Justicia
Las claves de la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra: esto es lo que investiga la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional ha dado a imputado este martes al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales en el marco del caso Plus Ultra, la aerolínea a la que se le concedió un rescate de dinero público de 53 millones de euros durante la pandemia.

En su auto, el juez José Luis Calama sostiene que el expresidente habría liderado “una estructura estable y jerarquizada” destinada a obtener beneficios económicos mediante “el ejercicio ilícito de influencias” ante organismos públicos en favor de la compañía aérea.

La resolución judicial sitúa a Zapatero en el centro de una investigación que, en sus primeros compases, se limitaba a analizar las condiciones del rescate aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2021, y que ha acabado derivando en una macrocausa por presunto blanqueo internacional de capitales y utilización de sociedades instrumentales para ocultar el origen y destino de fondos públicos.

Zapatero ya ha negado haber tenido sociedades en el extranjero, estructuras interpuestas o cualquier tipo de vehículo societario fuera de España

Según el magistrado Calama, la trama habría empleado “documentación simulada”, contratos de asesoría elaborados ad hoc (a propósito para ese fin) y estructuras financieras opacas para canalizar pagos vinculados a la aerolínea Plus Ultra y a otras sociedades relacionadas con el entorno del expresidente.

Se investigan pagos de más de 400.000 euros a Zapatero

Mientras se daba a conocer la imputación, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraban el despacho de Zapatero en Madrid, así como varias sociedades vinculadas a personas de su entorno, entre ellas Whathefav, empresa relacionada con sus hijas, y otras bajo sospecha de posibles operaciones de intermediación y consultoría. La investigación pone el foco sobre la consultora Análisis Relevante, propiedad del empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal del expresidente y una de las figuras clave de la causa.

La Policía investiga pagos superiores a 400.000 euros percibidos por Zapatero durante los últimos años por trabajos de asesoramiento que, según la tesis judicial, podrían haber servido para encubrir contraprestaciones derivadas de gestiones de influencia relacionadas con el rescate de Plus Ultra.

Dentro de esa arquitectura que investiga el juez aparecen varias referencias a empresas vinculadas al entorno familiar de Zapatero y a sociedades de consultoría asociadas a colaboradores empresariales que habrían operado como enlaces en la prestación de servicios, facturación y redistribución de ingresos. La premisa que maneja el juez radica en que estas entidades habrían podido desempeñar un papel fundamental en la ocultación del origen y el destino de determinados pagos asociados al entramado.

Por su parte, Zapatero ya ha negado haber tenido sociedades en el extranjero, estructuras interpuestas o cualquier tipo de vehículo societario fuera de España, y ha asegurado que todos los ingresos percibidos por su actividad de consultoría fueron declarados conforme a la normativa fiscal española.

Durante su comparecencia en la comisión del Senado sobre el caso Koldo el pasado marzo, el expresidente también rechazó haber mediado para facilitar las ayudas públicas a Plus Ultra y haberlo hablado con el Gobierno de Pedro Sánchez. Pese a ello, el juez instructor considera que existen indicios suficientes para continuar la investigación sobre una red que habría actuado aprovechando la capacidad de acceso político e institucional del ex jefe del Ejecutivo.

El PSOE cierra filas y la derecha ataca a Sánchez

Apenas unas horas después de conocerse la imputación de Zapatero, desde el Gobierno y la dirección del PSOE se ha pedido respeto a la actuación judicial y han apelado a la presunción de inocencia del expresidente. En un comunicado, los socialistas han cerrado filas en torno a Zapatero, trasladándole mensajes de apoyo, aunque sin entrar en el fondo de las acusaciones hasta que avance la instrucción.

La oposiciónse ha lanzado al ataque. El PP ha calificado la imputación como “un hecho de extrema gravedad” y ha exigido explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que el caso afecta directamente a la órbita política de su Ejecutivo. Varios dirigentes populares han reclamado transparencia y responsabilidades políticas más allá del ámbito judicial.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han llegado a calificar la situación de “escándalo internacional” y han cuestionado la actuación del Gobierno en torno a la investigación.

Vox ha ido más lejos, interpretando la imputación como una señal de “colapso” del sistema político liderado por el PSOE y reclamando la convocatoria de elecciones anticipadas. La formación de Santiago Abascal ha sostenido que la situación evidencia una crisis estructural del Gobierno y ha vinculado el caso con un supuesto entramado más amplio de corrupción política, exigiendo una respuesta inmediata en las urnas.

A la izquierda del PSOE, las reacciones han sido más matizadas. Sumar ha tratado de desvincular la causa del funcionamiento del Gobierno de coalición, mientras que Podemos ha advertido de que el escenario judicial “complica la gobernabilidad”, al tiempo que denuncia la presión política de la derecha sobre el procedimiento.