Justicia
Turno de oficio: el abogado que ejercía con un cuchillo oxidado y una linterna

En el primer episodio de la serie Better Call Saul, la maravillosa precuela de la todopoderosa Breaking Bad, el abogado Jimmy McGill estampa indignado contra el cristal de la secretaría del Juzgado de Nuevo México la ridícula minuta que ha recibido por su última defensa. Su destartalado coche de 500 dolares y su despacho/dormitorio en la trastienda de un salón de manicura coreano se contraponen con la vida acomodada de su hermano Charlie, jurista reconocido cuya carrera va ligada a un bufete ostentoso de oficinas inmensas y honorarios mareantes. Es una ficción satírica pero… ¿alguien duda de cuál de los dos McGill se dedica al turno de oficio?

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, anunció el 25 de junio que la subida de las retribuciones del turno sería “el gran caballo de batalla de la legislatura”. Esta es una reivindicación histórica del colectivo que, sin embargo, ha permanecido durante años en el olvido y no ha llegado a puerto. La responsabilidad, proporcionalmente, recae en mayor medida en las comunidades autónomas: solo las dos Castillas, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla carecen de competencias transferidas en Justicia. Suponen, en términos porcentuales, menos del 20% de la población.

Según el XII Informe sobre justicia gratuita, publicado en 2018 por el Consejo General de la Abogacía Española, órgano que coordina los 83 colegios de abogados del país, España invirtió en Justicia, en 2016, unos 79,19 euros al año por ciudadano (el 0,33% del PIB). En justicia gratuita la cifra es bastante más reducida: 5,60 euros por cabeza, es decir, el 0,023% del Producto Interior Bruto. Estos números contrastan con el porcentaje de abogados adscritos al turno de oficio: 46.011, es decir, un 32,4% del total —144.212 en 2017—.

Si se acerca la lupa a los testimonios y experiencias de los profesionales, es fácil comprobar que la situación es complicada. Todos coinciden en entender esa parte de su trabajo como una elección voluntaria, una decisión basada en el compromiso social a la que se prestan por principios y a pesar de las condiciones. Lola Garrido, que se dio de alta en el 1987, comenzó ya entonces con una motivación social. “Siempre se ha entendido así. Ahora está mal pagado, pero antes era una miseria, todavía peor, que ya es decir”, relata.

Los baremos del Ministerio de Justicia, que no se actualizan desde 2003, son una buena muestra de la brecha existente. La abogada Begoña Lalana comenta un caso paradigmático: por un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, un abogado de oficio no percibe más de 400 euros, mientras que las propias orientaciones de precios del Colegio de Abogados recomiendan cobrar 3.500. En una guardia normal, ilustra Garrido, se reciben 200 euros por todo un proceso en el que el letrado se encarga de la asistencia y el juicio de hasta cinco personas. Si solo una de ellas contratara sus servicios de manera externa le debería abonar, por lo mismo y según los honorarios recomendados, 540 euros. Si fueran cinco, la suma ascendería a 2.700. Hay que tener en cuenta, además, que estas tarifas se asocian a autónomos y despachos pequeños, no a grandes bufetes mercantiles. Éstos, según estima Lalana, pueden minutar unos 500 euros la hora.

Ana, especialista en derecho deportivo que ha regresado al turno tras diez años de parón, lo tiene claro. En un año le han turnado, apenas, cuatro o cinco casos. Ha ingresado unos 400 euros. “¿Tú crees que se puede vivir con eso?”, pregunta retóricamente.

Y es que no son solo las minutas. La precariedad y las dificultades envuelven a todo el conjunto. Avisos que no llegan, clientes ilocalizables, servicios mínimos que no se prestan… “Te comunican las cosas con poquísimo tiempo, somos el último mono. Los abogados de gente con menos recursos, que no venimos de grandes despachos y defendemos a los que menos tienen, somos tratados como morralla”, critica Garrido.

Guillermo del Valle, adscrito desde 2016, recuerda que algunos de los derechos básicos de los defendidos, como la traducción, son ya gestionados por empresas. El último traductor con el que habló era un falso autónomo. “Como sigamos así, va a venir a defendernos uno de Glovo con la bici” ironiza.

El Estado considera [el turno de oficio] como una especie de prestación caritativa en lugar de un derecho fundamental

Para Lalana, el problema es de concepto. “Si tú tienes que garantizar el derecho al acceso a los tribunales de cualquier persona que tenga un interés legítimo para hacerlo, tienes que pagarlo, dotarlo con recursos de todo tipo, y eso el Estado no lo hace. Lo considera como una especie de prestación caritativa en lugar de un derecho fundamental”, opina.

Del Valle no considera que sea una casualidad, sino una cuestión deliberada, una “suerte de privatización indirecta” cuya primera fase es el deterioro de las condiciones. “No quieren que salga a cuenta defender a los pobres”, afirma. De esta manera, según el jurista, solo se quedan en el turno los “muy vocacionales”, que hacen de su profesión “un ejercicio de contorsionismo”. Teodoro Mota, miembro de la Asociación Libre de Abogados (ALA), comparte su visión. “Quieren que los abogados vayan abandonando el turno de oficio y que sean despachos privados los que se hagan cargo”, mantiene este letrado, que forma parte del turno desde hace más de 30 años.

¿Cómo sería ese servicio privatizado? Mota ofrece una pista: “Se sacaría a subasta, se presentarían grandes despachos y se perdería la independencia de los abogados, que serían asalariados de grandes despachos, no como ahora”. Lalana coincide en la importancia de esa independencia, y apunta directamente contra los colegios de abogados. “Los colegios se reúnen y pactan subidas, pero siempre han defendido más los intereses mercantiles de las grandes firmas y de las grandes empresas [como Garrigues, despacho del que procede el decano de Madrid, José María Alonso] que los intereses del turno de oficio. Sin embargo, siempre han querido administrar el turno porque, entre otras cosas, el colegio percibe 30 euros por cada asunto que tramita”, lamenta Lalana.

Mota cree que las decisiones se podrían tomar de otra manera. “Es una batalla por el servicio público, llevamos veinte años en ella. El compromiso de los decanos es de cara a la galería. Hemos perdido un 25% de poder adquisitivo en los últimos años”, advierte. Del Valle también considera que es una cuestión ideológica. “Es una profecía auto cumplida. Quieren que no funcione para que terminen de externalizarlo al mercado. Forma parte de una lógica neoliberal y de un trabajo por la hegemonía cultural que te vende que lo público es ineficiente e ineficaz”, concluye.

Hay datos que indican que esa guerra cultural no está resultando del todo victoriosa. En una encuesta elaborada en 2018 por Metroscopia, el 65% de los preguntados evaluaban positivamente la justicia gratuita, el 70% aprobaba el trabajo de su abogado de oficio y su horario de atención, y el 80% consideraban “buena la atención prestada”. Solo un 15% pedían que fueran designados por una empresa privada, y más del 90% estaban de acuerdo en que los servicios continuaran siendo suministrados por el Estado sin coste para el defendido.

“La gente trabaja muy bien y la mayoría de los letrados no hacen diferenciación entre el turno de oficio y un asunto particular. Yo diría que hay un grado de excelencia”, sostiene Mota. “Es como si le pidieras a un cirujano muy bien preparado que hiciera una neurocirugía de precisión con un cuchillo oxidado y una linterna”, cuentan que resumió, agudo, el letrado Fernando Oliete en una asamblea.

En esta misma línea, Garrido recuerda que no es oro todo lo que reluce. “Yo he visto a abogados muy caros y muy estupendos cuya defensa ha sido una guarrería. Hay estrellitas y ‘vendehumos’ que cobran un dineral y que no ofrecen una contrapartida verdadera. Muchas veces los abogados de oficio, no es que seamos peores, es que no tenemos tiempo ni medios materiales”, admite.

¿POR DÓNDE PUEDE PASAR LA SOLUCIÓN?

Desde el punto de vista de Guillermo del Valle, lo fundamental es unir fuerzas y mancomunar luchas. Él apuesta por “no descontextualizar el problema y huir de la tendencia gremial, pensar que está ligado al resto de batallas: los recortes a los funcionarios, de las reformas laborales, la degradación de la negociación colectiva... Encuadrarlo, en fin, dentro de unas políticas generales”.

Mota es más pesimista, debido, también, a la falta de interés de los ciudadanos. “Nosotros hace cuatro años tuvimos más movilizaciones, pero en aquel momento, que era algo muy inminente, paramos la degradación con asambleas de mil abogados, concentraciones, encierros... En este momento la gente está más desmovilizada. La ciudadanía no es consciente de lo que significa el tema de la justicia gratuita, ni que es una garantía fundamental para el Estado de derecho”, lamenta.

Eso quiere decir, según Lalana, que “la gente no entiende que, sin acceso a la justicia, no hay acceso a ningún derecho; que si tú quieres ejercer el derecho a la vivienda y te lo niegan, puedes recurrir; que si quieres tener unas garantías mínimas en el trabajo y que te paguen las horas extras, tienes que acudir a la jurisdicción social; que si quieres un divorcio en condiciones, tienes que asistir al juzgado de familia... Casi para cualquier derecho que se ponga en cuestión hace falta un abogado o una abogada”. Este desconocimiento se debe, entre otras razones, al poco eco mediático y social de un problema que, como afirma la abogada, “no aparece en el debate electoral”.

Lalana, que reconoce que no alberga demasiadas esperanzas a medio plazo, apuesta por hacer una reflexión profunda sobre el funcionamiento del sistema. Para ello, propone fijarse, por ejemplo, en países como Alemania. Allí, el Estado fija las tarifas en función de las actuaciones que son necesarias para realizar una labor correcta. “Es un cálculo más realista de lo que es el pago”, sostiene.

Esta medida ayudaría, quizás, a que la abogacía de oficio se convirtiera una opción razonable dentro del oficio. Y, también, a incrementar la dignidad de los abogados, a los que se obliga a ejercer con un cuchillo oxidado y una linterna.