Juicio del 1 de Octubre
Justicia y política: dos caminos, una solución

El juicio encara el final de su tercera semana con un debate ya instalado sobre su desarrollo. Nos estamos convirtiendo en juristas del mismo modo que somos entrenadores de fútbol después del partido o críticos de cine tras la gala de los Oscar. En esta primera fase de la instrucción parece que se está produciendo un efecto doble: por un lado las acusaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado naufragan en el intento de justificar jurídicamente la causa de la rebelión o cualquier relación de los hechos con la palabra violencia.

Por la otra, el buen trato mostrado por el juez Marchena, que ha llegado a interrumpir y abuchear a la propia Fiscalía en algunas de las preguntas, disminuye la sensación —y más de cara a una audiencia internacional— de que el juicio no cumple con todas las garantías que se le suponen a los juicios en democracia. Hay que tener en cuenta, pues, que durante esta primera parte del juicio parece que los acusados ​​ganen la partida. Pero al empezar a comparecer los testigos de la Fiscalía, es probable que esta sensación se vaya debilitando. En todo caso, parece que ya hemos aceptado el marco judicial como el escenario de lucha. Pero la política difícilmente llega allí donde las leyes limitan la frontera del diálogo. Independientemente del veredicto, seguimos necesitando articular una respuesta política que defina el camino entre ciudadanos, y no entre ciudadanos y jueces. Parece que no seamos conscientes de que no hay ningún potencial escenario favorable a la vista, ya no para los intereses de los presos políticos, sino para las relaciones entre Catalunya y España.

Incluso en el hipotético y poco probable caso de una absolución total, el futuro de Catalunya respecto al derecho de autodeterminación volvería a la casilla de salida. Del mismo modo, el deseo de independencia de una gran parte de la población catalana quedaría bloqueado por la voluntad del Estado —y una correlación de fuerza en el Congreso— que podría derivar en una recentralización de competencias.

Pongámonos primero en la situación en la que, en mayor o menor medida, los presos políticos son condenados a pasar una larga estancia en prisión, ya sea bajo el veredicto de rebelión o de sedición. Ahora pensemos qué posibilidades se podrían abrir. La estancia en prisión sumiría a Catalunya y España en una extenuante e irresoluble angustia. Es previsible pensar que el apoyo de la población catalana al independentismo —o al menos el desencanto hacia España— aumentaría.

Las lecturas críticas hacia el processisme quedarían supeditadas a una lucha por la libertad para los presos políticos: si en los años recientes el debate sobre la independencia ha acaparado la inmensa mayoría de los debates políticos, dejando aparte el debate sobre políticas sociales, en este escenario que dibujamos esta realidad no haría más que acentuarse.

El segundo posible escenario, lanzado en globo sonda para cargos del PSC, sería el de un indulto a los presos. Poco probable, ya que esto debería contar con una correlación de fuerzas en el Congreso que otorgara la presidencia a Sánchez, con el apoyo de las otras fuerzas de izquierdas dentro del arco parlamentario, así como de los partidos independentistas catalanes y nacionalista vasco . Quizás más difícil todavía: debería contar con el apoyo de los barones del PSOE. García Page, Susana Díaz o Alfonso Guerra, ya habrían mostrado su rechazo. Por no hablar de la resistencia frontal que opondrían el tripartito de derecha y extrema derecha formado por Ciudadanos, PP y VOX.

El tercer escenario sería una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), subsanando algunos aspectos de la sentencia, seguramente aquellos pertinentes a una posible vulneración de los derechos y garantías de los presos en el proceso judicial. Y es que, aunque el derecho europeo tenga primacía normativa ante los derechos nacionales, el TEDH no entra en el fondo en las sentencias, sino que evalúa las garantías procesales. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la hipotética sentencia tardaría años en salir, años que los presos pasarían entre rejas. Y aún así, acabaría hiriendo el orgullo del Estado.

El cuarto y último escenario, claro, sería que fueran declarados inocentes de los crímenes de los que se les acusa. Obviamente, la mejor de las opciones posibles. Hoy en día, parece la menos probable de todas.

Y es que ninguna de estas opciones se aproxima a solucionar el problema de fondo, ni pronostica llevar vientos de cambio: el juicio seguirá inexorablemente los tiempos que marca la pesada burocracia. Pero es necesario empezar a trabajar en una solución que tendrá que pasar, tarde o temprano, para reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos. Catalunya, más que nunca, necesita de la ayuda de los pueblos de España para solucionar unos problemas que nos afectan a todos y todas, y los pueblos de España necesitan hacerse suyos los problemas de Catalunya. Esto, por supuesto, si no queremos encallarnos en un conflicto sempiterno.