Opinión
La pesadilla que no acaba

El funcionamiento de los servicios que deberían proteger a los menores de edad no alcanzan en forma y tiempo, y dejan familias rotas por el camino.
9 mar 2025 06:00

En 2011 miles de personas se movilizaron a nivel internacional para pedir que los servicios sociales de Madrid rectificaran y devolvieran a una bebé de 15 meses, Alma, junto a su madre, Habiba, una joven marroquí de 22 años. Ambas vivían en un centro para madres sin recursos de la Comunidad de Madrid, y fue allí donde surgió el disparate: le quitaron la custodia de la niña por negarse a destetarla. La Comisión de Tutela del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) negó que esa fuera la causa, y justificó la separación con argumentos como la “falta de red de apoyo sociofamiliar y de recursos económicos”, el rechazo de ayuda psicoterapéutica y de un programa de habilidades maternales. Dentro de estas medidas, el centro impuso normas injustificadas que impedían la lactancia materna a demanda y “prolongada”, considerándola “caótica” y perjudicial para los niños. Además, como explicó La Fundación Raíces en un comunicado de prensa, se obligó a la madre a tomar medicación para que su producción de leche fuera suprimida, bajo la amenaza de expulsión del centro si no accedía a seguir el tratamiento. Finalmente, tras 23 días separadas, el IMMF reculó y la bebé volvió con su madre.

Esta terrible historia la recordaba emocionada la psiquiatra Ibone Olza en un café compartido una mañana de septiembre hace ya casi tres años. Ella fue una de las activistas que participaron en la movilización de apoyo a Habiba y Alma. La experiencia está recogida en un blog, Todos somos Habiba, y en varios artículos en medios. Por desgracia, no se trata de un suceso en extinción, sino que este tipo de sucesos han seguido reproduciéndose, casi de forma silenciosa, mientras el ritmo frenético de la vida nos sigue arrollando aquí fuera.

En 2016, María José Abeng Ayang volvió a estar junto a su hijo tras cuatro años de separación forzada. Haber sido una niña tutelada y madre adolescente fueron sus espeluznantes delitos, según dejó ver la administración de Oviedo. María José conocía bien los recovecos de la institución. Ingresó en un centro de menores con 11 años como consecuencia de sucesivas discusiones con su madre, y a los 14, estando tutelada, se quedó embarazada. Su intención nunca fue separarse de su hijo, pero, como ella misma declaró en una carta publicada en redes sociales, la monstruosa insistencia para que entregara a su hijo en adopción ya nunca la abandonó. Tras regresar al centro de menores en el que vivía, fue separada de su bebé y sometida a un cruel régimen de visitas. Al principio solo se lo dejaban ver una hora a la semana, y cuando pidió más tiempo con su hijo, rechazaron su solicitud. Tres meses después, suspendieron todo contacto. “Mi mundo se desmoronó. Durante meses, caí en una profunda depresión, más cuando abogado tras abogado, ninguno conseguía vencer al dragón gigante», decía en aquella carta que nos dejó el alma arrugada como un papel que ya no sirve. Tuvieron que pasar cuatro largos años hasta que tras un viaje comparable al de Ulises, su hijo volviera a casa. A casa, y no a un centro de menores, porque a María José le dio tiempo a llegar a la adultez. También a sentirse insufriblemente ”desamparada en su propio desamparo".

Los servicios sociales de Cádiz arrebataron a Jonás de los brazos de su madre; Alma fue separada de su madre con 15 meses; Micaela y Ángela acabaron en un centro de menores de edad por una discusión con su madre por el uso del móvil

Los servicios sociales de Cádiz arrebataron a Jonás, de apenas un año, de los brazos de su madre en 2017. Había sido ingresado en noviembre en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz por desnutrición debido a una anemia congénita. Durante su hospitalización, su madre lo amamantó a demanda y lo mantuvo en brazos, algo que fue mal visto por el personal sanitario, que consideraron aquel acto como un perjuicio para el niño. Tras 20 días, los servicios sociales decidieron que el bebé estaba en una situación de desamparo y fue acogido provisionalmente con unos tíos, limitando las visitas de los padres. El informe pericial de un pediatra insistió en que Jonás no estaba en riesgo social y que la intervención había sido inapropiada. Se alertó sobre los efectos negativos de separar a un bebé de su madre a tan corta edad, ya que podría afectar su salud física y mental, y se movilizó a un buen número de personas para reclamar que la familia volviera a estar reunida. Se recogieron casi 13.000 firmas en la plataforma Change.org para poner fin a la inexplicable situación. 

Ese mismo año, Micaela y Ángela, dos hermanas mellizas de 12 años, acabaron en un centro de menores de edad por una discusión con su madre por el uso del móvil. Anita, la madre, decidió participar en un programa de intervención familiar para mejorar la relación con sus hijas. En una de las sesiones, las hijas relataron un incidente en el que su madre y una de ellas tuvieron una discusión sobre el uso del teléfono móvil, lo que terminó en un forcejeo por el dispositivo.

Este relato se convirtió de inmediato en una condena para las tres: los servicios sociales las separaron, internando a las niñas en un centro a 80 kilómetros de su casa. Allí estuvieron un año, hasta que la madre pudo recuperar la custodia gracias a una decisión judicial. Seis años después, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León condenaba a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta a indemnizar con 150.000 euros a la madre. Las hijas, que ahora tienen 21 años, definieron aquello como un “secuestro” y denunciaron el profundo trauma que supuso para ellas haber sido separadas de su entorno familiar y escolar. 

Recientemente, a Yumara y a su pareja les quitaron la custodia de su hija recién nacida, y los justificaron en una supuesta falta de habilidades y capacidades marentales debido al recorrido vital 

Recientemente hemos conocido el caso de una madre para la que su pasado se ha convertido en el pretexto perfecto para apartarla de su bebé recién nacida. Los servicios sociales de Castilla-La Mancha le retiraron a Yumara, de 19 años, y a su pareja, Abdel, de 32, la custodia de su hija recién nacida. Algunos medios se hicieron eco de la conversación entre un técnico de y la pareja, en la que intentan revertir la decisión, pero este les comunica que la separación es irreversible por el momento. Yumara se desmayó allí mismo. Falta de habilidades y capacidades marentales debido al recorrido vital; red de apoyo inexistente; inestabilidad habitacional, económica y laboral; relación de pareja asimétrica son algunos de los motivos que se alegaron para justificar la traumática separación.

Una madre escribía hace unas semanas a una amiga común buscando ayuda desesperadamente. Se llevaron a sus hijos entre engaños y medias verdades. El pequeño, que tiene tan solo 17 meses, no puede seguir siendo amamantado, pese a que la madre deseaba hacerlo hasta al menos los dos años. “Lo peor es que el tiempo vuela, pasan los días y las semanas y se puede eternizar la situación hasta que se resuelva favorablemente. ¿Dónde y cómo se denuncia el robo de una lactancia?”, se preguntaba Ibone Olza en su blog sobre este caso. La familia, que no quiere contar mucho por el momento, sostiene como puede un proceso cruel y farragoso.

Tengo el privilegio de tener unos papeles y un color de piel que en cierto modo me protegen del esquizofrénico racismo que impera. Nadie sabe de mi infancia ni de mis taras

Todas estas historias han hecho que cobren vida mis pesadillas más horribles, las que me acompañan desde que soy madre. Es cierto: tengo el privilegio de tener unos papeles y un color de piel que en cierto modo me protegen del esquizofrénico racismo que impera. Nadie sabe de mi infancia ni de mis taras. Tenemos un trabajo, una cuenta en el banco, una casa con muebles de Ikea, un colegio burbuja. Nosotros no hemos necesitado un examen psiquiátrico, ni económico. No hemos pasado un test de aptitudes para poder ser padres. Somos una familia que entra en los siniestros estándares de normalidad. Y, aun así, el miedo a que esto pueda ocurrir ha sido un dinosaurio en nuestra casa muchas veces. Por sus gritos constantes, por nuestros desbordes, por dejarles que vayan sin abrigo por el parque en pleno invierno. 

Cuando se lamenta la injusticia y del dolor de estas madres, los trozos que quedan esparcidos de las rupturas familiares, la respuesta que vuelve como un boomerang es a menudo que “algo más habrá”. Que esto no es tan sencillo. La experiencia me dice que sí lo es, que es cuestión de no encajar en unos patrones y unos estándares, en disgustarle a un sistema rígido, sordo y ciego. Estos casos no son islas. La deshumanización constante, la tecnificación de la vida como solución a todo, hacen muy complicado hablar con personas y resolver más allá de las absurdas normas de hierro. Se necesita un sistema más ágil, individualizado, preciso, humano. Se necesita escucha, observación, cuidados. Y, sobre todo, se necesitan manos de carne.

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Sirianta
Sirianta
9/3/2025 16:23

Magnífico comentario el del compañero Paco Caro.
Una amiga quedó embarazada estando en un centro de menores. El padre era uno de los cuidadores (¡qué sorpresa!). No dejaron que cuidase a su niña, aunque ella quería. Crueldad pura. Ninguna de las dos se ha recuperado de ese trauma a día de hoy.

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Paco Caro
9/3/2025 10:14

Creo que los servicios sociales tiene las manos demasiado largas. Y, sí, es cierto, que a veces es necesario separar a un menor de su madre, para salvarle. Pero, creo que, en la mayoría de los casos, la separación hace más daño al menor que la continuidad de la relación. La separación forzada se basa en un profundo desconocimiento de la biología humana. Su aplicación es un castigo que se aplica al menor. Hasta cierta edad, la institución madre-hijos debe considerarse una unidad irrompible, en la inmensa mayoría de los casos. Si los padres tienen una situación anómala, acompáñales con todas las medidas para que mejoren su situación. Sin separación. Por el "bien superior del menor".

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