Medio ambiente
Denuncian vertidos de aguas residuales en el Cabo de la Huerta

San Juan Playa es una de las zonas de Alicante más privilegiadas, tanto económicamente como por su paisaje. Sin embargo, como ya contó en El Salto sobre la playa de San Gabriel, la zona del Cabo de la Huerta está sufriendo los vertidos contaminantes por parte de un emisario que se utiliza como “fosa séptica y cloaca” y donde se vierten “aguas residuales sin tratamiento alguno”, según denuncian la Colla Ecologista d'Alacant y el grupo Unir Alacant. Es por eso que estos dos colectivos han presentado ocho alegaciones para que Dirección General del Agua exija a la Mancomunitat de L'Alacantí el cumplimiento de la normativa ambiental y procedimental.

El litoral alicantino se ve perjudicado por una “grave y crónica contaminación que se produce en una zona costera marina de protección especial y de un gran valor para la industria de la ciudad”

Esta irregularidad en los vertidos fue descubierta a través de la página web de la Conselleria de Medio Ambiente, donde se muestran los expedientes que están en tramitación. Ambos colectivos se dieron cuenta de que lo que se pretendía era una prórroga de una instalación anticuada y en mal estado. Tal como exponen en un comunicado, el litoral alicantino se está viendo perjudicado por una “grave y crónica contaminación que se produce en una zona costera marina de protección especial y de un gran valor para la industria de la ciudad”. A su vez, Santamaría explica que la Mancomunidad de l'Alacantí  —un grupo de Ayuntamientos entre los que está el de Alicante como principal, que son los responsables de su funcionamiento y en este caso de la contaminación que vierten al mar— es quien ha pedido esta prórroga. “Esto es claramente un delito ambiental si miramos las últimas modificaciones del Código Penal, agravado por delito de espacio protegido”, señala Jose Santamaría, representante de Unir Alacant.

Este portavoz explica que la zona costera del cabo, siendo un litoral fundamental para la imagen turística de Alicante, que además está protegida por la Comisión Europea, lleva siendo maltratada durante años. “Las personas que frecuentan esas zonas porque están relacionadas con el mundo de la embarcación nos han comentado desde hace tiempo que existían restos de origen fecal, de aguas negras. Flotaban partículas en suspensión, agua de color diferente. Y los fondos llenos de toallitas, plásticos de compresas, etcétera”, señala.

“Existen soluciones y alternativas ante estas situaciones y la legislación exige, desde el 2012 y potenciada en 2023, que este tipo de desbordamiento de los sistemas unitarios de aguas residuales sean solucionados con tanques antitormenta o depósitos de retención, lo que evitaría esta contaminación”, señala al respecto. Además, cuenta que estas adecuaciones son una exigencia pero que, a pesar de ello, “ni el Ayuntamiento ni las empresas que gestionan el agua lo ven rentable económicamente para ellos, es más barato usar el mar como cloaca mientras hablamos de banderas azules y presumimos de litoral”. Mientras tanto, especies como las praderas de posidonia siguen su camino hacia la desaparición por este maltrato.

El expediente sobre el que se pide la prórroga está fechado en el año 1969 y, según denuncian las organizaciones, está incompleto, pues no solamente no existían las estaciones depuradoras, sino que estaba pensado para verter las aguas fecales de 25.000 habitantes, menos de la mitad de la población que habita una zona que hoy tiene 52.852 personas. Los más de 91.500 metros cúbicos de aguas residuales generales y vertidas sin tratamiento alguno al mar provienen de las estaciones de bombeo de La Albufereta, Alcalasí, Apeadero, Niza, Fabraquer y Condomina, así como de los colectores de Almajada y Benimagrell. Los vertidos procederían, según denuncian, del desbordamiento de una zona de El Campello, La Albufereta y las playas de San Juan y el Cap de l'Horta.

Todo ello incumpliría la legislación reguladora de los desbordamientos del Sistema de Saneamiento en episodios de lluvia (DSS), la Directiva Europea 91/271/CCE, el Real Decreto 665/2023, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y la planificación hidrológica o el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), entre otros. Además, también incumple la Orden específica de 1993 donde se regulan las conducciones de vertido. “La normativa vigente exige la sustitución de este tipo de aliviaderos por alternativas viables como son los tanques antitormenta o las cámaras de retención”, denuncia el comunicado de Ecologistas en Acción, organización que ya plantó una bandera negra en sus fondos como denuncia de su degradación de sus debido al vertido incontrolado de aguas residuales sin depurar en el año 2009.

En los informes oficiales aparece el término “desconexión” —que quiere decir “rotura”, según matiza Santamaría—, por lo que, tal como se puede observar en la siguiente imagen, desde hace años se vierten, directamente y a pocos metros de la orilla, el agua no tratada. “La principal rotura es un ejemplo de la negligencia, desidia y abandono de sus responsabilidades”, añade Santamaría refiriéndose al Ayuntamiento de Alicante, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR) y Aguas de Alicante.

“La contaminación y su eliminación de todo el litoral tan a corto plazo va a resultar irreversible. El problema no es que hayamos hablado de esto hace poco por la playa de San Gabriel y se repita, sino la gravedad de esta repetición”, lamenta Santamaría. Esta costa está protegida por la Unión Europea dentro de la Red Natura 2000 como Lugar de Interés Comunitario y el vertido lleva denunciándose por parte de Ecologistas en Acción del País Valencià desde 2009.

Descuidando el patrimonio humano y natural

Esta situación en un área que es tanto patrimonio como territorio de importancia para la provincia tiene consecuencias a varios niveles. La arquitecta y geógrafa Esmeralda Martínez, profesora de la Universidad de Alicante, advierte sobre el desconocimiento y la desprotección de lugares como la Huerta de Alicante, que cuenta con un valor histórico y paisajístico muy potente y que, incide, debería de ser protegido. Ante este crecimiento desmesurado, cuenta cómo “los desarrollos urbanos de la playa de Sant Joan ocupan una parte muy importante de lo que fue l’Horta d’Alacant, en concreto, l’Horta de Baix o Condomina. Desde el punto de vista productivo, el Cap de l’Horta no perteneció a la huerta, ya que los cultivos no llegaban hasta allí, pero paisajística y territorialmente forma parte de la misma unidad”.

La pérdida de la huerta viene dada por la crisis de la agricultura tradicional española, iniciada en el primer cuarto del siglo XX. Esta situación de crisis conlleva una transformación territorial que es especialmente significativa en áreas como L’Horta d’Alacant, espacios que Martínez califica como conflictos por el crecimiento urbano que lleva al abandono progresivo de la agricultura y a la modificación del paisaje y de su estructura histórica. “Estas transformaciones son aún más profundas y aceleradas en los espacios costeros mediterráneos, donde la actividad turística desarrollada a partir de los años 60 del siglo XX se impone a cualquier otro uso posible”, añade.

El desconocimiento nombrado antes de la geografía local provoca una imposibilidad de reivindicar, en lo colectivo, una memoria histórica del territorio. La expansión urbanística en zonas sobreturistificadas hace que la preservación del patrimonio se concentre únicamente en lo edificado sin tener en consideración su relación con el lugar y con el resto de elementos que le dan sentido. Esto provoca que se quiera trasladar la Torre Placia, 20 años después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia certificara que las viviendas de la urbanización Azalea Golf se construyeron invadiendo el perímetro de protección necesario para procurar su conservación como parte del Bien de Interés Cultural, es decir, ilegalmente. También provoca la problemática del faro, cuyo futuro depende de una concesión por parte de la competencia portuaria y para el que las asociaciones piden que sea declarado como zona zona protegida, aunque no está claro si va a ser vendido al sector hostelero para explotarse.

Otra de las consecuencias es que el dueño de una casa ponga una puerta en suelo público, impidiendo que la gente llegue a las calas de la zona. Es algo que Juan Pablo Serra ya denunció ante la policía en octubre de 2023, pues llevaba viendo esa puerta “por lo menos desde 2013”. Le confirmaron que era terreno público pero no se ordenó la retirada de la puerta, “así que en enero de 2024 denuncie en Urbanismo y llame de nuevo a la policía, sin recibir respuesta, y en agosto vuelvo a denunciar y ya grabo el video”. Se trata de una acción que, junto a la unión de vecinos y asociaciones, ha hecho pública la situación hasta conseguir la retirada de la puerta.

La relación entre el crecimiento urbano desmedido y el aumento de vertidos ilegales es obvia, como lo fue en su día en la zona sur de la bahía de Alicante. En este crecimiento no se ha tenido nunca en cuenta la disponibilidad de recursos hídricos y capacidad de saneamiento

“La desilusión como arma política hace que los problemas colectivos no se conviertan en algo con lo que empatizar y contactar. Además, queda claro que si tienes dinero puedes hacer lo que quieras”, dice Serra. La relación entre el crecimiento urbano desmedido y el aumento de vertidos ilegales es obvia, como ocurrió en su día en la zona sur de la bahía de Alicante. En este crecimiento no se ha tenido nunca en cuenta la disponibilidad de recursos hídricos y capacidad de saneamiento que, asegura Esmeralda Martínez, debería estudiarse. “Para ello se debe contar con los informes favorables de las compañías que gestionan estos servicios”.

Pero la denuncia de Ecologistas en acción y Unir Alacant indica que no se está llevando a cabo este proceso. “El control que se realiza para que exista un equilibrio satisfactorio entre crecimiento urbano e infraestructura de depuración no es el adecuado”, asegura Martínez. Además, cuenta tres actuaciones tipo que ella cree imprescindibles para crecer sin maltratar el entorno: “Mejorar y adecuar las infraestructuras existentes a las necesidades reales actuales, no permitir nuevos desarrollos si el tratamiento de las aguas residuales no está realmente garantizado: informes con estimaciones realistas y exigencias que de verdad se cumplan, y rediseñar la gestión integral del agua. Es decir, mejorar los sistemas actuales, construir nuevos y minimizar los vertidos”.

Sobre la gestión por parte de Aguas de Alicante y el PP, Santamaría habla de impunidad: “Cuando denunciamos ante el Seprona, que lo traslada a Fiscalía, nos encontramos con un mecanismo ineficaz e inoperante. Seprona actúa pero la Fiscalía lo archiva”

Sobre la gestión por parte de Aguas de Alicante y el Partido Popular, Santamaría habla de impunidad. “Debería llevarse a la Fiscalía de Medioambiente pero cuando denunciamos ante el Seprona, que lo traslada a Fiscalía, nos encontramos con un mecanismo ineficaz e inoperante, no sirve de nada. Seprona actúa, pero la Fiscalía archiva y lo tira. La impunidad se implanta para el beneficio de los delincuentes ambientales, los ayuntamientos, sobre todo el de Alicante”. Además, asegura que “hay muchos alcaldes condenados por vertidos, pero aquí se han blindado y todo está plegado a los intereses de las administraciones y las empresas”.

Respecto a si existe un modelo de crecimiento sostenible, Martínez explica que pasa, primero, por “evaluar cuáles son las necesidades de crecimiento que tenemos y qué suelos son los más idóneos para su desarrollo, en el caso en que sea necesario poner en uso más suelo, habida cuenta de que el suelo urbano consolidado está infrautilizado. Esta sería la primera medida a adoptar en un modelo sostenible: aprovechar los recursos existentes, es decir, la ciudad consolidada, parcialmente abandonada. Para Martínez, esto, en una zona como San Juan, debe comenzar por la protección del patrimonio que atesora l'Horta d'Alacant y “su protección siempre pasa por actuaciones integrales que mantengan el carácter de unidad que tuvo la huerta”.

Lo paradójico es que todos estos problemas y negligencias por parte del Ayuntamiento de Alicante están surgiendo en una zona de gente con dinero y que, aún así, están sufriendo consecuencias.

Si la crisis energética, el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad están ligadas —como apunta Yayo Herrero en el prólogo de Las políticas de la ecología social. Municipalismo Libertario, de Janet Biehl— esto quiere decir que eliminar el patrimonio histórico, territorial y ecológico trasciende a la idea de tradición de una zona concreta. Este destrozo también forma parte de un capitalismo que, como también indica Herrero, lleva aumentando las diferencias entre clases sociales desde el boom del ladrillo.