Venezuela
Venezuela: no queda otra que dialogar

Este escrito va a estar lleno de peros. Como suele suceder en cualquier asunto polémico y mediático, la gran mayoría tiene una opinión y una postura con respecto a la crisis de Venezuela: simpatiza con una de las partes en liza y hace suyas sus razones, así como se indigna y escandaliza con las sinrazones de la otra parte. Sin embargo —desengáñense—, esta realidad —como la mayoría de las que se le asemejan— incluye muchos datos y es más compleja de lo que se presume.

En todo caso, que ponga objeciones a unos y a otros, no ha de hacer pensar que busco la neutralidad o la equidistancia. Siquiera por razones emocionales, cuando no de memoria histórica, he de decir que la oposición antichavista, cuya dirigencia relaciono con los clasistas y arrogantes sectores pudientes venezolanos que tradicionalmente han sido irresponsables y parasitarios dueños del país, despierta, en general, mi antipatía.

Golpes, bloqueos e injerencias

Me caben pocas dudas de que, tras las reacciones a la autoproclamación presidencial de Juan Guaidó, más que el compromiso con la democracia o con la libertad que aquí —a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con Arabia Saudí o Guinea Ecuatorial— se dice pretender, hay importantes intereses económicos en liza. ¿Qué decir del petróleo y el oro? ¿O de la pugna geoestratégica entre potencias viejas y nuevas? ¿Qué razones exactas y concretas mueven a los dirigentes de tantos países a reconocer al nuevo presidente? ¿En qué se concretan esas “presiones” que, por ejemplo, se dice que el propio Gobierno español ha recibido? ¿Hablamos de intercambio de favores? ¿De números en cuentas bancarias, tal vez? ¿A cuánto está el precio por sumarse al derrocamiento de un gobierno?

La guerra económica, librada desde la propiedad privada del país, con apoyo de EE UU y otros Estados, y que es la principal causante del desabastecimiento, la inflación y, como consecuencia, la emigración

A nadie escapa, además, que no es nueva la acción política “irregular” y la injerencia extranjera, como forma de promover el cambio de presidencia en Venezuela. Ya hubo un golpe de Estado con mayor propiedad semántica, si cabe, que el actual. Sin nombrar la guerra económica, librada desde la propiedad privada del país, con apoyo de EE UU y otros Estados, y que es la principal causante del desabastecimiento, la inflación y, como consecuencia, la emigración.

Un movimiento en decadencia

Por su parte, la dirigencia chavista, a cada año que pasa, se aleja más y defrauda en mayor medida los objetivos de estado social pretendidos en su día por Hugo Chávez. Ya en tiempos del comandante, la corrupción, la venalidad y la ineficiencia administrativa corroían de arriba a abajo las estructuras del Estado. Los sucesivos gobiernos se mostraban crecientemente incapaces de afrontar los graves desequilibrios económicos, así como de poner coto a las altísimas tasas de delincuencia común y de homicidios. Al tiempo que los problemas y disfunciones se acumulaban, alrededor del poder central y de todas sus sucursales se iba aposentando una creciente red clientelar de beneficiarios: la llamada “boliburguesía”.

Veinte años en el poder, como no puede ser de otro modo, resultan fatídicos. Finalmente, el país que quería representar el “socialismo del siglo XXI” se terminó convirtiendo en la república de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y los militares

Veinte años en el poder, como no puede ser de otro modo, resultan fatídicos en esta cuestión. Los dirigentes chavistas —o bolivarianos—, empleando las arremetidas opositoras como coartada, envolviéndose en la bandera —y en el legado de Chávez, tras su fallecimiento—, terminaron por atrincherarse en los resortes estatales, financiados con los recursos petrolíferos, respaldados por la cúpula militar —también beneficiaria del reparto del pastel— y legitimados en sus tortuosas maniobras institucionales y en la persecución de líderes opositores, por los coptados altos tribunales del poder judicial. Sin olvidarnos del amplio control ejercido sobre los medios de comunicación.

Finalmente, el país que quería representar el “socialismo del siglo XXI” se terminó convirtiendo en la república de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y los militares. Y la de quienes se visten con la camiseta rojita para poder optar a puestos y beneficios. Departamentos inoperantes, regalías, puestos innecesarios donde poder enchufar “a los nuestros”, comisiones de expertos en las que, sobre todo, se toma café y se comen pastelitos... Que el gobierno de un país con enormes riquezas naturales, como es Venezuela, padezca desabastecimiento crónico de productos básicos, a pesar del boicot opositor y extranjero, deja muy pocas dudas sobre la magnitud de la incapacidad e inepcia gubernamental. 

Kafka en las instituciones

En tal tesitura, es perfectamente lógico que las bases sociales del chavismo tiendan a un paulatino desencanto. La situación económica se vuelve insostenible, la situación social, conflictiva y violenta —cada vez hay más armas en el país, en parte con la anuencia del gobierno, que no ha dudado en permitir armarse a sus partidarios—.

La Revolución bolivariana, lejos de caminar hacia el bienestar y la prosperidad de la población, lo hace hacia la fractura social y el abismo. Obviamente, el persistente martilleo de la oposición también hace lo suyo para que se dé este escenario. Así, por el cansancio de tanta tensión y disfunción acumulada, en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 la oposición logra una rotunda victoria, obteniendo en torno a dos tercios de los escaños de la Asamblea Nacional. La cifra concreta es importante, ya que, según la propia Constitución Bolivariana, permite a la Asamblea Nacional promover un referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro.

La posibilidad de perder la presidencia y verse fuera del poder pone muy nervioso al aparato chavista que, con ayuda de un poder judicial más que parcial y de su posición dominante en los medios de comunicación, inicia en este momento una tortuosa huida institucional que desembocará en el actual conflicto de legitimidad entre poderes.

Chávez ya había superado en su día un referéndum revocatorio, pero Maduro y su camarilla no lo debieron ver nada claro y, en lugar de permitir a la Asamblea Nacional, votada por una amplia mayoría del electorado, desempeñar sus atribuciones constitucionales y que la población pudiera decidir en las urnas quién debería gobernar el país, inventaron un artificio de distracción: nada menos que una reforma de la Constitución redactada al inicio del gobierno de Chávez, y que había sido respaldada, en su día, por una amplísima mayoría.

Más allá de esta bizantina polémica acerca de la institucionalidad democrática, lo que está claro es que ambas partes carecen de la suficiente legitimidad social

El “proceso constituyente”, emanado de un decreto presidencial y no de una consulta popular, en la práctica dejaba en fuera de juego a la Asamblea Nacional, cediendo todas sus funciones al nuevo poder: la Asamblea Constituyente. Ésta, controlada de arriba a abajo por las fuerzas chavistas, se puso en marcha después unas elecciones en las que no llegó a votar ni la mitad del censo —menos de una cuarta parte, según la oposición—, cuya misma convocatoria, a su vez, había sido cuestionada por sus reglas poco imparciales. La oposición, por su parte, desconoció esta maniobra, a la que tildó de ilegítima, y se hizo fuerte en su poder parlamentario, negado por el ejecutivo, así como por los poderes judicial y militar. Desde esa situación, dándole una nueva vuelta de tuerca al escenario kafkiano, la oposición se posicionó al margen en sucesivas elecciones, incluyendo los recientes comicios presidenciales que refrendaron a Maduro, no reconociendo su resultado.

Es de esta forma como se alcanza el momento actual en el que diversos poderes, de dentro y de fuera, enarbolan la, artificialmente creada, figura de Juan Guaidó para reclamar el poder ejecutivo del país, en nombre de la legitimidad democrática.

Si “gana” uno de los dos

Dicho todo lo anterior, desde un punto de vista que quiera ser mínimamente justo y objetivo, me parece, no cabe interpretar que todo este galimatías institucional pueda dar razón, o legitimidad, al golpe perpetrado por la oposición, con el apoyo —cuando no con el diseño y financiación— de Estados Unidos, y encabezado por Guaidó, con el objetivo de hacerse con el poder del Estado por la vía rápida. Por otra parte, la referida maniobra de la cúpula chavista para castrar el poder legislativo en manos opositoras, no deja de constituir una suerte de autogolpe que busca prolongar la estancia en el poder por medios, asimismo, discutibles y, desde luego, escasamente democráticos.

Pero, más allá de esta bizantina polémica acerca de la institucionalidad democrática, lo que está claro es que ambas partes carecen de la suficiente legitimidad social. Al menos para hacer buena su reclamación de ser el único poder gobernante de Venezuela. La sociedad venezolana está, hoy, profundamente dividida y, en el actual escenario conflictivo, de crisis económica aguda, de violencia desencadenada e, incluso, de amenaza bélica, no cabe la imposición ejecutiva de ninguna de las partes sobre la otra.

La situación que contemplamos hoy puede derivar en dos posibilidades, a cual más inquietante. Si la cúpula chavista que rodea a Nicolás Maduro logra aguantar el envite, y consigue seguir detentando el poder, cabe interpretar que la polarización social va a continuar, así como el clientelismo, la militarización, el esfuerzo opositor en las calles, la crisis económica, el aislamiento internacional... El Gobierno, obligado a una especie de huida hacia delante, deberá recurrir a maniobras cada vez más oscuras desde el punto de vista de la legitimidad democrática y al uso discrecional de la represión.

Si gana la oposición, cabe prever un largo periodo de purgas del chavismo y el obligado pago a los patrocinadores extranjeros en petróleo, privatizaciones y recorte de las políticas públicas

Si el conglomerado de fuerzas opositoras logra la victoria, cabe prever, se avecina un largo periodo de purgas y revanchas, de “limpieza” de chavistas en las instituciones y en las empresas estatales. También el obligado pago a los patrocinadores extranjeros —otorgándoles la deseada parte de pastel en la explotación de los recursos naturales del país—, una ola de privatizaciones y un previsible recorte de las políticas públicas que fueron bandera de la “revolución bolivariana”.

Vías de diálogo y de participación democrática

No cabe ser ingenuo y esperar algún tipo de actitud ética, o de sincera preocupación por los seres humanos que habitan Venezuela, por parte de ninguno de los poderes que están en liza. Menos todavía en quienes les apoyan desde otros lugares del mundo —resulta obscena, en este contexto, la maniobra de la “ayuda humanitaria” estadounidense—.

Sin embargo, sí cabe poder expresar la opinión de que, en este caso, la solución óptima, incluso considerando, en parte, los intereses materiales de unos y de otros, pasa por el diálogo y el concierto. La victoria de uno de los dos bandos, como he tratado de explicar, no resuelve el problema. Lo lógico es buscar el acuerdo, la integración, y la participación de ambos sectores sociales en la gestión de un país que es el suyo.

Mucho mejor si se desarrollan fórmulas de democracia directa que favorezcan dicha participación, en lugar de apostar únicamente por la delegación y el voto. Las diferencias y sensibilidades pueden seguir siendo las que son. Cada parte ha de tener la oportunidad de defender, y tratar de obtener legítimamente, sus aspiraciones, en un contexto de diálogo y negociación. El poder, sea legislativo, sea ejecutivo —qué decir del militar— no ha de estar secuestrado, ni coptado, por un concreto sector en detrimento del otro.

Solo con esta actitud será posible desencallar una situación que amenaza catástrofe. Obviamente, no me hago demasiadas ilusiones. Ya digo que no cabe ser ingenuos y esperar grandes gestos por parte de personas y poderes que, por encima de cualquier otra circunstancia, hasta ahora han evidenciado su egoísmo y falta de escrúpulos.

Sin embargo, son las bases sociales que apoyan al chavismo y a las fuerzas opositoras —y que demuestran, una y otra vez, su fortaleza con su presencia manifestante en las calles del país— quienes pueden obligar a sus respectivos dirigentes a sentarse a dialogar, y negociar una salida a la situación, incluyente y beneficiosa para todas las partes. Porque el verdadero poder y la capacidad de ejercerlo, en resumidas cuentas, está en el pueblo y no en las clases dirigentes.