Italia
Biocidio: la larga lucha contra la catástrofe ambiental en la Tierra de los Fuegos

En enero de 2025, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió un fallo histórico contra Italia y condenó al país por su inacción frente a la crisis ambiental que azota desde hace décadas la región de Campania. La sentencia establece que el Estado italiano violó el derecho de sus ciudadanos a vivir en un entorno seguro y saludable, al permitir que la población de la zona comprendida entre Nápoles y Caserta, conocida como la Tierra de los Fuegos, estuviera expuesta a riesgos ambientales severos durante más de 30 años. Como consecuencia, Italia está obligada a desarrollar un plan integral de descontaminación en un plazo de dos años, además de implementar un sistema de monitoreo independiente y una plataforma pública para informar a los ciudadanos sobre los riesgos sanitarios derivados de la polución.  

Este fallo representa una victoria significativa para los activistas, organizaciones locales y familias afectadas que han luchado durante años en busca de justicia. No obstante, su aplicación efectiva dependerá de la voluntad política del Gobierno italiano. Un posible incumplimiento podría sentar un precedente negativo para futuros casos relacionados con la protección ambiental y la salud pública.

Una crisis ambiental sin precedentes

Entre 1994 y 2012, la región de Campania vivió una de las peores crisis ambientales en la historia de Italia, consecuencia de una gestión ineficaz de los residuos. Durante este periodo, se derogaron leyes destinadas a la construcción de infraestructuras para el tratamiento y eliminación de desechos, lo que provocó la proliferación de vertederos ilegales. La situación se vio agravada por la acción de organizaciones criminales que, en colusión con las autoridades, depositaron y enterraron en esta región, situada en sur pobre de Italia, residuos industriales procedentes del norte del país.

De forma paralela, la falta de regulación también permitió que pequeñas empresas y particulares arrojaran indiscriminadamente desechos en calles y campos, donde los incendios eran utilizados como método de eliminación, aumentando así la contaminación ambiental.

Las secuelas de la contaminación

Según datos de 2018 del programa europeo Corine, al menos 240 sitios en la región han sido clasificados como “sitios contaminados” que requieren una descontaminación urgente del suelo, aguas superficiales y subterráneas. Sin embargo, el número real podría ser mucho mayor. A pesar de la existencia de un Plan Regional de Recuperación, solo una pequeña parte de las actividades de rehabilitación ha sido ejecutada.

Las consecuencias en la salud de la población han sido devastadoras. Un informe reciente del Instituto Superior de Sanidad revela que la tasa de mortalidad por enfermedades neoplásicas —lesiones o tumores que se producen cuando las células se multiplican sin control o no mueren cuando deberían— en la región es un 11% superior a la media nacional en hombres y un 9% en mujeres. En la última década, la incidencia de cáncer ha aumentado un 47% en hombres y un 40% en mujeres en el territorio provincial.

Una historia de resistencia y justicia ambiental

El término “biocidio”, derivado del griego bios (vida) y el latín cidium (matar), fue acuñado por la organización ambientalista Legambiente y posteriormente adoptado por activistas para describir el impacto letal de los crímenes ambientales en la Tierra de los Fuegos. Desde la década de 1980, los signos de contaminación eran evidentes, pero las advertencias fueron ignoradas por las autoridades, permitiendo que la crisis se agravara.

El fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es histórico no solo por su impacto legal, sino porque representa una victoria en la lucha contra los crímenes ambientales, un problema que afecta a muchas otras comunidades en el mundo. Se trata del reconocimiento a 30 años de denuncias y resistencia por parte de las víctimas y activistas. Aunque esta sentencia puede considerarse una victoria ambiental en términos jurídicos, queda por ver cuál será la respuesta del Estado italiano, que hasta ahora no ha tomado una posición real y efectiva frente a esta catástrofe.