Opinión
La ultraderecha racista avanza en España gracias al PSOE

La transferencia de competencias de inmigración a Catalunya por parte del PSOE tiene varias lecturas posibles, ninguna de ellas resulta alentadora. La primera, que la estrategia política del PSOE para, supuestamente, frenar a la extrema derecha, es parecerse cada vez más a ella; comprar, como se ha reiterado en múltiples ocasiones, sus marcos ideológicos y propositivos; tratar lo relativo a las vidas de las personas migrantes como un mercadeo de utilidad económica y electoral.

Para demostrarlo, basta un breve repaso a las decisiones de Pedro Sánchez en materia migratoria. La validación de Grande Marlaska al frente del Ministerio del Interior tras la masacre de Melilla. La promoción y firma del Pacto Europeo de Migración y Asilo. La apuesta por la contratación en origen y la migración circular, dos dispositivos de las economías europeas para importar mano de obra sometida y privada de derechos laborales. Las incompletas reformas del Reglamento de Extranjería, desde las propuestas por José Luis Escrivá hasta las que entrarán en vigor en mayo de 2025 promovidas por Elma Saiz, insuficientes, desconocedoras de la realidad de los colectivos afectados y utilitaristas en tanto que priorizan una óptica de necesidad de mano de obra por encima, y en contra, de una óptica de defensa de los derechos humanos.

En la misma línea, ha sido y será una deuda política del PSOE la negativa a aprobar, urdiendo una trama de excusas que han tenido e instrumentalizado a Luc André Diouf como rostro visible, la ILP Regularización Ya, a pesar de su masivo apoyo ciudadano y su nada desdeñable apoyo parlamentario ganado por la incidencia política y mediática de las personas migrantes autoorganizadas durante años en el Estado español. Respecto a este punto, es necesario recordar que Ylva Johansson, en nombre de la Comisión Europea, confirmó en 2021 que España disponía de plenas facultades en la materia. A la pregunta formulada por Sira Rego, a la sazón Eurodiputada por Unidas Podemos y vicepresidenta de The Left, Johansson contestaba: “La regularización de los migrantes irregulares es una cuestión cubierta por la legislación nacional”. Hasta ahora, los Estados miembros se han opuesto al desarrollo de soluciones armonizadas a escala de la UE en este ámbito. No obstante, la Comisión reconoce que, en contextos específicos, la regularización puede ser una respuesta política adecuada, y precisó una serie de criterios de evaluación que los Estados miembros podrían tener en cuenta caso por caso. En el contexto específico de la pandemia de COVID-19, la Comisión recordó que los Estados miembros disfrutan de una amplia facultad discrecional para conceder un permiso de residencia u otra autorización que otorgue un derecho de estancia a los migrantes irregulares por razones humanitarias o de otro tipo.

Esta capacidad nacional no ha mermado con la firma del Pacto Europeo de Migración y Asilo, tal como se ha demostrado con la regularización extraordinaria anunciada para los afectados por la dana de Valencia. A pesar de que la normativa propuesta para ésta última reproduce la exclusión contra todas aquellas personas que no puedan probar su empadronamiento, mayoritarias entre el colectivo afectado, permite demostrar que la medida se podría aplicar de manera inmediata para reconocer los derechos de miles de trabajadoras y trabajadores migrantes que viven y trabajan en el Estado español. Miles de familias enteras, ya que la irregularidad administrativa afecta también a la infancia migrante, que no van a irse del país ni van a desaparecer. Que tendrán, por voluntad expresa de Pedro Sánchez y su partido, que sufrir el severo régimen de miedo, violencia y exclusión al que les condena la irregularidad administrativa.

Un Sánchez sibilino y estratega ha mentido a la ciudadanía cómodamente sentado ante los micrófonos de la televisión pública. El 14 de enero de 2024, declaraba en TVE que no cedería a Catalunya las competencias relativas al control de fronteras

La segunda lectura está relacionada con la fragilidad del gobierno español, donde los partidos de coalición apenas bastan para ejercer presiones de calado que modifiquen el rumbo de lo que se legisla, y un PSOE debilitado y malabarista está dispuesto a pactar con el diablo con tal de mantenerse a flote. Esto incluye la penosa comparecencia de una vicepresidenta a la que nadie escucha, y que ni siquiera cuando ostentaba la cartera de Trabajo logró hacer respetar los derechos de la ingente cantidad de trabadoras y trabajadores migrantes que enriquecen el producto interior bruto patrio a pesar de hallarse en situación administrativa irregular. E incluye, también, las declaraciones de un Sánchez sibilino y estratega que ha mentido a la ciudadanía cómodamente sentado ante los micrófonos de la televisión pública. El 14 de enero de 2024, declaraba en TVE que no cedería a Catalunya las competencias relativas al control de fronteras, pertenecientes al Estado en virtud del artículo 149 de la Constitución.

Sin embargo, el documento presentado hoy incluye la gestión de la seguridad de fronteras, puertos, aeropuertos y zonas críticas, así como las devoluciones de extranjeros, permitiendo la presencia de las unidades de Mossos de Esquadra en la frontera, con capacidad de actuar para el valimiento de las competencias recién adquiridas. Para tal fin, se procederá a incrementar el número de Mossos de Esquadra en Catalunya de 1.800 efectivos, y los procedimientos de sanciones y expulsión se ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Catalunya. Ellos ejercerán la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata de y explotación de seres humanos, mientras gozan también de potestad para operar a su criterio en materia de migración circular. Asimismo, la autonomía gestionará integralmente los Centros de Internamiento de Extranjeros, y aquí el plural es preocupante, ya que incluye la amenaza de una ampliación del actual CIE de Zona Franca, en Barcelona, en línea con una de las fuentes de ingresos más jugosas que la migración está aportando a los estados europeos: la construcción y manejo de espacios blindados a la legislación internacional para encerrar y violentar personas migrantes. Para terminar, se indica que El Estado español transferirá los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para que Catalunya ejerza la competencia que se le delega.

Este último punto es importante. Junto al crédito electoral que se genera bajo el paradigma de aceptación del racismo de Estado como una consecuencia inevitable del avance de la ultraderecha, está el aspecto económico. La gestión de recursos estatales y europeos para enriquecerse a través de la migración y el control de fronteras. El deseo recién cumplido de Junts se basa en las dos vertientes. Ganar terreno a Alianza Catalana y a Vox, que no olvidemos también acumula votantes en el territorio, y manejar los fondos vinculados a la migración. Junts no quiere asumir más gastos ni responsabilidades que Catalunya tenga que cubrir de sus arcas, pero quiere aumentar la dotación policial, que siempre viene muy bien para las revueltas y los desahucios, y quiere participar en su propio nombre de la gestión económica que se deriva de la migración. Entre otros, los campos de concentración de personas migrantes, las deportaciones y los proyectos de investigación en tecnologías de control fronterizo, en los que Catalunya ya participa a través de organismos públicos como la Universitat Autónoma de Barcelona.

Hace dos años, diferentes organizaciones denunciaban que, al menos, en 35 municipios catalanes se incumplía el derecho constitucional al empadronamiento. Ya no se trata de verle las orejas al lobo. Se trata de no entregarse a él

El Parlamento español y la presidencia de Pedro Sánchez no deberían ser el lugar ni el contexto donde los paupérrimos derechos de la población migrante en España desaparezcan del todo. Existen representantes políticas, partidos y Grupos Parlamentarios con la responsabilidad y la oportunidad de detener esta corriente. Mientras menos radical sea el posicionamiento de esta izquierda en la defensa absoluta de los derechos de la población migrante, mientras menos dispuestas estén a jugarse todo, desde su estrategia de comunicación electoral hasta el manejo de sus apoyos dentro del Congreso, más estarán contribuyendo a este abono irreversible de la ultraderecha en España. Hace dos años, diferentes organizaciones denunciaban que, al menos, en 35 municipios catalanes se incumplía el derecho constitucional al empadronamiento. Ya no se trata de verle las orejas al lobo. Se trata de no entregarse a él.