agradezcan este periodo de estabilidad actual, a pesar de las persecuciones a periodistas, a opositores y al hecho de que tenga cerrada la asamblea legislativa desde finales de 2023. 

En la actualidad, el presidente de la Liga Guineense para los Derechos Humanos, Boubacar Turé, está siendo perseguido por el gobierno y se encuentra en paradero desconocido para evitar su detención desde el pasado 12 de abril. En ese día, un un grupo de hombres armados y sin uniforme aparecieron en su casa para llevárselo, práctica que muchos periodistas llevan meses denunciando: la presencia de grupos paramilitares sin identificar llevándose a ciudadanos de sus casas por sus posicionamientos políticos o por sus denuncias públicas sobre la corrupción o la violación de  derechos humanos que se vienen produciendo en el país con el actual gobierno.