Consumo
Sin sindicatos, sin voz: el coste humano que esconde la industria tecnológica global

Se acerca la campaña de Navidad y los escaparates empiezan a llenarse de promesas tecnológicas. Las previsiones de consumo vuelven a señalar a la electrónica como uno de los sectores estrella, que concentrará alrededor del 18% de las compras en el Estado español durante las próximas semanas. Lo que no aparece en las campañas publicitarias es el coste humano que sostiene esta industria, ni la represión que enfrentan quienes intentan organizarse para defender sus derechos.

Según un nuevo informe publicado por la red Good Electronics, con el apoyo de la asociación SETEM Catalunya, la industria electrónica se sustenta gracias al trabajo de millones de personas sometidas a dinámicas de precariedad laboral estructural y con difícil acceso a mecanismos efectivos de defensa de sus derechos.

A escala global, el sector emplea a 17,4 millones de trabajadoras y trabajadores en todo el mundo, lo que equivale al 3,5% del empleo manufacturero mundial. Sin embargo, buena parte de esta mano de obra permanece fuera del foco público: concentrada mayoritariamente en países asiáticos e integrada en cadenas de suministro globales que desplazan la producción hacia territorios donde la protección laboral es frágil o inexistente. En este contexto, la organización de los trabajadores y trabajadoras no desaparece, pero sí se enfrenta a un bloqueo sistemático que convierte la libertad sindical en un derecho vulnerado de forma recurrente.

Los hallazgos del informe ponen en cuestión el discurso de sostenibilidad de las grandes compañías del sector, que incumplen de forma reiterada sus propios códigos de conducta y compromisos de responsabilidad corporativa. Las denuncias de las plantillas describen un patrón común: salarios insuficientes, ritmos de trabajo abusivos, exposición a sustancias peligrosas sin las debidas medidas de protección, vínculos laborales inestables y represalias directas contra quienes reclaman un trabajo digno.

Las empresas estadounidenses que concentran la mayor parte de los beneficios de este sector han convertido el modelo antisindical de Silicon Valley en un patrón global exportado a los países del Sur Global donde se concentra la producción electrónica. Según se describe en el informe, la deslocalización de electrónica no solo trasladó fábricas en busca de mano de obra barata y regulaciones laxas, sino también prácticas destinadas a frenar la organización sindical: prohibición de sindicatos independientes, vacíos legales, sindicatos controlados por las empresas, represalias, inseguridad laboral y, en los casos más extremos, violencia y asesinatos de representantes sindicales. Las mujeres —que suponen alrededor del 60% de la fuerza laboral en Asia— afrontan una precariedad agravada por el acoso y la falta de conciliación, especialmente cuando intentan organizarse. Las trabajadoras migrantes, además, sufren una discriminación múltiple marcada por el género, el estatus migratorio y el acceso casi exclusivo a empleos temporales y precarios.

Afrontar esta realidad exige garantizar protecciones legales, garantizar el cumplimiento efectivo de las normas internacionales y avanzar en mecanismos de responsabilidad empresarial a lo largo de toda la cadena de suministro. Pero también requiere una solidaridad transnacional que conecte a quienes producen con quienes consumen.

En plena campaña navideña, conviene mirar más allá del brillo de la electrónica y preguntarse quién paga realmente el precio de nuestro consumo.