Opinión
Activismo judicial de extrema derecha

“La democracia de un país se pone en solfa desde el momento en que el Partido Comunista está en el Gobierno”.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, no se levantó el pasado lunes con el pie izquierdo y tampoco es el único juez que hace este tipo de declaraciones. Este fenómeno, que tampoco es simplemente nacional, se le ha venido llamando “activismo judicial” y Marco Feoli lo ha definido como “una manera específica en la que se implican los jueces en los asuntos públicos mediando o no la asignación formal de funciones de control sobre las actuaciones del poder legislativo o del poder ejecutivo”. Pero es que además el problema no es simplemente que los jueces hayan dejado de lado su imparcialidad pública sino el proceso en marcha por el cual se nos está expropiando, con cada vez mayor virulencia, la capacidad de influir en las decisiones que moldean nuestras vidas. Está empezando a dejarse ver una nueva vuelta de tuerca para ahogar cualquiera de nuestras esperanzas, mandar cualquier atisbo de democracia a la UCI y dejar que las últimas decisiones, aunque cada vez son menos debido a la importancia de los poderes financieros, ya no sean tomadas por ninguna instancia representativa, sino por los jueces. A todo este proceso es a lo que estamos llamando lawfare y en este contexto creo se entienden mejor las declaraciones del señor juez.

¿Pero, quién es este señor?

José Luis Concepción, calificado incluso por dirigentes del PP como “muy de derechas”, es presidente del más alto tribunal de Castilla y León desde 2005. Anteriormente, hasta 2003, compatibilizó su labor judicial con la educativa siendo coordinador de la formación inicial de los futuros jueces en la Escuela Judicial. Casi nada. La verdad es que viéndolo desde fuera asusta. Porque si este señor fue el profesor no creo que debamos esperar de brazos cruzados a que sus mejores alumnos se pongan en acción.

Como decíamos, no es la primera vez que sus declaraciones saltan al debate nacional. Su otra gran actuación vino de la mano de la exhumación del dictador cuando se posicionó en contra de las misma asegurando que “reverdece el odio que ya habíamos olvidado”. Además, no escatimaba en calificar la Ley de Memoria Histórica como perversa ya que “pretende convertir en vencedores de la guerra a quienes, en definitiva, perdieron la contienda en 1939”.

En el proyecto de la extrema derecha española, como venimos defendiendo, la judicatura juega un papel clave

También tuvieron eco sus declaraciones en la apertura del último año judicial criticando el “ataque larvado y constante contra el mismo Jefe del Estado desde algunos sectores incorporados a las propias instituciones”. Sobre Catalunya y su proceso independentista, donde Concepción ha sido juez durante 15 años (una reflexión aparte merece la necesaria descentralización del poder judicial), también ha tenido palabras que, llegados hasta aquí, no van a sorprender a nadie. Defendió en diferentes ocasiones las posiciones de la acusación popular que ejercía Vox, incidiendo en que se trataba de una organización criminal que había empleado la violencia.

Obviamente, todas estas declaraciones no están fundadas jurídicamente, porque eso ya da igual. Lo importante es que muestran la hoja de ruta a la ofensiva de la extrema derecha española: acabar con el gobierno de coalición, sacar a Podemos de las instituciones y acabar judicialmente con toda disidencia posible, tanto en las instituciones como en las calles. Al final del camino está el giro centralista por el que se pretende acabar con el Estado de las autonomías, en el que a su vez se fomente una transición hacia la juristocracia. En otras palabras, eliminar la poca democracia que nos queda.

La batalla judicial en la guerra por la democracia

En el proyecto de la extrema derecha española, como venimos defendiendo, la judicatura juega un papel clave. Para no equivocarnos con nuestras posiciones, tenemos que escuchar también sus propuestas. En la misma entrevista de la que se extrajeron sus mediáticas declaraciones contra la soberanía popular, José Luis Concepción expuso claramente el proyecto conservador de “un poder judicial autónomo e independiente, no solo desde un punto de vista económico sino también a la hora de elegir a los representantes que han de regir la vida judicial del país. Esto daría lugar a una apariencia de neutralidad política que sería buena para todos”.

No se busca la neutralidad política, sino su apariencia. Y en esto tenemos que reconocer al juez su sinceridad. Lo que se busca es un poder judicial desatado pero no del control de los malvados políticos, sino desatado de cualquier pizca de soberanía popular. Un poder judicial que actúe como punta de lanza del proyecto neoliberal como ya está ocurriendo en América Latina.

Ante esta coyuntura, urge comenzar a pensar en cómo deberíamos organizar el poder judicial en una sociedad democrática. Porque nuestro proyecto no puede basarse en aguantar la embestida de la extrema derecha y en la defensa de un sistema podrido que excluye y explota a las mayorías sociales. Solo podemos combatir en esta lucha con propuestas, que aunque no sean nuevas pueden seguir siendo útiles. Para ello podemos pensar en la revolución francesa que, mucho más allá del folclore de la guillotina, introdujo algunas cuestiones esenciales claves para una judicatura democrática. Algunos ejemplos son la elección popular de los jueces, la incapacidad de los mismos para suspender los decretos del poder legislativo o la necesaria apelación al cuerpo legislativo siempre que fuera necesario realizar una interpretación de la ley, porque de lo contrario estaríamos diciendo que es igual de legítimo el poder de unos señores jueces que el de toda la sociedad, algo incomprensible para cualquier demócrata.