Ley de Vivienda
Unidas Podemos se baja de la firma de la Ley de Vivienda propuesta por la PAH y los inquilinos

A las 17:30 se seguía discutiendo en el Congreso Diputados la toma en consideración de una Ley de Vivienda auspiciada por el movimiento de vivienda. Unos minutos después se ha sabido que Unidas Podemos no pondrá su firma en la proposición de ley. El partido dirigido por Ione Belarra retira su firma pero votará a favor de la toma en consideración.

Las desavenencias con el PSOE, que había anunciado unas horas su 'no' a la toma de consideración ha sido el motivo de este paso a un costado de UP, que trata con este paso de salvar su relación con el partido de Pedro Sánchez. Los socios de Gobierno tienen en marcha otra Ley de Vivienda, de la que se desmarcaron todas las organizaciones sociales cuando, en octubre, se dio a conocer su contenido. Desde Podemos se ha explicado que iban “a votar a favor por nuestro compromiso con los colectivos de Vivienda y su ley, ya que sin su trabajo no se entenderia ninguno de los logros que hemos alcanzado para garantizar el derecho a la vivienda”. Las mismas fuentes explican: “Hemos retirado la firma como muestra de nuestro compromiso también con la ley del Gobierno, para no darle ninguna excusa al PSOE para romper el acuerd o”

La Ley que se topará hoy con el 'no' de PSOE, PP —y sus partidos satélite—, Vox y Ciudadanos fue registrada el 30 de septiembre en el Congreso. Ha sido redactada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), los sindicatos de inquilinos y 120 organizaciones sociales, entre ellas los grandes sindicatos.

Esta propuesta contó en su inicio con el respaldo de Unidas Podemos, y mantiene la firma de Más País, EH Bildu, ERC, Junts Per Catalunya, CUP, Compromís, BNG y Nueva Canarias. El texto suponía una punto de inflexión en la política de vivienda en España: ha querido regular la dación en pago, prohibir los desahucios sin alternativa habitacional y los cortes de suministro para familias vulnerables y extender la regulación de los alquileres catalana al resto del Estado, una fórmula que obliga a pequeños y grandes propietarios a congelar precios y a reducirlos si superan los índices de referencia en las zonas tensionadas. 

La segunda Ley

Un mes después, el 26 de octubre, el PSOE y Unidas Podemos llegaban a un acuerdo después de más de un año de negociaciones para sacar en el Consejo de Ministros una norma que, según denunciaron los movimientos de vivienda, no hablaba de suministros ni de dación en pago y no prohibía los desahucios de las familias vulnerables sin alternativa habitacional, sino que se limitaba a suspenderlos durante un máximo de cuatro meses. Además, la aplicación de la regulación de los alquileres se convertía en optativa para las Comunidades Autónomas y solo obliga a reducir los alquileres a los grandes tenedores en ciertos casos. 

De forma paralela, las organizaciones sociales que conforman la Iniciativa Ley Vivienda, han presentado este mes alegaciones al anteproyecto de Ley Vivienda pactado por los socios de Gobierno, “ya que tiene grandes carencias y no garantiza este derecho fundamental”, según denuncian. Javier Gil, del Sindicato de Inquilinos de Madrid, ha escrito hoy que el PSOE “se separa de todos los partidos que sostienen su Gobierno y votará en contra de nuestra ley. Esta ley iba a ser un avance histórico en materia de vivienda en nuestro país”.

Este 14 de diciembre el PSOE tenía que elegir “si ponerse del lado de las personas y del derecho a la vivienda, o bien, seguir el legado del Partido Popular y legislar para los desahuciadores, los responsables de la burbuja inmobiliaria: bancos y fondos de inversión”. Y ha decidido darle la espalda al derecho a la vivienda, denuncian desde la Iniciativa Ley de Vivienda.