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Vecinos de una futura macropresa en Portugal acusan a Iberdrola de impulsar desalojos forzosos

El Grupo de Estudios de Ordenamiento del Territorio y Medioambiente (GEOTA), una asociación medioambientalista portuguesa activa desde mediados de los 80, ha presentado una queja ante las autoridades portuguesas contra Iberdrola por causa de las obras para varias presas en el norte del país. En concreto, denuncian el “incumplimiento de las medidas” por parte de la compañía para la construcción del complejo, y apuntan relatos de “desalojos forzados, atropellos éticos, sociales y ambientales”.

En la queja presentada ante la Inspección General de la Agricultura, del Mar, del Ambiente y del Ordenamiento del Territorio (IGAMOT), organismo perteneciente al Ministerio del mismo nombre, GEOTA presenta quejas por parte de los habitantes de una pequeña localidad próxima a la presa de Daivões, en Ribeira de Pena, que “evidencian situaciones de desesperación, con presiones para un acuerdo (económico) rápido, a pocos meses de tener que abandonar sus hogares. Existen relatos incluso de amenazas a quien contase los valores [de la indemnización] propuestos por Iberdrola”.

La empresa de energía española Iberdrola es la encargada de realizar la mayor obra hídrica de Portugal, el llamado Sistema Electroproductor del Támega (SET), que implicará la construcción de dos presas en el río Támega (Daivões y Alto Támega) y una en el río Torno (Gouvães). El macroproyecto, con un presupuesto total de 1.500 millones de euros y que, según la propia web de Iberdrola, prevé aumentar la potencia eléctrica de Portugal en un 6%, comenzó sus trabajos hace cuatro años.

Ya durante aquellas primeras operaciones, consistentes en la realización de un túnel construido entre las presas de Daivões y Gouvães, y para el cuál se utilizaron explosivos para horadar la montaña, la empresa y los poderes locales de la zona recibieron las primeras quejas de los vecinos. Según relata a El Salto Gabriela Antunes, de la asociación de vecinos Fonte do Mouro (pequeña localidad cercana a Daivões, en el municipio de Ribeira de Pena), “hicieron un túnel por donde iba a pasar el agua, (lo que desembocó en) caminos estropeados, casas con grietas, y hasta ahora Iberdrola nunca asumió la responsabilidad de esos daños. Ellos dicen que no es su responsabilidad”.

No solo Iberdrola, sino también los poderes locales están fallando a la hora de atender las necesidades de los vecinos ante una obra de proporciones bíblicas para los cánones de estas pequeñas poblaciones, algunas de las cuales cuentan con escasos 200 habitantes. “La Cámara Municipal (Ayuntamiento) de Riberia de Pena”, continúa Gabriela Antunes, “nunca se manifestó, ya sea de forma favorable (a los vecinos) o desfavorable. Nosotros hasta pedimos un técnico o ingeniero a la Cámara para que nos fuera a evaluar los daños en las casas, pero nunca obtuvimos respuesta”.

De las 49 familias afectadas en el municipio de Ribeira de Pena por el futuro sistema de presas, aún existen 19 familias en los tribunales litigando contra Iberdrola

Según Antunes, en la pequeña localidad de Fonte do Mouro ya tuvieron que salir cuatro familias de sus casas. Dos de ellas aceptaron, ya hace cuatro años, los valores ofrecidos por Iberdrola en concepto de indemnización. Las otras dos familias aún permanecen litigando en los tribunales con Iberdrola para mejorar las condiciones que la compañía les ofrecía.

Ya en septiembre de 2015, como fue recogido en el Dirário da República (lo que en España viene siendo el Boletín Oficial del Estado), fue constituida una Comisión de Acompañamiento Medioambiental para el Sistema Electroproductor del Támega (SET). En esta Comisión, en la que por supuesto también está incluida Iberdrola, se encuentran asociaciones medioambientalistas como el GEOTA, grupo que presentó la queja ante el IGAMAOT. Según la coordinadora de proyectos del GEOTA, Ana Brazão, “decidimos presentar ahora una queja porque ya hemos agotado todas las vías para llegar a un acuerdo con Iberdrola en el ámbito de las medidas frente al impacto ambiental”.

Según Brazão, “hemos hablado con personas que nos informaron de que el valor que les habían ofrecido por la casa era un valor justo en su momento en el mercado, pero que hoy en día ni siquiera posibilitaría comprar un terreno con las mismas condiciones, imagina construir una casa con las mismas condiciones que tenían”. A partir de aquí, según las informaciones ofrecidas por GEOTA, los pocos contactos que hubo para extender las negociaciones fueron realizadas ya con el tiempo justo antes de comenzar las obras.

A principios de noviembre pasado, el presidente de la Cámara Municipal de Ribeira de Pena, João Noronha, declaró que, si Iberdrola no resolvía “a tiempo y con dignidad” el realojamiento de los vecinos, estaba dispuesto a tomar medidas que podrían dificultar los trabajos para la construcción de las presas. De la misma forma se expresó, cinco días después, el propio ministro de Medioambiente, João Pedro Matos Fernandes, admitiendo la posibilidad de intervenir en el proceso. Pasado un mes de estas amenazas, las cuales evidencian la escasa capacidad negociadora de Iberdrola, los problemas con los habitantes de la zona permanecen igualmente enquistados.

El pasado lunes, día 9 de diciembre, se estableció de nuevo otra ronda de contactos entre asociaciones, ayuntamientos y empresa, de la cual no se sacó nada en claro. “Este proceso ya lleva cerca de cuatro años”, afirma Ana Brazão, “y las personas con que hemos hablado nos informaron de que sólo ha habido contactos durante los últimos dos años. No hubo ninguna intención por parte de Iberdrola en el sentido de intentar saber cuáles eran las condiciones en que las personas se verían afectadas. Después sí dijeron claramente que o los vecinos aceptaban las condiciones como eran, o iban a tener que ir al tribunal”.

Y así ha sucedido, ya que, según informaba el diario Público en noviembre pasado, del total de las 49 familias afectadas en el municipio de Ribeira de Pena por el futuro SET, aún existen 19 familias en los tribunales, litigando contra Iberdrola por unas mejores condiciones indemnizatorias. Otras 24 familias continúan en negociación, y tan sólo seis de ellas ya aceptaron los términos de la compañía eléctrica.

A todos los afectados les habían dicho que debían dejar sus casas el 4 de noviembre, y que tenían que realojarse en unos contenedores-vivienda hasta encontrar otra solución. Finalmente, después de las quejas, incluso en tribunal, por la evidente falta de habitabilidad de los contenedores, les han informado que podrán pasar la Navidad en su la aldea, y que Iberdrola alquilará apartamentos para alojarles temporalmente. La laguna de Daivões debe comenzar a llenarse en junio de 2020, esto es, dentro de escasos siete meses.

Otro de los pedidos que algunas asociaciones hicieron a Iberdrola fue el de proveer de asistencia psicológica a los habitantes que perderían sus casas. Según GEOTA, ante esta petición ni siquiera obtuvieron respuesta. Como contaba el presidente de la Cámara João Noronha, “todas estas casas fueron construidas por las personas con sus ahorros, y ahora se ven obligados a dejarlas sin tener otra alternativa”.

Según el propio Noronha calculaba en noviembre pasado, cada vecino recibirá entre 70 y 80 mil euros en concepto de indemnización. Sin embargo, en recientes negociaciones, Iberdrola se comprometió a aumentar en 1,4 millones estas indemnizaciones, aunque el secretismo impuesto en todo el proceso dificulta calcular en cuánto aumentará la indemnización para cada familia.