Historia
La conflictividad social en la España moderna

En este trabajo nos acercaremos al estudio de la conflictividad social en la España moderna, entre los siglos XVI y XVIII.

La conflictividad social en las ciudades españolas durante la época de los Austrias se dirigió fundamentalmente contra las medidas que adoptaban las autoridades en contra de la tradición o costumbre, por lo que no derivaban en un cuestionamiento del orden establecido con propuestas alternativas, sino en la necesidad de volver a la situación previa a la alteración. En este sentido, la motivación fiscal fue la más importante hasta mediados del siglo XVII, aunque no con el protagonismo que se puede comprobar en la Francia de la época donde la presión fiscal de la Monarquía generó no pocos conflictos, especialmente relacionados con la gabela, el impuesto de la sal. En la Castilla de Felipe II se pueden citar las alteraciones que se produjeron en 1591 cuando se aprobó el impuesto o Servicio de los Millones, y que fueron acompañadas después por las protestas de no pocos procuradores en las Cortes que representaban a las ciudades que tenían derecho al voto en las mismas. En tiempos de Felipe IV estallaron motines por los impuestos nuevos sobre el vino en zonas de La Rioja, Palencia y La Mancha. En Vizcaya se produjo el más importante conflicto de tipo fiscal, el motín de la sal del año 1632, provocado por el establecimiento del estanco de la sal en un territorio que tenía privilegios por su régimen foral. La principal consecuencia fue que subió el precio de la sal, provocando la protesta de la Junta General que se vio empujada por el clamor popular. El conflicto duró dos años y adquirió connotaciones políticas, por lo que fue uno de los más importantes que se dieron en la Monarquía Hispánica de los Austrias.

A partir de esa segunda mitad del siglo del Barroco, sin que desapareciera la causa fiscal, primaría más la cuestión del encarecimiento del pan y de otros productos básicos, motivación que sería la más destacada posteriormente en el siglo XVIII. En 1647, Andalucía comenzó a arder por la carestía del precio del pan que escaseaba por una sucesión de malas cosechas. Los motines de este tipo estallaban en las economías preindustriales como consecuencia de las periódicas crisis de subsistencia. La estructura de la propiedad y el consiguiente atraso tecnológico unido a los problemas derivados de la meteorología producían escasos rendimientos y frecuentes malas cosechas. Por consiguiente, el trigo escaseaba y el pan se encarecía. Las agitaciones andaluzas que duraron varios años se complicaron por la creciente presión fiscal derivada de las necesidades financieras de la Monarquía provocadas por la Guerra de los Treinta Años y por la continuación de la guerra con Francia, y con el aumento de las levas militares. Además, aparecieron otros factores que agudizaron la tensión en Andalucía: la peste, las devaluaciones monetarias que elevaron más los precios y la evidente decadencia artesanal y comercial de toda la zona, especialmente de la otrora deslumbrante Sevilla.

En el reinado de Carlos II, en plena crisis sucesoria, el elevado precio del pan volvió a subir de forma clara, por lo que, junto con un aumento de la miseria, estallaron motines en Madrid, donde destacó el conocido como motín de los Gatos, Toledo y Valladolid.

Otras causas que generaron motines y que podían cruzarse con las anteriores tuvieron que ver contra el monopolio o abuso de poder de los gobernantes y las élites locales y hasta con la presencia de extranjeros en esos resortes del poder. No fueron muy frecuentes, pero sí hay algunos casos que se pueden citar, como los acontecidos en la segunda mitad del siglo XVII en Tudela, Calahorra, Sitges y Úbeda.

Casi todos los motines en la España del Antiguo Régimen fueron muy espontáneos, aislados y locales, lo que facilitó su fácil represión. Hubo excepciones, como las agitaciones que hemos estudiado en la Andalucía de mediados del siglo XVII, y después en el siglo XVIII con los motines de 1766.

Frente a la mayor conflictividad social en el mundo urbano, debida tanto a causas relacionadas con aumento de la presión fiscal como a las periódicas crisis de subsistencias propias de la economía preindustrial, el campo en tiempos de los Austrias vivió una relativa paz social, con pocos paralelismos, por otra parte, con la situación de otros países en la misma época. Desde la resolución del conflicto de los payeses de remensa en Cataluña con la Sentencia Arbitral de Guadalupe, dada por Fernando el Católico en 1486, el mundo rural en la Monarquía Hispánica no volvió a vivir un conflicto tan intenso y duradero. Solamente, hubo movimientos de envergadura a finales del reinado de Carlos II, como la revuelta de los barretines en Cataluña entre 1687 y 1689 y, especialmente, la Segunda Germanía valenciana de 1693.

En primer lugar, podríamos aludir a un factor de tipo espacial como causa de la inexistencia de grandes explosiones sociales campesinas. La dispersión de la población rural era un factor que dificultaba el contacto entre los campesinos para emprender acciones colectivas frente a la situación que se daba en las ciudades con gran concentración de personas que, ante una situación conflictiva, podían reunirse fácilmente y contagiarse el ardor combativo y reivindicativo. Las noticias, por lo demás, corrían más deprisa en la ciudad que en el campo. Una segunda causa tendría que ver con el peso ideológico de la Iglesia. Los párrocos ejercían una gran influencia en los pueblos y aldeas a través de las predicaciones en los púlpitos llamando siempre al respeto del orden establecido y a cultivar la virtud de la resignación. Por fin, las estructuras de la sociedad estamental tenían tanta fuerza secular que frenaban muchas contestaciones colectivas. Había un generalizado respeto a la jerarquía, a la diferencia social en virtud del nacimiento.

Cuando surgía un problema o una situación conflictiva, el malestar rural encontraba otros canales distintos al motín, alboroto o rebelión. Muchos campesinos optaban por protestar individualmente o en pequeños grupos. Luego existían otros medios que pueden ser considerados como válvulas de escape: el contrabando, el fraude fiscal o el retraso en el pago de rentas e impuestos, el ataque a funcionarios señoriales o reales encargados de los cobros de esas rentas o impuestos, y el recurso al bandolerismo, un fenómeno que estuvo muy arraigado en la Cataluña del siglo XVII.

El conflicto más intenso se dio, como hemos expresado, en Valencia en 1693, conocido como el de la Segunda Germanía y que, en muchos aspectos, recuerda la conflictividad social típica de la crisis bajomedieval cuando los señores incrementaron las rentas y las prestaciones, los denominados malos usos, para compensar la caída de sus ingresos. Pues bien, la expulsión de los moriscos en el siglo XVII, campesinos explotados pero muy protegidos por los señores por su alto rendimiento, provocó una caída de las rentas señoriales. La reacción de la nobleza fue incrementar los tributos y las prestaciones a los campesinos cristianos que se asentaron en las tierras. Los campesinos optaron por protestar utilizando cauces legales: pleitos en la Audiencia de Valencia y memoriales en Madrid. Pero no tuvieron éxito. El desencadenante inmediato del conflicto se dio cuando los campesinos se negaron a seguir pagando tributos que consideraban excesivos y se detuvo a algunos de dichos campesinos. Estalló el conflicto en tierras señoriales de la Casa de Gandía. Se formó un verdadero ejército de agermanados y las tropas reales tuvieron que acudir para reprimirlos.

Ya en el siglo XVIII nos tenemos que concentrar en el año 1766 cuando estalló el conocido como motín de Esquilache, pero además otros motines y en unas setenta localidades, lo que demuestra la magnitud de la protesta en pleno despotismo ilustrado. Este fenómeno no podía dejar indiferente a los historiadores sociales. Existen dos grandes interpretaciones sobre estos motines. Una primera ve en los disturbios y amotinamientos la mano de sectores opuestos al reformismo intenso de la primera fase del reinado de Carlos III y que ejemplificaría el ministro italiano Esquilache. En contraposición, otros consideran que estaríamos hablando de prototípicos motines de subsistencia. En realidad, ambas interpretaciones aciertan, pero conviene matizar. El motín madrileño, acontecido entre el 23 y el 25 de marzo, obedecería más a la primera interpretación, es decir a la manipulación popular de sectores políticos contrarios al reformismo, sin olvidar el problema de la subida de precios. Pero los motines de abril en muchas ciudades y pueblos españoles tuvieron más que ver con cuestiones clásicas de subsistencia.

En la primavera de 1766, justo en los meses previos a la cosecha, hubo una gran escasez de trigo con la consiguiente subida de precios que en ese año fue muy grande. Pero en este caso, además, había otro factor. El gobierno ilustrado había establecido una serie de medidas de liberalización económica, especialmente la abolición de la tasa de granos por una Real Pragmática de 1765. Los ilustrados buscaban fomentar un mercado libre y no seguir con la tradicional intervención en los precios del cereal para evitar que subiera el precio del pan y evitar conflictos. Esta fue la principal motivación para la mayoría de los motines. En Madrid se complicó con el asunto de la protesta contra la presencia de extranjeros en el poder como el famoso Esquilache. Así pues, en la Villa y Corte los amotinados además de pedir la rebaja de los precios de los productos básicos comestibles, exigieron la caída de Esquilache, y que desaparecieran los extranjeros en la administración. Los amotinados del resto de las ciudades, que eran jornaleros, labradores modestos, artesanos y desocupados, se centraron en protestar por los precios altos contra las autoridades locales y los acaparadores de grano, que con sus acciones contribuían a aumentar de forma artificial aún más los precios. Reclamaban la vuelta a la tasa, a precios bajos controlados. Conviene señalar que algunos lugares de señorío, especialmente en Valencia, estos motines se complicaron con componentes antiseñoriales.

El resultado de los motines fue variado. En Madrid, el monarca, muy asustado por lo que había ocurrido a las mismas puertas de su palacio, optó por retirar del poder a Esquilache, y nombrar nuevos responsables. En realidad, el motín de Esquilache puede ser considerado un punto de inflexión en el reinado de Carlos III, ya que, a partir de entonces, además de españolizar completamente la administración, se optó por un reformismo más templado. Por otro lado, también se tomaron medidas represivas, ya que para el absolutismo era impensable aceptar rebeliones. Algunas de las medidas de reforzamiento del control de la población, con creación de algunas nuevas instituciones, tienen que ver con el pánico que el poder tenía a las revueltas urbanas y mucho más en la propia sede de la Corte. Pero también se tuvieron en cuenta alguna de las demandas, como hemos comprobado en la destitución de Esquilache. En este sentido, se tomaron medidas en algunas localidades donde se comprobó la existencia de abusos cometidos por autoridades y acaparadores. En este sentido, es importante destacar que el despotismo ilustrado creó dos nuevos cargos municipales encargados de velar por los intereses populares, el síndico personero y el diputado del común. También se procedió al reparto de tierras baldías y de los Concejos para aliviar las tensiones y permitir el acceso a la propiedad de jornaleros.

Por fin, en el siglo XVIII hay que aludir a un tipo de conflicto eminentetemente vasco. Las matxinadas o machinadas fueron revueltas que se dieron en el País Vasco en el siglo XVIII. Hubo enfrentamientos de gran intensidad en cuatro ocasiones: la Matxinada de las aduanas de 1718, la Matxinada de Vitoria de 1738, la Matxinada de la carne de 1755, la Matxinada de los cereales de 1766 y la Zamacolada en Vizcaya en 1804. El término de matxinada o machinada procede del término machín, que era el nombre coloquial de San Martín, patrono de los ferrones y herreros, que solían enfrentarse con la nobleza o los funcionarios del poder real. Con el tiempo se convirtió en sinónimo de conflicto. Esta conflictividad vasca obedecía a un conjunto de causas generales de diversa índole, además de las específicas de cada momento. En primer lugar, habría motivaciones políticas o administrativas, generalmente asociadas a la tendencia uniformadora del poder real, especialmente con los Borbones, y con decisiones tomadas por las autoridades que eran contrarias a fueros, privilegios y costumbres. Las causas económicas tenían que ver con la presión fiscal y la escasez de granos, factores comunes con otros lugares. Por fin, habría tensiones sociales entre los campesinos y los notables. Hay también un componente de tensión entre el campo y la ciudad.

Texto: Eduardo Montagut