Ocupación israelí
Israel intenta posicionarse como víctima de genocidio en el juicio de la Corte Internacional de Justicia

Las referencias al Holocausto y a la “mayor masacre calculada de judíos” desde la II Guerra Mundial han centrado las primeras intervenciones del equipo de abogados de Israel en el segundo y último día de juicio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, habilitadas para juzgar Estados. En este caso encargado de juzgar a Israel, acusado de genocidio por Sudáfrica, una demanda apoyada por Brasil, Colombia, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Turquía, Iraq, Cuba, Irán Malasia, Pakistán, Bangladesh, Maldivas y Namibia, así como por la totalidad de la Liga Árabe.

A pesar de barajar en un inicio el boicot al juicio de la CIJ, Israel ha decidido finalmente presentarse y ejercer su derecho a la defensa. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, Lior Haiat, defendió la participación en La Haya: “No somos culpables”. El fallo de la corte se conocerá a finales de enero.

La defensa israelí inició su contraataque calificando de “distorsionado” el caso presentado por Sudáfrica y devolviendo la acusación de “genocidio” a Hamás y su ataque del 7 de octubre, con profusión de imágenes y relatos personalizados de las víctimas israelíes y las violaciones de los derechos humanos cometidas por la organización islamista. “Hamás es una organización genocida que quiere erradicar a los israelíes y al Estado de Israel”, declaró el abogado Malcolm Shaw ante los 17 jueces que deben dictaminar si hay suficientes indicios de que se está cometiendo —o se va a cometer— un genocidio en Gaza para ordenar un cese el fuego cautelar.

En el caso de que se hayan producido violaciones de la legalidad, dijo el equipo legal de Tel Aviv, acabarán siendo juzgadas por “el fuerte e independiente sistema judicial israelí”

Según la defensa israelí, no existe genocidio ni crímenes de guerra, y en el caso de que se hayan producido violaciones de la legalidad estas acabarán siendo juzgadas por “el fuerte e independiente sistema judicial israelí”. Según este abogado, las declaraciones de las más altas instancias del Gobierno israelí llamando al genocidio y recogidas por la acusación sudafricana, han sido sacadas de contexto y las acusaciones de “incitación” no se sostienen.

La estrategia de la defensa israelí se basó también en desacreditar a Sudáfrica, a quien acusó de estar apoyando a Hamás y la “masacre de judíos por ser judíos y vivir en Israel”, según subrayó Shaw, que llegó a perder, literalmente, los papeles de su discurso en dos ocasiones. Según este abogado, no existe “intención de genocidio” en las actuaciones de Israel. Y sin ella, argumenta, no puede haber sentencia condenatoria. Shaw concluyó su defensa apelando al “derecho y obligación a defender a sus ciudadanos” e insistió en que no existe disputa real entre Sudáfrica e Israel ya que, según la versión israelí, no se han agotado las vías previas de resolución del conflicto. 

Según defendió Becker, la solicitud de un alto el fuego es “desmedida” y pidió, en cambio, que la Corte penalice a Sudáfrica “por mantener estrechos vínculos con Hamás”

El asesor jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Tal Becker, centró su discurso en la “distorsión” de la realidad que supuestamente ofreció la acusación sudafricana. “Lo que Israel está haciendo en Gaza no es destruir a la gente sino protegerla”, afirmó. “Israel está en una guerra de defensa contra Hamás, no contra el pueblo palestino”, añadió. Según la versión israelí, las cifras de víctimas civiles, 23.300 muertos por los ataques, están siendo ofrecidas por Hamás y no son creíbles. Según defendió Becker, la solicitud de un alto el fuego es “desmedida” y pidió, en cambio, que la Corte penalice a Sudáfrica “por mantener estrechos vínculos con Hamás”. 

Otra de las integrantes del equipo legal de Israel, la abogada Galit Raguan, justificó el alto número de  las bajas civiles por las características inherentes de las guerras urbanas y argumentó contra la acusación realizada un día antes por Sudáfrica de que el desplazamiento de casi dos millones de palestinos formaba parte de una estrategia genocida: “Si Israel tuviera intención genocida no hubiera dedicado tanto esfuerzo en explicar dónde cuando y cómo tiene que evacuar a los civiles”.

La acusación sudafricana

La demanda de Sudáfrica se basa en que Israel está violando la convención sobre Genocidio de 1948, firmada por ambos países. En su presentación de tres horas el 11 de enero, el equipo legal sudafricano, liderado por el abogado John Dugard, desgranó la situación humanitaria de la población gazatí ante los ataques del ejército israelí para justificar que existen suficientes indicios para pedir a la corte una solicitud de alto el fuego.

El equipo sudafricano ha insistido en que no es necesario que la Corte dictamine si Israel está llevando a cabo un genocidio —algo que por otro lado podría llevar años— sino que bastaría con que aceptara que algunas de las acciones de Tel Aviv entren dentro de la definición de genocidio incluida en la Convención y emitir una orden cautelar de suspensión de las hostilidades. Aunque las sentencias de la CIJ son en teoría vinculantes, solo la mitad de ellas se ha cumplido, según un reciente estudio. 

La acusación sudafricana añadió un quinto y último indicio de genocidio por parte de Israel: el bloqueo de los tratamientos que salvan vidas y son necesarios para el nacimiento de bebés palestinos

El primer indicio de genocidio es el asesinato masivo de palestinos, según defendió Adila Hassim, una de las abogadas que representa a Sudáfrica. El segundo indicio, continuó, “es la imposición por parte de Israel de graves daños mentales y corporales” al pueblo de Gaza”. Con un sistema de salud colapsado, cerca de 60.000 personas han resultado heridas o mutiladas, y han tenido que sufrir, según su relato, operaciones y hasta cesáreas sin anestesia ni antibióticos. Unos daños físicos a los que se les suma un “daño mental innegable”. El tercer indicio es el desplazamiento forzado de casi el 80% de los gazatíes y el bloqueo de la ayuda alimentaria. La destrucción del sistema sanitario también podría considerarse como un cuarto indicio de una actuación genocida. Por último, Hassim añadió un quinto y último indicio de genocidio por parte de Israel: el bloqueo de los tratamientos que salvan vidas y son necesarios para el nacimiento de bebés palestinos. Según Reem Alsalem, relatora especial de la ONU sobre la violencia contra mujeres y niñas, “la violencia reproductiva infligida por Israel a las mujeres palestinas, los recién nacidos, los bebés y los niños... podría calificarse como actos de genocidio”.