Memoria histórica
Las consecuencias de la mercantilización de las fosas comunes del franquismo

Desde la llegada de las tropas sublevadas a la provincia de Castelló, y fundamentalmente tras el final de la Guerra Civil y hasta 1956, el régimen franquista impuso su nueva España a base de muerte y terror. Así, el territorio valenciano llegó a albergar más de 500 fosas comunes repartidas entre las provincias de València —326—, Alacant —77— y Castelló —156—. Han pasado 84 años desde el inicio de aquella represión sistematizada, pero la recuperación de los cuerpos de las víctimas del franquismo todavía no se ha completado. Muy al contrario, el trabajo por la recuperación fue tardío: en la provincia alicantina, la primera apertura en busca de desaparecidos de la dictadura se llevó a cabo en el municipio de Monòver en 2020.

Sin embargo, en los últimos años el proceso se ha visto acelerado a consecuencia de la intervención del gobierno valenciano, que asumió la responsabilidad al inicio de su legislatura, durante la cual prevé exhumar alrededor de 70 fosas. Pero, a diferencia de otras comunidades autónomas —como son el caso de Navarra y Euskadi, donde se ha apostado por un modelo diferente para el proceso de exhumación—, en el territorio valenciano la apertura de fosas comunes se está tramitando mediante concurso público a través de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

La última adjudicación se hizo pública el pasado 8 de abril a la empresa privada Carpetania Integra S.L. para la apertura de nueve fosas comunes de víctimas del franquismo en los cementerios de Alicante, Paterna (València) y Castelló. Esta sociedad mercantil, registrada en Cuenca, carece de experiencia en materia de memoria histórica, según ha podido conocer este medio a través de las distintas fuentes consultadas. Sobre esta cuestión, la empresa, consultada por este diario, declara haber “cumplido enteramente las exigencias requeridas para ser adjudicatarios” y apunta, sobre el trabajo a realizar a cabo, que “aún no contamos con las directrices por parte de la administración sobre las comunicaciones que se pueden hacer acerca de la adjudicación”.

No obstante, según se ha podido comprobar consultando las bases de la convocatoria, el planteamiento permite la subcontratación de servicios de arqueología, antropología e historia en la apertura de fosas, inhibiendo a la empresa contratista del deber de un conocimiento de la propia compañía en las labores a desarrollar.

Aun así, el fallo ha otorgado a la empresa arqueológica las labores de indagación e investigación, localización-delimitación, exhumación y estudio antropológico de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista en las citadas localidades por “haber presentado la mejor propuesta calidad-precio”.   

Para la presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo de la Fosa 95 del Cementerio de Paterna, el problema principal recae en incluir la recuperación de restos óseos dentro de la categoría de “restos arqueológicos”

Isabel Gómez, presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo de la Fosa 95 del Cementerio de Paterna, opina que el problema principal recae en incluir la recuperación de restos óseos dentro de la categoría de “restos arqueológicos”. “La empresa puede tener experiencia en arqueología, pero no en restos humanos. No se puede generalizar de esa forma”, señala Gómez. La agrupación de familiares transmitió su malestar a la Conselleria en enero de este año ante la propuesta de adjudicación a Carpetania Integra S.L.

“Los familiares estábamos preocupados”, afirma la presidenta. Ante el anuncio de la adjudicación definitiva, los familiares de la fosa 95 de Paterna “desean y esperan” que los trabajos se examinen para comprobar que el proceso se lleva a cabo de forma rigurosa. El director general de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern, Iñaki Pérez Rico, defiende al respecto que han obtenido muy buenos resultados de otras empresas privadas, como Drakkar Consultores, S.L, que tampoco tenían experiencia previa y “están trabajando muy bien”.

Por otro lado, el historiador y miembro del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica a Castelló (GRMHCS), Juan Luis Porcar, asegura que el cementerio civil de Castelló ya contaba con un equipo experimentado sobre el terreno y con un seguimiento de los trabajos desde 2018. “Hemos trabajado durante varias campañas con Arqueo Antro, había una continuidad en los estudios antropológicos, genéticos, conocimiento sobre la tipología del terreno, de los familiares, a nivel histórico”, ha lamentado el historiador.

Si nada lo impide, un número aproximado de 155 víctimas del franquismo que se hallan en las fosas que incluyen los tres lotes del concurso serán exhumadas por una empresa ajena a la recuperación de restos óseos de personas asesinadas durante la Guerra Civil y la dictadura

Los tres lotes del concurso público incluyen la apertura de las fosas 9, 28, 30, 37, 38 y 40 del cuadro 19 del cementerio de Alacant; la fosa 95 del cementerio de Paterna y las filas 3 y 12 del cementerio de Castelló. Un número aproximado de 155 víctimas del franquismo se hallan en estas fosas y, si nada lo impide, serán exhumadas por una empresa ajena a la recuperación de restos óseos de personas asesinadas durante la Guerra Civil y la dictadura.

Los peligros de la mercantilización

La empresa adjudicataria, creada en 2003 y que cuenta con dos socios, señala en su web que su actividad principal surge “a partir de la necesidad de dar cobertura a través de servicios y consulting a otras empresas para el cumplimiento con la normativa vigente en referencia a las leyes de protección del patrimonio histórico-artístico” y que sus servicios se enfocan principalmente en la “gestión de recursos patrimoniales” y el “desarrollo de proyectos arquitectónicos, el interiorismo, la rehabilitación de inmuebles históricos o la edificación nueva”.

Uno de los socios de esta empresa escribía en agosto de 2020 en su red social de Facebook: “Si el gobierno social-comunista quiere un república totalitaria, sectaria y golpista, que se la gane en el campo de batalla. La transición y la Constitución que la refrenda se logró sin derramar una sola gota de sangre, desde la concordia y el reconocimiento de todas las sensibilidades. Querer desmantelarla por las bravas les costará ríos de sangre, dolor y muerte. No tenemos nada que objetar si quieren volver a ser subcampeones”. 

En la red social mencionada, además de imágenes y textos denigrantes hacia la mujer, el colectivo LGTBIQ+ o las personas migrantes, se pueden encontrar reflexiones sobre memoria histórica que han despertado las alarmas de los colectivos en defensa de su recuperación: “(…) Estamos hartos de las mentiras de los socialistas y comunistas. Estamos hartos de vuestra puta guerra civil, estamos hartos de vuestros complejos, hartos de que nos deis la murga con vuestras putas fosas y los derechos de todos los que vienen en una patera menos de los nuestros (…)”. El director general de calidad democrática asegura al respecto que la Conselleria cuenta con el personal necesario para certificar que los trabajos se realicen en “tiempo y forma” y con “la mayor sensibilidad”.

“Estamos hartos de vuestra puta guerra civil, estamos hartos de vuestros complejos, hartos de que nos deis la murga con vuestras putas fosas y los derechos de todos los que vienen en una patera menos de los nuestros”, escribe en sus redes uno de los socios de la empresa adjudicataria que abrirá fosas comunes del territorio valenciano

María José Pérez Galant, presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo del Cementerio de Alicante, ha hecho especial hincapié en la sensibilidad del tema y opina que los equipos designados para llevar a cabo estos procesos deberían “sentirlo de verdad”. “Ya llegamos tarde, pero eso no implica hacerlo de cualquier forma”, ha concluido Pérez Galant. Las fosas elegidas en la licitación lo son por “el interés que han despertado entre los diferentes municipios y entidades consultadas y/o solicitantes”. Esta metodología aparta al resto de familiares y víctimas que también exigen su legítimo derecho a la verdad, la justicia y la reparación y para las que el Estado no tiene una respuesta institucional.

El contrato público, que salió a concurso en diciembre de 2021, se basa en criterios cuantificables hasta un total de 100 puntos. La oferta económica pondera más de la mitad, mientras que la baremación del equipo técnico se reduce a un 20%. La experiencia propia de la empresa no puntúa, considerando que las exhumaciones de víctimas del franquismo y de la Guerra Civil se remontan al año 2000 y que en la actualidad existen equipos científicos con más de 20 años de carrera por la recuperación de la memoria.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) lleva más de dos décadas exhumando fosas y atendiendo a familiares. Con más de 150 aperturas a sus espaldas, su presidente, Emilio Silva, considera como condición indispensable la experiencia y valora como un “hecho grave” que no lo sea. Además, apunta que sacar a concurso la apertura de fosas comunes es una “vergüenza”, prosigue, “se convierte en un mercadeo y no se trata como lo que es, un derecho”.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), considera indispensable la experiencia para los trabajos de exhumaciones y apunta que sacar a concurso la apertura de fosas comunes se traduce en que “se convierta en un mercadeo y no se trate como lo que es, un derecho”

La Ley 14/2017 de memoria democrática y para la convivencia de la Comunidad Valenciana, en su preámbulo, hace referencia a la “dificultad que entraña el proceso de intervención en fosas comunes” motivo por el que considera necesaria la “participación protocolizada de profesionales que garanticen plenamente la localización, exhumación e identificación de las personas fallecidas”. Además, en su artículo 9, referente a los protocolos de actuación para las localizaciones, exhumaciones e identificaciones, la Generalitat Valenciana asegura que se “elaborarán de acuerdo con las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas”.

El informe del ex relator especial de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, tras su visita a España en 2014, concluyó que “el modelo vigente de “privatización” de las exhumaciones, que delega esta responsabilidad a las víctimas y asociaciones, alimenta la indiferencia de las instituciones estatales y conlleva dificultades metodológicas, de homologación y oficialización de la verdad”. Al respecto, el presidente de la ARMH añade: “Cuando en la narración de los hechos el Estado omite su presencia, está ignorando el deber de emitir una verdad”.

Estudio del perfil genético

El objeto del contrato no incluye el estudio del perfil genético para la identificación de las víctimas. Esta fase, que resulta primordial en el proceso, será asumida por la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica a través de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) y la Universidad de Valencia (UV), con las que el gobierno valenciano firmó un convenio para “el desarrollo de proyectos de investigación e innovación en la identificación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo”. 

No obstante, y en contra de las recomendaciones del Ministerio de Justicia a través de la Comisión Nacional para el uso forense del ADN, la fundación pública FISABIO no está homologada de acorde a la norma EN ISO/IEC 17025 por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). En este sentido, la antropóloga forense especializada en Memoria Histórica, Laura González, advierte que la no homologación del laboratorio puede arrojar ciertas dudas sobre la capacidad de la entidad para tratar las muestras biológicas obtenidas, por ser consideradas “altamente sensibles”. “Esta información contenida del ADN es muy sensible, porque no solo revela su identidad, si no que, además, puede mostrar información relativa al origen étnico, las relaciones de parentesco, problemas de salud u otras cuestiones vinculadas a la privacidad personal”.

El convenio entre las instituciones públicas y la Conselleria señala que, ante la baja identificación genética de las víctimas y, como consecuencia, la limitada entrega de restos óseos a sus familiares, “cabe contemplar otras técnicas de extracción y amplificación del DNA, como la secuenciación masiva del genoma”. Sin embargo, el especialista en genética forense Antonio Alonso, a través del dosier Las exhumaciones de la Guerra Civil y la Dictadura 2000-2019, recomienda que este estudio se base en los marcadores STR —secuencias cortas de ADN— autosómicos, y concretamente en los incluidos en el nuevo estándar de la Unión Europea, CODIS o a través de otros STR validados en el ámbito forense.

Las recomendaciones sobre los estudios de identificación genética de víctimas de la guerra civil española, fácilmente extrapolable a las víctimas del franquismo, incide en que “los informes de identificación genética deben de realizarse teniendo en cuenta las recomendaciones sobre el informe pericial y la expresión de resultados en materia de análisis genéticos forenses establecidas por la Comisión Nacional para el uso forense del ADN”, que aconsejan la homologación del laboratorio y sus procedimientos. A su vez, el apartado VII del Informe del ex relator especial de la ONU subraya que “un mecanismo oficial” para el “esclarecimiento de la verdad” deberá cumplir con metodologías homologadas.

Ante un posible enjuiciamiento de los crímenes del franquismo, la identificación genética mediante procedimientos y laboratorios no homologados podría suponer una complicación jurídica añadida

Ante un posible enjuiciamiento de los crímenes del franquismo, la identificación genética mediante procedimientos y laboratorios no homologados podría suponer una complicación jurídica añadida. Por ello, el Protocolo de Minnesota advierte de que “todas las partes involucradas en la investigación de una muerte potencialmente ilícita deben cumplir las más estrictas normas profesionales y éticas en todo momento. Deben procurar asegurar la integridad y la efectividad del proceso de investigación y promover los objetivos de justicia y derechos humanos. Además, tienen responsabilidades éticas hacia las víctimas, sus familiares y otras personas a las que concierna la investigación, y deben respetar la seguridad, la privacidad, el bienestar”.

Josep Barberà, presidente de Esquerra Republicana del País Valencià, pone en valor el avance de la Conselleria en materia de memoria teniendo en cuenta que durante los años de gobernanza de la derecha “las asociaciones abrían sin recursos o abrían como podían”. Aun así, aclara que desde la formación son “muy críticos” en cuanto al negocio derivado de la apertura de las fosas comunes del franquismo. “La memoria es como la sanidad o la educación, una cuestión de Estado, y permitir que alguien se lucre con ello resulta insultante para las familias”.

“La memoria es como la sanidad o la educación, una cuestión de Estado, y permitir que alguien se lucre con resulta insultante para las familias”, defiende el presidente de Esquerra Republicana del País Valencià

Otros modelos autonómicos

La vía de externalización de estos trabajos no se reduce al ámbito valenciano: el modelo de gestión privada de las exhumaciones también se ha extendido a otras comunidades autónomas como Extremadura, Andalucía, Catalunya o Illes Balears. Las autonomías de Euskadi o Navarra van en una vertiente totalmente distinta por encontrarse a la vanguardia en la recuperación de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, ambas muy bien consideradas por las asociaciones memorialistas.

En agosto de 2021, la directora del Instituto de la Memoria (Gogora) del País Vasco, Aintzane Ezenarro, dio por concluido el proceso de exhumaciones de personas asesinadas durante la Guerra Civil y el franquismo en el territorio vasco, aclarando que este hecho no impedía el hallazgo futuro de nuevas fosas comunes en Euskadi. Este logro ha sido posible gracias al plan que el entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, llevó a cabo en 2002 para atender a los familiares que reclamaran una intervención. Para su desarrollo, el gobierno vasco, valorando la experiencia y el equipo técnico, se adhirió a la Sociedad de Ciencias Aranzadi, la cual llevaba dos años actuando de forma regular en procesos de exhumación de fosas comunes y análisis de los restos con un equipo de trabajo formado por profesionales de la medicina, la antropología física, la arqueología y la historia.

El modelo de gestión privada de las exhumaciones también se ha extendido a otras comunidades autónomas como Extremadura, Andalucía, Catalunya o Illes Balears. Las autonomías de Euskadi o Navarra van en una vertiente totalmente distinta, muy bien considerada por parte de las asociaciones memorialistas

En 2006, Aranzadi firmó un convenio con el gobierno vasco, y en 2015 con Navarra, ambos para el desarrollo protocolizado de la recuperación de las víctimas de la guerra civil española y el franquismo. Pero la sociedad de ciencias no limita su trabajo a estos territorios, también trabaja en exhumaciones en el resto de la península respondiendo a “las necesidades y peticiones de los familiares, instituciones municipales y diferentes asociaciones”.

Cabe destacar que esta diferencia entre comunidades autónomas no asegura una protección “igualitaria y homogénea” para todas las víctimas en la violación de derechos humanos, según describe el ex relator especial de la ONU en su informe. Asegura que la forma de modelo autonómico otorga un mayor reconocimiento y protección a las víctimas a nivel autonomía que el concedido a nivel nacional. Y recuerda que “la Ley 52/2007 de Memoria Histórica no establece una política estatal en la materia, sino que delega a los familiares y las organizaciones la responsabilidad de los proyectos de exhumación”, a la vez que reconoce que “sin el compromiso y trabajo de las víctimas, familiares, asociaciones y forenses, entre otros, ningún avance habría sido posible”.

La Ley 52/2007 de Memoria Histórica deriva a la vía exclusivamente administrativa las exhumaciones de las fosas del franquismo. Además, no obliga al Estado al cumplimiento de la misma, inhibiéndolo de sus responsabilidades. Así, el Artículo 11.1 apunta que “las administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore”. “Los derechos humanos en una democracia no se facilitan, los derechos humanos se garantizan”, responde a este aspecto el presidente de la ARMH, Emilio Silva. 

La ARMH lleva más de 20 años atendiendo las peticiones de miles de ciudadanos. Un trabajo que corresponde al Estado y que, gracias al compromiso de los equipos repartidos por la península, se ha podido ver acortado en el tiempo, facilitando a muchas personas la oportunidad que el Estado les negó de recuperar los restos óseos de sus familiares. En este sentido, desde la asociación señalan que su forma organizativa se basa en el trabajo voluntario de arqueólogos, antropólogos, historiadores y documentalistas, entre otros. Una labor desinteresada que, aseguran desde el colectivo sin ánimo de lucro, “está solucionando una violación de los derechos humanos que la democracia española no ha sabido solucionar”. “Los reclamos de los familiares para dar sepultura a sus seres queridos son urgentes”, concluye el mencionado informe del ex relator de la ONU.