Italia
Feministas italianas se movilizan contra el cambio que renuncia a legislar en torno al consentimiento

“Sin consentimiento es violación”. En Italia, asociaciones feministas, movimientos transfeministas y trabajadoras de centros de acogida para mujeres en situación de violencia se están movilizando contra un proyecto de ley que modificaría la normativa vigente sobre la violencia sexual. El caso se refiere al denominado “proyecto de ley sobre violaciones” (DDL stupri), que prevé modificar el artículo 609 bis del Código Penal para redefinir el delito de violencia sexual como un acto cometido “contra la voluntad de la persona” y ya no como un acto realizado “sin el consentimiento libre y actual de la persona”.

En oposición a esta propuesta, miles de personas participaron en la marcha que, el sábado 28 de febrero, recorrió las calles de Roma: unas 10.000 personas denunciaron lo que se define como un grave retroceso en la protección de los derechos de las mujeres y en la prevención y lucha contra la violencia de género. También hubo manifestaciones en otras ciudades del país, de norte a sur. No se trató de iniciativas aisladas: en los dos últimos meses ya se habían organizado asambleas y encuentros públicos y se prevé “una movilización permanente” para presionar dentro y fuera de las instituciones.

En Italia, en el derecho penal relativo a los delitos sexuales, hoy rige un modelo que puede definirse como “consensual vinculado”. El concepto que subyace es que las agresiones sexuales, para ser perseguidas y castigadas, deben presentar determinadas características como violencia, amenaza y coacción. Pero no se atribuye al consentimiento un papel central. Ampliar y adecuar la definición del delito de violencia sexual era también el objetivo de Italia. 

La primera redacción del proyecto de ley, aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2025, iba en esa dirección: introducía por primera vez el concepto de “consentimiento” en el Código Penal italiano como factor para distinguir cuándo un acto sexual es violencia. Además, aclaraba que el consentimiento debe ser explícito y voluntario, actual y libre. Este resultado se había alcanzado gracias a una colaboración entre la mayoría y parlamentarios de la oposición, y a un diálogo entre la presidente del Consejo de Ministros Giorgia Meloni y la líder del Partito Democratico Elly Schlein. Meloni había impuesto su línea a los aliados de gobierno que, sin embargo, se oponían a la iniciativa. Pero, en noviembre, la Lega (el partido de derecha cuyo líder es Matteo Salvini, que ocupa además el cargo de ministro de Infraestructuras y Transportes y vicepresidente del Consejo de Ministros) había frenado los pasos posteriores previstos para la aprobación definitiva.

En enero de 2026, el texto fue revisado. La abogada Giulia Bongiorno, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado y senadora de la Lega, eliminó la palabra “consentimiento” e introdujo una formulación menos exigente y más ambigua que habla de “disenso” y de la “voluntad de la persona”

En enero de 2026, el texto fue revisado. La abogada Giulia Bongiorno, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado y senadora de la Lega, eliminó la palabra “consentimiento” e introdujo una formulación menos exigente y más ambigua que habla de “disenso” y de la “voluntad de la persona”. Además, la nueva versión introduce reducciones de pena según la gravedad del hecho. En abril, el proyecto de ley deberá ser votado por el Senado. En caso de aprobación, volverá a la Cámara de Diputados y finalmente deberá ser promulgado por el presidente de la República, Sergio Mattarella.

“La nueva versión del delito de violencia sexual propuesta por la senadora Bongiorno representa un claro retroceso en términos de derechos de las mujeres y de garantías de acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual”, dice a El Salto Marta Cigna, abogada penalista de Differenza Donna, asociación italiana comprometida con la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género. “La nueva formulación del delito prevé como elemento constitutivo la manifestación del disenso por parte de la persona ofendida. Pero es sabido que a menudo las víctimas no logran expresarlo por múltiples motivos: por ejemplo, porque existe un desequilibrio de poder que las sitúa en una posición de subordinación frente a su agresor o porque simplemente están paralizadas por el terror. Pensemos en todos los casos en los que la víctima se encuentra en una condición de vulnerabilidad o en la imposibilidad de autodeterminarse libremente”, continúa Cigna. 

“El delito así formulado desplaza el foco: la atención ya no está en la conducta criminal, sino en el tipo de reacción de la víctima, que será culpabilizada por no haber tenido reacciones para rechazar el acto sexual”. En los tribunales, la carga de la prueba recaería sobre la mujer, que deberá demostrar que dijo “no” de una manera suficientemente clara. “Para demostrar la ausencia del ‘no’, se harán las preguntas de siempre como ‘¿por qué no gritaste?’, ‘¿por qué no pediste ayuda?'’, ‘¿por qué no te defendiste?’”, concluye Cigna.

Lella Palladino, presidenta de la cooperativa EVA: “Esto hará cada vez más complicado para las mujeres denunciar; menos personas se sentirán escuchadas y validadas. Alimentará la desconfianza en la justicia y en las instituciones”

Las trabajadoras de las casas refugio creen que de esta forma se abre la puerta a la victimización secundaria. Según lo previsto por el proyecto de ley, la “voluntad contraria” debe evaluarse en función del “contexto y la situación”: el riesgo es que en los procesos se investigue la vida personal de la víctima, sus hábitos y su conducta. “Esto hará cada vez más complicado para las mujeres denunciar; menos personas se sentirán escuchadas y validadas. Alimentará la desconfianza en la justicia y en las instituciones”, dice Lella Palladino, presidenta de la cooperativa EVA, que en la región de Campania gestiona centros antiviolencia y casas refugio, y presidenta de la Fundación Una Nessuna e Centomila, una de las organizaciones que convocó la manifestación nacional en Roma. 

“En nuestro trabajo cotidiano ya observamos lo difícil que es pedir ayuda y presentar una denuncia. Solo una de cada tres mujeres lo hace y denunciar hoy una violencia sexual ya es un recorrido extenuante. Este proyecto de ley empeorará la situación, haciendo retroceder las políticas que hemos conquistado en décadas de prácticas feministas”, continúa Palladino, que en los ensayos “Non è un destino” y “Che sia l’ultima”ha relatado experiencias de mujeres que han sufrido abusos y su camino hacia la libertad y la autonomía. “No permaneceremos en silencio y no estamos dispuestas a renunciar a lo que hemos logrado con esfuerzo, incluido el derecho de las mujeres a vivir su sexualidad de manera autodeterminada”, concluye.

“No se trata de una acción aislada. La propuesta de ley debe situarse junto a otras decisiones del gobierno de Giorgia Meloni”, valora la activista transfeminista Simona Ammerata

La violación como ausencia de consentimiento está prevista por diversas normas internacionales, como el Convenio de Estambul, que Italia ratificó en 2013. GREVIO, el órgano independiente del Consejo de Europa encargado de supervisar la aplicación del convenio, había pedido al país que se adecuara a las directrices internacionales. El primer intento iba precisamente en esa dirección; luego llegó el paso atrás. “Esta propuesta de ley no es un mero tecnicismo. Tiene que ver con un orden simbólico preciso: relanza la disponibilidad de los cuerpos de las mujeres y de los cuerpos feminizados. Institucionaliza la cultura de la violación, es un disciplinamiento de los cuerpos”, dice Simona Ammerata, activista transfeminista y por los derechos civiles, experta en lucha contra la violencia de género y en mediación intercultural. Ammerata es trabajadora de Lucha y Siesta, casa refugio en Roma que con los años se ha convertido en un referente y un modelo en la lucha contra la violencia de género y en la defensa de los derechos LGBTQ+. 

“No se trata de una acción aislada. La propuesta de ley debe situarse junto a otras decisiones del gobierno de Giorgia Meloni. Como el rechazo a enseñar educación sexual y afectiva en las escuelas o el ataque a la libertad de elección en materia de aborto y de los procesos de afirmación de género”, continúa Ammerata que también forma parte de la dirección nacional de DIRE-Donne in rete contro la violenza, una red nacional de centros para mujeres víctimas de violencia que trabajan para prevenir y combatir la violencia de género. “Todo esto se enraíza en una visión patriarcal de la sociedad, de la política y de la economía. No permitiremos que este proyecto de ley sea aprobado. Sin consentimiento es violación”.