Opinión
La militarización de la gobernanza del ocio nocturno juvenil en Catalunya

En la madrugada del sábado 28 de enero de 2023, un centenar de Mossos d’Esquadra del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO), de la Unidad de Seguridad Ciudadana y de la Policía Administrativa, encabezados por el comisario jefe de la policía catalana Eduard Sallent y el inspector Felip Garcia, irrumpieron como Pedro por su casa (en este caso, armados) en la discoteca de adolescentes Waka —antiguamente llamada Area, templo de la música máquina en los 90—.

A la entrada del centenar de antidisturbios en la sala principal del local, le faltó la presencia de aquel joven francés de mente brillante que, trompeta en mano, tocó unas breves notas de La Marcha Imperial cuando agentes antidisturbios de la policía francesa irrumpieron en una manifestación pacífica en Marsella en febrero de 2019. De los 906 clientes identificados por la policía catalana en la discoteca Waka (en su práctica totalidad, menores de edad), diez fueron denunciados por tenencia de drogas, si bien en cantidades mínimas y para consumo propio: o bien entraron en shock emocional al ver que los guardianes de la galaxia no van de blanco cuando salen de la pantalla, o aún les falta práctica en ese golpe de muñeca que permite vaciar los bolsillos en un simple pestañear de ojos: toda una proeza si se trata de bolsillos de pantalones ajustados. Como nota pintoresca, un cliente menor de edad fue denunciado por “falta de respeto a la policía”: el coronel no tiene quien le escriba. 

De los 906 clientes identificados por la policía catalana en la discoteca Waka (en su práctica totalidad, menores de edad), diez fueron denunciados por tenencia de drogas, si bien en cantidades mínimas y para consumo propio

El director general de la policía autonómica, Pere Ferrer, destacó en La Vanguardia que la discoteca Waka, en 2022, constituyó un “foco de preocupación durante muchos fines de semana seguidos, con hasta 265 denuncias de distinto tipo”. Ciertamente, tiene su mérito contabilizar entre cuatro y cinco denuncias interpuestas cada fin de semana. Sin embargo, tal mérito quedaría en entredicho si los agentes policiales cursaran las denuncias solicitadas por todos aquellos chicos no-blancos de los barrios del Raval y del Poble Sec a los cuales se les impide sistemáticamente, de forma arbitraria y por motivos racistas, su acceso en la sala de ocio nocturno más emblemática de la barcelonesa Avenida Paral·lel, templo de modernikis cosmopolitas, nómadas digitales y estudiantes Erasmus. 

Ante las irregularidades cometidas por la empresa gerente de Waka y sus subcontratadas (sí, Inspección de Trabajo de Catalunya existe), y ante el agravamiento del conflicto entre jóvenes no-blancos y el personal de seguridad de dicha discoteca por presuntas comisiones de violencia racista, la Dirección General de la Policía catalana decidió responder con la irrupción de un centenar de antidisturbios en plena sesión nocturna, rodeando y sitiando a 906 adolescentes indefensos y realizando cacheos e identificaciones individualizadas al amparo de la Ley Mordaza sin haber cometido delito previo alguno —suponiendo que bailar reggaeton o dembow no sea delito—.

En declaraciones a los medios de comunicación, el Director General de la Policía catalana, Pere Ferrer, afirmó que [el fracaso de] la macrorredada en Waka se inscribe en una estrategia policial de “erradicar las drogas y las armas en el ocio nocturno”. Han leído bien: armas. Que el Director General de Policía de Catalunya piense que la noche adolescente está llena de armas conlleva automáticamente y de forma urgente a poner sobre la mesa dos preguntas dirigidas a dicho responsable político de los cuerpos policiales locales y autonómico de Catalunya: ¿Considera legítima la tenencia de una navaja por parte de una chica teniendo en cuenta la absoluta impunidad con la que cabalgan las pollas agresoras, por ejemplo, en el metro de Barcelona o en las calles de la parte baja del centro de la ciudad condal durante la noche mientras sus queridos subordinados solo atienden a turistas blancos borrachos? ¿Está usted acusando de absoluta incompetencia a los profesionales de seguridad que controlan el acceso a las discotecas?

Por otra parte, si el objetivo es erradicar drogas y armas en el ocio nocturno juvenil, el macrooperativo policial que tuvo lugar en Waka fue un rotundo fracaso y una payasada de magnitud cósmica. En términos de colectividad, ni los jóvenes se drogan, ni llevan armas: ¿o es que todos los cuarentones que nos encanta la noche somos adictos a la cocaína? Permítame otra pregunta, Sr. Ferrer: ¿Entrarán los guardianes de la galaxia a incautar el buen par de decenas de gramos de buena mandanga que se consumen cada noche en las discotecas más exclusivas (incluyendo sus respectivos “reservados”) situadas por encima de la Avenida Diagonal de Barcelona?

La pretendida repetición de tales macrooperativos tal y como ha anunciado el Director General de la Policía constituye el último episodio del largo proceso de criminalización punitivista y estigmatizadora llevada a cabo por las instituciones catalanas contra las/los adolescentes y jóvenes (blancos y no-blancos) especialmente, y de forma específica, de los barrios populares de Barcelona y de sus suburbios. Ello no es nuevo si atendemos a la evolución de la gobernanza del ocio nocturno juvenil en Barcelona y su área metropolitana desde la inauguración del régimen del 78. Valga como ejemplo, en los años 90, la diferencia de las acciones policiales y del discurso institucional-policial-mediático entre la noche makinera metropolitana en discotecas tales como por ejemplo Nau B3, Ocho, Sala del Cel, El Gat o Chasis, y las discotecas de la parte alta de Barcelona que pinchaban ese mismo estilo de música (Jimmyz, Disco Q y Fibra Óptica).

La impunidad del pijerío viene de lejos. Treinta años después de persecución policial-mediática contra la escena nocturna makinera metropolitana, la reproducción de un discurso institucional que describe el actual ocio nocturno juvenil como peligroso, lleno de drogas y de armas constituye no solamente una desfachatez sin parangón alguno sino también un ejemplo claro y meridiano de la actual visión institucional, adulto-céntrica, clasista, estigmatizadora y racista sobre el ocio nocturno juvenil independientemente de la variedad cromática de la chaqueta de nuestros representantes políticos. 

Esta estrategia de supuesta prevención de delitos y de violencia en el ocio nocturno juvenil constituye un episodio más de la colección de dislates surrealistas de una Dirección General de Policía especialmente afín al objetivo (no tan lejano) de militarizar tanto los cuerpos policiales locales como el propio Cuerpo de Mossos d’Esquadra. Para muestra un botón. En Mayo de 2022, el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, segundo municipio de Catalunya en términos de población residente y colindante con Barcelona en su extremo oriental, presentó la creación de la llamada Unidad Especial de Intervención de su Guardia Urbana. En un comunicado ofrecido a los medios de comunicación, el Ayuntamiento de L’Hospitalet afirmaba que la creación de esta nueva unidad policial, uniformada con botas militares negras con punta de acero, uniforme militar azul marino y boina militar, tenía como objetivo “mejorar la seguridad de la ciudad y dar una respuesta inmediata a aquella situaciones que lo requieran, como por ejemplo botellones, ruidos nocturnos o el control de las zonas de ocio” (Tot L’Hospitalet, 03/05/2022). Para aquellas/os ajenas a la geografía nocturna de L’Hospitalet, quisiera indicarles que la ciudad no cuenta con ninguna “zona de ocio”, ya que el famoso Polígono de Can Famades, situado a menos de medio kilómetro de la céntrica plaza del ayuntamiento, pertenece administrativamente al municipio de Cornellà de Llobregat. De ahí que las denominadas “zonas de ocio” de L’Hospitalet sean sinónimo de parques y jardines en donde las/los adolescentes y jóvenes catalanas/es (bien sean de familias migrantes o no) suelen reunirse por las tardes y algunas noches de fin de semana para charlar, escuchar música, grabar algún reel y algunos, no todos, beber algún cubata de mejor calidad que el garrafón que puebla impunemente la geografía nocturna catalana; de hecho, beben muchísimo menos que sus generaciones precedentes según indican múltiples estudios científicos publicados recientemente. 

En la calle Tuset, los jóvenes abarrotan el espacio público Brugal Cola en mano, mientras los botellones de unas pocas decenas de adolescentes y jóvenes en el Turó de la Piera, de la Rovira, en el mirador de Roquetes o en los parques de la Pegaso, del Clot o del Poblenou son objetivo de la frecuente intervención disuasoria de unidades antidisturbios

Como ya habrá advertido, estimada/o lectora/or, esto de la militarización de la gobernanza del ocio nocturno juvenil va por barrios. En la barcelonesa calle Tuset (escenario de la Guache Divine, del encuentro amoroso entre Twingo y Casio, y de la presunta violación por parte de un ex-jugador del F.C. Barcelona) las y los jóvenes de la parte alta de la ciudad condal abarrotan el espacio público durante las noches de los fines de semana Brugal Cola en mano mientras agentes de la Guardia Urbana de Barcelona observan tal paisaje desde su coche patrulla sin inmutarse lo más mínimo por el incumplimiento generalizado de la inclasificable Ordenanza de Civismo. Mientras tanto, los botellones de unas pocas decenas de adolescentes y jóvenes en el Turó de la Piera, en el Turó de la Rovira, en el mirador del barrio de Roquetes o en los parques de la Pegaso, del Clot o del Poblenou (todos ellos situados en barrios populares de la ciudad condal) son objetivo de la frecuente intervención disuasoria de unidades antidisturbios tanto de la Guardia Urbana de Barcelona como de la policía autonómica catalana bajo el mantra de la lucha contra el “incivismo” (es decir, contra el “mal ciudadano”). Para el frente cívico-institucional-mediático, tales botellones protagonizados por jóvenes y adolescentes de los barrios populares de Barcelona y de sus ciudades metropolitanas merecen calificativos como “vergonzosos” e “incívicos” y constituyen un “foco de delincuencia” y de “violencia juvenil”. Nótese que el uso de las comillas dobles responde a la colección de declaraciones realizadas a lo largo de las últimas dos décadas tanto por representantes institucionales, como políticos, como de organizaciones sociales y altos mandos de los diferentes cuerpos policiales. Sin embargo, cuando el escenario es la playa de Sant Sebastià, la de Sant Miquel, la de La Barceloneta o la del Somorrostro y es protagonizado por centenares de turistas jóvenes, adinerados y blancos que campan en la arena con sus botellas de Citadelle y sus min-columnas Bose, tales concentraciones son catalogadas como “miles de turistas internacionales” (p.e., Agencia Catalana de Noticias, 16/04/2022). Contra los primeros, la violencia de los guardianes de la galaxia; contra éstos segundos, condescendencia capitalista y un par de patrullas de barrio – no vaya a ser que un/a turista tengan la mala pata de cruzarse con un joven local no-blanco y le sobrevenga un cuadro de hipotensión grave. 

La militarización de la gobernanza del ocio nocturno juvenil junto con la escandalosa ausencia de un programa multidimensional sobre ocio nocturno respetuoso, informado y libre de violencias que incluya mediación comunitaria sobre el terreno, formación en institutos y divulgación en medios de comunicación (incluyendo las principales redes sociales), constituye el ejemplo más claro no solamente de la absoluta fractura generacional que existe en Catalunya entre adultos y jóvenes sino especialmente del miedo que una hipotética juventud emancipada y con conciencia interseccional de clase, racial y de género produce en las clases dominantes adultas del oasis catalán. Pavorosos ante ello, saben que es precisamente ‘la noche’, y no las redes sociales, la que proporciona ese contexto de solidaridad, empatía y compañerismo que permite tejer esas complicidades afectivo-emocionales de contestación frontal a un sistema opresor adulto-céntrico, patriarcal, clasista y racista.