Opinión
La tempestad y la calma

La guerra se afianza, crece día a día, conformando una verdadera tempestad que no deja momentos de tregua a la vista. En Ucrania no se trata sólo de un conflicto de trincheras, de un enfrentamiento entre soldados que pretenden la conquista de áreas territoriales y la destrucción de los recursos del enemigo. No cabe duda de que ello también es así, pero tampoco cabe duda de que miles y miles de personas mueren, junto a soldados profesionales, en el frente, contingentes reclutados por la fuerza, obligados a llevar el uniforme, o incluso voluntarios víctimas de la propaganda nacionalista. Sin embargo, esto no basta. Llueven bombas lanzadas por drones, se disparan misiles, la matanza de civiles no cesa. Los fabricantes de armas se enriquecen, disfrutan de escandalosas exenciones fiscales y se les paga espléndidamente con dinero detraído de la sanidad, la educación, las pensiones y los restos de un Estado del bienestar erosionado.

La oposición a la guerra, aunque se diga sin entusiasmo o se enuncie casi en un susurro, se equipara inmediatamente a la traición, a la deserción y al crimen contra las instituciones. La llamada a las armas es contagiosa. En Gaza ha tomado la forma de la masacre. Poco importa la calificación técnico-jurídica de los hechos, si lo perpetrado por Israel en la Franja es genocidio o no, porque sigue siendo una carnicería, que nos regala imágenes de soldados, incitados por los comandantes para que eliminen todo escrúpulo moral, que se sienten felices cuando matan: escenas habituales en cada masacre de la población palestina consumada por un ejército de ocupación. La guerra se ha extendido al Mar Rojo para golpear al pueblo yemení, ha tocado las costas chinas de la mano de provocaciones conscientes, que corren el riesgo de abrir un nuevo foco de violencia bélica, al tiempo que no cesa de apilar cadáveres en muchos países africanos ya doblegados por el hambre y las expropiaciones o de arder bajo las cenizas en América Latina y en el área asiática. La tempestad azota el planeta, indiferente a las crisis energéticas o a los desastres ecológicos, la codicia es arrogante, la cupio dissolvi [voluntad de desaparecer] se acepta o se elimina de nuestra conciencia.

A pocos kilómetros de la tempestad, en los territorios del Occidente europeo y norteamericano, también en Italia o en España, domina en cambio la calma. Se respira un clima de imperturbable insensibilidad, roto, aunque por breves periodos, por protestas circunscritas (la más reciente, la de agricultores y ganaderos), que nunca llegan a implicar realmente a toda la comunidad y que se van marchitando poco a poco, dejando entre los protagonistas una sensación de impotencia y un sentimiento de resignación, que fortalece al poder y fomenta el despotismo. En medio de la calma, la distancia entre ricos y pobres se ensancha, el malestar aumenta; la apatía no es esperanza de futuro, sino una ilusión inmotivada de salvarse, de salir indemne sin demasiados daños.

La demanda de paz es percibida por el poder político dominante y por las corporaciones como una reivindicación subversiva

Significativa de este tiempo de letargo es la indiferencia que ha acompañado en Italia el entierro de la reivindicación de un salario mínimo, que proteja a los trabajadores y trabajadoras dedicados a los trabajos más ingratos, desposeídos de su derecho a una existencia digna, inmovilizados por una explotación intensiva. Sin embargo, a pesar de la apatía que se recrea en la calma, es imposible no detectar en nuestra existencia cotidiana los signos, en el seno de las comunidades, de un rencor generalizado, de una cólera reprimida pero a punto de estallar, de una disposición al abuso, al conflicto con otros desgraciados, olvidando que históricamente la solidaridad ha sido la única salida de la servidumbre.

Durante estos últimos años ha sucedido que los recortes en la sanidad han enriquecido a la llamada Big Pharma, mientras la constante erosión del Estado del bienestar se ha visto acompañada por el incremento de los gastos militares en beneficio de quienes construyen las armas, todo ello por mor de la coherente continuidad de los distintos gobiernos surgidos de las urnas, que no contemplan disidencia alguna sobre los puntos fundamentales y que en verdad ni siquiera la permiten a costa de utilizar la amenaza, el chantaje, incluso la fuerza bruta. La tempestad en curso, este tiempo de guerra, sirve de recordatorio a quienes viven en la calma de lo que les espera en caso de motín o de ataque a los beneficios empresariales. La demanda de paz es percibida por el poder político dominante y por las corporaciones como una reivindicación subversiva y, en todo caso, como una acción contra la llamada economía de mercado.

Mientras tanto, en medio de la calma, prosigue el proceso de transición al hilo de la introducción de normas que acompañan la transformación del viejo Estado-nación socialdemócrata-liberal en un nuevo organismo institucional necesaria e inevitablemente autoritario, bien equipado para doblegar la resistencia residual del precariado. El mecanismo de gobierno llamado de piloto automático (por utilizar la sugestiva definición dada a tal sistema por Mario Draghi, el amerikano por excelencia) parece funcionar incluso después de la victoria electoral en Italia de los neofascistas y de sus aliados: Giorgia Meloni no abandona, allí donde opera el constreñimiento, el camino trazado por quienes la habían precedido, continuando de hecho en la misma dirección.

Los titulares de los tres Ministerios clave (Economía, Asuntos Exteriores, Defensa: Giorgetti, Lega; Tajani, Forza Italia; Crosetto, Fratelli d’Italia) han mantenido sus respectivas promesas sobre el gasto militar, el apoyo incondicional a los Estados Unidos del «demócrata» Biden, las políticas de austeridad, los recortes del gasto social y la renuncia a gravar con impuestos los beneficios de las grandes corporaciones financieras. La educación, la investigación y las universidades, privadas de fondos y recursos, son presa fácil de las privatizaciones, fomentadas ahora igual que antes; la única diferencia, ideológica y espectacular, permitida a la derecha reside en un mayor uso de gendarmes, jueces y sanciones disciplinarias contra los estudiantes revoltosos que ocupan o hacen huelga.

El mensaje transmitido por el ministro de Educación Valditara (Lega) es que el rigor o el orden pueden ser el fundamento de la ciencia y el conocimiento; ¡una burbuja difundida en las redes unificadas y hecha pasar a golpes por la verdad! La continuidad en el campo de la salud está asegurada por un brillante profesor y médico de atención primaria, el profesor Orazio Schillaci (independiente de derecha): mayoría y oposición están tranquilas, la medicina pública, con él en el Ministerio, no será un obstáculo para los proyectos de la medicina privada, dado que hará todo lo posible para facilitar la conquista del mercado italiano.

Fragmentos de autonomía permitida

A los gobiernos nacionales, ya sean liberal-demócratas o populistas, se les permite una libertad de acción muy limitada en segmentos precisos y dentro de unos límites que no pueden traspasarse. Ciertamente, pueden legislar sobre el llamado final de la vida, prohibiendo o permitiendo el suicidio asistido y promulgando normas cada vez más complicadas para regular los tratamientos inútiles en ese trance. Sin perjuicio de una vaga prohibición genérica de efectuar discriminaciones, pueden permitir o no los matrimonios no tradicionales, reconocer la descendencia, intervenir sobre los afectos en las visitas hospitalarias, impartir cursos obligatorios de conocimientos sobre las más variadas materias, obstaculizar o no la adquisición de la ciudadanía, limitar o no la entrada, la residencia y los estudios de los extranjeros.

Lo que se le ocurra a la fanática reaccionaria Eugenia Maria Roccella (Fratelli d’Italia), titular de un Ministerio para la Familia, la Natalidad y la Igualdad de Oportunidades (con independencia de lo que el término «familia» signifique hoy en día), deja en la más absoluta indiferencia a los consejos de administración de las multinacionales y sólo enardece a las asociaciones de vecinos como invitados de alguna tertulia televisiva.

Elección directa del primer ministro y autonomía diferenciada

El gobierno de Giorgia Meloni centra su visibilidad e identidad en el ataque radical a las minorías que son percibidas como tales, desarmadas y aptas para desempeñar el papel de chivo expiatorio. La aprobación de normas represivas caracterizadas por una severidad desproporcionada afecta a las reuniones de jóvenes en lugares abandonados (raves), a las protestas demostrativas de ecologistas, que intentan (desgraciadamente en vano) atraer el compromiso colectivo en defensa del medio ambiente, coloreando un monumento; a los inmigrantes encerrados en lagers hacinados, listos para la deportación o para realizar trabajos irregulares mal pagados.

La reciente muerte en accidente de trabajo de cinco trabajadores en la construcción de un nuevo supermercado de Esselunga en Florencia el pasado 16 de febrero (un tunecino, tres marroquís y un abruzzese) confirman lo que ya sabíamos: el carácter ordinario e institucional del trabajo negro, fuente de mayores beneficios. El espectáculo de un nuevo lager en suelo albanés no cambia el panorama: hay (o mejor dicho: habrá... ¡y quién sabe cuándo!) unos centenares de deportados en el gran mar de las llegadas. Por mucho que se esfuerce la propaganda de Meloni, en realidad es demasiado poco, unos cientos de condenas potenciales por episodios menores carentes de todo impacto real en las comunidades. Lo que necesitaba el gobierno neofascista italiano era introducir un cambio de paso, una promesa de cambio institucional capaz de allanar el camino hacia un futuro mejor. La elección directa del primer ministro propuesta por Giorgia Meloni responde a una primera exigencia, la de acompañar el giro despótico necesario para llevar a buen puerto la transición hacia la figura del hombre fuerte, enemigo de la burocracia, dispuesto a arreglarlo todo.

El mecanismo de la llamada autonomía diferenciada promovido por el Gobierno de Meloni permite que el gobierno castigue, negando acuerdos a los territorios rebeldes

Es difícil predecir el resultado de tal intento, que requiere no sólo una doble lectura del Parlamento italiano, sino con toda probabilidad también un referéndum confirmatorio que podría convertirse en una trampa. Prudentemente, la presidenta Meloni se cuida de no atar su propio destino político al resultado de tal consulta, contentándose con agitar la cuestión para fortalecerse ante todo a sí misma; no quiere cometer el error del arrogante Matteo Renzi, quien, de la mano del referéndum por él mismo convocado para aprobar la reforma de la Constitución propuesta por su gobierno al pueblo italiano en diciembre de 2016, se vio obligado a abandonar su puesto de primer ministro tras perder el mismo. En cualquier caso, sea quien fuere el elegido e independientemente del método de elección, el programa sigue siendo el mismo.

Más preñada de consecuencias concretas aparece, sin embargo, la segunda reforma institucional animada por el gobierno de Giorgia Meloni, destinada a modificar la relación existente entre el Estado central y las regiones, esto es, la llamada autonomía diferenciada. Aunque contiene una modificación constitucional sustancial, la mayoría del centro-destra presentó con notable facilidad el texto a las dos cámaras del Parlamento italiano en forma de ley ordinaria.

En la sesión del 23 de enero de 2024, el Senado, que sobre el papel era el paso menos fácil, aprobó con algunos ajustes significativos la estructura elaborada en comisión, quedando ahora abierta la aprobación definitiva del texto por la Cámara de los Diputados. Entre los pliegues de un mayor poder (de momento sólo potencial) concedido al gobierno de las regiones individuales se esconde un poderoso mecanismo de control centralizado, de dominación ejercida sobre las comunidades territoriales. El tercer apartado del Artículo 116 de la Constitución italiana permite en determinados asuntos importantes ulteriores formas y condiciones particulares de autonomía regional; en el caso que nos ocupa se regula el modo y la oportunidad de las mismas, pero de forma diferenciada a discreción de la mayoría en el poder. El Artículo 2 (texto del Senado) asigna la elaboración, aprobación y presentación de la correspondiente solicitud de autonomía a cada región, que se remite no al Parlamento, sino al Consejo de Ministros, organismo que procede a recabar los dictámenes de la Conferencia Estado-Regiones y de las Comisiones de la Cámara de Diputados, conformándose o no con estos dictámenes no vinculantes.

A continuación (apartados 6-8) elabora unilateralmente la propuesta de acuerdo con la región solicitante y la transmite a las dos cámaras, para su aprobación o rechazo: lo toman o lo dejan. El Consejo de Ministros se reserva el derecho de limitar el acuerdo sólo a una parte de lo contemplado en la solicitud de autonomía presentada por la región correspondiente. Así pues, sin el consentimiento expreso no del Parlamento, sino del gobierno, no es posible alcanzar acuerdo alguno sobre la autonomía. ¡Y esto no es suficiente! A través de los cambios introducidos en comisión en el texto leghista original, el control del gobierno se blinda literalmente con un truco de oficio ya utilizado por Renzi para la denominada Jobs Act de 2015: la ley habilitante. El acuerdo con cada región descansa necesariamente en los llamados LEP (esto es, los niveles esenciales de las prestaciones).

El Artículo 3 del texto aprobado en el Senado faculta al gobierno para definir el alcance de los LEP con referencia al trabajo, el medio ambiente, las comunicaciones, el transporte, la energía, el patrimonio cultural, es decir, todo lo que puede ser objeto de autonomía, incluso estableciendo diferencias y, en cualquier caso sin tener que pasar por el debate parlamentario. Aún así, ¡esto tampoco no es suficiente! Los costes y las necesidades se definen cada tres años mediante Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros (DPCM): los que entraron en vigor durante la pandemia como excepción, se convirtieron inmediatamente en norma constante de gobierno, como ya predijimos nosotros, profetas fáciles. El acuerdo tiene una duración máxima de diez años, pero nada impide que se adelante su expiración. La región propone, el gobierno dispone.

El mecanismo de la llamada autonomía diferenciada permite, pues, que el gobierno castigue, negando acuerdos a los territorios rebeldes; al mismo tiempo es el instrumento técnico-político para asignar recursos tan solo a los territorios leales, restándoselos en cambio a quienes se oponen al mismo. Actúa, bajo la apariencia de una supuesta descentralización, el control sobre la población, acompañando al hilo de la legislación la actual transición autoritaria tan cara al gobierno de Giorgia Meloni, ya que legitima las privatizaciones, la sustracción de recursos comunes, la precariedad y la ampliación de la brecha ricos/pobres. Construir esta transición mediante una ley ordinaria reduce el riesgo ligado al uso del referéndum: a diferencia del referéndum «constitucional», que no tiene quórum para la validez de la consulta, éste sobre la autonomía diferenciada (ya de dudosa admisibilidad) impone, en tiempos de creciente abandono de las urnas, la participación del 50 por 100 de la totalidad del cuerpo electoral, sea italiano o extranjero.

Las consecuencias reales de esta medida probablemente no están claras ni siquiera para quienes la lanzan: Fratelli d’Italia la considera un instrumento de control y presión (o quizá de chantaje), la Lega de Salvini sueña con convertirla en el trampolín adecuado para impulsar el relanzamiento del consenso en torno a su programa en el norte de Italia. Ambos son miopes, porque ambos se arriesgan al destino del aprendiz de brujo, que actúa con serenidad, porque se halla en una situación de calma. Pero tras la calma, tarde o temprano, llega la tempestad. A veces puede pasar un tiempo interminable, es cierto; pero otras veces basta un instante y llega como un tifón de modo imprevisto. Especialmente durante las guerras y las transiciones.