Elecciones
La Observación Electoral Internacional como sujeto de controversia permanente

Tanto la fundamentación como la práctica de la observación electoral internacional son objeto de controversia permanente por diversas causas que hacen necesario reflexionar sobre sus virtudes, defectos y oportunidad.  

En lo que a la fundamentación respecta, desde la ciudadanía y desde algunos postulados críticos se comprende la observación como un irrespeto a la soberanía del Estado, dado que un número más o menos sustancial de personas extrañas llegan al país a estudiar y analizar el marco y el procedimiento electoral, basamentos elementales de la democracia liberal. Sin embargo, si en la comunidad internacional o regional existe un consenso de valores respecto de la democracia liberal es comprensible que sus instituciones incidan en apoyar buenos procedimientos electorales. Adicionalmente, la llegada de estos expertos observadores como parte de una misión es resultado de una convocatoria del Estado a la institucionalidad como parte de su ejercicio soberano, presumiblemente de forma libre de influencias externas.

No deja de ser destacable que la gran mayoría de las misiones y, sobre todo, las más voluminosas y publicitadas por los medios de comunicación, se llevan a cabo en países con Estados más débiles. En el caso americano, Argentina, Chile y Uruguay —Brasil recibió observadores por vez primera en la última elección presidencial—, además de los países norteamericanos, no reciben misiones reseñables, así como pasa en Europa Occidental a diferencia de los antiguos países soviéticos. Tiene cierta lógica que sea la debilidad del Estado la motivación para la existencia de una misión de observación, destilando, sin embargo, un cierto olor intervencionista pese a ello.

Buena parte del trabajo llevado a cabo por una misión electoral, especialmente la observación el día de la elección, se realiza por un número sustancial de personas llegadas al país alrededor de una semana antes de la misma, sin un conocimiento profundo en su mayoría de la situación sociopolítica, la historia e incluso el sistema electoral del país en cuestión. Este trabajo podría ser, y es complementariamente realizado, por organizaciones civiles nacionales, a las que se complementa con una transferencia de “know how” en temas electorales específicos con suficiente antelación por parte de la misión, en aras de mejorar todo el proceso electoral con el objeto de que sea ejemplarmente democrático. A menudo, este tipo de actividad pasa inadvertida por la población y por buena parte de los medios de comunicación del país y externos, pese a ser decisiva y quizás el aspecto más importante de la misma. Sería bueno cambiar estos hábitos informativos y de sensibilización, dado que juegan un papel sustancial en la legitimidad y el sentir social para con este tipo de misiones.

En el ámbito más práctico cabe decir que, pese a ser una herramienta y un trabajo eminentemente técnico, a menudo existe la presunción desde alguna de las facciones políticas o de actores externos influyentes de estar politizada, incluso habiendo sido consultado respecto de la pertinencia o no de solicitar la observación en cuestión. Esta desconfianza puede deberse a una desconfianza a priori en la institución ejecutora de la misión, o bien, una vez finalizadas las elecciones y no obtener los resultados electorales deseados, en no lograr la deslegitimación de las elecciones por parte de aquella. Resulta muy difícil discernir por parte de la gran mayoría de la población y por parte de algunos actores políticos o sociales cómo unas malas prácticas electorales conocidas no suponen necesariamente una declaratoria de fraude sin suponer ello tampoco un aval a las mismas por parte de la misión. Para solventar este desconocimiento generador de malestar social sería positivo una mayor educación ciudadana sobre los procesos electorales, como hace por ejemplo la misión de observación electoral (MOE) en Colombia.

Ante lo anterior, cabe preguntarse qué es lo que motiva a un Estado a esa cesión de competencias soberanas a una institucionalidad externa y qué motiva a la institucionalidad a apoyar un proceso que, en ocasiones y circunstancias complicadas, manchan el nombre de la institución e incluso su legitimidad. La convocatoria por parte del país objeto de la misión generalmente viene motivada por varias causas no necesariamente excluyentes. Por ejemplo, la presión de una comunidad internacional desconfiada del proceso y las capacidades internas del país; esta motivación alimenta las críticas a la cesión de soberanía estatal forzada, contrapuesta siempre a la argumentación que exige mayor intervención externa bajo la inspiración de los derechos humanos u otros valores comunes. La causa de la solicitud puede ser también la necesidad y el deseo de mostrar al mundo y/o a la población del propio país a modo de desagravio que el proceso tiene la probidad democrática necesaria. Para lograrlo, no solo es necesaria una observación electoral ejemplar sino la plena confianza de las diversas facciones políticas en la actuación de la misión, de lo contrario se pervertirá el objeto de la misma.

El colmo de la paradoja se produce cuando la misión, con el lenguaje diplomático propio de estas circunstancias, evidencia el fraude y la falta de legitimad democrática del proceso electoral, tal y como ocurrió en el caso de Honduras en 2017

La paradoja de la institucionalidad en la organización de las misiones es que, pese a ser un ejercicio eminentemente técnico, se ve contaminado por la politización del mismo. Esa politización puede provenir de la actuación institucional en otras áreas de trabajo o de los mismos actores políticos que, falazmente, afirmen desconfiar de la actuación de los mecanismos electorales de la misión en cuestión pese a ser partícipes de su convocatoria. El colmo de la paradoja se produce cuando la misión, con el lenguaje diplomático propio de estas circunstancias, evidencia el fraude y la falta de legitimad democrática del proceso electoral, tal y como ocurrió en el caso de Honduras en 2017 donde tanto la OEA como la UE manifestaron su desconfianza en los resultados tras el repentino apagón y posterior cambio de dirección en el recuento electoral; si esta declaración, sin fuerza coactiva de imposición, no logra que el grupo dirigente acepte el fraude y una nueva convocatoria electoral o cesión del poder, provoca el descontento político y ciudadano hacia una misión que, sin la fuerza coactiva para hacer valer sus recomendaciones, acaba dibujada como un instrumento de legitimación del fraude. Ante esa paradoja cabe preguntarse si es necesario mayor capacidad de intervención de estas misiones u optar por fortalecer más los mecanismos electorales nacionales en sentido amplio.