Industria armamentística
Un nuevo “barco de la muerte” descansa en el puerto de Sagunto camino a la guerra de Yemen

El mar Mediterráneo se convierte una vez más en el escenario de polémicas actuaciones que aprovechan sus aguas para vulnerar los derechos humanos. Esta vez, es el Puerto de Sagunto el que a las 5h del miércoles 7 de enero recibía el barco Bahri Tabuk, que se suma a los 44 “barcos de la muerte” que ya han embarcado con cargamento armamentístico en distintos puertos españoles. Ahora, descansa ondeando la bandera de Arabia Saudí en el puerto, a la espera de partir dentro de dos días camino a Génova para realizar una nueva escala.

Tres activistas disfrazados de payaso a modo de reivindicación iniciaron la concentración que, bajo el lema “Stop a los barcos de la muerte”, Amnistía Internacional convocó el pasado miércoles para realizar un llamamiento a la responsabilidad y un grito de solidaridad internacional con el objetivo de poner fin a “la complicidad de España en la venta de armas que perpetúan las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario”. Alrededor de 60 personas de diversas organizaciones —como MOC y Acció Ecologista, entre otras— y asociaciones de vecinos del Puerto de Sagunto protestaban ante la llegada del barco saudita, que supuestamente transporta armas que serán utilizadas en Yemen, un país de Oriente Próximo donde diariamente se documentan graves violaciones de los derechos humanos.

Esta situación ha generado inquietud entre diversas entidades de promoción de la paz, la justicia global y en defensa de los derechos humanos, quienes exigen una mayor transparencia y control en el transporte de armamento a nivel internacional. Es por ello por lo que Amnistía Internacional ha solicitado a diversas autoridades, tanto locales como autonómicas y la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, un informe detallado sobre el contenido de la carga transportada por el barco, así como información sobre su destino, uso y beneficiario.

No es la primera vez que el puerto de Sagunto recibe uno de los barcos de la naviera estatal saudí Bahri. Esta situación forma parte de un patrón continuo de exportación de armamento español a Arabia Saudí

Esta solicitud se fundamenta en el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) ratificado por España en 2014, el cual establece la obligación de los Estados de prohibir el tránsito de armas convencionales y municiones cuando exista el riesgo de que se utilicen para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, ataques contra civiles u otros crímenes de guerra. Sin embargo, la respuesta a otros comunicados anteriores ha sido el silencio estatal.

Tampoco es la primera vez que el puerto de la capital de Camp de Morvedre recibe uno de los barcos de la naviera estatal saudí Bahri. Esta situación forma parte de un patrón continuo de exportación de armamento español a Arabia Saudí. Durante el período comprendido entre 2015 y junio de 2023, España ha exportado armas a Arabia Saudí por un valor cercano a los 2.500 millones de euros, al tiempo que ha autorizado licencias de armamento a dicho país por una suma superior a los 3.500 millones de euros. Estos intercambios armamentísticos se han realizado a pesar del riesgo de que estas armas sean utilizadas en el conflicto armado en Yemen. Una amenaza que se evidencia en los presuntos crímenes de guerra ya cometidos por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) y documentados por organizaciones como la ONU, Amnistía Internacional y otras ONG.

Investigaciones, como la llevada a cabo por The Washington Post en colaboración con el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Columbia en 2022, han revelado abusos continuos derivados de la campaña de bombardeos aéreos liderada por la coalición militar de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) en Yemen. Durante los siete años analizados en el estudio, se contabilizaron más de 300 ataques aéreos que se cobraron la vida de 9.000 civiles. Crímenes de lesa humanidad a los que se suma el asesinato de Jamal Khashoggi, cuyo juicio sigue estancado cinco años después. Un camino judicial que ignora la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de Khashoggi, acciones que constituyen crímenes de derecho internacional y que, según Amnistía, “deben ser investigados con urgencia”. Además, la organización internacional añade que “cualquier Estado podría enjuiciarlos en virtud de la jurisdicción universal”.

Durante los siete años analizados en un estudio, se contabilizaron más de 300 ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudí sobre Yemen que se cobraron la vida de 9.000 civiles

A pesar de los esfuerzos por lograr treguas y alto al fuego en Yemen —como la última auspiciada por las Naciones Unidas en abril de 2022— las violaciones del derecho internacional humanitario y los derechos humanos han continuado con ataques indiscriminados contra civiles, ejecuciones extrajudiciales, homicidios ilegítimos masivos de migrantes en la frontera yemení-saudí y limitaciones de movilidad. Pese a la reducción de las actividades militares, en las regiones yemeníes han surgido nuevos patrones de violaciones con un aumento de los incidentes con minas terrestres, explosivos y restos de material bélico coincidiendo con el regreso de las personas desplazadas internamente a sus zonas de origen. Así durante 2023, según Mwatana for Human Rights, más de 1.100 incidentes de violaciones fueron cometidas por diversas partes en conflicto en Yemen.

A finales del mismo año, el Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas celebró un importante avance en el conflicto en Yemen: la promesa de un alto al fuego y la voluntad de participar en un proceso político global bajo el liderazgo de la ONU. Un paso sin precedentes hacia la paz que no pueden frenarse con acciones como la que se plantea en el muelle de Sagunto.