Opinión
Sin combustible no hay genocidio

Durante las dos últimas semanas, los estados parte de la Convención de Naciones Unidas Contra el Cambio Climático (UNFCCC) se han encontrado en Bonn para definir la agenda climática global. Estamos en un momento crítico: la emergencia climática es cada vez más acuciante y una transición justa que no deje a nadie atrás es una cuestión de vida o muerte para muchas, muchas personas en todo el mundo. Y en ese proceso, las políticas energéticas son una cuestión clave. Pero ninguna hoja de ruta merecerá el nombre de transición justa si permite que la energía siga siendo un arma.

La crisis energética abierta tras la agresión de EEUU e Israel a Irán, y el consecuente cierre del estrecho de Ormuz, ha vuelto a poner en evidencia la fragilidad del capitalismo fósil y las gravísimas consecuencias que tiene que la energía se siga tratando como un bien comercial y no como un bien común.

La energía es fundamental para sostener la vida: para alumbrar nuestros hogares, para cocinar, para desalinizar y potabilizar el agua, para que funcionen los hospitales o las telecomunicaciones. Y al mismo tiempo, el actual modelo del capitalismo fósil, basado en un extractivismo sin límites que prioriza los beneficios de las empresas ante los derechos de los pueblos, es una de las principales amenazas para la vida en todas sus formas.

La crisis energética abierta tras la agresión de EEUU e Israel a Irán, y el consecuente cierre del estrecho de Ormuz, ha vuelto a poner en evidencia la fragilidad del capitalismo fósil

La soberanía energética es fundamental para garantizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos, uno de los pilares sobre los que se construye nuestro sistema de gobernanza global, y aún así vemos que la opresión energética es una constante cada vez más extendida.

Hablamos de opresión energética cuando la energía se utiliza como herramienta de poder o control, cuando se imponen “embargos energéticos”, como en el caso de Cuba, y se priva a toda la población de su derecho al acceso a la energía como forma de presión política, lo que constituye una forma clara de castigo colectivo. Hablamos también de opresión energética cuando los recursos energéticos, sobre todo los combustibles fósiles, se utilizan para sostener crímenes de guerra o de lesa humanidad, como en el caso de Palestina. Israel no sería capaz de sostener su régimen de colonialismo, ocupación ilegal, apartheid y genocidio sin la complicidad material de estados y corporaciones: sin el combustible que hace que los aviones bombardeen Gaza o que se muevan los tanques que invaden Cisjordania, sin el carbón que alumbra los asentamientos en la Palestina ocupada o electrifica el muro del apartheid. Sin el crudo de Azerbaiyán y Kazajistán que llega por Turquía, sin el carbón sudafricano o sin el combustible militar de EEUU, el genocidio es materialmente imposible.

Y todo esto ocurre porque una red logística y una arquitectura financiera permiten que el comercio de combustibles fósiles funcione con escasas regulaciones y aún menos transparencia. Si estos recursos tienen la capacidad de sostener la vida o de destruirla, si tienen esta función dual, ¿por qué no se regulan como tal?

Los combustibles fósiles son un pilar fundamental de la industria militar: no se puede entender la una sin la otra. Sin combustible, los carros de combate no arrasan tierras, los jets militares no tiran bombas; sin combustibles que los alimenten, no hay guerras ni genocidios.

Exigimos protección para quienes ejercen su derecho a la objeción de conciencia, para quienes construyen desde abajo lo que los estados deberían hacer desde arriba

Desde la campaña de embargo energético por Palestina abogamos por un nuevo modelo regulador que exija que el comercio de combustibles fósiles se rija por el mismo marco que el comercio de armas, con procesos obligatorios de diligencia debida y certificados de uso final que aseguren que estos recursos no se van a utilizar para alimentar crímenes de guerra o de lesa humanidad. Exigimos que se defina cuándo los embargos energéticos son una obligación derivada del deber de terceros estados de no prestar apoyo material a hechos internacionalmente ilícitos, como el genocidio contra el pueblo palestino, y cuándo son una forma de castigo colectivo. Negar la energía es negar la posibilidad de una vida digna.

Hasta ahora, quienes han defendido estos principios han sido la sociedad civil, los trabajadores portuarios y las comunidades afectadas por la minería, que no sólo están liderando el camino hacia una transición justa, sino que están organizando acciones para bloquear el suministro energético al genocidio. Exigimos protección para quienes ejercen su derecho a la objeción de conciencia, para quienes construyen desde abajo lo que los estados deberían hacer desde arriba: garantizar una energía para la vida, no para la guerra.