Opinión
El PNV tapa su oposición política e ideológica a la Ley de Vivienda bajo el manto competencial

Desde hace años, el PNV tiene una estrategia: cuando una ley o una medida adoptada por el Estado se aparta de su ideario político o ideológico, esto es, cuando las medidas son progresistas o de izquierdas acude al socorrido comodín de la invasión competencial, convirtiendo en una posición objetiva de defensa de la autonomía lo que no es más que una excusa. Además, haciendo de la necesidad virtud, con esto busca conseguir otro objetivo: traza una línea entre los que están a favor del autogobierno vasco, él, y los que buscan socavarlo, todos los demás, incluido a los independentistas de EH Bildu. Esta fórmula de partido-Estado (autonomía) dista poco de lo que Díaz Ayuso está haciendo en Madrid y Moreno Bonilla en Andalucía.

Este comportamiento del PNV se ha visto acrecentado durante esta legislatura en Madrid con determinadas leyes y medidas y más desde la aparición de EH Bildu como agente con peso en la gobernabilidad española que discute a los jeltzales su monopolio influencer. Ejemplos de ello son los impuestos extraordinarios a la banca y a las energéticas y, más recientemente, la Ley de Vivienda.

Al PNV la Ley de Vivienda que ERC y EH Bildu han pactado con PSOE y Unidas Podemos no le gusta, aunque ahora por el contexto electoral haya optado por la abstención, hay que tener en cuenta una gran mayoría del electorado, también el suyo, como el del PP, está a favor de poner coto a la subida de los alquileres. Lo reconocía Aitor Esteban: “Nos crea problemas”. No le gusta porque limita los alquileres y toca la propiedad privada. Porque una cosa es la actual limitación del topo de incremento del 2% como excepción y otra diferente es limitarla para años y con garantía jurídica.

El País Vasco tiene una Ley de Vivienda desde 2015. Una ley progresista que posibilita más acciones de las que el Gobierno vasco ha puesto en marcha en estos ocho años. La última de ellas, a través de una norma de julio de 2021, permite a los ayuntamientos cobrar un canon sobre los pisos vacíos de 10 euros por metro cuadrado y contempla también el “alquiler forzoso” en zonas con “acreditada demanda” de vivienda, así como la “expropiación” en “casos extremos”. No se ha aplicado. Quizá esta parálisis tenga que ver con que el PNV, junto con el PP, votó en contra de la ley. Quizá, también, tenga que ver con la debilidad del PSE dentro del Ejecutivo de coalición, aunque el consejero de Vivienda es socialista. Quizá.

En el conjunto del Estado, el acceso a una vivienda digna es un problema de primer orden. En Euskadi no lo es menos. En las últimas estadísticas vuelve a figurar entre las comunidades autónomas más caras para el alquiler de vivienda, solo superada por Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares. Donostia es la capital más cara y ha visto cómo en solo cinco años los precios de los pisos se han encarecido en un 33%. En el número cinco del ranking aparece Bilbao y Gasteiz se sitúa también entre las diez capitales más caras.

Puede ser anecdótico, pero es real: tres calles de Donostia, la avenida de la Libertad, la plaza de Gipuzkoa y la calle Hernani registran los terceros precios más caros de todo el Estado por metro cuadrado, solo superadas por la calle Serrano y el Paseo de Gracia. Menos anecdótico, pero más importante, y muy real, es que el coste del metro cuadrado de obra nueva alcanza en Euskadi los 3.069 euros, casi 1.000 más que la media estatal. Otro dato: los solicitantes de alquiler protegido en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa ya superan los 62.000. Esta es la realidad.

El enfrentamiento entre PNV y EH Bildu por la Ley de Vivienda, más allá del fuego cruzado entre ambos escenificado en el Congreso en cierta manera sobreactuado por la cercanía electoral, no tiene que ver con las competencias por mucho que insista el PNV, sino con las medidas que incorpora, o, mejor sería decir, que permite incorporar a los gobiernos autonómicos. Aquí esta el quid de la cuestión.

La Ley de Vivienda, si no sufre variaciones en su tramitación parlamentaria, también permitiría al Gobierno vasco declarar zonas de mercado residencial tensionado

La Ley de Vivienda, si no sufre variaciones en su tramitación parlamentaria, también permitiría al Gobierno vasco declarar zonas de mercado residencial tensionado, porque en estos momentos se cumple una de las condiciones: las personas dedican más del 30% de su sueldo al pago de la hipoteca o del alquiler. En este sentido, todo el País Vasco podría ser declarado zona tensionada. Y eso revertiría de forma capital en la vivienda.

Volvamos a la garantía jurídica. Hace tres años, el alcalde peneuvista de Donostia, Eneko Goia, emplazó al Gobierno español a “hacer un cambio normativo en los regímenes de alquiler” que permitiese evitar “incrementos exagerados de las rentas” que deben abonar los inquilinos. Goia hizo esta reflexión después de reunirse con representantes de 300 familias donostiarras que habían denunciado la venta al fondo de inversión Azora por parte de una inmobiliaria local de los 14 edificios de viviendas en los que residen de alquiler. Donostia, desde hace tiempo, es oscuro objeto de deseo de los fondos buitre y de la especulación inmobiliaria. Esta semana, Goia no ha aplaudido la ley, pero tampoco ha dicho nada sobre la “invasión competencial” y el “galimatías jurídico” al que con tanta vehemencia se ha referido Aitor Esteban en el Congreso. Goia se presenta a la reelección.

Los jeltzales no han tenido hasta ahora ninguna intención de limitar la subida de alquileres, como no han tenido ninguna intención de cobrar un canon por las viviendas vacías

Los jeltzales no han tenido hasta ahora ninguna intención de limitar la subida de alquileres, como no han tenido ninguna intención de cobrar un canon por las viviendas vacías. Siempre se han resistido a cualquier regulación del mercado inmobiliario, mientras que, por otra parte, han exigido mano dura frente a la okupación de viviendas vacías. La Ley de Vivienda no invade las prerrogativas autonómicas, es más, las blinda. Lo que ofrece son herramientas y habilita a las instituciones para desarrollar políticas de vivienda avanzadas. A partir de ahora, si el PNV no lo hace, no es porque no pueda, sino porque no quiera. No es una cuestión competencial, es de voluntad política; y tiene que ver con su ideología.